Buscar este blog

martes, 21 de enero de 2014

Discrepan sobre cómo elegir banca femenina para el Senado de Alianza Nacional.


Carlos Moreira, Verónica Alonso, Jorge Larrañaga y Ana Lía Piñeyrúa, durante el acto en el que Piñeyrúa adhirió a Alianza Nacional. (archivo, junio de 2013)
Carlos Moreira, Verónica Alonso, Jorge Larrañaga y Ana Lía Piñeyrúa, durante el acto en el que Piñeyrúa adhirió a Alianza Nacional. (archivo, junio de 2013)

Dos bibliotecas

Piñeyrúa y Alonso discrepan sobre cómo elegir banca femenina para el Senado de Alianza Nacional.
Gane o pierda la elección nacional, el senador y precandidato Jorge Larrañaga deberá resolver qué mujer ocupará el tercer lugar en la lista al Senado por Alianza Nacional (AN). No son muchas las posibilidades que se manejan, pero hay tres posibles precandidatas que han ganado fuerza en la interna sectorial.
Dos de las tres posibles aspirantes provienen de Unidad Nacional, el viejo bloque que armó Luis Alberto Lacalle junto con Francisco Gallinal para quedarse con la interna nacionalista en 2009. Verónica Alonso fue electa diputada por Correntada Wilsonista, pero no tardó en distanciarse del actual senador y líder de ese grupo, tras un confuso episodio. Vale recordarlo: en aquella oportunidad Alonso acusó a Gallinal por intentar quedarse con la lista montevideana 333 -cuya titular era ella- mediante la falsificación de su firma. A partir de ese momento la diputada se fue alejando paulatinamente del bloque hasta que a principios de 2013 se incorporó de manera definitiva a AN. Alonso tuvo una actuación parlamentaria visible en la bancada nacionalista, especialmente en la oposición al proyecto de ley de regulación del mercado del cannabis, que se terminó de aprobar en diciembre del año pasado.
Con pasado wilsonista pero también proveniente de filas lacallistas, Ana Lía Piñeyrúa aparece como una opción de más experiencia: con casi 20 años más que Alonso, la actual diputada fue candidata a la Intendencia de Montevideo en mayo de 2010, fue ministra de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de Julio María Sanguinetti y ya había ocupado una banca en la cámara baja entre 1990 y 1995. Además, durante este período es suplente de Lacalle en el Senado, aunque dejó de asumir la banca cuando se alejó del ex presidente, en mayo de 2013, y anunció días después su apoyo al espacio político liderado por Larrañaga. Por otra parte, Piñeyrúa fue directora de la oficina regional, con sede en Buenos Aires, de la Organización Internacional del Trabajo durante diez años.
Pero Alonso y Piñeyrúa no son las únicas. Con menos visibilidad a nivel nacional, pero con más historia en el sector, está la actual intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, quien se integró a AN en 2008, cuando era diputada, igual que Alonso, tras alejarse de Correntada Wilsonista. Peña también podrá apostar a ser reelecta en la Intendencia, aunque su dedicación departamental puede sacarle protagonismo a nivel nacional.
A eso hay que sumarle que el sector no parece ser muy afín a incluir en el Senado a quienes aspiran a cargos departamentales. Por ejemplo, los actuales senadores Eber da Rosa y Carlos Moreira aspirarán a volver a ser electos como intendentes de Tacuarembó y Colonia, respectivamente, por lo que no aparecerán como titulares en la lista a la cámara alta que presentará el sector. Sin embargo, su perfil de dirigente del interior puede ser un punto fuerte, en la medida en que Larrañaga siempre ha mantenido en sus discursos un fuerte énfasis en el desarrollo del interior y en la descentralización del país, y dada la cercanía de Peña con otros intendentes nacionalistas. “Las tres son mujeres muy representativas”, dijo un importante dirigente del sector.

