+ Orosur es
exonerada del canon, único pago por el oro que se lleva del país
+ Aratirí procura
vender al estado información secreta del proyecto frustrado
Las recientes
decisiones del Poder Ejecutivo por las cuales se exoneró del pago
del canon de producción a la empresa Orosur, que habrían influido
en la renuncia en el día de hoy de la geóloga Leda Sánchez de la
Dirección de Minería y Geología (Dinamige), son nuevos hechos
inquietantes en la minería uruguaya.
Aunque con el oro en
el presente a 1300 dólares por onza, el valor más alto desde agosto
de 2014, Orosur tiene una rentabilidad asegurada, la exoneración del
único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se
lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo
de nuestra sociedad.
La minera informa en
su página Web que desde el 29 de febrero fue exonerada de pagar
2.500.000 dólares correspondientes al canon del último año. Orosur
había pedido ese beneficio para mantener su actividad, pero ha
despedido a la mayoría de los trabajadores y no los ha retomado. El
mayor yacimiento en Minas de Corrales y otros yacimientos menores
están prácticamente agotados.
Mientras el gobierno
mantiene a pura pérdida una explotación sin futuro, ¿qué pasará
cuando Orosur abandone finalmente nuestro país, quede una población
local sin trabajo, instalaciones obsoletas, varios cráteres, pilas
de desechos y dos lagunas con cianuro que demorarán varias décadas
para ser neutralizadas por la naturaleza, con riesgo de derrames como
han ocurrido en otros países?
Al mismo tiempo,
llevamos año y medio en una acción judicial por la Ley de Acceso a
la Información Pública (ley 18.381) y, a pesar de sucesivos fallos
intimando al MIEM a entregar lo solicitado, no hemos accedido a la
información disponible en la Dinamige sobre elementos clave del
proyecto de extracción de hierro de Aratirí.
El MIEM y la minera
defienden la confidencialidad sobre aspectos fundamentales de los
yacimientos de hierro de Valentines alegando que no se pueden revelar
porque forman parte del "más reservado secreto comercial".
El ministerio agrega a lo anterior que se trata de "una cuestión
estratégica" para el estado uruguayo.
Los recursos
minerales tienen, en efecto, un valor estratégico para el país,
como lo tienen la tierra y el agua, pero esto no significa que deban
ser un secreto de estado, como puede serlo un secreto diplomático o
militar. Por el contrario, deben ser de conocimiento público porque
integran el patrimonio de la nación; la minería opera bajo un
régimen de concesión y esto no afecta los intereses comerciales.
No pretendemos
conocer las perforaciones realizadas en detalle sino una información
sustancial del proyecto que las mineras de todo el mundo hacen
pública. Para esto se suelen utilizar las normas del Código JORC
(Joint Ore Reserves Committee ), que el propio MIEM ha llegado a
mencionar en sus escritos.
(A título de
ejemplo, un reporte de un proyecto minero de acuerdo con JORC se
encuentra disponible en nuestra web: www.uruguaylibre.org
Aratirí multiplicó
en comunicados de prensa varias veces las reservas de mineral que
habría descubierto y los costos para obtener esa información,
pasando de 60 a 250 millones de dólares, pero nunca presentó un
informe público de acuerdo con el Código JORC. La información que
pretende venderle al estado, para la que no hubo interés de ningún
privado, no tiene respaldo técnico suficiente ni valor comercial
significativo.
Según el profesor
del curso de posgrado en derecho minero de la UdelaR, Dr. Alfredo
Caputo, por el Artículo 37 de la ley 19.126, la opción de prioridad
de compra de esos datos por parte del estado vence 180 días después
de la finalización del plazo para la firma del contrato con Aratirí,
es decir, el próximo 22 de mayo.
Para Uruguay Libre,
estos hechos destacan la inconveniencia de autorizar procesos
extractivos de metales a cielo abierto que en lo fundamental no son
adecuados para nuestro territorio -mucho menos cuando pretenden
ocultar informaciones relevantes a la población- y que evidentemente
no tienen posibilidades de operar más allá de coyunturas
especulativas en los precios de algunas materias primas, sin generar
en el proceso ni desarrollo ni beneficios económicos para el país.
Reiteramos así la necesidad de
una ley o una enmienda constitucional que prohíba la extracción de
metales a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Uruguay Libre de Megaminería
Se agradece la
difusión de los siguientes videos de la
campaña
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