La oposición reclama que el canciller, Luis
Almagro, explique, ante el Parlamento, los detalles del acuerdo con
Estados Unidos para la llegada de cinco prisioneros de Guantánamo y si
existe una contrapartida para acceder a lo pedido por el presidente
Barack Obama.
El senador y excanciller Sergio Abreu (Dignidad
Nacional) planteará en la próxima sesión del Senado que se interpele a
Almagro para que informe en qué condiciones llegan los cinco prisioneros
y cuál es el acuerdo político que se realizó por parte del presidente
José Mujica a cambio de esto.
También exigirá respuestas sobre los antecedentes de
los prisioneros, ya que tres de ellos estuvieron en Tora Bora, la zona
montañosa fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se refugió Osama
Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al Qaeda, responsable de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Según el
diario Miami Herald, en la base de Guantánamo solo hay cuatro sirios y
un palestino, ellos serían: Ahmed Adnan Ahjam, Ali Al Shabaam, Abd Hadi
Faraj, Jihad Deyab y Mohammed Tahamatan.
Mujica decidió el pasado lunes albergar a los
prisioneros con presuntas vinculaciones terroristas por un plazo de dos
años, informó el semanario Búsqueda. Según dijo en rueda de prensa, el
ingreso se haría bajo la calidad del "refugiado", estatus que está
regulado desde el año 2007 por la ley 18.076.
En la opinión del excanciller Didier Opertti, los
detenidos en Guantánamo solamente podrían venir a Uruguay mediante un
acuerdo entre gobiernos que necesariamente requeriría de aprobación
parlamentaria. Según dijo, los detenidos no podrían ser considerados ni
asilados ni refugiados.
El expresidente Julio María Sanguinetti dijo a El
País que se requeriría aprobación parlamentaria para la llegada de los
prisioneros "si se quiere establecer un estatus especial de tratado para
la situación, como explicó el excanciller Opertti. De lo contrario, se
rige por las normas generales del refugiado o el asilo, dependiendo de
la voluntad de estas personas. Pero más allá de esto, de lo que se
trata es entender que si alguien ha estado privado de libertad, sin
juicio y condena, y aparece en el país, se debe ofrecer lo que siempre
se ofreció. A partir de allí la persona hará lo que soberanamente quiera
hacer, sin condicionamientos".
Según Abreu, no se requiere autorización
parlamentaria para el ingreso de los refugiados. "El refugio lo da el
Poder Ejecutivo en función de una comisión que se rige por la ley del
refugiado, y eso no pasa por decisión parlamentaria. Si son asilados
políticos tampoco el Parlamento participa de eso, es una decisión del
Poder Ejecutivo", indicó.
El senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) señaló a El
País que a nivel legislativo "no hay información suficiente" como para
determinar el trámite que correspondería seguir para albergar a los
prisioneros.
"En el caso de que hubiera un acuerdo entre el
gobierno uruguayo y el de Estados Unidos, en principio se necesita pasar
el tema por el Parlamento de acuerdo al artículo 85 de la Constitución,
numeral 6, el cual establece como competencia de la Asamblea General
aprobar todos los tratados y contratos con potencias extranjeras. Pero
no sabemos si se trata de eso, o si se trata de individuos que directa y
personalmente solicitan que se les conceda la calidad de refugiados",
explicó Pasquet.
El legislador remarcó como "necesario que el
gobierno, a través del canciller, o del secretario de la Presidencia,
diga con claridad de qué se trata".
A nivel del Frente Amplio, también hay dudas sobre
la figura jurídica por la que podrían ingresar los prisioneros. La
diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay), integrante de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, dijo a El País que
desconoce si los prisioneros de Guantánamo encajan adentro del perfil de
los refugiados.
"En primer lugar no conozco las condiciones, la
procedencia de estos prisioneros y si de alguna manera ellos están
perseguidos en sus países de origen. Ellos no tienen causa, no tienen
juicio, son casos muy especiales; y no tengo claro si habrá una
solicitud de refugio o no", explicó Payseé.
La legisladora recordó que Uruguay es un "país de
asilo", ya que en otras oportunidades y durante el gobierno de
Sanguinetti también ingresaron al país reclusos cubanos procedentes
del centro de detención de Guantánamo.
Payseé dijo que el objetivo que persigue el gobierno
de brindar asilo "es más que compartible para los que trabajan en los
temas de Derechos Humanos, porque las personas son ciudadanas del mundo y
merecen ser receptoras de los mismos derechos en cualquiera de los
países donde residen".
La diputada Orquídea Minetti (MPP), señaló a El
País que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja -de la que es
parte de la Comisión de Refugiados (CORE)- no recibió información sobre
los prisioneros que llegarían a Uruguay, porque actualmente no está
instalada y recién comenzará a funcionar a partir del próximo 2 de
abril.
Según Minetti, "es potestad del Poder Ejecutivo
permitir o no el ingreso de los refugiados y no del Parlamento. Nuestro
país ha sido históricamente uno de los países que ha tenido refugiados".
Esperanza.
La negociaciones para el traslado de presos de la
prisión de Guantánamo entre Estados Unidos y 18 países generó
"esperanza" entre los prisioneros de la base militar.
En una entrevista conjunta con EFE y el diario Miami
Herald, el contraalmirante Richard Butler, el más alto mando al frente
del penal, explicó que las conversaciones para reubicar los prisioneros
en otros países y permitir el cierre de Guantánamo influyeron en la
reducción del número de presos que han optado por dejar de comer en
protesta por su situación.
"Creo que tiene un impacto seguro. Si ven que un
detenido ha sido trasladado afuera de aquí, ellos sienten cierta
esperanza de que pueden ser el siguiente (..) Tan pronto se hace público
un anuncio, empiezan a hablar de ello", explicó Butler.