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lunes, 1 de agosto de 2016

SE CIERRA UNA ETAPA DE LUCHA CONTRA LA MEGAMINERÍA



Comunicado Uruguay Libre de Megaminería 
 
++ Venció el último plazo del que disponía Aratirí para llevar a cabo su proyecto.

++ Suspenderemos la recolección de firmas, pero el propósito no ha cambiado.
++ La minería metalífera a cielo abierto no es una vía de desarrollo para Uruguay.

En estos días se completaron todos los plazos previstos en la Ley de Minería de Gran Porte para la firma de un contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto deben pasar al Registro de Vacancias de la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) quedando a disposición de posibles interesados.
La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minera le asignó un alto valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo otras firmas privadas interesadas, mal le puede ser útil al gobierno hacer un gasto por esa información.

Con el paso del tiempo se evidenció algo que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas en que el precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011.
Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí ni que su aporte económico al país sería irrisorio, intentó acelerar la autorización ambiental e ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando bienes del dominio público.
Es más, la Ley de Minería de Gran Porte sólo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país fueron rechazadas.
¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados.
Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con el de Aratirí. Algo similar habría ocurrido si se hubieran iniciado las expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa de Rocha.

El 2 de diciembre de 2013 se constituyó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de realizar un plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que prohíba esta minería en todo el territorio nacional.
Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se reafirmó en la calle donde esa preocupación se tradujo en la disposición para firmar las papeletas.
La derrota del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer ese proyecto.

Llegada a la Plaza Independencia de la 4ta. Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, que mostró la resistencia de amplios sectores de la población uruguaya contra el proyecto de Aratirí.
En el corto y mediano plazo, propuestas como la de Aratirí no son probables, pero la amenaza estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de tierras.
Si observamos lo que ocurre con las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. La extracción de oro en Minas de Corrales está prácticamente agotada, pero la minera Orosur viene estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos en otros departamentos, que destrozan y contaminan los suelos y las aguas con una sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados.
¿Qué hace el gobierno? Le concede subvenciones y exenciones, la exonera del pago del canon de producción, le permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias para las empresas, no ofrece nada más que empleos transitorios.

En el presente, hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no pierden vigencia, podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario hacerlo.
Seguiremos cumpliendo con el ideario de Artigas cuando dijo:

* No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.
* Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana.

miércoles, 9 de marzo de 2016

CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE ARATIRÍ: "VICTORIA Y ALIVIO PARA EL PAÍS; CUESTIONES PENDIENTES"


Comunicado de prensa


Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí  y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.



Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.



La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.



El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.



A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos. Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.


El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero Dinamige admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño. 



La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.



Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por Dinamige han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.



La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.



Uruguay Libre de Megaminería

8 de marzo de 2016.

martes, 23 de febrero de 2016

Puerto en Rocha: se gastaron 2 millones de dólares en consultorías, viajes y viáticos



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional  para el Desarrollo se vieron obligados por la Justicia a entregar el informe de gastos de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (Cipap). El actual gobierno disolvió esa comisión y no ve al puerto en Rocha como prioritario.

LPH

En lo que parece el último capítulo de un proyecto que generó gran
cantidad de controversias y denuncias, y que dependía exclusivamente del
muy cuestionado proyecto minero presentado por la empresa Zamin
Ferroum, un informe que publica El País Digital, indica que durante el anterior gobierno de José Mujica se gastaron al menos dos millones de dólares en los distintos estudios para construir el Puerto de Aguas Profundas en Rocha: objetivo que para el actual gobierno nunca fue prioritario y que abandonó a poco de asumir.




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Puerto en Rocha: se gastaron 2 millones de dólares en consultorías, viajes y viáticos

lunes, 26 de octubre de 2015

Aratirí cambió de manos y ahora es del grupo Aurum Ventures



 El proyecto minero para extraer hierro que el grupo indio Zamin Ferrous
impulsaba en las zonas cercanas a Cerro Chato y Valentines aparentemente cambió de manos y ahora es presentado como propio en su página web porotro grupo también indio: Aurum Ventures.


