Dos de sus principales piezas de gobierno salen dañadas de este
enfrentamiento, al igual que pasó con los ministros María Julia Muñoz
(Educación) y Ernesto Murro (Trabajo) con la enseñanza.
Si la
estrategia de poner paños fríos con el Frente Amplio le da frutos o no,
se sabrá en poco tiempo, cuando el Parlamento empiece a tratar el
Presupuesto.
A pedido del presidente Tabaré Vázquez el Frente Amplio se pronunciará
sobre el acuerdo de servicios (TISA). Todo indica que se rechazará la
participación de Uruguay, debido a que la mayoría de los sectores (MPP,
PCU, la Lista 711, PVP y parte de las bases) se oponen. El tema será
analizado el sábado 5 en el Plenario Nacional.
El diputado comunista confía en que el presidente Vázquez generará una "salida inteligente" del acuerdo
"Cuando empezó la discusión era 'estamos solo para negociar y entramos y
nos vamos cuando queremos'. Y ahora es 'si nos vamos Uruguay se muere,
se hunde, nos morimos de viruela, van a caer las plagas'.
El ministro de Economía y el canciller son partidarios de que Uruguay negocie por el TISA
Cancillería respondió a grupos que se oponen a que Uruguay negocie
El gobierno salió ayer a retrucar a sus propios compañeros de parti-do que cuestionan que Uruguay negocie el Trade in Services Agreement (TISA), lo que indica que percibe que todo lo vinculado a ese acuerdo internacional seguramente derivará en las próximas semanas en una batalla política en la interna del Frente Amplio y que debe hacer un esfuerzo por explicar las eventuales ventajas del acuerdo. JUAN PABLO CORREA
sáb may 30 2015 El País
El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en su página web un documento que apunta claramente a rebatir los argumentos que utilizaron 24 personalidades vinculadas a la izquierda en una carta difundida la semana pasada, en la que advirtieron de los riesgos que conllevaría el TISA.
Los sindicalistas Marcelo Abdala, Fernando Gambera, Fernando Pereira y Joselo López; los exministros Roberto Kreimerman, José Díaz y Daniel Olesker; los exlegisladores Roberto Conde y Alberto Couriel; los diputados Roberto Chiazzaro y Alejandro Sánchez; el exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena; el historiador Gerardo Caetano y el economista José Manuel Quijano, son algunos de los firmantes de la carta.
Una síntesis del documento de la Cancillería fue publicada en la página web de la Presidencia de la República. Como anexo al documento, la Cancillería incluyó una síntesis de los borradores del acuerdo aprobados el 24 de abril. Evidentemente, el gobierno apunta a desmontar las acusaciones de "secretismo" que hacen los opositores al acuerdo.
A nivel internacional, ese presunto "secretismo" se ha visto perforado por algunas filtraciones. La organización Wikileaks, por ejemplo, filtró el anexo relativo a los servicios financieros, que exponía propuestas de Estados Unidos para desregular aun más ese sector. También se filtró una propuesta del Representante de Comercio de Estados Unidos en materia de comercio electrónico, transferencia de tecnología y flujos transfronterizos de datos.
Las negociaciones por el TISA son impulsadas por integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), frustrados por la lentitud de las conversaciones de liberalización de la ronda de Doha. Los países que quieran incorporarse al entendimiento luego de que esté firmado, podrán hacerlo. Los negociadores tienen la esperanza de que, una vez lo haya firmado una cantidad suficiente de estados, pueda pasar a ser considerado un acuerdo de la OMC. Los suscriptores no podrán reintroducir trabas al comercio. Potenciales ventajas.
En la introducción al documento el gobierno destaca que el TISA puede traer importantes oportunidades de negocios a sectores como los servicios globales de exportación, la logística, el turismo y la moderna economía digital (en particular el sofwtare).
"Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para Uruguay. En Uruguay los servicios representan más del 67% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 79% del empleo. En concreto, las exportaciones de servicios equivalen al 6% del PIB", recuerda el documento. "El TISA presenta un importante desafío de negociación para Uruguay, no exento de dificultades en determinados sectores", valora.
Uruguay deberá hacer una primera oferta tentativa en julio cuando participe de otra ronda negociadora en Ginebra. Ya se han realizado 12 rondas.