Formas de decisión

En la bancada de AN ya hay acuerdo en la forma en que se resolverán las candidaturas a diputados en Montevideo. El orden de lugares se definirá en función de los votos que marque cada aspirante a la diputación con sus propias listas en la elección interna del domingo 1º de junio.
Sin embargo, no está tan claro cuál será el criterio que se aplicará para confeccionar la nómina al Senado. Se sabe que Larrañaga encabezará esa lista, que el segundo lugar deberá resolverse entre los intendentes Guillermo Besozzi (Soriano), Walter Zimmer (Colonia) y Omar Lafluf (Río Negro) y que el cuarto lugar será para el actual diputado y precandidato a la Intendencia de Montevideo Jorge Gandini.
La indefinición para el tercer lugar femenino de la lista -determinado por la Ley de Cuotas, aprobada en abril de 2009- es similar a la que tienen los aliancistas para la línea “de los intendentes”. “Es un tema que no he planteado, porque el foco está puesto en el apoyo a Larrañaga en las elecciones internas y el solo hecho de estar hablando de eventuales listas que serán definidas con posterioridad a la interna puede generar inconvenientes en el trabajo para esta elección”, dijo Piñeyrúa.
A pesar de eso, tanto Piñeyrúa como Alonso mostraron criterios diferentes respecto de cómo debe definirse la titularidad de esa tercera plaza para el Senado. Alonso consideró que el mecanismo “más justo y más legítimo” para definirlo sería tener en cuenta los votos que cada una de las posibles candidatas marque en la elección interna, al igual que como se resolverá para la lista a diputados en Montevideo. “Ojalá que sea así, porque es el mecanismo más democrático”, sostuvo la legisladora, que ya colocó afiches publicitarios en Montevideo con la consigna “Verónica Alonso senadora”.
Piñeyrúa, por su parte, no se mostró de acuerdo con esta forma de definición: “Normalmente la lista al Senado se define por una decisión política y no se hace con base en el conteo de votos de cada persona en las urnas en las elecciones internas.
En el Senado hay otro tipo de valoraciones que pesan”, expresó la legisladora, que dijo que el criterio para las candidaturas a la cámara alta “siempre ha sido una evaluación más política que numérica”. la diaria intentó comunicarse sin éxito con Peña, la otra posible aspirante a ese lugar por AN.
En las internas Alonso se presentará con la lista 20142014 por Montevideo, y en principio Piñeyrúa y su sector, Concordia Nacional, también presentarían su propia opción electoral.
Santiago Sánchez.

Uruguay, la buena noticia en materia de compromiso con los derechos humanos


El jefe para las Américas de HUMAN RIGHTS WATCH destaca el avance del país por su aprobación de la ley del aborto, la legalización de la marihuana y su proyecto de ley de medios

  Washington

El País de Madrid 

                            Simpatizantes de la legalización de la marihuana en Uruguay. / AFP

Human Rights Watch (HRW) no ha destinado un informe propio sobre el cumplimiento de los derechos humanos en Uruguay, pero, sin embargo, este país, bajo la batuta de su presidente, José Alberto Mujica, es el que, dentro de América Latina, mejor ha demostrado su compromiso con la defensa de las libertades, de acuerdo con el director de la División de las Américas de la organización, José Manuel Vivanco. La aprobación de la ley del aborto y del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana y la legislación que se está preparando para regular la titularidad de los medios de comunicación, son, una buena noticia, si bien aislada, en medio del estricto control de las violaciones que realiza HRW.
“Si hay en América Latina un país que ha demostrado tener una agenda de derechos humanos, ése es Uruguay”, ha reconocido Vivanco durante la presentación del informe relacionado con la región. Tras un referéndum popular sobre la despenalización del aborto, el país sudamericano aprobó la legislación que autoriza la interrupción del embarazo. “Es una ley compatible con todos los estándares internacionales sobre la materia”, ha puntualizado el responsable de HRW.
Vivanco ha destaco la diferencia que hace esta ley con la de otros países de la región, como Chile, donde el aborto está prohibido de manera absoluta, o Ecuador, en donde, en el marco de la reforma del Código Penal, los legisladores se están replanteando sustituir el lenguaje de uno de los dos únicos supuestos -otro es el de peligro para la vida de la madre- en los que el aborto es legal en esa nación: cuando el embarazo sea producto de la violación de una mujer “idiota o demente”. El nuevo término que se baraja es “discapacidad mental”, pero no se plantea incluir las violaciones a todo tipo de mujeres, dementes o no.
La legalización de la producción y la venta de la marihuana, impulsada por Mujica, es otros de los motivos que abundan en la senda de respeto por los derechos humanos de Uruguay que preconiza Vivanco. HRW siempre ha defendido la despenalización del consumo particular de todo tipo de sustancia, al igual que ocurre con el tabaco o el alcohol. “Se trata de una decisión personal en la que, siempre que no afecte a terceros, como en el caso de la conducción cuando se está bebido, los Estados no deben interferir”, ha señalado.
En plena polémica por la aplicación de la Ley de Control de Medios de Argentina, la de Comunicación, de Ecuador, o el debate de otra norma similar en Perú, sobre las que se ciernen las dudas y denuncias sobre el respeto a la libertad de expresión y de prensa, la que se está estudiando en Uruguay es, para Vivanco, “el único proyecto regional de este tipo que es plenamente compatible con los estándares internacionales en esta materia”. La disposición uruguaya pretende evitar el dúopolio de los medios de comunicación en el país.