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Aratirí cambió de manos y ahora es del grupo Aurum Ventures | Noticias Uruguay y el Mundo actualizadas - Diario EL PAIS Uruguay

miércoles, 21 de octubre de 2015

Fiscal Viana: Me trasladan por molestar al poder de turno Video





El fiscal Enrique Viana, quien fue trasladado por la Fiscalía
General de la Nación, dijo en El Observador TV que la decisión se tomópor "molestar al poder de turno y a los intereses privados asociados alpoder de turno".
En una entrevista con Mariano López, Viana
dijo que no le sorprendió la medida: "Nuevamente se sanciona a un fiscal por actuar en forma independiente, es una nueva violación de la independencia, es una sanción y un mensaje aleccionante al resto de los
fiscales".
Viana, conocido popularmente como el "fiscal
verde", fue trasladado por el fiscal de Corte Jorge Díaz de la Fiscalía de lo Civil de Tercer Turno a la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de Segundo Turno.

 Clic en este enlace para ver el video
Fiscal Viana: Me trasladan por molestar al poder de turno

lunes, 14 de septiembre de 2015

180.com.uy :: MIEM deberá dar toda la información sobre Aratirí







La Justicia volvió a fallar a favor de un integrante de la ONG
Uruguay Libre de Megaminería y el Ministerio de Industria deberá
entregar toda la información clasificada como confidencial sobre elproyecto minero Aratirí.



Clic en el enlace para leer nota original

180.com.uy :: MIEM deberá dar toda la información sobre Aratirí

sábado, 5 de septiembre de 2015

ARATIRÍ. Fiscal Viana ante la Suprema Corte de Justicia


 La Hora Verde, 3/9/15.


DE ESPALDAS AL PUEBLO

Así defendieron los abogados del Estado a la Ley Aratirí

En una breve y concurrida audiencia en la Suprema Corte de Justicia, el Fiscal de 3er. turno Dr. Enrique Viana presentó su alegato argumentando la inconstitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte (19.126)

Por el Poder Ejecutivo se encontraban presentes los abogados del MVOTMA, Ministerio de Economía (Edgardo Álvarez), Ministerio de Industria (Marchetti) y Ministerio del Interior (Dr. Pereira). No comparecieron los representantes del MGAP y Ministerio de Defensa, al igual que el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz.


Lo más llamativo de la sesión se produjo al finalizar la exposición del abogado del MVOTMA, momento en el cual el público exigió a los abogados defensores de la Ley Aratirí que hablaran de pie frente a la concurrencia. Sin hacer caso al pedido, terminaron sus exposiciones sentados y de espaldas a la audiencia presente en la sala.

Sus disertaciones fueron en general extremadamente técnicas, por momentos crípticas y mecánicas. El Dr. Álvarez y el Dr. Marchetti se limitaron a leer extensos reportes jurídicos, con una tonalidad monótona e incluso robótica que despertaron voces de protesta en el público presente. El Dr. Pereira solo hizo uso de la palabra para manifestar que "comparte todo lo que dijeron los abogados de los otros ministerios".

En una exposición de 10 minutos, de pie ante los magistrados y el público, el Fiscal Viana expresó:

 «Es una ley que busca burlar el cumplimiento de una norma constitucional. Autoriza una forma de minería, la megaminería a cielo abierto; la autoriza expresamente para un proyecto concreto, como el proyecto Aratirí. La autoriza en base a habilitar un daño ambiental grave al medio ambiente prohibido por el artículo 47 de la Constitución.

Pero para eso, para asegurar impunidad a ese daño grave ambiental, es necesario que también destruya los conceptos de República y soberanía nacional. Por eso es que esta Ley le ocasiona un grave daño moral a la Constitución de la República. Es un acto de autorización, no es una Ley; esta no es una norma general y abstracta. Es indudable que estamos en un enfrentamiento entre los conceptos de República y los conceptos de un poder anacional privado que quiere imponerse.

 Señores Ministros: yo sé que desde la Fiscalía le estamos pidiendo mucho. Sinceramente creo que les estamos pidiendo un acto de coraje, un acto jurídico y de coraje. Estamos siendo quizás muy exigentes con Uds., pero lo que me alienta es lo siguiente: cuando uno lee la Ley de Independencia de 1825 también se les pidió a los jueces que hicieran efectivo aquel mandato en el cual declaraban nulo y sin ningún valor para siempre los sojuzgamientos a los poderes exógenos y ajenos al territorio nacional.

