Trece detenidos, tres procesados; víctimas estaban bajo el amparo del INAU
Un nuevo caso de explotación sexual de
cinco menores, algunas de las cuales estaban bajo amparo del INAU,
sacude al departamento de Tacuarembó, mientras no se cierran los ecos de
un proceso que mantiene ocupada a la Justicia de Melo.
TACUAREMBÓ
JOSÉ ESTEVES
El País
Hasta el momento han sido procesadas tres
personas, de las cuales dos poseen antecedentes penales. Trece adultos
fueron detenidos, en el marco de la denominada operación "Exploter";
entre ellos, tres taxistas.
Personal de la Dirección de Investigaciones de la
Jefatura de Policía de Tacuarembó trabaja desde el mes de marzo en esa
operación de inteligencia, que culminó poniendo al descubierto una
maniobra delictiva de prostitución y explotación sexual.
El martes, la policía comenzó con las detenciones y
allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales continuaron
en la jornada de ayer.
También fueron detenidas cinco menores -cuyas edades no
fueron divulgadas-, algunas de las cuales se encontraban bajo el amparo
de INAU en el Hogar Femenino. Estas chidas fueron indagadas por
mantener relaciones sexuales con mayores de edad a cambio de dinero.
Según datos aportados a El País, las adolescentes
habrían sido indagadas, en anteriores investigaciones, por la misma
clase de delitos.
En la investigación, que sigue abierta, persiste la
interrogante de cómo hacían las menores para salir sin autorización del
Hogar Femenino, si lo hacían de noche o durante el día, y si contaban
con complicidad para ello.
Los taxistas indagados -que no fueron procesados- no
comparten la misma parada, pero confluyen habitualmente de noche en la
parada existente en la terminal de ómnibus Carlos Gardel. Si bien se
manejó la hipótesis de que los mismos trabajaban como "delivery",
llevando a las menores de edad a diferentes puntos de la ciudad, esa
información fue descartada por la Justicia según algunas fuentes
consultadas por El País.
"Una de las condiciones para caer en las redes de
explotación sexual es ser adolescente y estar en situación de
vulnerabilidad; y las menores que están en el INAU presentan esa
condición", explicó al El País Luis Purtscher, presidente del Comité
Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y
Adolescentes. "Los explotadores o proxenetas saben que los gurises a
cargo del Estado tienen una vulnerabilidad especial", añadió.
Denuncias.
En los últimos siete años, aumentaron las denuncias y
procesamientos por casos de explotación sexual infantil. Entre 2007 y
2009, hubo un promedio de siete denuncias anuales. En 2010, fueron 21
los casos;, en 2011 llegaron a 41, el año siguiente a 50, y en 2013 las
denuncias treparon a 59.
En lo que va de este año, ya se han registrado unas 70 denuncias de explotación sexual a menores, informó Purtscher.
El experto atribuye este notable incremento a diversas causas,
entre ellas el modelo de desarrollo económico que
concentra mano de obra masculina en determinados territorios, y el
aumento de denuncias debido a las campañas públicas que alertan sobre
este fenómeno.
Dinero y drogas.
Mientras tanto, el caso de la menor de Cerro Largo
que mantuvo relaciones sexuales con un empresario de Maldonado, siguió
manteniendo ayer la atención pública, al conocerse detalles del auto de
procesamiento dictado por el juez Pablo Gandini contra los padres de la
joven, de 15 años.
Gandini señaló en su sentencia que la hija de los
procesados"era explotada sexualmente desde los 11 años a cambio de
dinero, drogas y otros bienes materiales".
El magistrado sostuvo que los padres de la niña
estaban en conocimiento de esta situación y "no tomaron los recaudos
necesarios para brindarle a su hija la asistencia necesaria para su
cuidado y desarrollo pleno".
Por este mismo caso, Gandini había procesado con
prisión, en diciembre de 2013, a un empresario de Punta del Este acusado
de retribuir a esta menor por mantener relaciones sexuales. La
sentencia fue revocada días atrás por un tribunal de apelaciones, y el
empresario recobró la libertad.
La fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, presentó un
recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la
absolución del empresario. La decisión que tome el máximo organismo del
Poder Judicial será inapelable.
"Ambos padres, desde hace años, vienen siendo omisos
a sus deberes inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la
integridad de su hija", sostuvo Gandini en el auto de procesamiento.
