LOS OLIVERA ACCIONAN JUDICIALMENTE CONTRA EL ESTADO POR LA PROPIEDAD DE LAS ARENAS

 El Este

El Este ha informado muy extensamente sobre este nuevo conflicto que se plantea en la costa de nuestro departamento. Una zona bendecida con tanta belleza, pero que no alcanza nunca la paz y el orden imprescindibles para su progreso.
Los descendientes de Manuel Álvarez Olivera reclaman la restitución de la posesión de la costa que va desde Valizas hasta Aguas Dulces, conocida como Las Arenas. Por entender que el Estado nunca llegó a adquirir la propiedad, porque no pagó la expropiación que promovió en el año 1941, y tampoco completó la prescripción que inició en el año 1976.
Los descendientes de Olivera, que son varios cientos de personas, se unieron para formular el reclamo en vía judicial. Y ya han logrado el concurso de casi todos los que tienen derechos por herencia en esa parte de la costa. Y los restantes siguen llegando para firmar los documentos necesarios para el accionamiento judicial.
La acción fue promovida ante un Juzgado Letrado de Montevideo, y ya fue inscripta la demanda en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rocha. El Este exhibe hoy en sus páginas un ejemplar de dicho oficio judicial.
Eso implica que cualquier persona que hoy compre algún solar en esa extensa zona de la costa, quedará alcanzada inexorablemente por el accionamiento de los Olivera. Que se extiende también al Estado, a la Intendencia y a todos los anteriores promitentes compradores, ya que en todos los casos, la Intendencia, cuando prometió en venta solares de esa zona, dejó constancia de no ser propietaria, que solamente cedía derechos posesorios y que quedaba a las resultancias del juicio de prescripción. Juicio que nunca se terminó.
Esta nueva vuelta de tuerca incide, incluso, en los proyectos del Intendente para dar solución a algunos de los habitantes de la zona costera de Aguas Dulces. Para los que se pensaba compensarlos con terrenos en la zona. Pero ahora eso se hace imposible, ya que, al estar inscripta la acción reivindicatoria de los Olivera, la Intendencia no puede enajenar esos terrenos.
Como se puede apreciar, la paz y el orden no son virtudes de la costa rochense.

LAS ARENAS DE LOS OLIVERA

 

                EL ESTE ha informado reiteradamente sobre la movilización que vienen llevando a cabo los descendientes de Manuel Álvarez Olivera (o Manuel Olivera Álvarez, según se anteponga el apellido materno o el paterno, ya que era ciudadano brasileño) en procura de recuperar una extensa zona costera entre Valizas y Aguas Dulces. Que, sostienen ellos, es de su propiedad.
                Pues, afirman, el Gobierno Nacional expropió ese inmueble (de casi 1.600 hectáreas) en el año 1942. Y tomó la posesión anticipada por vía judicial. Pero nunca pagó el precio, por lo que no llegó a adquirir la propiedad.
                En lo que este asunto resulta idéntico a lo que pasó en Cabo Polonio con el predio de las familias Pertusso y Tisnés. También expropiado pero sin haberse pagado el precio. Por lo que el Estado debió reconocer que no era dueño y tuvo que comprar el predio.
                En el año 1976, el Gobierno Nacional desistió de la expropiación. E intentó una acción de prescripción, la que fue iniciada en el año 1976. Durante diez años pleiteó con varios integrantes de la familia Olivera que se opusieron a la pretensión estatal. Con buen éxito, ya que en abril del año 1986 el Estado abandonó el juicio.
                En consecuencia, tampoco llegó a adquirir la propiedad en ese juicio de prescripción. Desde entonces, comenzó un período de posesión pacífica y no discutida por parte del Estado. Pero no llegó a completar los treinta años necesarios, que culminaban el próximo 26 de abril, porque antes de eso una de las condóminas, Olga Olivera, promovió juicio de reivindicación. La notificación de la . demanda – que se hizo hace ya más de diez días – interrumpe la prescripción, por lo que el Estado tampoco ahora llegó a adquirir por prescripción. Debiendo reconocer la propiedad de los Olivera.
                Destacó la accionante que – según una norma del Código Civil, y citó el artículo 1239 – el acto de interrupción realizado por un condómino aprovecha a todos los demás. Por lo que la interrupción promovida por la Sra. Olga Olivera favorece a todos los demás condóminos, o sea, a todos los sucesores de Manuel Álvarez Olivera.
                EL ESTE tuvo acceso a varios de los numerosos expedientes relacionados con este complejo asunto y está en condiciones de ofrecer un facsímil de la parte de uno de ellos, en la cual el Estado admite que ese inmueble es de propiedad de los sucesores de Manuel Álvarez Olivera. Se trata del expediente de la expropiación fallida del año 1942.
                Los Olivera afirman que si el Gobierno Nacional (y también el departamental lo ha hecho en numerosas ocasiones) admite que ellos son los propietarios, y tanto la expropiación (desistida) como la prescripción adquisitiva (interrumpida por la demanda de reivindicación) no fueron idóneas para que la propiedad pasara al Estado, no puede haber dudas en cuanto a que ellos siguen siendo los propietarios legítimos del inmueble.
                Del cual hubo varias partes que fueron fraccionadas y vendidas a privados por el Instituto de Colonización y por la Intendencia Departamental. En los contratos de venta – a los que también tuvo acceso EL ESTE – ambos organismos públicos vendedores dejaron constancia de no ser propietarios. Lo que, al parecer, avala firmemente la tesis de los integrantes de la familia Olivera.