Bueno, yo lo que les vengo a pedir a Uds. es eso, nada más que eso.

Muchas gracias.»

sábado, 15 de agosto de 2015

SE DESATÓ LA ESPECULACIÓN CON LOS TÍTULOS MINEROS DE ARATIRÍ

Comunicado de Uruguay Libre de Megaminería

 
La prensa de hoy informa que un fondo de inversión de la India, Aurum Ventures, se mostró interesado en comprarle al dueño de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, los derechos mineros en el centro-este del país que forman parte del proyecto Aratirí.
 
Era previsible que Aratirí no concretaría su propuesta ante el fin de la coyuntura especulativa que provocó un alza extraordinaria del precio de los metales (la tonelada de hierro rondó los 190 dólares en 2011, hoy en día se encuentra a 52 dólares). El derrumbe del precio del hierro hace inviable económicamente ese proyecto a corto y mediano plazo.
 
El artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que en caso de no firmarse el contrato en el plazo fijado por la ley, “se procederá a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.
 
La prórroga votada en el Parlamento el pasado 10 de febrero pasado, que fija el plazo para la negociación con Aratirí, vence el próximo 20 de noviembre y, si no se firma el contrato de inversión, la empresa debe entregar los títulos mineros del proyecto.
 
En esta situación, las mineras buscan retener los títulos – que no les resulta oneroso - a la espera de otra coyuntura favorable, tratan de revenderlos o se los compran a si mismas con otra firma. Este procedimiento viola disposiciones del Código de Minería que fijan los plazos y las superficies máximas que puede retener una empresa. La Dirección Nacional de Minería y Geología no lo fiscaliza y ha permitido que sea una práctica habitual.
 
La compra y venta de títulos mineros es propicia para acciones especulativas de diverso orden, inclusive el simple lavado de dinero de un fondo de inversión. Al alentar la especulación con nuestros recursos y privilegiar los intereses financieros, se sigue apostando a la posibilidad de realizar el proyecto de Aratirí o uno similar y se lesiona el desarrollo agropecuario.
 
Sea con Aratirí o con otra empresa, la minería metalífera a cielo abierto amenaza la integridad del territorio y de las culturas productivas del país por la destrucción definitiva del área de explotación y la grave afectación a los suelos y recursos hídricos. La única manera de evitarla es con una enmienda constitucional que prohíba esta actividad en todo el territorio nacional.
 
Ese es el objetivo de la campaña del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería para que se realice un plebiscito nacional con esa finalidad. Las 100.000 papeletas firmadas hasta ahora muestran la preocupación de la población al respecto y seguiremos recogiendo firmas.
 
Uruguay Libre de Megaminería
14 de agosto de 2015.
 
 


lunes, 8 de diciembre de 2014

Aratirí; denuncian que "transparencia y participación social están en peligro"


 

Conferencia de prensa de Uruguay Libre 8/12/14

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE ARATIRÍ

La declaración del carácter confidencial de la información de Aratirí por el Ministerio de Industria, Energìa y Minería (MIEM) no cumplió con los requisitos legales y de ser aceptada traería graves consecuencias sobre las evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
Los fallos de la Justicia ordenando la entrega de la información solicitada trascienden el caso del proyecto de Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimentos de la administración pública y de participación de la sociedad en las decisiones que le atañen.

1. Declaración de confidencialidad realizada por la DINAMIGE y el MIEM
La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) adoptó el criterio de la empresa Aratirí y declaró confidencial toda la información del proyecto minero.

Aratirí alegó ante DINAMIGE que los aspectos técnicos debían ser “confidenciales y reservados por formar parte del ‘know how’ de la empresa” y que los mismos no deberían ser accesibles por sus competidores, “ni por el público en general”. Para justificarlo, agregó que su proyecto era “de una entidad y características totalmente distinto a los existentes hasta ahora” (sic). Basándose en la evidente exageración de esta frase, Aratirí atribuye a todos los datos técnicos del proyecto el mismo valor que las informaciones del patrimonio personal o el secreto comercial.