Alerta sobre las "democracias autoritarias" en América Latina

HUMAN RIGHTS WATCH

La concentración de poder, el retroceso en libertad de expresión, la impunidad de delitos de lesa humanidad son algunas de las violaciones a los DD HH que se recogen en su informe de 2014


  • La excusa de la seguridad nacional en EE UU
  • Argentina: Preocupación por la independencia judicial
  • Colombia: La sombra del conflicto y su resolución
  • Cuba: Continúa la represión
  • Ecuador: Ampliación de las restricciones
  • México: La sombra de la impunidad
  • Venezuela: La violencia poselectoral
      Washington 
  •  
  • El País de Madrid
  •  
  •  
    La concentración de poder en los países del bloque del ALBA, las amenazas que para la libertad de expresión y prensa que suponen las leyes sobre telecomunciaciones de Argentina o Ecuador; el incumplimiento de las leyes para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia o México; la indefinición en la estrategia de seguridad del los países que se enfrentan al narcotráfico; la impunidad e irregularidades a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en países como Guatemala u Honduras -aunque se trata de una práctica que se extiende a casi toda América Latina-; los abusos en las cargas contra los manifestantes en Chile o Perú; el recurso a la justicia transicional para ayudara resolver el conflicto de las FARC; la falta de transparencia en las elecciones venezolanas y la posterior represión a los simpatizantes de la oposición que demandaban un recuento de votos; las leyes que prohiben o restringen severamente el derecho al aborto; las cortapisas a la independencia judicial, de nuevo, en Argentina, Ecuador y Venezuela; los programas de drones operados por EE UU o los abusos al derecho de la intimidad revelados por Edward Snowden en los que ha incurrido la inteligencia de este país constituyen las líneas generales que dibujan el mapa de las violaciones de derechos humanos en 2013 de en el continente americano de acuerdo con el Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) que se ha dado a conocer este martes.
    “Hemos apreciado un incremento de regímenes autoritarios que mantienen una fachada democrática, pero donde esa democracia es una ficción, donde se celebran elecciones, a veces limpias y otras no lo suficientemente transparentes en las que el partido que las ganas, al comprobar que temporalmente constituyen una mayoría tratan de perpetuarse en el poder, avasallando a la sociedad y a todos aquellos que no piensan como ellos e interviniendo rápidamente el poder judicial. En esta región hemos identificado ese comportamiento en Venezuela y es muy probable que Ecuador esté calificando para esa liga”, ha señalado este martes José Miguel Vivanco, el responsable para América Latina de Human Rights Watch, durante la presentación del informe sobre la región.

    Cuba: Continúa la represión

    Aunque HRW reconoce los avances que han supuesto las reformas migratorias a la hora de facilitar la libertad de movimiento y de expresión de la disidencia y la reducción de las penas prolongadas de cárcel a los presos políticos, la organización sigue siendo muy crítica con las detenciones arbitrarias y las encarcelaciones breves, que el régimen de la isla utiliza “a modo preventivo para evitar que las personas participen en eventos que se consideren contrarios al Gobierno” y la represión a disidentes como las Damas de Blanco, 30 de cuyas integrantes fueron detenidas y golpeadas en agosto de 2013 por asistir a una misa.
    El informe denuncia la ausencia de libertad de expresión en Cuba y las condiciones en los centros de detención en los que todavía se encuentran “decenas de presos políticos”.
    Vivanco se ha mostrado pesimista sobre la observancia de los derechos humanos en el continente y ha hecho especial hincapié a “la falta de definición en materia de seguridad” del Gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto en referencia a los sucesos de Michoacán y al surgimiento de los grupos de autodenfensa, una situación que no aparece recogida en el informe de este año.

    Impunidad por los delitos de lesa humanidad

    Los escasos avances en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por abusos cometidos en el pasado, lejano o reciente, de los Gobiernos de América Latina es casi una constante en el informe que HRW ha elaborado para América Latina. Salvo las excepciones de Argentina, Chile o Ecuador donde la organización reconoce progresos a la hora de juzgar las violaciones cometidas durante sus respectivas dictaduras, la institución es muy crítica en los casos de Guatemala, debido sobre todo a la anulación de la condena al ex jefe del Estado Efraín Ríos Mont, Honduras, se critican los escasos “juzgamientos por el uso excesivo de la fuerza y los asesinatos”, tras el golpe de Estado de 2009, o Perú, donde se denuncia “las extensas demoras de la investigación judicial” y una cierta negligencia a la hora de destinar “suficiente personal y recursos”.
    En el caso de México, HRW hace constar los escasos esfuerzos por parte del nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto para investigar, perseguir y juzgar los casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por militares y las fuerzas de seguridad durante la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón. “El Gobierno de Peña Nieta ha demostrado a lo largo de este año que el tema de los derechos humanos no es prioritario”, ha sostenido Vivanco. El informe denuncia el peligro de impunidad para los abusos militares que se puede derivar del hecho de que este tipo de delitos “sean juzgados por el sistema de justicia militar que carece de independencia y transparencia”.

