Socióloga, licenciada en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de distintas agencias de cooperación europeas en materias de género, pobreza y desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes y líderes sociales en materias de género y teoría feminista. Ha participado en proyectos de su especialidad financiados por Cepal, Bid y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población, UNFPA.
La socióloga Arteaga escribió esta nota exclusiva para el Blog.
Sin duda, Chile es un país insólito: es lo menos que se puede decir de un territorio cuyos 19 millones y algo de habitantes, se encuentran desde la Revuelta Social de octubre de 2019 en medio de una incertidumbre que en lugar de despejarse con el paso de los meses pareciera profundizarse diariamente, ante un Jefe de Estado que pareciera carecer de la capacidad para leer la realidad y por tanto no logra – o se resiste – a dar las respuestas satisfactorias básicas que espera la ciudadanía.
Así, la escasa resonancia que en sus decisiones han tenido factores anteriores a la Revuelta de octubre 2019, los cuales pese al tiempo transcurrido se mantienen invariables como es la enorme desigualdad económica y social que marca al país, el derrumbe de la confiabilidad en los partidos políticos, o el malestar generalizado frente a la impavidez de la institucionalidad respecto a los múltiples casos de corrupción que han tenido entre sus principales ejecutores a altos mandos de Fuerzas Armadas y Carabineros, a conspicuos representantes del empresariado y de la oligarquía chilena, y a los propios partidos políticos, transversalmente receptores de financiamiento ilegal que éstos les proporcionaron, sin que hasta hoy, salvo casos excepcionales, se hayan tomado medidas drásticas al respecto.
El sesgo porfiadamente neoliberal del Presidente Piñera, continúa impidiéndole abordar a cabalidad las situaciones críticas por las que atraviesa el país; su insistencia en apelar prioritariamente a la protección de la economía en lugar que velar por la salud de la población, y su nula capacidad de escucha en relación a las advertencias del Colegio Médico y de expertos virólogos e infectólogos que insistentemente le han señalado el fracaso de las estrategias sanitarias adoptadas, se manifiesta de manera indiscutible en la bajísima aprobación de su gestión, la cual ha variado entre un 6% (récord único en la historia) y en el mejor de los casos ha bordeado el 20%. Ello, pese a contar con el apoyo irrestricto de los principales medios de comunicación, (canales de tv abierta y prensa escrita) todos en manos de grandes empresarios de la derecha tradicional, a quienes mantiene como sus interlocutores privilegiados.
Así y todo, se pensó en algún momento que la llegada de la pandemia podría favorecer al gobierno, ganándose una opinión pública dispuesta a confiar en las declaraciones del Primer Mandatario que en marzo 2020 había asegurado que “el país está preparado” y por tanto no había razón para preocuparse, ya que incluso se estaba mejor que en algunos países europeos, tales como España e Italia, entre otros.
Sin embargo, habiéndose cumplido ya un año desde la llegada del corona virus, esa apuesta no dio los resultados esperados porque se enfrentó a la innegable evidencia que dejó al descubierto el Covid-19. Esto es, que el país no era un “oasis” dentro de la región, como lo describiera poco antes que en el territorio apareciera tan campante la pandemia.
Muy por el contrario, el escenario de privilegio al que aludía estaba muy lejos de representar al país en su conjunto. Estaba asumiendo, de hecho, que sus habitantes compartían la suerte de un sector minoritario específico de la población - que apenas representa el 20% del total – que se concentra mayoritariamente en las 3 Comunas más ricas del Gran Santiago. Esto es, las mismas que en el Plebiscito de octubre 2020 optaron en bloque por la opción Rechazo, demostrando con ello su negativa a eliminar de una vez por todas la Constitución redactada por el régimen militar en 1980, camisa de fuerza que impuso a rajatabla el modelo neoliberal de economía y sociedad instalado en el país desde hace más de tres décadas.
En este contexto, sin duda sorprendió que no obstante la ceguera compartida por los personeros del gobierno para percibir la realidad del país en su heterogeneidad y carencias, ésta fuera reconocida por el propio Ministro de Salud al declarar públicamente que ignoraba la situación de vulnerabilidad y el grado de hacinamiento reinante en la mayoría de las comunas de los sectores periféricos del Gran Santiago. Pero eso no fue todo. Pocos días después, refiriéndose a las estrategias gubernamentales previstas para encarar la pandemia, expresó abiertamente que todas habían sido un fracaso y se habían “derrumbado como un castillo de naipes”. Tras estas declaraciones, el Jefe de la Cartera de Salud renunció a su cargo en junio del 2020, justo un día antes que se diera a conocer que la cifra de contagios diarios a nivel nacional, había superado los 6.900 casos.