El artículo 10 de la Ley 18.381 define como confidenciales las informaciones sobre “el patrimonio de la persona” y aquella que “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”. Nadie cuestiona que estos aspectos sean preservados, pero no abarcan necesariamente todos los datos técnicos del proyecto. Además, la calificación no debe ser realizada por la empresa sino por la Administración y los casos deben ser “de interpretación estricta”, no genérica.

El Director de la DINAMIGE, Pier Rossi, adoptó una resolución, el 15 de mayo de 2013, en la cual sostuvo que “toda la documentación aportada contiene información del patrimonio, hechos o actos de carácter económico, contables jurídicos y administrativos (…) que pudieran resultar útiles para un competidor” e, invocando el mencionado artículo 10, declaró como confidencial “la totalidad de la información contenida en este Asunto relativa a los informes técnicos presentados por MINERA ARATIRÍ S.A.” O sea que aceptó sin más el criterio propuesto por la empresa.

En el mismo expediente de la Dinamige encontramos elementos que cuestionan la validez actual de tal resolución. En una nota del 8 de mayo de 2014, la Asesoría Jurídica del MIEM, señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), “la declaración de confidencialidad solicitada (por Aratirí) no compete a DINAMIGE sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería”. La nota referida planteaba “que la Superioridad convalide la resolución” y, además, que se agregara “el informe en el que arriba a dicha conclusión”.

¿Qué es lo que se declara confidencial?

La División Minería respondió el 10 de junio diciendo, simplemente, que “ha entendido pertinente el planteo realizado por la empresa” y enumeró los elementos incluidos en la información técnica referida por la resolución, a saber: “descripción e interpretación geológica de los yacimientos, metodologías de diseño de mallas de perforación, obtención y preparación de muestras, métodos analíticos, controles de calidad de la base de datos, separación de dominios estadísticos, geoestadísticos y estructurales, estadísticas, detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas, dimensiones y etapas de desarrollo de las minas, selección de las leyes de corte, criterios y metodología de selección de maquinaria y equipos industriales, operativa de cada mina, procesos de beneficiación, cronogramas de ejecución, volúmenes de producción de mineral y concentrado, instalaciones auxiliares, dimensionamiento de pilas de estéril, represas de relaves y de agua fresca, dimensionamiento de plataformas de mineral de alta y baja ley, sistema de transporte dentro y fuera del complejo, mineroducto, terminal de recepción de concentrado, informes de auditoría, bases de datos en formato digital y certificados de análisis, mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología, plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas(sic).

La simple transcripción de esta lista, con la aclaración final para eliminar cualquier duda, revela el carácter arbitrario de la confidencialidad solicitada por Aratirí y concedida por la DINAMIGE. De aceptarse este criterio, será reclamado por otras empresas y toda la información sobre cualquier proyecto minero pasaría de aquí en adelante a ser secreta.

Es más, la DINAMIGE pretende considerar confidenciales “los informes realizados por la Unidad de Evaluación, Control y Gestión de Proyectos Mineros de esta Dirección Nacional, elaborados en respuesta o con posterioridad al análisis de información técnica suministrada por la empresa y haciendo referencia a la misma”(sic). Esto sería la consagración del contubernio empresa-estado.

Esta decisión de la DINAMIGE, defendida por el ministerio en el juicio realizado, constituye una violación de las leyes de transparencia de la función pública, de acceso a la información y de participación social – incluyendo la Ley de Minería de Gran Porte. 

2. Incumplimiento de los requisitos para declarar confidencial la información
En el fallo de 1ra. instancia, el juez Martínez de las Heras advirtió el incumplimiento de lo previsto por el decreto 232/2010 para la clasificación de la información como confidencial.
De la resolución 122/2013 de DINAMIGE emerge que la declaración de confidencialidad se realizó en mérito a "solicitudes efectuadas por MINERA ARATIRI S.A…” y no consta en estas actuaciones que se hubiere cumplido con lo dispuesto por el art. 31 del decreto 232/2010 que establece:
Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados información confidencial, deberán señalar los documentos o secciones en los que se contenga tal información. También deberán presentar un “resumen no confidencial” breve y conciso. En caso que, la naturaleza de la información impida elaborarlo, se explicitará tal imposibilidad ante la autoridad competente”.
No surge de autos que se hubiere presentado un “resumen no confidencial” cuya presentación es obligatoria en caso de tratarse de información confidencial, y tampoco emerge de autos que se hiciera la salvedad relativa a la imposibilidad de su presentación”, dice el juez.
En la respuesta a la apelación, el Dr. Martín Prats expresó que la posibilidad de desglosar la información que refiera a secretos industriales o comerciales que pueda ser útil para un competidor debe leerse como una excepción a la cual se le debe aplicar el principio de divisibilidad en forma restrictiva. Y agregó: "No se puede tampoco bajo este argumento, incluir como información de este tipo a todo el contenido del Expediente sino solo aquello que no refiera a temas ambientales".
La ley de Minería de Gran Porte (19.126), en su Artículo 26 inciso final, establece claramente: "En ningún caso podrá ser considerada de carácter confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto.”
¿Cuál es la información ambiental?
 
