Dos veces le pidieron la renuncia a Diego Fernández cuando estuvo en cargos de confianza: en abril de 2013, en el gobierno de José Mujica estuvo al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo. Estaba en pleno desarrollo la reforma policial implementada por Julio Guarteche, pero Fernández ponía palos en la rueda.
Guarteche lo sostuvo todo lo que pudo, pero su compañero de tanda de oficiales de la Escuela Nacional de Policía no le respondió. Ni siquiera por un elemental agradecimiento: todos los cargos que ocupó en la orgánica policial durante la gestión de Bonomi fueron sugeridos por Guarteche: la jefatura de la Guardia Republicana en enero del 2011 y luego la jefatura de Montevideo, en octubre de ese mismo año. Fernández no comulgaba con las ideas de Guarteche, estaba más apegado a la vieja guardia, por eso nunca asumió como propia la reforma policial. La reforma no la sintió como propia y estaba remolón.
La gota que colmó el vaso fue una polémica en torno a la seccional 14, que derivó en un sumario y separación del cargo de la cúpula de la comisaría de Carrasco y el responsable era Fernández. Pero antes estuvo investigado por irregularidades en el sistema 222 de la policía, así que sumando una cosa y otra, Guarteche le tuvo que pedir la renuncia.
En el gobierno actual, Fernández fue nombrado Director Nacional de la Policía, otro cargo de confianza, pero se hizo acreedor de varias tarjetas amarillas hasta que sobrevino la roja.
Antes, hizo el trabajo sucio y sacó a todos los “guartecheristas”, con la anuencia del ministro Jorge Larrañaga, por lo menos aquí obedeció a los mandos civiles. Quizás quedó alguno colgado por ahí, pero el grueso de los “guartecheristas” salieron: se pensaban que eran frenteamplistas. ¡Madre mía!
En junio del 2020 por sí y ante sí, sin pedir permiso ni al ministro ni al presidente restituyó una placa en homenaje a Víctor Castiglioni en la Sala de Actos de la Dirección de Inteligencia, en Maldonado y Paraguay.
¿Quién fue Castiglioni? El inspector Castiglioni estuvo a cargo de la inteligencia policial durante la dictadura militar; dejó su cargo en 1982. Unos meses antes de su renuncia informó orgullosamente al Ministerio del Interior de la dictadura, que en cuatro años la Dirección a su cargo había investigado a 300.000 personas, que eran catalogadas en las categorías A, B y C, según su “fe democrática”. En verdad, de acuerdo a la dudosa fe democrática de Castiglioni.
Fernández justificó la recolocación de la placa como un reconocimiento a la labor del inspector Castiglioni: fue un mensaje para “fortalecer” a la Policía. “Fue un acto de justicia profesional”, dijo en aquel momento al diario El Observador.
Con esa acción, Fernández demostró ser lo más rancio y antidemocrático que hay, aun hoy en la Policía. Bolsones de nostálgicos se los llama.
En aquel momento, el ministro Jorge Larrañaga ordenó el retiro de la placa. Se lo pidió el senador Jorge Gandini y el presidente del Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde. Es que ellos sabían de sobra quién era Castiglioni, entre otras cosas porque fue uno de los que persiguió con mayor saña y odio a Wilson Ferreira Aldunate y a todos sus seguidores.
Y aquellas aguas trajeron estos lodos, porque Larrañaga no se animó a hacer lo que debió haber hecho, esto es, relevar a Fernández por actuar por su cuenta, sin permiso del ministro ni del presidente.