Exijo una explicación
Siguiendo el dicho de Condorito, (personaje popular de una tira cómica nacional) , cabe preguntarse entonces ¿Y cómo se entiende que trascurridos 9 meses desde que se llegara a tales cifras se registre en la actualidad el mayor peak de contagios desde la aparición del virus en el país, persistan cifras que superan los 7 mil casos diarios, y que hoy se mantengan 16 millones de personas ( más del 80% de la población) en confinamiento, mientras simultáneamente Chile ostenta un récord reconocido mundialmente de vacunaciones?
Miremos un poco retrospectivamente: a las dos semanas de detectado el virus en marzo 2020, el gobierno anunció el cierre por 15 días de jardines infantiles y colegios públicos y privados. Inmediatamente después, se decretó el cierre de fronteras marítimas y aéreas para el ingreso de extranjeros y, dos días más tarde, se declaró Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en todo el territorio por 90 días, comenzando así a regir un Toque de Queda que ha sido continuamente renovado, y que tras una año de vigencia ininterrumpida continúa restringiendo seriamente las libertades constitucionales de la ciudadanía.
El 18 de marzo 2020, al inicio del Estado de Excepción Constitucional, en el país había 238 casos de covid-19 confirmados. Al 25 de marzo recién pasado, habiendo transcurrido ya un año de la vigencia de tal medida, se contabilizaron 954.762 casos, con 22.524 personas fallecidas, cifra a la que si se agrega el número de muertes probables por corona virus, supera los 30 mil decesos por esta causa en el país.
Pese a que en un régimen ultra presidencialista como el chileno, el Estado de Excepción otorga múltiples atribuciones al Ejecutivo - muchas de las cuales son delegadas a Jefes de la Defensa Nacional – Chile aún no logra contener el avance de los estragos de la pandemia, no obstante las limitaciones que ha impuesto el gobierno no sólo a la libertad de movimiento, de reunión y locomoción, sino también al derecho de propiedad y de bienes, además del cierre temporal del comercio, de espacios públicos y áreas deportivas.
Y no sólo se ha usado de manera generalizada este tipo de atribuciones. De hecho, ante la alarma que provoca el constante aumento de los contagios, se está recurriendo a la coacción de la libertad de expresión, como ha sido la reciente prohibición a los médicos de los servicios hospitalarios públicos para que se refieran al número de fallecidos y condiciones de sus establecimientos, muchos de los cuales están ya colapsados o al borde de capacidad de atención a enfermos críticos. Ello, tras que el informe del sistema Epivigilia del Ministerio de Salud (Minsal) , dando cuenta que hasta las primeras semanas de marzo, las personas fallecidas por covid-19 sin ser hospitalizadas alcanzaban cifras cercanas al 50% del total de las muertes provocadas por el virus.
Y a lo anterior cabría añadir el descrédito de los principales medios, especialmente de la televisión, por el constante silencio que mantienen sobre los efectos sociales, económicos y culturales de la pandemia, agudizados por el comportamiento lento, titubeante y contradictorio de un gobierno que por un lado no duda en prolongar el Estado de Excepción como “medida sanitaria” y, por otro, mantiene abiertas las llegadas y salidas de pasajeros en el principal aeropuerto del país, ha autorizado el funcionamiento de grandes superficies comerciales y la apertura de los casinos de juego, y se continúan otorgando cantidades de autorizaciones para desplazarse dentro y fuera de localidades, no obstante de las cuarentenas y las barreras sanitarias de acceso a zonas con altos índices de contagio, conjuntamente con el llamado Permiso Único Colectivo a empresas que se autoconsideran “esenciales” para que sus emplead@s continúen desarrollando sus actividades.
Particularmente alarmante ha sido en estos días el silencio de los medios ante declaraciones periodísticas develando un posible conflicto de interés del Presidente Piñera al beneficiar por Decreto a la cadena Enjoy de casinos en Chile, con lo que se habría contravenido el Fideicomiso Ciego de su cuantiosa fortuna que se le exigió antes de asumir el gobierno, precisamente para evitar situaciones de esta naturaleza.
Por otra parte, no existe certeza que el Toque de Queda esté logrando impactos positivos en la salud de la población. De hecho, ya se contabilizan más de 170 mil detenidos por no respetarlo, situación que acaba de ser desautorizada por la Corte Suprema de Justicia, quien dictaminó que infringir tal medida no justifica la detención, por cuanto se incurriría solamente en una falta y no en un delito.