No existe una definición precisa de qué es "información ambiental" y qué no lo es. Para nosotros, todos los elementos enumerados por la DINAMIGE y el MIEM, tanto en su contestación de la demanda y alegato como en la apelación, son información ambiental y por tanto sólo aquella que refiera al patrimonio personal de la empresa o a un secreto industrial o comercial claramente y expresamente definido como tal debe ser reservada.
"Suponemos, expresó Prats, que en el expediente solicitado debe constar un informe sobre cuál información suministrada por la Empresa refiere a un secreto industrial y comercial y consideraciones sobre si es o no secreto. De ser de otra forma, el MIEM no estaría actuando al servicio de la sociedad a la cual se debe sino que estaría aceptando en forma acrítica la imposición de los intereses de la empresa".
"Es la Administración quien debe definir cuál información refiere a este tipo de secreto y cuál no. Si no lo hizo en este caso, toda la información contenida en el referido expediente refiere a temas ambientales y por tanto se debe permitir el acceso a ella pues es información pública", reafirmó.

3. Posibles consecuencias si se validaran tales decisiones
"Si se aceptara el criterio aducido en la Apelación por el MIEM, se crearía un grave precedente por el cual todo tipo de proyecto minero pasaría a ser secreto pues de lo que surge en autos DINAMIGE no adoptó otro criterio que, simplemente, el aceptar la solicitud de confidencialidad planteada por la empresa", señaló en el juicio el Dr. Prats.
Y agregó: "Si se aceptara este criterio, más allá de nuestro interés personal en este juicio, dejaría indefensos a miles potenciales afectados por el proyecto, quienes no podrán contar con la información suficiente para reclamar y luchar por sus legítimos intereses".
Además, Uruguay tiene firmados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 29 países que en su articulado incluyen -es una fórmula común a todos los TBI- que se concederán a los inversores y las inversiones de la Otra Parte las mismas condiciones otorgadas a cualquier empresa extranjera o nacional. Es decir, que una vez hecha esta concesión para Aratirí, cualquier otro proyecto de inversión bajo ese marco adquiere derecho a reclamar el mismo tratamiento. 
Por último, el Dr. Prats expresó que el tipo de información solicitada es una información que refiere a asuntos vinculados directamente con los derechos humanos, derechos ambientales y el deber de transparencia que el Estado está obligado a cumplir no solamente por las disposiciones de la Ley 18.381, sino también por Convenciones Internacionales de Derechos Humanos citadas en la demanda, así como otras disposiciones constitucionales y legales del país.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo del juez Martínez de las Heras que ordenó al MIEM brindar la información requerida en un plazo de 15 días desde la fecha. El juez estableció como limitación de la información a entregar aquella “exclusivamente relacionada con aspectos vinculados al “secreto industrial o comercial” de la empresa respectiva, información que debe ser objeto de reserva por parte de la Administración”. Esta restricción surge de la ley 16.466 sobre Protección del Medio Ambiente y es análoga a la antes referida de la Ley 18.381.

Por lo expuesto, esperamos que el MIEM cumpla sin más trámite con la sentencia.