    Argentina: Preocupación por la independencia judicial

    Además de los asuntos relacionados con la libertad de prensa, HRW destaca en su informe cómo la nueva legislación aprobada en abril de 2013 por el Gobierno de Fernández supone una “grave limitación de la independencia judicial” en Argentina. Aunque el informe reconoce que la Corte Suprema anuló algunas de las disposiciones, alerta de las restricciones para solicitar medidas cautelares que contempla la disposición.
    HRW también muestra su preocupación por el Memorándum de Entendimiento firmado por Argentina e Irán para revisar las pruebas que vinculaban a ciudadanos iraníes con el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Argentina (AMIA) de Buenos Aires en el que 85 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas. El informe también advierte sobre los obstáculos de las mujeres argentinas para acceder a métodos anticonceptivos y recuerda que, salvo pocas excepciones, el aborto es ilegal. Estas condiciones determinan que “a menudo mujeres y jóvenes deban afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud”.
    En este sentido, el informe es muy crítico en el caso de Colombia, donde se denuncia el rechazo del Gobierno a reconocer en los tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las fuerzas militares en el caso de los falsos positivos. HRW alerta sobre el peligro que entraña el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en 2012, y que prevé de un sistema de justicia transicional para favorecer el proceso de paz con las FARC. La organización alerta de que esta medida “abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en el caso de que se alcance un acuerdo con las FARC”, de acuerdo con el documento. “El precio por la paz no puede ser la impunidad total, no estamos en los 80”, ha advertido Vivanco. “Eso supondrñia un retroceso para Colombia”. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha defendido el mecanismo de justicia transicional en foros internacionales como Naciones Unidas o la OEA.

    Proceso de paz

    Sin abandonar el marco de violencia generado por el conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, el informe llama la atención sobre los abusos contra civiles cometidos durante el proceso de paz por parte de las FARC y del ELN, sobre la presencia de organizaciones de paramilitares que siguen activas y, en concreto, muestra su preocupación por los problemas en la aplicación de la Ley de Víctimas, denunciando las amenazas y violencias que sufren numerosos desplazados que han iniciado el proceso de reclamación de tierras.

    Amenaza a la libertad de expresión

    Venezuela: La violencia poselectoral

    Además de la alerta, reiterada en los últimos informes, sobre la acumulación del poder ejecutivo y el deterioro de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, en esta ocasión, el informe de HRW pone el acento en la falta de transparencia y en la violencia poselectoral contra los opositores ejercida por la Administración venezolana tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. “Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a partidarios del candidato opositor Henrique Capriles [...] Algunas de las personas detenidas señalaron que se les preguntó: ‘¿Quién es tu presidente?’ y que recibían golpizas si no respondían ‘Nicolás Maduro”, denuncia la organización. El documento afirma que ningún fiscal ha investigado ninguna demanda creíble sobre esos abusos.
    HRW continúa denunciando los abusos del Ejecutivo venezolano en materia de libertad de expresión y contra la independencia judicial. “El Gobierno de Chávez ha ampliado y ejercido de forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década [...] y ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica con el Gobierno”.
    HRW alerta en su informe del peligro que para la libertad de expresión en Ecuador supone la nueva Ley de Medios aprobada por su Asamblea Nacional en junio de 2013. “Contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura”, señala el informe en el que se incluye la preocupación por que los periodistas acusados de “linchamiento mediático” puedan ser obligados a “emitir una disculpa pública y ser juzgados penalmente por otros delitos”. El documento establece los casos concretos de unos tuits críticos con el Gobierno que preside Rafael Correa, publicados por el Universo, o la reciente condena al asambleísta opositor Cléver Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio, por haber injuriado al presidente.
    En esta misma línea, la organización muestra su preocupación por la ley de Control de Medios aprobada por el Congreso argentino en 2009 para ampliar la pluralidad de los medios. HRW advierte de que “la autoridad federal a cargo de implementar la ley aún debe asegurar que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado” y cita la oposición del mayor grupo de telecomunicaciones del país, Clarín, que ha perdido la batalla sobre la constitucionalidad de la norma. El informe crítica, las agresiones contra los medios críticos que se realizan desde el poder en los casos concretos de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela.

    Concentración de poder en Venezuela

    Como viene siendo habitual en los últimos años, el informe de HRW denuncia el deterioro institucional en Venezuela y la progresiva acumulación del poder ejecutivo durante el actual gobierno de Nicolás Maduro. HRW, esta vez, pone de manifiesto la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. “El presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante investigaciones penales como herramienta política y han señalado a Henrique Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones”, señala la organización

    Cargas contra manifestantes

    El informe advierte de los abusos policiales cometidos por Chile y Perú durante las ocupaciones y protestas estudiantiles y de la minería respectivamente. En el caso chileno, HRW critica la ausencia de una ley que regule las protestas públicas y destaca el fracaso en el Senado de una norma que pretendía abordar el asunto a costa de cercenar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. En cuanto a Perú, la organización destaca las muertes de civiles -27- en enfrentamientos con la policía durante las marchas contra los proyectos de minería del Gobierno de Ollanta HUmala o del sector privado. HRW también advierte sobre las acusaciones penales desproporcionadas a las que se enfrentan los manifestantes en Ecuador.