Así, nos es de extrañar entonces que la resistencia a declarar cuarentenas más drásticas, en lugar de las parciales a las que se ha recurrido hasta ahora; la débil estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que se ha llevado a cabo; la falta de soporte económico/ social a la población en una sociedad reconocidamente desigual, y la puesta en marcha de medidas inapropiadas y carentes de evidencia científica, como fueron los permisos vacacionales y los cientos de miles de excepciones al desplazamiento que otorga a diario Carabineros, cuerpo policial que en principio debiera dedicarse a la seguridad ciudadana, pero que ha rebasado con creces sus atribuciones reprimiendo con armas letales las manifestaciones populares, dejando un saldo escalofriante de pérdidas oculares, entre otras lesiones, que superan con creces lo ocurrido en protestas recientes en Hong Kong, España o Francia. Tales constituyen algunos de los factores considerable incidencia en la dramática crisis en que se encuentra sumido el país.
¿Qué hacer? El dilema de las elecciones de abril
El Plebiscito del 25 de octubre 2020 dio inicio a un calendario electoral extraordinariamente recargado, donde la ciudadanía durante este 2021 deberá elegir nuevos alcaldes, gobernadores regionales, concejales, los 155 integrantes de la Convención Constituyente que se encargarán de redactar la nueva Carta Magna, como así mismo senadores, diputados y presidente de la República. A lo cual se agregaría, dentro del primer semestre del 2022, el llamado Plebiscito de Salida, donde se deberá mediante voto obligatorio, aprobar o rechazar el texto redactado para la nueva Constitución.
Dado el persistente número de contagios existentes en el país, el gobierno impulsó hace algunos días una ley autorizando que en lugar de un día, el acto electoral se realice en dos, el 10 y 11 de abril próximo, buscando con ello disminuir las aglomeraciones en los lugares de votación y facilitar la participación ciudadana.
En un contexto donde en la actualidad más del 83% de la población se encuentra en confinamiento total, y los contagios se mantienen por sobre los 7000 diarios han surgido opiniones - entre ellas la del Colegio Médico y la unanimidad del Comité Asesor Covid del gobierno - pidiendo la postergación de las elecciones debido a la crítica situación que enfrenta el país con un sistema hospitalario prácticamente colapsado, incapaz de asumir mayor número de pacientes de los que ya atiende.
No obstante, el gobierno insiste en mantener las fechas, declarando que confía en que junto a las medidas restrictivas adoptadas y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, debe considerarse la ventaja que representa el hecho que para los días de las elecciones ya se encontraría vacunada parte importante de la población mayor de 50 años.
Esta última argumentación sin embargo, no se condice abiertamente con la realidad que vive el país, donde el proceso de vacunación cubre por ahora poco más de 6 millones de personas con la primera dosis, ( de un total que sobrepasa los 19 millones) y de 3 millones con ambas dosis, en circunstancias que se requiere que al menos el 80% de la población esté vacunada para que se aprecie un cambio real en la situación.
Tras esta reticencia a postergar las elecciones estaría la preocupación del Presidente por la imagen país que se proyectaría en relación a su gestión, por un lado, y que con el cambio de fechas y no disponer de los resultados del acto eleccionario lo antes posible, se desdibujaría en cierto modo el escenario de las futuras fuerzas políticas, de cara a las presidenciales para el período 2022 – 2026 a realizarse, de mantenerse el calendario electoral, en noviembre de este año 2021.
Finalmente, ante la presión de los entes más especializados en materia de salubridad como el Colegio Médico, numerosos especialistas, y también parte importante del cuerpo de parlamentarios, el Ejecutivo ha terminado contra su voluntad por claudicar, señalando en cadena nacional que presentará una ley para postergar las elecciones de abril, que se realizarían durante los días 15 y 16 de mayo.
Pero con este mensaje no se pone fin al dilema eleccionario, puesto que de inmediato la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, replanteó que el cambio de fecha no es suficiente, puesto que necesariamente debe ir acompañado de medidas sanitarias y una contundente ayuda económica que permitan a la ciudadanía participar en las elecciones de manera segura, “porque de lo contrario nos encontraremos en 5 semanas con una situación igual o peor”.
¿Significará esto que se cerrarán los malls y los casinos? ¿Que se restringirán los millones de permisos diarios que otorga Carabineros? ¿ Que se controlará a las empresas que se han declarado falsamente “esenciales”, y que el gobierno rectificará la autorización que acaba de brindar a las iglesias para la realización de cultos presenciales? Estas son algunas de las preguntas que rondan en las conversaciones.
Ojalá así sea. Aunque la tendencia indica que más bien todo estaría por verse…