Si se incluye a Uruguay, en el acuerdo participan otros 24 países y territorios: Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. En abril de 2015 la isla de Mauricio solicitó ingresar al grupo de negociación. En septiembre lo hizo China, aunque Estados Unidos sería renuente a aceptarla por la fuerte competencia que puede representar.
Casi todos los países ya han presentado sus ofertas. Los países que todavía no lo han hecho son Paraguay, Panamá y Uruguay. En la región, Brasil no ha querido integrarse a las conversaciones.
Las ofertas se presentan bajo el paraguas de algunos grandes temas que son: Regulación Doméstica, Transparencia, Movimiento de Personas, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, Servicios Financieros, Transporte Marítimo, Servicios Profesionales, Correo Competitivo, Servicios Aéreos, Servicios Energéticos, Subsidios y Transporte de Carga por Carretera. El objetivo del acuerdo es ampliar el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercios de Servicios adoptado en el seno de la OMC. Saliendo al cruce.
El gobierno aclara que el TISA "no afecta a la capacidad de los Estados para regular libremente sus mercados de servicios" y, por lo tanto, "no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en ámbitos como la protección de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente o de la salud y la seguridad de las personas".
El gobierno, claramente consciente de cuáles son los temas relevantes para la izquierda, recuerda que Estados Unidos y la Unión Europea (protagonistas principales de la negociación en curso) explícitamente establecieron que el acuerdo no impedirá que los gobiernos brinden directamente servicios en áreas como el suministro de agua, la educación, la salud y los servicios sociales.
El TISA tampoco exigirá a los gobiernos privatizar servicios o impedir que expandan las áreas de suministro de servicios al público. Y no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros en materia de protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas.
El documento explica también que las obligaciones que contraiga Uruguay serán aplicables únicamente a los sectores que sean incluidos en las listas de compromisos (denominada "lista positiva").
En lo que se refiere a la concesión de Trato Nacional a proveedores extranjeros, las obligaciones que eventualmente se asuman, se aplicarían de manera horizontal a todos los sectores y modos de suministro. En este caso, el gobierno deberá especificar cuáles son los servicios, actividades o leyes que no estarán sujetos a esta norma ("lista negativa"). Y los países que decidan no asumir un compromiso de acceso a los mercados, conservarán su capacidad para cerrar el sector a la competencia en el futuro, por ejemplo mediante la imposición de un monopolio.
Se considera que el objetivo de las conversaciones que se realizarán en julio es definir el alcance que tendrá el acuerdo finalmente e identificar cuáles son los temas que pueden trabar los asuntos que están bajo discusión. Contrapunto por el TISA. EN CONTRA... Participantes.
El diputado socialista Roberto Chiazzaro argumenta que es un error que Uruguay comience a negociar un acuerdo de este tipo en solitario y destaca que Brasil optó por no integrarse a las tratativas. Motivos.
Los opositores al TISA creen que el acuerdo es impulsado, tras bambalinas, por las grandes transnacionales que no han logrado recuperar su rentabilidad tras la crisis financiera de 2008. Diferendos.
Preocupa a los opositores que las controversias que afecten a Uruguay sean dirimidas en órganos arbitrales como el Ciadi, perteneciente al Banco Mundial, que suelen fallar a favor de los países ricos.
upúblicos. El sindicalista de COFE, Joselo López, consideró que si bien el TISA puede no traer privatizaciones afectará a las empresas públicas porque las expondrá a la competencia de las compañías multinacionales.
usalvaguardas.
Quienes cuestionan el TISA echan en falta cláusulas de salvaguarda que sí existen en los acuerdos de la OMC y dicen que debilita las preferencias vigentes para las empresas locales, en, por ejemplo, licitaciones. A FAVOR... Oportunidad.
El gobierno argumenta que es mejor estar en las conversaciones que no hacerlo y recibir un acuerdo cerrado. Y destaca que los actores más relevantes del comercio de servicios están discutiendo el TISA. Beneficios.
El gobierno y la Cámara Uruguaya de Software enfatizan los beneficios que el Tisa traería para ese sector y para otros como los servicios globales, los profesionales, la logística y el turismo. OMC.