    La excusa de la seguridad nacional en EE UU

    HRW lamenta que en 2013 EE UU no haya conseguido “revertir los resultados decepcionantes en aspectos de seguridad nacional”. El informe es incisivo a la hora de recordar las promesas incumplidas del presidente Barack Obama, en concreto, el cierre de Guantánamo o una mayor transparencia y reducción en el uso de los programas de ataques con drones, dos aspectos en los que el presidente estadounidense requiere de una complicidad por parte del Congreso que no está dispuesto a ofrecer. “Es difícil encontrar un ejercicio más palmario de lo que representa el abuso en el ejercicio del poder que Guantánamo”, ha señalado Vivanco que sostiene que el Gobierno de EE UU debería demostrar que “el asunto del centro del reclusión en Cuba es prioritario”.
    En el caso de las batidas con aviones no tripulados, la organización lamenta que la Administración no haya asumido de manera general la responsabilidad pública por las muertes de civiles que se producen en esas batidas.
    La violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en la que han incurrido los programas de espionaje de la NSA, desvelados por Edward Snowden, también es abordada por HRW. “La vigilancia masiva del gobierno de EE UU ha eliminado en gran medida el derecho a la privacidad en una época donde la población prácticamente depende de la comunicación electrónica. El documento lamenta que “las personas no estadounidenses no tengan un interés reconocido a la privacidad”. En el informe no se recoge la reforma de las prácticas de inteligencia que Obama anunció el viernes pasado, si bien Vivanco ha dado la bienvenida a los mayores controles sobre el uso de los metadatos pese a lamentar que no se hayan adoptado las mismas restricciones en materia de su recopilación o que no se contemplen procesos judiciales a los que puedan recurrir los ciudadanos extranjeros sometidos a las prácticas de espionaje de EE UU.
    El responsable de la organización también ha denunciado la persecución penal por parte de la justicia estadounidense de Snowden para quien ha reclamado “la protección que merece quien ha desvelado delitos y abusos, pese a infringir su deber de silencio” por haberlo hecho “en aras de un interés público superior”.

    Colombia: La sombra del conflicto y su resolución

    HRW advierte en su informe sobre Colombia de cómo, pese a encontrarse en pleno proceso de negociaciones para poner fin al conflicto con las FARC, esta guerrilla, y el ELN, han seguido cometiendo grandes abusos contra la población civil, entre los que se cita el uso de minas antipersonas. La organización extiende la alarma a la presencia de grupos de paramilitares. El informe alerta sobre el riesgo que puede suponer la aplicación de la justicia transicional y de la situación en la que se encuentras los más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto. "Las decisiones del Gobierno para garantizar el proceso de paz tienden a incrementar la impunidad y reducir la rendición de cuentas", sostiene Vivanco.
    En este sentido, critica las deficiencias en la aplicación de la Ley de Víctimas, que contempla la restitución de tierras, y las amenazas que sufren aquéllos que quieren reclamarlas.”Lamentablemente no ha ofrecido los resultados esperados porque las condiciones de inseguridad en las zonas rurales colombianas siguen siendo extremadamente delicadas”, ha constatado Vivanco.
    El responsable de la organización ha denunciado la falta de atención por parte del procurador general a la investigación de la colaboración de miembros del Congreso y del Gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe, con grupos de paramiliatres. “Por contra, la atención del procurador ha estado en la gestión de la recolección de basuras del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un asunto que no llega a la gravedad de los nexos con los paramilitares”, ha señalado Vivanco quien considera que la destitución de Petro vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

    Ecuador: Ampliación de las restricciones

    HRW pone gran detalle en la denuncia de la Ley de Comunicación que la Asamblea General de Ecuador aprobó en junio de 2013 que, “con disposiciones poco precisas, regula los medios audiovisuales y escritos de modo que cercena la libertad de prensa”. La organización alerta de cómo la norma “abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es veraz”.
    El informe también critica la amenaza que se cierne contra los manifestantes en Ecuador debido a las disposiciones tan laxas sobre sabotaje y terrorismo que “en numerosas ocasiones han sido aplicadas indebidamente por fiscales contra quienes participan en actos públicos de protesta”. HRW ilustra esta situación con el caso de los 10 de Luluncoto, unos jóvenes condenados a un año de prisión por este tipo de delitos por organizar un acto de protesta pública.
    Además de las denuncias sobre la cercenación de la independencia judicial, corroborada en diciembre de 2012 por observadores internacionales que concluyeron que existían anomalías en el proceso de designación judicial, el informe advierte sobre los supuestos tan restrictivos en los que una mujer puede abortar en Ecuador, “cuando su salud o vida estén en riesgo o el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer ‘idiota o demente’ y cómo la ley que va a modificar la interrupción del embarazo no avanza a la hora de garantizar abortos seguros debido a la amenaza de sanciones penales, y la existencia de centros privados de rehabilitación parea “curar la homosexualidad”

