La audiencia en el despacho de la jueza
especializada en crimen organizado Adriana de los Santos duró menos de
diez minutos. Parada detrás de su escritorio, la magistrada comunicó a
Fernando Lorenzo y a Fernando Calloia -quienes se encontraban sentados
junto a sus abogados- la decisión de disponer sus procesamientos sin
prisión por el delito de abuso de funciones, tal como lo había pedido el
21 de diciembre de 2013 el fiscal Juan Gómez.
La jueza coincidió con el fiscal y determinó que el
exministro de Economía y el hasta ayer presidente del Banco República
"ejercieron una activa e ilegítima participación en la concesión" del
aval de US$ 13.885.156 para que la empresa española Cosmo pudiera
presentarse y ser la única oferente en la subasta de los siete aviones
Bombardier CRJ-900 de la liquidada Pluna, que se hizo el 1° de octubre
de 2012.
La resolución de la jueza representa un duro golpe para
el Frente Amplio y para el gobierno del presidente José Mujica en pleno
año electoral, ya que el caso implica a Lorenzo (una de las principales
figuras del Frente Líber Seregni, sector del que fue designado jefe de
campaña) y a Calloia (que inició su gestión al frente del Banco
República en 2005 con el gobierno de Tabaré Vázquez y renunció ayer tras
ser procesado).
"Si bien fui durante toda mi vida un luchador, en este
caso me resigno ante el poder de la fiscalía y el Poder Judicial. Me
resigno. Esta es una decisión personal", dijo Lorenzo al retirarse del
juzgado tras notificarse del fallo.
El exministro de Economía, en una rueda de prensa,
informó que instruyó a sus abogados, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg,
para que no apelen la resolución. Calloia, por su parte, se retiró
rápidamente de la sede judicial y se negó a hacer declaraciones a la
prensa.
Lorenzo llegó al Juzgado a la hora 9.55 acompañado
por sus abogados, su esposa y varios dirigentes del Frente Líber
Seregni, como el director de la DGI, Pablo Ferreri.
También se hicieron presentes otras altas figuras del
oficialismo, como el actual ministro de Economía Mario Bergara, la
presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier, el subsecretario de Turismo
Antonio Carámbula, el senador Rafael Michelini y el sindicalista Richard
Read. A la salida de Lorenzo, la mayoría de los presentes saludó y
expresó su respaldo al exministro de Economía, quien se fue caminando
junto a su esposa, Ferreri y Read en dirección a su apartamento, a pocas
cuadras del Juzgado.
Lorenzo renunció al cargo de ministro de Economía que
ocupaba desde 2010 el 21 de diciembre de 2013, minutos antes de que el
fiscal Gómez pidiera su procesamiento.
"Arbitrario".
En la mañana del 1° de octubre de 2012, Lorenzo
telefoneó a Calloia para pedirle que el Banco República actuara con
celeridad para otorgarle el aval a una empresa interesada en obtener la
garantía que le permitiera participar en la subasta de los aviones de
Pluna, que se realizaría ese mismo día horas después.
La empresa era la española Cosmo, que había sido
puesta en contacto con el gobierno por el empresario Juan Carlos López
Mena. Cosmo resultó ser la única oferente en el remate, ya que ofertó
US$ 137.000.000 por las aeronaves pero luego desistió del negocio.
Tras la llamada de Lorenzo, Calloia instruyó al
personal del Banco República para que otorgara el aval con rapidez, y
eso hizo que no se respetara el procedimiento que regula ese tipo de
trámites bancarios.
Para la jueza, Lorenzo, "en su carácter de Ministro
de Economía y Finanzas, abusando del poder funcional que le confiere su
posición institucional, arbitraria e ilegítimamente operó como garante
verbal frente al Banco República Oriental del Uruguay de `COSMO S.L.`,
que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la
normativa vigente, pese a lo cual se encontraba interesada en participar
en el remate" de los aviones de la exPluna.
Y Calloia, "aceptando esta situación irregular,
instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el
cuestionado aval, sin la información y documentación mínimas necesarias
(...)". Pero la jueza aclara que "la arbitrariedad aludida, no evidencia
una intención de enriquecimiento patrimonial personal por parte" de
Lorenzo ni de Calloia.
