Los ediles sanduceros del Frente Amplio
denuncian que los explotadores sexuales se mueven con “impunidad”.
Afirman, además, que tanto el intendente, Bertil Bentos, como el
procesado ex secretario general, Horacio de los Santos, banalizaron el
tema y dijeron que no existía, pese a las constantes denuncias. Por eso
promueven el juicio político al jefe comunal. No toquen nada entrevistó a
Patricia Volpe, promotora de la denuncia.
Por: Redacción 180
Horacio de los Santos y Bertil Bentos (Foto: Paysandu.gub.uy)
Entrevista de Joel Rosenberg con la edila del Frente Amplio Patricia Volpe, en No toquen Nada (Océano FM).
Joel Rosenberg: La Junta Departamental
de Paysandú aprobó una moción de juicio político al intendente Bertil
Bentos. La moción fue votada por los ediles del Frente Amplio que son
minoría, pero fue aprobada porque se necesitaba solamente un tercio.
Según informa El Telégrafo, la bancada frenteamplista interpeló este
jueves al intendente en la Junta y cuestionó la falta de información y
controles y señaló a Bentos como responsable político de la situación
que involucra explotación sexual de adolescentes. Ahora la moción pasará
a consideración del Senado que necesita una mayoría especial de dos
tercios para sustituir al intendente nacionalista.
Recordemos a raíz de la reunión en La
Casita de Paysandú, donde cuatro adolescentes fueron explotadas
sexualmente, terminaron procesados dos funcionarios de la Intendencia:
el Secretario General, Horacio De Los Santos, por abuso de funciones, y
también la encargada de la Casita del Parque. Allí se llevó a cabo esa
fiesta donde se comprobó que había explotación de adolescentes y
cocaína.
Estamos en contacto con la edila del Frente Amplio en Paysandú, Patricia Volpe.
Volpe, ¿cuáles fueron los argumentos esenciales para ustedes para llevar a juicio político al intendente?
Patricia Volpe: Nosotros fundamentalmente
lo que estuvimos viendo es que no había efectivamente realizado el
jerarca máximo para que se le presentara esta situación de
vulnerabilidad en sus instalaciones municipales. Evidentemente acá había
graves omisiones. La Justicia está instruyendo en este tema, todos los
días se suman nuevas citaciones para ser recibidas en calidad de
testigos o posiblemente de indagados en esta causa a muchas personas,
algunas quizás todavía vinculadas a la administración municipal.
El argumento de fondo que le costó
horrible al intendente y a su bancada visualizar es que la explotación
sexual de los niños, niñas y adolescentes aquí en el departamento de
Paysandú, en una situación crítica ya valorada por el INAU, hace años
que lo viene denunciando la Jefatura Departamental e INAU, se maneja con
tal impunidad que hasta en este caso dijo: "bueno, usemos las
instalaciones municipales a ver qué pasa". Si usted estudia el tema ve
que estos explotadores que operan en toda la zona fronteriza,
seleccionan los lugares, se mueven con una celeridad impresionante, usan
tecnología de primer nivel para seducir a sus víctimas que
fundamentalmente son los gurises y las chiquilinas más humildes, en su
gran mayoría de las ciudades del interior y obviamente de otras ciudades
capitales. Pero en particular en Paysandú tenemos muy bien ubicados los
barrios que están en la zona más crítica desde el punto de vista
social. De allí extraen estos delincuentes a las chiquilinas y los niños
y los introducen en este tipo de redes de explotación.
¿Cuál fue la respuesta del intendente?
Él dice que no tiene responsabilidad sobre la vida privada de los
funcionarios de la Intendencia.
Yo razono de la siguiente manera y lo
hacía con un compañero constitucionalista hace unos días preparando
esto: yo soy el jerarca máximo del departamento, el cargo de secretario
general es un cargo de especial confianza, es decir, yo voy a elegir a
la persona de mi mayor confianza. Ahora, yo, como jerarca máximo, ¿no sé
los pasos que sigue mi número dos? ¿No le conozco los hábitos? ¿Qué
parámetros tuve para elegirlo y declararlo de mi mayor confianza? ¿Hace
cuánto tiempo que este hombre tiene este tipo de conductas vinculadas
nada menos que con personas que desarrollan y despliegan la explotación
sexual y están vinculados al narcotráfico? ¿No tenía conocimiento?