    México: La sombra de la impunidad

    Si bien se reconoce la voluntad que el presidente Enrique Peña Nieto demostró al llegar a la presidencia de México por hacer justicia con las víctimas de la guerra del narcotráfico desarrollada durante el sexenio de su predecesor, Felipe Calderón, HRW advierte de que la escasa efectividad de normas, como la Ley de Víctimas, o las comisiones, como la unidad dedicada a investigar desapariciones creada en el seno de la Procuraduría General de la República, creadas al respecto. El informe alerta de los “pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de las acciones contra la delincuencia organizada” y denuncia cómo este tipo de violaciones ha continuado “durante la presidencia de Peña Nieto”. Parte de esta inactividad, de acuerdo con la organización, se debe al hecho de que sean los tribunales militares -”que carecen de independencia y transparencia”- quienes se encargan de juzgar a los responsables de esos delitos.
    HRW denuncia cómo en México todavía es “común se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción” y advierte de los abusos que por parte de la delincuencia organizada sufren los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que cruzan el territorio del país norteamericano cada año. “Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos”, denuncia HRW, que asegura que los centros de acogida de inmigrantes suelen ser objeto de “amenazas y hostigamiento” por parte de grupos delictivos y funcionarios.
    En materia de libertad de expresión, HRW denuncia la autocensura que se ven obligados a aplicar los periodistas en México ante los ataques de funcionarios o de grupos vinculados a la delincuencia.

La élite comunista de China oculta empresas en paraísos fiscales

China leaks
Un proyecto con ICIJ y en colaboración con:
LA FILTRACIÓN DE 2,5 MILLONES DE ARCHIVOS DE PARAÍSOS FISCALES

Una investigación revela la actividad en refugios opacos de familiares de la élite

En la base de datos a la que ha tenido acceso EL PAIS figuran magnates y compañías estatales

El cuñado del presidente e hijos de exprimeros ministros y otros altos dirigentes, implicados

El País de madrid
/ / / Madrid



                                Sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional en marzo
                                   del año pasado en Pekín. / lintao zhang (getty)