Para la jueza De los Santos, "resulta totalmente
indiferente la existencia o inexistencia de otros interesados en
gestionar el aval y presentarse a la subasta" y dice que Lorenzo y
Calloia "no necesariamente" sabían si existían o no otros interesados
que estuvieran tramitando una garantía en la banca privada.
La jueza "no comparte" la posición del fiscal Gómez,
que en su pedido de procesamiento afirmó que con el otorgamiento del
irregular aval a Cosmo se perjudicó a otros posibles interesados, y citó
el caso del Grupo Molinari, Mont Fortelco y la Embajada de Venezuela.
Pero también rechazó "los argumentos de las defensas tendientes a
demostrar la inexistencia de otros interesados en la concesión del aval
ante el BROU".
"Desdibujar".
En el fallo, la jueza cuestionó la actitud de
Calloia, quien al declarar en diciembre de 2013 "cambió" su versión
respecto a la primera audiencia de 2012 "incurriendo en
contradicciones, cuyas diferencias podrían denotar un intento por
desdibujar la responsabilidad que pudiera caberle".
En la primera audiencia, Calloia dijo que hubo otros
interesados además de Cosmo en obtener un aval del Banco República,
pero luego cambió y declaró en el juzgado: "Una y solo una. Nunca hubo
otra solicitud más que la de Cosmo".
Además, la jueza criticó a Calloia por presentar
como prueba un informe del Banco República del pasado mes de febrero
(luego del pedido de procesamiento en su contra) que indica que solo
Cosmo tramitó el aval y dos cartas del embajador de Venezuela en Uruguay
que señalan que el gobierno de ese país no tuvo interés en los aviones.
Eso lo hizo como presidente del Banco República,
"con todas las prerrogativas y facilidades que su mantenimiento en el
cargo le otorgan para articular una defensa acorde a sus intereses".
LAS CLAVESDEL FALLO DE LA JUEZA
1. Garantía sin los datos mínimos
La jueza Adriana de los Santos concluyó que el aval a
la empresa Cosmo se otorgó "sin exigir simultáneamente la presentación
de contragarantía", siendo que se trataba de una firma "desconocida en
el mercado regional" a pesar de haber sido "referenciada" por Juan
Carlos López Mena, uno de los principales clientes del Banco República.
La garantía se concedió "sin contar con la información y documentación
mínimas necesarias de la empresa avalada", sostiene la magistrada.
2.Posición "activa e ilegítima"
El fallo señala que tanto el exministro de Economía,
Fernando Lorenzo, como el presidente del Banco República, Fernando
Calloia, "ejercieron una activa e ilegítima participación en la
concesión del aval como garantía de mantenimiento de oferta a favor de
Cosmo S.L., y que a la postre la habilitara para presentarse a la
subasta pública, resultando único oferente y mejor postor, excediendo
esto de la simple irregularidad administrativa para derivar en actos
arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan en
virtud de sus respectivos cargos públicos".
3."Indiferente" si había otros
La magistrada sostiene que, a su juicio, "resulta
totalmente indiferente la existencia o inexistencia de otros interesados
en gestionar el aval y presentarse a la subasta". En su pedido de
procesamiento, el fiscal Juan Gómez utilizó como argumento el hecho de
que con su accionar, Lorenzo y Calloia perjudicaron a otros posibles
interesados en obtener un aval para presentarse en la subasta de los
aviones de la Pluna. Los abogados defensores de ambos, por su parte,
alegaron que ese extremo es incorrecto y que solamente Cosmo tramitó la
garantía ante el Banco República.
4.Calloia varíó su declaración
La jueza De los Santos también hace referencia a "la
distinta actitud asumida por los indagados de autos en el decurso de
las presentes actuaciones". En el caso de Lorenzo destaca que "mantuvo
en todo momento el tenor y contenido de sus declaraciones" ya que desde
el comienzo afirmó que actuó con la intención de lograr una solución
para la problemática de Pluna. Pero Calloia, en la audiencia
ratificatoria de diciembre de 2013, "cambió" sus declaraciones
primarias de noviembre de 2012 "incurriendo en contradicciones, cuyas
diferencias podrían denotar un intento por desdibujar la responsabilidad
que pudiera caberle en los hechos de autos". Inicialmente, Calloia dijo
que había otras empresas interesadas en obtener un aval, pero luego
declaró lo contrario.