 
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
Montevideo, 8 de diciembre de 2014.

viernes, 5 de diciembre de 2014

MEGAMINERÍA Gobierno obligado a dar información de Aratirí declarada “reservada”


Tribunal de Apelaciones le dio la razón a un movimiento ambientalista y ahora el Ministerio de Industria debe entregar los datos reclamados sobre el proyecto minero




El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno falló a favor del movimiento ambientalista contra la megaminería y obligó al gobierno a entregar información el proyecto de Aratirí declarada “reservada”. Según informó a El Observador el abogado Martín Prats, la sentencia es inapelable, por lo cual el Ministerio de Industria, Energía y Minería debe dar los datos reclamados en un plazo de 15 días a partir de la notificación del fallo, dado este viernes por el tribunal.
El dirigente de Uruguay Libre, Raúl Viñas, dijo a El Observador que el movimiento siente “satisfacción” por el fallo de la Justicia, porque mantiene y defiende el derecho a los ciudadanos a acceder a la información pública.
La información que el gobierno y la empresa no querían entregar refiere a cómo el proyecto manejará los residuos de las minas, entre otros aspectos. Se mantendrá en reserva, de todos modos, algunos detalles financieros del proyecto.
El activista Víctor Bacchetta había tramitado un pedido de acceso a la información, amparado en la ley aprobada en el período pasado. Luego de recibir la negativa del gobierno, la Justicia le dio ahora la razón.

sábado, 11 de octubre de 2014

Marcha ambientalista con duras críticas al gobierno

Proclama:  Denuncian a Aratirí, UPM y al puerto de Rocha


En la séptima marcha en defensa de la tierra y el agua abundaron críticas a Aratirí, la regasificadora, las plantas de celulosa y el gobierno. Tampoco se libraron ANCAP por sus planes de búsqueda de hidrocarburos y el puerto de aguas profundas.

Militantes critican la forestación y el uso de agrotóxicos. Foto: Agustín Martínez
JUAN PABLO CORREA 
sáb oct 11 2014
El País
 
La marcha, en la que participaron unas 1.000 personas, comenzó en el Obelisco sobre las 18 horas y evitó la zona cercana a la Universidad de la República donde se preparaba un estrado para un acto de la lista 1001 del Frente Amplio.
Organizada por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, recibió también el apoyo de la FEUU, el sindicato de OSE, trabajadores de la caña de azúcar, el Partido Ecologista Radical Intransigente y de grupos de izquierda radical como Unidad Popular.
De hecho, la conocida activista Irma Leites, manejaba un auto que iba abriendo la marcha. La seguían una docena de jinetes (entre los que estaba el ex futbolista de Nacional, Diego Jaume) que portaban banderas artiguistas, activistas de grupos de descendientes de indígenas, productores rurales y militantes ambientalistas que cantaban "Pepe, la tierra no se vende, la tierra se defiende". Se escucharon algunos gritos contra "el Fraude Amplio", "los falsos progresistas" y "los amigotes de Obama y las transnacionales".
Tres jóvenes militantes leyeron la proclama que cerró la marcha en Plaza Independencia en la que se advertía que Aratirí afectará con el mineroducto que planea construir hasta la costa atlántica 3 ríos y 20 arroyos. "¿Roberto Kreimerman? (ministro de Industria) tiene algo para decir?", preguntaba la proclama.
Los ambientalistas consideran que por su presión todavía no se ha firmado el contrato con la minera que quiere extraer hierro.
También hubo críticas al gobierno por haber autorizado los embarques de madera en el puerto de La Paloma y por evaluar la posibilidad de realizar "fracking" (fractura hidráulica) para buscar petróleo en el norte del país en asociación con la empresa estadounidense Shuepbach Energy.
Los ambientalistas entienden que esa técnica produce sismos y contamina el agua subterránea. También rechazaron la forestación, los cultivos transgénicos, el uso de agrotóxicos y las plantas de celulosa; e incluso saludaron la presencia de grupos ambientalistas de Gualeguaychú que se oponen a la planta de UPM.
La asamblea denuncia que el 40% del territorio uruguayo ya pertenece a empresas extranjeras y que han desaparecido 12.000 explotaciones pequeñas. También sostiene que las empresas multinacionales como las accionistas de Montes del Plata (Stora Enso y Arauco) se benefician de exenciones impositivas y de privilegios derivados del régimen de zonas francas.
En cuanto a la regasificadora la proclama señala que ha afectado la actividad de los pescadores artesanales del oeste de Montevideo.