China vive la mayor y más veloz transformación que ha experimentado un país en las últimas décadas. El proceso de apertura y reforma ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero la brecha social ha alcanzado un nivel peligroso. El enriquecimiento acelerado de las élites ha erosionado la credibilidad de los mandatarios comunistas, cuyas promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción se enfrentan ahora a un nuevo escándalo: el uso masivo de paraísos fiscales por parte de sus familiares directos. EL PAÍS, junto con otros medios internacionales como The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, ha tenido acceso a una base documental obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales.
Los registros de estas sociedades opacas, analizados en colaboración con dicho consorcio, proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en las Islas Vírgenes Británicas. La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la élite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en 2010 —año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada—, solo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40% procedente de China, Hong Kong y Singapur.
Los registros de dos gestoras sacan a la luz al menos 25 sociedades opacas creadas por la élite comunista
El examen de los datos evidencia cómo numerosos integrantes de la élite comunista han abierto sociedades offshore después de haber labrado enormes fortunas a la sombra del régimen. Esta práctica corrobora una de las debilidades sistémicas chinas: que las tres décadas transcurridas desde que Deng Xiaoping abandonó la economía central planificada y saltó al capitalismo bajo el gobierno único del Partido Comunista Chino (PCCh) han enriquecido de forma desmesurada a un sector privilegiado de la población, gracias a su cercanía al poder.
Los documentos, que llegan hasta principios de 2010, permiten constatar cómo estas tramas familiares, pertenecientes a los más altos linajes comunistas, se han aprovechado de la opacidad de las Islas Vírgenes Británicas para enviar el dinero fuera de los circuitos habituales a través de empresas creadas por ellos mismos o de su participación en otras ya constituidas. Esto facilita ocultar bienes y dinero del control oficial (China limita el movimiento de capital al extranjero a 50.000 dólares por habitante y año) e incluso beneficiarse de los privilegios fiscales de Pekín a inversores extranjeros.
En los datos analizados figuran al menos 13 miembros de la denominada nobleza roja, es decir, parientes de los dirigentes de la cúpula comunista en activo, jubilados o fallecidos (ver gráficos de las páginas 4 y 5). Entre ellos, destacan el cuñado de Xi Jinping; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping, o el nieto del legendario comandante de la revolución Su Yu. Estas 13 personas aparecen vinculadas al menos a 25 sociedades en calidad de accionistas o directores.
El caso de Deng Jiagui, marido de Qi Qiaoqiao, hermana mayor del actual presidente chino, es emblemático de la nueva China: construyó junto a su pareja un imperio inmobiliario en Hong Kong y Shenzhen en apenas 20 años. Wen Yunsong, hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, creó en un paraíso fiscal la empresa Trend Gold Consultants. Una investigación de The New York Times publicada en 2012 cifra la fortuna de la familia de Wen Jiabao en 2.700 millones de dólares.
Otra aristócrata que ha operado en refugios fiscales es Li Xiaolin, la hija del ex primer ministro Li Peng, quien reprimió sangrientamente las manifestaciones democráticas de Tiannanmen. La hija es conocida en su país como Power Queen (Reina de la Energía) porque controla uno de los monopolios eléctricos chinos, y porque ostenta su riqueza e influencia sin ningún pudor.
EL PAÍS, con otros medios internacionales, como 'The Guardian' y 'Le Monde', publica las nuevas revelaciones
Gran parte de la actividad offshore desarrollada por la nobleza roja corresponde a la época en que su parentela ejercía el poder. Así ocurre, por ejemplo, con el hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao, fundadores de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas en pleno mandato del padre (2003-2013). En el caso del actual presidente, Xi Jinping —él mismo un príncipe, nombre con el que son conocidos los descendientes de los altos líderes y exlíderes del PCCh—, la constitución de la sociedad offshore coincide con su etapa como vicepresidente (2008-2013), aunque la creación de la inmobiliaria copropiedad de su cuñado Deng Jiagui fue anterior a su llegada a la presidencia en marzo del año pasado. En la base de datos no figuran el presidente ni el ex primer ministro.
También constan en los registros al menos una quincena de magnates empresariales. Muchos son protagonistas de la vertiginosa efervescencia económica experimentada por China en las dos últimas décadas. Es el caso de Ma Huateng, fundador de Tencent, el coloso de la mensajería digital, con una fortuna estimada en 10.100 millones de dólares (7.400 millones de euros).
EL PAÍS ha mantenido contacto directo con autoridades diplomáticas del país asiático para contrastar la información concerniente a los familiares de los mandatarios chinos. El Gobierno de Pekín, como ha sido su práctica habitual ante otras revelaciones periodísticas de este tipo, ha declinado dar respuesta. Los casos que se publican a partir de la investigación han sido comprobados documentalmente y este periódico dispone de los registros correspondientes.
Las Islas Vírgenes Británicas fueron el segundo inversor directo en China en 2010
Fuentes próximas al Gobierno chino sostienen que la apertura de sociedades en paraísos fiscales no está vinculada a un fenómeno de corrupción o delictivo e insisten en que se trata de una práctica mercantil común entre empresarios chinos para competir con firmas extranjeras que invierten en China y que el Gobierno favorece con exenciones de impuestos. Para obtener las mismas condiciones, siempre según estas fuentes, los magnates locales abren sociedades en la Islas Vírgenes Británicas, desde allí reenvían el dinero al país asiático y, reconvertido en capital extranjero, reciben beneficios fiscales. Esta práctica se ha reducido notablemente, según las mismas fuentes, que alegan que ninguno de los documentos implica directamente a mandatarios chinos, sino solo a familiares que son empresarios. En esta línea, sugieren que la salida a la luz de los datos perjudica a los líderes que luchan contra la corrupción en China.
Las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust han declinado dar su opinión a este periódico sobre la filtración.
Investigaciones anteriores —como la de The New York Times u otra de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg— sobre la acumulación de bienes de la élite comunista han acarreado la imposición de barreras al trabajo periodístico de dichos medios y el bloqueo de sus ediciones digitales en China. En el último año, el régimen chino ha emprendido una cruzada contra la corrupción, el despilfarro y el enriquecimiento ilícito de sus clases política y empresarial.
La filtración saca a la luz la colaboración de importantes entidades financieras, como UBS y Credit Suisse, en el flujo de dinero hacia los paraísos fiscales. Pero sobre todo revela el desdoblamiento ideológico del sistema chino, que en el interior del país actúa como guardián de una férrea disciplina económica, pero en el exterior se convierte en un usuario compulsivo de los servicios y privilegios que facilita la opacidad de los paraísos fiscales.
153 de las 1.000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China están en política
Los cables de Wikileaks publicados en 2010 por este diario y otras cuatro cabeceras internacionales ya daban algunas pistas sobre el sospechoso enriquecimiento de las familias de los máximos dirigentes chinos. Un informe secreto enviado a Washington desde el consulado de Shanghái en 2007 recoge declaraciones de una fuente que señala que “la familia de Wen es un notable dolor de cabeza político para el [entonces] primer ministro” y el “disgusto” del mismo con los negocios de sus allegados.
En otro cable, un viejo amigo del actual presidente sostiene que Xi Jinping “no es corrupto y no está para nada interesado en el dinero”, pero podría “ser corrompido por el poder”. La fuente describe a Xi Yuanping —hermano del dirigente— como “muy rico” y destaca su costumbre de “exhibir joyas y ropa de diseño”.
Uno de los sectores chinos más activos en la creación de firmas en los paraísos fiscales es el petrolero, según los documentos filtrados. La trinidad energética —Petrochina, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)— es la punta de lanza y el sustento de la pujanza económica del país, y sus dirigentes están entre los más influyentes dentro de la élite local. Tanto es así, que varios expertos afirman que los altos cargos de la industria energética tienen un grupo propio dentro del aparato del PCCh. Muchos de los dirigentes que conforman la “facción petrolera” han sido formados en universidades occidentales y cuentan con una amplia experiencia internacional. Y aunque son designados por el Politburó, tienen autonomía para gestionar a las empresas tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. La base de datos muestra que las petroleras y sus directivos establecieron docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otras jurisdicciones extraterritoriales entre 1995 y 2008, aunque no hay pruebas de que hayan participado en actos ilegales.
Los documentos sobre las actividades opacas de la élite china remiten a uno de los problemas fundamentales del gigante asiático: el fuerte aumento de la desigualdad social. Los dirigentes comunistas temen el malestar y las protestas que el desigual reparto de la renta puede inducir, hasta el punto de haber convertido el asunto en una auténtica prioridad política. Pese a ello, la acumulación de riqueza en pocas manos no deja de crecer: el número de mil millonarios en el país asiático ha pasado en una década de cero a 315. Y la afluencia del dinero fácil a las élites políticas es tal que 153 de las 1.000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China son diputados de la Asamblea Popular Nacional o de su órgano consultivo. En esta línea, los 20 miembros más opulentos de esta asamblea acumulaban en 2012 un patrimonio de 62.200 millones de dólares, es decir, 46 veces más que los 20 congresistas estadounidenses más acaudalados, según datos de Roll Call, un centro de información especializado en la política de Washington.
Además de ser causa de indignación popular, la salida ilícita de capitales es un factor que potencia la desigualdad, porque reduce la capacidad de recaudación y por tanto de redistribución por parte del Estado. La cuantificación exacta de los movimientos ocultos de capitales es hoy en día imposible, pero la organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity, un centro de estudios estadounidense, ha calculado que en 2011 —último año disponible— salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, casi un 12% del PIB español.