El documento que la cancillería difundió no hace referencia a los temas arbitrales pero enfatiza que todos los participantes en las tratativas son integrantes de la Organización Mundial del Comercio. Lista.
El gobierno dice que tiene la posibilidad de presentar una lista "negativa" y resguardar a sectores de la competencia. Los monopolios estatales, como el agua, la telefonía básica y la refinación no serán afectados. Abrirse.
Los partidarios del acuerdo entienden que un país pequeño como Uruguay necesita abrirse al mundo y aseguran que el Estado conservaría la potestad de proteger los sectores que defina. DEBATE INTERNO. El PCU y algunos socialistas en contra.
El presidente Tabaré Vázquez se enteró luego de asumir que el gobierno anterior había dado pasos para sumar a Uruguay a las conversaciones del TISA y prometió un estudio cuidadoso y una ronda de información y consultas con el Frente Amplio. El secretariado del Frente Amplio ya recibió a los ministros de Transporte, Víctor Rossi, y de Turismo, Liliam Kechichian, para analizar el punto. También participó del encuentro Gabriel Papa, asesor del Ministerio de Economía.
En el Frente Amplio aseguran que no hay prisa por tomar decisiones. Varios dirigentes socialistas se oponen a las conversaciones y el Partido Comunista lo hace en bloque. En el Movimiento de Participación Popular la situación es más compleja porque uno de sus diputados, Alejandro Sánchez, firmó una carta en contra del TISA, pero el hecho es que las conversaciones fueron comenzadas por el gobierno que presidía José Mujica, líder del sector. Mujica incluso cuestionó un paro que se realizó en contra del TISA. El excanciller emepepista Luis Almagro aseguró que no hubo secretismo en la incorporación de Uruguay a la negociación. El astorismo apoya la negociación.
Sin embargo, la central sindical, cuyos dirigentes en su gran mayoría simpatizan con el oficialismo, tiene una postura de tajante oposición al TISA. De hecho, esa posición de rechazo ya ha sido incorporada a la plataforma de la central.
En la oposición no se han escuchado voces contrarias, lo que hace que el gobierno tenga problemas hacia adentro para obtener apoyo y no hacia afuera. Personalidades independientes de izquierda también se pronunciaron en contra de la negociación.
El Pit-Cnt tiene algunas preocupaciones vinculadas, por ejemplo, a una mayor apertura del sector de las telecomunicaciones.
Es cierto que la Unión Europea ya dejó claro que quisiera que se eliminen los topes que las normativas locales puedan tener a la propiedad por extranjeros de acciones de empresas de telecomunicaciones.
Los europeos también plantearon que si una empresa de servicios establece una subsidiaria en otro país firmante del TISA puede llevar a ese estado personal propio para asegurar una adecuada conducción de su filial.
La Unión Europea aseguró que no quiere, como consecuencia de un eventual acuerdo, comprometer la calidad de los servicios públicos de salud de los países.
Los acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS) o, más recientemente, el Acuerdo sobre
Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), plantean
importantes retos de cara a la construcción y a la consolidación de
sistemas educativos públicos, especialmente en los países del sur. Estos acuerdos, una vez firmados, obligan a los gobiernos a
garantizar a los proveedores de servicios transnacionales el acceso a
sus mercados nacionales por tiempo indefinido, limitando la capacidad
de regulación estatal. En el caso de la educación, dichos riesgos se
multiplican por el papel estratégico que ésta desempeña en la promoción
de la equidad social y la distribución de oportunidades, así como por su
condición de derecho humano fundamental. Los defensores del libre comercio consideran que la liberalización
del sector educativo permitirá diversificar la oferta educativa y
fomentar la competencia entre proveedores -lo cual, consideran, es
sinónimo de la promoción de una oferta de calidad-. Ahora bien, la
comunidad educativa es más bien escéptica respecto a esta tesis. La
intromisión de los acuerdos comerciales en el campo educativo genera
serias preocupaciones. En primer lugar, respecto a la capacidad de regular de los estados.