En una ciudad pequeña como Paysandú el
rumor corre rapidísimo. Nosotros como ediles circulamos por las calles y
caminamos y charlamos con los vecinos, y hace mucho tiempo que está
instalado el rumor de que algo raro pasaba incluso con gente de la
Intendencia, pero con rumores uno no puede hacer la denuncia.
Efectivamente operó el Ministerio del Interior basado en lo que fue el
disparador aquel del desmantelamiento de hace unos meses atrás de otro
explotador de chiquilinas y proxeneta de mujeres adultas, y a partir de
ahí se siguió con la investigación y dio con la punta de todo esto que
venía sucediendo en las instalaciones de la Intendencia.
¿En la Junta han tenido alguna otra instancia de denuncia de esta situación?
¿Si hubo denuncias?
En la Junta mismo, en los últimos años.
No, las denuncias me refiero al INAU, a la autoridad competente.
¿Pero ustedes como ediles en la Junta ya habían denunciado este tema?
Sí, nosotros tenemos una comisión de
equidad y género que trabaja en red y participa del comité de violencia y
de prevención de la violencia, participa en la mesa interinstitucional y
tenemos una compañera nuestra que participa en toda esa red social, que
trabaja este tipo de problemáticas y otras. Constatábamos el problema
pero el tema es que las denuncias para hacerlas usted tiene que tener...
Fíjese la dificultad que está teniendo la jueza y la fiscal ahora.
Tienen pruebas contundentes o casi contundentes aportadas por la policía
y están en duda de si pueden instruir el proceso de los que ahora se le
llaman, entre comillas, clientes, los abusadores, que son los que las
chiquilinas están señalando.
Ahí está la dificultad también del Poder
Judicial. ¿Por qué se da esta situación tan crónica en Paysandú? Porque
es un cambio de paradigma en la cabeza de los actores judiciales. El
INAU y el presidente Javier Salsamendi cuando vino acá en mayo a
inaugurar un hogar femenino dijo que estaba cansado de hacer denuncias
en sede judicial por temas vinculados a explotación sexual de
chiquilines en Paysandú y que los juzgados no tienen en cuenta con la
misma jerarquía las declaraciones de las víctimas identificando a
quienes son los que pagan por esos servicios. Sin embargo, las
declaraciones de los victimarios son tenidas en cuenta en una jerarquía
diferente a la declaración de los chiquilines.
¿Esto dijo Salsamendi?
Sí, lo dijo en la prensa local. Y eso es
una dificultad que hoy día estamos teniendo. Fíjese que en el hecho este
de la Casita del Parque, tanto la mujer adulta como la chiquilina en
especial, que iba en el auto del secretario general de la Intendencia,
identificó las personas que estaban adentro, las que conocía, porque
eran algunos clientes habituales, decía la chica. Una chiquilina de 17
años, había una de 16 y otra de 14, eran cinco menores en realidad. Los
identificaron, dijeron “Fulanito y estaban haciendo tal cosa”, todo está
en el expediente. Ahora, ¿por qué no se le da lugar al testimonio de la
víctima? ¿Por qué hay que seguir sumándole pruebas cuando las chicas
identificaron plenamente? Eso son todos resabios del viejo paradigma de
cuando los chiquilines comparecían en el juzgado pero sus declaraciones
no eran tenidas en cuenta. Eso hoy cambió, hay un Código de la Niñez y
Adolescentes alineado a la Convención Internacional de los Derechos del
Niño y dice que son sujetos de derecho y que sus testimonios van a ser
valorados como tal en sede judicial.
¿Cuál fue la reacción de la bancada oficialista y del Partido Colorado? ¿Por qué no acompañaron?