Cosas de Pueblo



El Programa Uruguay Integra, del Área de Políticas Territoriales de OPP y la Unión Europea, lanza una nueva etapa de Cosas de Pueblo, proyecto que trabaja junto a pequeñas localidades de todo el país en busca de mejorar su potencial cultural e identitario.
A finales de 2013 Uruguay Integra pone en marcha nuevamente el proyecto Cosas de Pueblo. Esta iniciativa busca promover la participación efectiva de actores sociales organizados en torno al rescate de la identidad, la autoestima y la valoración de la cultura de localidades de hasta 3.000 habitantes.
De esta manera, instituciones sociales de esas localidades podrán presentar proyectos para fortalecer la participación social y desarrollar iniciativas comunitarias partiendo de actividades de la vida cotidiana.
El proyecto toma el nombre y mantiene el espíritu de la experiencia de Cosas de Pueblo realizada en el marco de Uruguay Integra entre 2008 y 2011, cuando se trabajó en 10 localidades menores a 1.000 habitantes: Plácido Rosas, Isla Patrulla, Zapicán, Valentines, Minas de Corrales, Villa Ansina, Villa del Carmen, Sarandí Grande, Villa Soriano y Charqueada.
Retomando aquella buena experiencia, el Programa Uruguay Integra promueve esta segunda etapa de Cosas de Pueblo a través del apoyo a proyectos provenientes de pequeñas localidades. Esto focaliza al territorio como punto de partida en torno al que se desarrollan actividades, bienes y servicios culturales promotoras de identidad y procesos de desarrollo con inclusión social.
Se espera apoyar propuestas en las siguientes líneas de trabajo: actividades culturales como herramientas de desarrollo local; acciones de promoción de identidad local; iniciativas en torno el patrimonio inmaterial y material; productos que otorguen valor a signos de identidad; acciones enfocadas a la equidad de género en la cultura local.
Convocatoria.
Pueden presentar solicitudes de apoyo instituciones locales y de sociedad civil organizada como comisiones de fomento; organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, deportivas y culturales; y ONG’s. de localidades con una población de hasta 3.000 habitantes.
Las instituciones interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de marzo de 2014 llenando el Formulario de Presentación de Propuestas (Anexo 1), que se encuentra en la web www.uruguayintegra.opp.gub.uy.
El formulario podrá ser acompañando de información complementaria sobre la acción prevista de tal manera que se ilustren los antecedentes de la misma. Al menos una de las instituciones participantes deberá contar con personería jurídica a los efectos de representar al proyecto frente a OPP (UI-APT) y funcionar como entidad de gestión y administración de los recursos a transferir. Se valorará la presentación de iniciativas apoyadas por varias instituciones locales. Las solicitudes de apoyo no superarán el monto máximo de 300.000 pesos uruguayos.
Por consultas pueden comunicarse al 150 / Interno 8700, o al mail secretaria.uruguayintegra@opp.gub.uy