Los compromisos de liberalización adquiridos en el marco de acuerdos
comerciales limitan la capacidad de los gobiernos a la hora de
introducir nuevas regulaciones en el ámbito educativo, ya que éstas
pueden ser consideradas “barreras comerciales” innecesarias. Nos
referimos a temas clave en la regulación de todo sistema educativo, como
pueden ser los requisitos de calificación del profesorado, o procesos
de certificación de nuevos proveedores. Los acuerdos comerciales también
pueden impedir que los gobiernos establezcan límites a las operaciones
de los proveedores con fines de lucro, o al porcentaje de beneficios que
éstos pueden repatriar en concepto de regalías. Además, el control de la calidad. En ese sentido, desde el
punto de vista del libre comercio, determinadas normas y procedimientos
para la evaluación y acreditación de la calidad pueden ser percibidos
como barreras comerciales. Además, la teoría de que a más proveedores,
más competencia y, por ende, mejor calidad de los servicios no tiende a
funcionar en el campo educativo, y menos aun en entornos con
regulaciones débiles. De hecho, es habitual que los proveedores
educativos con fines de lucro (sean transnacionales o locales) ofrezcan
peores condiciones laborales a los docentes, tengan educadores con un
nivel de calificación más bajo, o cuenten con infraestructuras más
deficitarias en lo que respecta a laboratorios, acceso a bibliotecas,
etcétera. Por ejemplo, en la Universidad Europea de Madrid (que
pertenece a la empresa International Laureate) sólo 17,6% de los
profesores tiene el título de doctor, mientras que la media en las
universidades públicas españolas es 70%. También afecta a la perspectiva del desarrollo. La apertura
del sector educativo al comercio internacional puede dificultar la
emergencia de una oferta local propia y adecuada en los países del sur.
En palabras del profesor Philip Altbach, del Boston College, en un
contexto de apertura comercial “los países en desarrollo estarán en
desventaja considerable. Las instituciones académicas locales tendrán
dificultades para competir con los proveedores internacionales que optan
por crear instituciones en su país”. En su momento, el AGCS de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
encontró mucha oposición en la comunidad educativa internacional y, como
consecuencia de ello, muchos países se comprometieron a no ofrecer ni
demandar la apertura comercial del sector educativo. No obstante, los
países más interesados en la comercialización de servicios (incluyendo
los servicios educativos) se han propuesto continuar avanzando en su
liberalización mediante un nuevo acuerdo comercial con menor alcance
territorial, el TISA. Por los motivos expuestos brevemente en este artículo, los países
deberían excluir la educación de las negociaciones del TISA. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), en el comunicado que emitió al
término del Congreso Mundial de la Educación Superior en 2009,
recomendó a los países miembros que no adquirieran compromisos de
liberalización en el marco de la OMC. Ahora bien, más allá de esas
medidas reactivas, cabe decir que la mejor vacuna contra los efectos de
los acuerdos de libre comercio reside en la construcción de sistemas
educativos públicos y de calidad. Es más que probable que los
proveedores transnacionales con fines de lucro no encuentren muchas
oportunidades de negocio en los países donde la oferta pública es
suficiente, diversa y de excelencia. Finalmente, oponerse al TISA (como al AGCS en su momento) no debe
confundirse con oponerse a la internacionalización de la educación. Más
bien al contrario. Los intercambios con fines no comerciales entre
profesores y estudiantes de diferentes países, así como los consorcios
internacionales para la creación de programas de estudio o de proyectos
de investigación, no hacen más que reforzar el intercambio de ideas y la
calidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, la cooperación
internacional es otro de los instrumentos de los que dispone la
comunidad educativa para oponerse a las dinámicas de
transnacionalización del sector que se plantean desde una lógica
meramente comercial o lucrativa.
Antoni Verger
desde Universitat Autònoma de Barcelona, España
Acto en 18 de Julio y Andes, en el
marco del paro y movilización realizado por 18 gremios del PIT-CNT, en
contra del TISA y en defensa del Fondes, entre otras reivindicaciones.