Para iniciar el juicio político en el
Senado, en este caso a un funcionario público como es un intendente,
tiene que por lo menos comprobarse las causales del Artículo 93 (de la
Constitución) que establece que haya cometido violación a normas
constitucionales o delitos graves. Ahora, esa cuestión de dilucidar si
realmente hubo comisión o no de delitos graves o si violó normas
constitucionales es competencia del Senado que lo tendrá que hacer.
Nosotros consideramos, y en eso basamos la interpelación, que el
intendente por ley orgánica municipal, Artículo 35, tiene la
superintendencia sobre todos los empleados y los bienes públicos que
administra. Entonces la superintendencia establece un punto de jerarquía
y uno de control. Las dos cosas fallaron en este intendente.
El subjefe de policía le dice que detiene
al secretario general. No se dio por aludido cuando le preguntamos
desde cuándo tenía conocimiento que además se desplegaba un operativo
atrás de una red de explotación de niños que estaban justamente
instalados en la Casita del Parque desarrollando una actividad de
explotación y de consumo de drogas. El intendente toma conocimiento de
eso y no conociendo, parece, la ley de explotación de sexual de niños,
niñas y adolescentes, la 17.815, no acompaña la denuncia al Poder
Judicial de ese hecho. Se va para su casa, se queda tranquilo, lo llama
por teléfono (a De los Santos) y como no lo atendía este señor...
Obviamente, con el grado de alcoholemia que tenía, ¿qué lo va a atender?
Lo atiende en la tarde, que estaba de vuelta con toda esa barra de
delincuentes en el hipódromo, y le dice que fuera, que quería que
renunciara. Del otro tema, de la explotación sexual que estaba
sucediendo en la instalación municipal, ni hablamos.
Porque la policía ya se lo había dicho al intendente.
Exactamente. Y pasó un tiempo, y el mismo
intendente, que es la autoridad máxima del departamento, pero no solo
por eso, la ley dice que cualquier ciudadano haga la denuncia, hay una
línea anónima si toma conocimiento de ese hecho. Pide que se haga
inmediatamente para terminar con el abuso. No fue a la sede judicial. La
contestación que nos dio fue: "eso es competencia del Ministerio del
Interior".
Cuando vino la gente del Conapes (Comité
Nacional Para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes) y se reunieron con todas las autoridades y actores
sociales, incluida la intendencia. Paradojalmente a la reunión fue De
Los Santos y el intendente, y vino el presidente del Conapes con otro
miembro.
En la reunión del Comité Nacional de Prevención de Explotación Sexual en Paysandú estuvo De los Santos.
Exacto. Fue en el 2010 eso. La bancada
nacionalista no me dejó y me interrumpía constantemente diciendo que
estaba fuera de tema. ¿A usted le parece que hablar del Comité que se
dedica a la erradicación de la explotación sexual estaba fuera de tema?
Bueno, no me dejaban hablar porque no querían que yo dijera lo que había
contestado el intendente al Comité. El Comité venía en la línea de
empezar a articular redes con todas las instituciones y los actores
sociales, ONG, para tejer una gran red social por donde no se nos cuelen
estos explotadores, y eso empieza por sensibilizar a la población,
capacitar a la población para detectar los indicios de explotación en un
niño o niña, y por coordinar acciones.
¿Qué le dijo el intendente?
"¿Usted me viene a decir a mí -y mal
llamando al problema- que la prostitución es problema mío? Eso no es
problema mío, eso es problema de las autoridades nacionales". Y De los
Santos, me dijo el presidente de Conapes ayer cuando me entrevisté con
él, banalizó el tema, le dijo "ustedes vienen a crear cosas raras, a
hablar de cosas raras en Paysandú, acá ese problema no lo tenemos". Me
comentaba cuando salimos de esa reunión, donde le pedimos empezar a
diseñar un convenio marco de articulación con ellos, que con esta
intendencia iba a ser imposible.
En la reunión del 2010 De los Santos le dice al Conapes que ese problema no existe en Paysandú.
Banalizó y minimizó el tema. Eso fue la respuesta concreta que me aportó el presidente de Conapes.
