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viernes, 18 de marzo de 2016

INTENDENTE DE ROCHA, ANÍBAL PEREYRA, ESTÁ CONVENCIDO QUE NO SE DEBE NADA AL PARTICULAR QUE PLANTEA UN JUICIO DE 600 MILLONES DE DÓLARES GOBIERNO DE ROCHA ASISTE A NEGOCIACIÓN Eduardo González.


El Este

El Intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, frente al juicio millonario superior a los 600 millones de dólares de Punta del Diablo, está convencido "que no existe deuda y que se cumplió con la transacción hasta el día de hoy". 

Afirmó, que ese acuerdo del año 1998 - administración del ya desparecido ex Intendente, Adauto Puñales Lascano - implicaba "la exoneración del pago de los tributos, lo cual se está llevando a cabo hasta hoy".
No obstante, también, dijo, que la Justicia planteó una instancia de negociación de las partes a la cual como gobierno departamental se accedió.
Expuso, que mientras se está en este proceso de negociación comprometió su palabra ante la justicia para no ir más allá en sus declaraciones. Afirmó, que terminada la instancia "dejaré aflorar mis sentimientos".
"Estamos poniendo todo el esfuerzo intelectual para sacar adelante este tema", dijo. Sostuvo, que desde diciembre 2015 está concurriendo a la sede judicial con una representación de todo el gobierno departamental, ejecutivo y legislativo.
Informó, que la Intendencia ya sostuvo en el ámbito judicial el argumento que expuso recientemente el abogado, Enrique Sayagués Areco, en cuanto a que existió un acuerdo entre el gobierno departamental y el privado, y que por lo tanto no hay derecho al cobro de las llamadas astreintes (multa por una sentencia no cumplida) en la costa de Punta del Diablo.
"Lo dijo el Intendente, Barrios, cuando fue convocado y lo dije yo cuando fui convocado en dos oportunidades, de manera expresa y clara: que hubo una transacción y que la Intendencia no debía", manifestó, Pereyra.
Agregó: "que existe una política institucional y tenemos la obligación de defender los recursos de  toda la sociedad". "Defendemos el proceso que viene desde hace años", argumentó.
Señaló, que la Intendencia de Rocha realizó una consulta al profesor, abogado, Alejandro Abal, para plantear su posición desde el punto de vista argumental y que en esa lógica se encuentra.
Recordó, que cuando corría el año 1998 durante el período del Intendente, Adauto Puñales Lascano, "hubo una comisión  que buscó una salida, y negoció con los demandantes, y eso llevó a una transacción, firmado uno de los documentos y otro no".
"Eso, dijo, "llevó a que en el Juzgado de Chuy el juicio se reiniciara años después". Para el año 2013 hubo una modificación del Código General del Proceso que determinó que las astreintes se cobraran un 50% para el Poder Judicial y el restante 50% para el privado, mencionó.

CONSIDERÓ QUE LA ACCIÓN DE AMPARO ESTÁ DESVIRTUADA EN NUESTROS DÍAS
Para el Intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, la acción de amparo por la que se inició el proceso de las astreintes está desvirtuada, en razón del proceso de recuperación de espacios públicos costeros que se viene llevando adelante.
"Desde el año 1996 se han retirado más de 200 fincas y estamos esperando por una decisión judicial para demoler 112 fincas, también ubicadas en el espacio público costero y construida de manera irregular", dijo.

RECORDADO PLAN DE EXCELENCIA
Vale destacar, que Punta del Diablo durante la década de 1990 logró un plan de excelencia con la participación de los pobladores permanentes y técnicos que diseñaron una forma de lograr una acción de recuperación de los espacios públicos, dominados por la libre construcción en una suerte de caos que comprometía los valiosos recursos naturales.
Por el año 1992 se planteó, efectivamente, un recurso de amparo por el privado que apreciaba como se comprometían sus propios intereses legítimos y del propio balneario de Punta del Diablo, teniendo acogida en el ámbito judicial.
Se demandó por la justicia el retiro de fincas, que en ese momento no cumplió la Intendencia de Rocha, la que adujo que carecía de un informe de fotografías de la Fuerza Aérea y que no podía accionar con precisión.
Sin embargo, el proceso de retiro se fue logrando con el paso de los años. La Intendencia de Rocha llevó adelante el retiro de 200 fincas y espera por la habilitación de la justicia para retirar otro centener actualmente. De esta manera, se explicó, que la recuperación del espacio público y del propio particular se ha dado en los hechos, según se explicó.

"IN TOTUM" A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Aseguró, que actualmente "lo realizado es informar a la Junta Departamental in totum, de los pasos legales dados y a su vez, solicitamos al legislativo que fuéramos como gobierno departamental ante la justicia y así ha sido".
Señaló, que desde ese momento se concurrió a la sede judicial acompañado por el Presidente de la Junta Departamental de Rocha, el asesor jurídico del legislativo y de la propia Intendencia y una delegación de ediles.
Dijo, también sentir "mareos", "dudas", "no sé que palabra utilizar" porque en el mismo Juzgado se tienen dos juicios: el de las astreintes por  una multa de 20 UR diarias y por cada finca no retirada, y al mismo tiempo otro juicio en donde la justicia amparó a los particulares ubicados en espacios públicos costeros en la costa de Punta del Diablo. "Palo por que bogas y porque no bogas palo", dijo, el Intendente, Aníbal Pereyra.
También, expresó, su apego por cualquier decisión judicial: "nos guste o no".
"Es una locura pensar en 600 millones de dólares, no hay forma de poder pagar", dijo. En segundo lugar: "entendemos, que no se debe, pero hay un proceso judicial y tengo que respetar ese tiempo". "Nos hemos comprometido no hacer declaraciones pero tenemos opinión formada", afirmó.