Foto: Sandro Pereyra (archivo, abril de 2015)
En alza
El Consejo de Ministros se reúne hoy. Retomará un tema
que ya se conversó en reunión de gabinete la semana pasada: la
conveniencia de que Uruguay avance en las negociaciones del Acuerdo de
Liberalización de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés).
la diaria accedió al borrador del tratado, un texto de diciembre de 2014
con agregados posteriores, que contiene el marco general del acuerdo
con las posiciones consensuadas de todos los países. Hasta ahora no se
había difundido, y la razón se explicita en el encabezado de cada una de
sus 17 páginas: “Distribución limitada - sólo para participantes del
TISA”.
El presidente Tabaré Vázquez solicitó el lunes pasado que una
comisión interministerial se reuniera -el encuentro se concretó el
miércoles 29-, analizara los documentos técnicos y entregara hoy un
balance provisional. La última ronda de negociaciones del TISA se realizó en abril en
Ginebra. La próxima será en julio. Si hay “voluntad política” -según las
palabras de la funcionaria de cancillería que encabeza la delegación
negociadora uruguaya, Brígida Scaffo- Uruguay presentará en esa
instancia sus listas de excepciones y ofertas. Los técnicos uruguayos
-funcionarios integrantes de los ministerios de Economía, Relaciones
Exteriores, Industria, Trabajo, Transporte e Interior, de la Asociación
Nacional de Puertos, el Banco Central y la Unidad Reguladora de los
Servicios de Comunicaciones, entre otros organismos- están hace semanas
analizando el tema. Hasta ahora, el único borrador de negociación que se conocía del TISA
era un anexo financiero que en abril de 2014 filtró WikiLeaks. El
documento general de acuerdo de diciembre, al que accedió la diaria,
incluye todas las propuestas relativas al marco general del tratado;
las disposiciones específicas por sector están en los anexos. El documento general define al comienzo lo que se entiende por
comercio de servicios, y aclara que las disposiciones del acuerdo
afectarán no sólo las medidas que los gobiernos tomen a nivel nacional,
sino también a nivel regional y local. Luego plantea una serie de
disposiciones centrales que los técnicos del Ministerio de Industria,
Energía y Minería (MIEM) recomiendan no aceptar, según supo la diaria.
Se trata de posiciones consensuadas por los restantes países, por
tanto, si Uruguay las rechaza no estaría en condiciones de firmar el
tratado. En primer lugar, según los técnicos del MIEM, a Uruguay lo
perjudicarían las disposiciones sobre la cláusula de trato nacional y la
cláusula de nación más favorecida. La primera dispone que el país debe
tratar a los proveedores de servicios extranjeros de la misma manera que
trata a los nacionales. Por tanto, está inhibido de “modificar las
condiciones de competencia en favor de servicios o proveedores de
servicios de la parte en comparación con los servicios y proveedores de
servicios de otra parte” (original en inglés; traducción de la
periodista). Más adelante, en el texto se sostiene que una vez que un
país adopta una medida para ajustarse a las disposiciones del “trato
nacional”, luego no podrá corregir esa medida en un sentido contrario. Por su parte, la cláusula de nación más favorecida establece que,
“con respecto a cualquier medida incluida en este acuerdo, cada parte
deberá disponer para los servicios y proveedores de servicios de
cualquier integrante del acuerdo, en forma incondicional, un tratamiento
no menos favorable que el que otorga a los servicios y proveedores de
servicios de cualquier otro país”. Esta disposición no permite
discriminar entre países; la única excepción es cuando se disponen
ventajas para países vecinos, con el objetivo de facilitar intercambios
en zonas fronterizas de servicios que son producidos y consumidos
localmente. Algunos países proponen la posibilidad de flexibilizar esta
disposición, listando excepciones, y Uruguay estaría dispuesto a
negociar este punto.
Monopólicos pero no privilegiados
El acuerdo del TISA prevé la posibilidad de que los países mantengan
actividades monopólicas. No obstante, establece que “cuando un proveedor
monopólico compite, ya sea directamente o a través de una empresa
asociada, en la provisión de un servicio por fuera del ámbito de sus
derechos monopólicos, la parte (el país) debe asegurar que ese proveedor
no abuse de su posición monopólica para actuar de forma inconsistente
con los compromisos adoptados por la parte en el acuerdo”. Este punto es
rechazado por el MIEM.
