Nadie
que analice con seriedad y ecuanimidad la política de seguridad
desarrollada durante la gestión del Ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, puede negar que se hayan hecho esfuerzos diversos para
combatir el delito y la inseguridad.
A
partir de 2010, y como resultado de los contenidos de los acuerdos
multipartidarios, se llevó adelante un proceso relevante de
recuperación de la institución policial. En efecto, la situación
de la policía en 2010 era catastrófica. Pésimas remuneraciones,
atraso histórico en materia de armamento y capacitación, profunda
crisis estratégica y mecanismos supletorios perversos para compensar
las pésimas remuneraciones. En síntesis, un desastre completo que
era responsabilidad de los gobiernos anteriores, colorados, blancos y
frenteamplistas.
Seis
años después la policía se ha transformado de manera sustancial.
La inversión pública en esta institución ha sido muy significativa
y, con esos recursos, se han mejorado las remuneraciones, se ha
invertido en armamento y tecnología, se ha diseñado una estrategia
específica de combate al delito y se ha aumentado de manera
importante el número de efectivos policiales en nuestro país.
Sin
embargo, la opinión mayoritaria de la ciudadanía es que la
inseguridad es cada vez mayor y que los delincuentes han aumentado su
impacto sobre la sociedad, incrementando la violencia y el grado de
“profesionalización” de la delincuencia.
Se
puede decir que la policía está corriendo de atrás ante un
deterioro de las condiciones de seguridad que aumenta sin pausa a
pesar de los esfuerzos realizados.
Nuestro
país es el que tiene un mayor número de efectivos policiales en
proporción a la población de toda América Latina. Sin embargo, las
cosas no mejoran o las mejoras que se presentan son muy tenues y
generan dudas sobre su consolidación.
¿Por
qué se sigue perdiendo la batalla contra la delincuencia? En primer
lugar porque este gobierno está en una gravísima falta en el
desarrollo de políticas públicas que impactan de manera indirecta
sobre el crecimiento de la delincuencia y de la cultura de la
delincuencia. Nos referimos a la política educativa y a las
políticas sociales. En estos dos campos el fracaso es, a nuestro
juicio, mucho más rotundo y profundo que en la propia política de
seguridad.
Es
inconcebible y condenable que los sucesivos gobiernos del Frente
Amplio no hayan aprovechado la espectacular bonanza de este país
para impulsar una auténtica reforma educativa y no haya desarrollado
un diseño de políticas sociales con auténtico contenido
promocional y, en su lugar, se haya optado por el más rancio modelo
asistencialista que poco y nada contribuye a mejorar la integración
social. Este es, sin dudas, el telón de fondo de la cirsis de la
seguridad.
Sin
embargo, además, existen fallas sustanciales en el diseño de la
política de seguridad impulsada en estos años.
No
se puede mejorar la situación de inseguridad si el sistema
carcelario es un potente reproductor de la delincuencia. Se sabe hace
muchos años que las cosas son así y, sin embargo, las sucesivas
promesas de cambios inminentes siguen pendientes e incumplidas. Sigue
existiendo un mundo de horror en buena parte de la vida cotidiana de
los presos de este país. Las tasas de reincidencia son muy elevadas,
lo que representa casi el doble de una tasa de reincidencia
aceptable.
Pero
el otro problema, a nuestro juicio, es la ausencia de una política
de seguridad en el territorio a escala local con participación
ciudadana y con presencia policial cotidiana. En vez de multiplicar
las seccionales policiales para impactar sobre la realidad de los
barrios, con la participación de las organizaciones sociales y de
los vecinos, generando un aislamiento creciente del fenómeno
delictivo; por el contrario, la estrategia del Ministerio del
Interior se ha concentrado en la construcción de un modelo de
disuasión y represión del delito altamente tecnificado, con grupos
policiales de alta calificación concentrados en las denominadas
zonas calientes, dirigidos desde centros de coordinación a escala de
grandes zonas geográficas.
Desde
nuestro punto de vista, si este modelo de actuación no se completa
con la multiplicación de las seccionales a escala barrial, la lucha
contra el delito no va a tener éxito.
Es
más, tampoco vemos en la estrategia del Ministerio del Interior un
combate a los “reducidores” que son un componente clave en el
circuito delictivo, puesto que los rapiñeros rápidamente se
desprenden de los objetos robados a través de estos mayoristas del
delito. No hemos escuchado ninguna propuesta de combate a este
eslabón estratégico de la cadena delictiva, como tampoco hemos
encontrado acciones policiales ante los sistemas de venta de lo
robado en muchos puestos de las ferias vecinales en la zona
metropolitana.
En
fin, muchas falencias que explican un fracaso evidente que no logra
revertir un proceso de larga data que afecta cada vez con mayor
fuerza a la calidad de nuestra convivencia social. Ciertamente, esto
poco y nada tiene que ver con la estrategia efectista de reclamar el
aumento de las penas o “tirarse las culpas” recíprocamente entre
la policía y la Justicia. Discutamos con seriedad y con la
profundidad que la gravedad de esta problemática obliga.
