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El gobierno analiza desregular el mercado de combustibles habilitando que las estaciones de servicio fijen los precios de venta al público , dijeron a Búsqueda varias fuentes empresariales.
Mientras, los socios de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) resolvieron hacer un paro de actividades como protesta ante la “situación de emergencia” que, sostienen, atraviesa su sector. La medida fue respaldada en asambleas de estacioneros de distintos puntos del país que terminaron de realizarse el martes 1º. La semana próxima los socios de la gremial determinarán las características del paro, si bien parece seguro que sería por al menos dos días y que se efectuará en noviembre, informó una fuente empresarial.
La venta de combustibles, que tiene una fuerte correlación con la evolución de la economía en general, moderó su ritmo de crecimiento en los últimos meses. Más allá de eso, la Unvenu entiende que medidas tomadas por Ancap “afectan seriamente los números” de las estaciones de servicio al punto de ponerlas en “riesgo de viabilidad financiera”. Ese panorama fue explicado a sus asociados durante las asambleas. La gremial sostiene que ha caído la rentabilidad del negocio porque, en forma unilateral, el ente modificó la “paramétrica” de la cual surge el margen de ganancia para las estaciones sin que se refleje la verdadera estructura de costos, y debido a que no reconoció el aumento salarial aplicado el 1º de julio —surgido de un convenio respaldado por el Poder Ejecutivo. Además, desde agosto congeló ese margen, que hasta entonces ajustaba mes a mes.
En las asambleas también se recogieron firmas de los estacioneros para tramitar en forma conjunta ante el Ministerio de Trabajo el “descuelgue” del convenio colectivo, relató uno de los informantes.
Pero, según dijeron empresarios consultados, otra medida que tiene a estudio el gobierno puede significar un golpe de gracia para muchos en su sector —conformado por firmas pequeñas y medianas que en conjunto emplean a unas 8.500 personas—: la desregulación del precio de venta de los combustibles en el surtidor. Esa posibilidad está siendo evaluada por asesores ministeriales junto con Ancap, pero aún no hay una decisión tomada y, de hecho, algunos tienen una visión contraria. Temen que “políticamente no sea bien visto”, ya que puede llevar al cierre de estaciones, sobre todo las más chicas ubicadas en pequeñas poblaciones, explicó un informante.
La posibilidad de liberar el precio al público le fue comentada a dirigentes de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), que representa a los empleados de las estaciones.
El gobierno también apunta a bajar el costo en la distribución desde las plantas de Ancap hasta las estaciones de servicio, y en ese marco el ente decidió no renovar los contratos con las distribuidoras que vencen el próximo 8 de diciembre.
Estas acciones buscan generar ahorros que colaboren con el “ajuste fiscal” que entrará en vigor en 2017 con la ley de Rendición de Cuentas recientemente aprobada.
Un jerarca ministerial confirmó a Búsqueda que se preparan cambios significativos en el sector de los combustibles.
“Esqueletos”.
Actualmente, el precio máximo al público es fijado por Ancap para todas las estaciones, sin importar el sello. Un empresario evaluó que una desregulación que habilite la competencia puede traer consecuencias muy negativas dada la “integración vertical” del sector, con la Distribuidora de Combustibles (Ducsa, propiedad de Ancap) como principal jugador también en la red de estaciones. La fuente recordó que en algunas rutas de Brasil aún pueden verse los “esqueletos” de estaciones que cerraron cuando rigió la libre competencia de precios.
Ancap también fija el valor al que las estaciones le compran los combustibles, por lo que en los hechos determina su rentabilidad bruta por la venta del producto. Medida en pesos por litro, esa rentabilidad evolucionó sistemáticamente por debajo de la inflación desde mediados de 2015, según un estudio encargado por la Unvenu a la consultora CPA/Ferrere fechado en junio pasado.
La gremial sostiene además que los costos no salariales se han incrementado, así como los asociados a la seguridad en los locales. El plan del gobierno para reducir el uso de dinero en efectivo, que se está introduciendo gradualmente para este sector, también impacta en los números de los estacioneros.
En el marco del Consejo de Ministros abierto efectuado este lunes 31 en San José, el Poder Ejecutivo anunció la postergación, hasta mayo de 2017, de la entrada en vigor de la prohibición del pago con efectivo en las estaciones durante las 24 horas.