En el capítulo de acceso a mercados se establece que los integrantes
del acuerdo no podrán disponer medidas que limiten el número de
proveedores de servicios o el valor total de las transacciones, ya sea
mediante cuotas, monopolios, proveedores en exclusividad o exigencia de
un test de mercado. Los técnicos del MIEM recomiendan no aceptar esta
disposición, y rechazan que se prohíba establecer restricciones o
requerimientos de formas legales específicas para los proveedores, o
limitaciones a la participación de capital o inversión extranjeros. En
cambio, sugieren negociar la disposición relativa a prohibir que se
establezcan limitaciones vinculadas al número de personas que un
proveedor de servicios debe emplear. Por otra parte, se puede excluir a un proveedor de servicios de los
“beneficios” del acuerdo, siempre y cuando se trate de una persona
jurídica que no sea proveedor de servicios en otro país, y se puede
excluir completamente del acuerdo al transporte marítimo. Además, se
dispone que cada parte deberá reconocer la experiencia, requisitos,
licencias o certificaciones que un proveedor de servicios haya adquirido
en su país, mediante armonización o disposiciones similares. Entre los puntos promovidos por Uruguay en las negociaciones, que aún
no llegaron a discutirse, se incluye la disposición de que no se
exigirá a las partes que “provean información confidencial cuya
revelación esté impedida por ley, o sea contraria al interés público, o
pueda perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o
privadas”. El rol del FMI El borrador de acuerdo del TISA otorga un rol relevante al Fondo
Monetario Internacional (FMI), al que da la potestad de generar
información vinculante en determinadas instancias. Por ejemplo, el
acuerdo contiene un capítulo que flexibiliza las disposiciones de la
liberalización en caso de que el país tenga dificultades financieras o
desequilibrios graves en la balanza de pagos. En esos casos, se dispone
que la parte afectada podrá “adoptar o mantener restricciones al
comercio de servicios en las áreas en las que se ha comprometido en el
acuerdo, incluyendo disposiciones relativas a los pagos o
transferencias”, para “asegurar el mantenimiento del nivel de reservas
financieras necesarias”. No obstante, dichas restricciones “no deberán
ser adoptadas o mantenidas con el propósito de proteger un sector de
servicios particular”, “no deberán discriminar entre las partes” y
“deberán ser consistentes” con el Convenio Constitutivo del FMI. Además,
deberán ser temporales y disminuir progresivamente a medida que la
situación mejore. El país estará obligado en este caso a establecer
mecanismos de consulta periódicos. ¿Quién será el encargado de
determinar si la situación es lo suficientemente grave para ameritar
restricciones al comercio, o si la situación mejoró de forma tal que no
son necesarias dichas limitaciones? Precisamente, el FMI, y éste es otro
de los puntos rechazados por los técnicos uruguayos del MIEM. En el
documento se indica, en un texto consensuado por todos los países, que
en esas instancias de consulta periódicas “toda la información
estadística u otros hechos presentados por el FMI relativos a las
divisas, las reservas monetarias y la balanza de pagos deberán
aceptarse, y las conclusiones deberán basarse en la evaluación del Fondo
sobre la balanza de pagos y la situación financiera del país”. En otro fragmento del texto se habilita a los países a adoptar
restricciones al comercio “para proteger la vida o la salud humana,
animal o vegetal”, para “prevenir prácticas fraudulentas”, o para
“proteger la privacidad de los individuos”, así como en casos de
“seguridad”. Las disposiciones en este sentido son sumamente generales,
por lo que se torna clave la definición de cuál será el organismo de
solución de controversias previsto en el acuerdo, que deberá interpretar
las disposiciones del texto -por ejemplo, si una política pública que
establece restricciones al comercio busca efectivamente “proteger la
salud humana”-. No es lo mismo si esto lo resuelve el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones que
algún otro organismo. Este punto clave aún no se ha abordado en las
negociaciones.
Los uruguayos de a pie empezamos a oir hablar de algo llamado TISA hace muy pocos días. El presidente Tabaré Vázquez dijo que se enteró del tema "por la prensa". No ha habido ninguna declaración oficial ni de ningún partido político,ni oficialista ni de la oposición.El blog comienza hoy a publicar un anális de esta "Coalición" de grandes empresas trasnacionales y gobiernos,encabezados por EEUU.
Si Uruguay llega a algún tipo de acuerdo,los ciudadanos nos enteraremos por los menos cinco años después porque así está establecido.Este primer artículo es la introducción a un trabajo más extenso publicado en setiembre pasado.
En este trabajo,desde el "Primer Mundo" se alerta sobre qué pasará si el TISA se impone.Es alarmante.No puedo aceptar que de esto no se hable.La información está.Espero que alguien reaccione.
Juanjo Pereyra
Escrito por Ellen Gould Ellen Gould es una consultora canadiense, que asesora al Instituto Harrison de Derecho Público de la Universidad de Georgetown, organizaciones de consumidores, gobiernos municipales y asociaciones profesionales, sobre los impactos de los tratados internacionales de comercio. Es investigadora del Centro Canadiense de Alternativas Políticas. Algunos de sus estudios publicados son: “GATS and Financial Instability”; “The Commodification of Services”; “How the GATS Undermines the Right to Regulate”; “International Trade Agreements: An Update for the Union of BC Municipalities”. Este informe fue encomendado por la red Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) Publicado en septiembre de 2014 por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) www.world-psi.org y Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS) www.ourworldisnotforsale.org
Ellen Gould
Preámbulo
Considerar las leyes y reglamentaciones establecidas democráticamente por gobiernos electos y diseñadas para proteger el interés público y general como obstáculos al comercio constituye una tergiversación del papel del gobierno. Porque el mercado no genera esos resultados es que existen leyes y reglamentaciones para proteger a los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y el medioambiente. La crisis financiera mundial puso en evidencia las consecuencias catastróficas de la ausencia de reglamentaciones adecuadas aplicables a los mercados financieros. El cambio climático y el desastre de Rana Plaza son ejemplos de algunos de los desafíos nacionales y mundiales que enfrentamos que ponen de manifiesto las secuelas trágicas que acarrea el eludir el establecimiento, aplicación y cumplimiento de normas decentes que beneficien a todas y todos lo miembros de nuestra sociedad. La facultad de regular es también esencial para establecer condiciones justas de competencia para las empresas, y les permite a los países, ciudades y regiones promover su desarrollo económico y cultural. El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés) que se está negociando actualmente en secreto forma parte de una nueva y alarmante oleada de tratados de libre comercio e inversión fundados en el poder vinculante que les confiere a los inversionistas transnacionales y la institucionalización de sus derechos, prohibiendo e impidiendo la acción gubernamental en gran cantidad de áreas sólo remotamente asociadas al comercio. ‘El TISA Frente a los Servicios Públicos’, que es el informe complementario al que ahora presentamos,esboza los daños que ese acuerdo además le infligirá a los servicios públicos diseñados para satisfacer urgencias sociales y económicas esenciales --tales como la educación y la atención de la salud-- en base a la necesidad y con arreglo a principios de asequibilidad y universalidad. Que son resultados que el mercado no puede generar. Es indignante que el TISA les impida a los gobiernos recuperar y devolver servicios públicos a la órbita de la administración pública aunque se trate de privatizaciones de servicios fracasadas. Increíblemente, el TISA también pretende desregular aún más los mercados financieros, a pesar de la reciente crisis financiera mundial.
Se trata de un intento deliberado de privilegiar las ganancias de las empresas y países más ricos del mundo por encima de las necesidades de los más carenciados, que amenaza con establecer una oligarquía mundial que dictará las leyes para todo el mundo. Sabemos bien que hay grandes intereses empresariales involucrados en las negociaciones del TISA. Con tanto en juego para los pueblos y nuestro planeta, es un escándalo que las negociaciones del TISA transcurran en secreto. ¿Quién aceptaría en un país democrático que su gobierno apruebe en secreto leyes que transfieren poder y riquezas a tal grado, obligan a los gobiernos futuros, y restringen la capacidad de la nación de asistir a sus ciudadanos. Los textos de negociación del TISA deben divulgarse y someterse al escrutinio y decisión pública. El TISA no debe restringir las facultades de ningún gobierno para establecer reglamentaciones de interés público. No debe haber comercio de servicios públicos. Rosa Pavanelli Secretaria General Internacional de Servicios Públicos