"Los indagados nunca tomaron medidas y han tolerado
que su hija desde niña sea adicta a las drogas, maneje dinero
proporcionado por adultos que se relacionan con menores a cambio de
sexo, y que no se encuentre escolarizada", agregó.
Es llamativo que las autoridades departamentales no hubieran tomado conocimiento de este caso durante estos cuatro años.
El juez expresó en el escrito que el padre "sabía de
los hechos sucedidos en el domicilio" del empresario encarcelado y
luego liberado, y "llevaba a su hija a la casa de éste". El padre era
quien "retiraba dinero de giros a través de Abitab o Red Pagos que uno
de los clientes enviaba a su hija desde Maldonado, obteniendo provecho
para sí mismo".
El padre fue procesado con prisión por el delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad.
A la madre de la adolescente se la procesó sin
prisión aplicándosele como medida sustitutiva el arresto durante el fin
de semana en la seccional policial de su domicilio, en el horario
comprendido entre las 17:00 horas del sábado y las 5:00 horas del lunes
siguiente, por el término de 90 días.
Operación "exploter".
El director de Seguridad de la Jefatura de Policía
de Tacuarembó, comisario Inspector Héctor Rodríguez Santana, confirmó
que ayer al mediodía fueron procesadas tres personas por el caso que
involucró a cinco menores del hogar del INAU.
"Fueron procesados con prisión tres individuos por
ser penalmente responsables de un delito de retribución o promesa de
retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten
actos sexuales o eróticos de cualquier tipo", dijo Rodríguez Santana.
Los procesados son Walter Senobio Silva, poseedor de
antecedentes penales por hurto; Carlos Enrique Fernández Almeida,
poseedor de antecedentes por un delito de violación, y otro individuo
identificado por las iniciales H.D.F.F. (sin antecedentes).
Los procesamientos fueron solicitados por la fiscal
René Primiceri y resueltos por el juez penal Gonzalo Arsuaga. Los tres
sujetos fueron señalados por las menores como "clientes" en sus
actividades nocturnas.
La Justicia sigue trabajando en el caso con indagatorias", explicó Rodríguez Santana
La actividad delictiva ocurría en la noche, no era
diaria, pero sí implicaba la participación de menores de edad en las
inmediaciones de la terminal de ómnibus Carlos Gardel.
La policía continúa trabajando en la operación "Exploter" y no se descarta que en las próximas horas haya novedades al respecto.
De todas maneras, fuentes del caso confiaron a El
País que difícilmente se concrete el procesamiento de más personas por
este caso.
Igualmente, el personal de la Dirección de
Investigaciones ha realizado un caso sólido, con una gran variedad de
pruebas que vinculan a los participantes entre sí, agregaron las
fuentes.
Un caso anterior en Tacuarembó
En octubre de 2012, la Justicia procesó con prisión a
una pareja de Tacuarembó como autora de un delito continuado de
"contribución a la explotación sexual de personas menores de edad". Dos
clientes también fueron encarcelados por un delito reiterado de
"retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos
sexuales". Ese caso fue investigado por un juzgado de Crimen
Organizado tras una denuncia recibida desde la jefatura departamental
del INAU. Las víctimas eran tres adolescentes fugadas del organismo, de
13, 14 y 15 años. Dos de ellas son hermanas y terminaron en el INAU
luego de que sus propios padres fueran procesados con prisión por los
delitos de violación y proxenetismo de menores, de los cuales también
ellas fueron víctimas.
Condenas van de dos a 12 años
La ley 17.815 (violencia sexual comercial o no
comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces) es la que
prevé sanciones para estos delitos.
En su artículo 4º impone un castigo con pena de dos a
12 años de penitenciaría al "facilitamiento de la comercialización y
difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de
una o más personas menores de edad o incapaces".
En su artículo 5º también castiga con pena de dos a
12 años de penitenciaría la "contribución a la explotación sexual de
personas menores de edad o incapaces".
El presidente del Comité Nacional para la
Erradicación de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, Luis
Purtscher, dijo que la mayor parte de los casos de explotación sexual de
menores son parte "de una continuidad de violencia, en que venían con
los derechos vulnerados desde tiempo atrás".
Agregó que "no son solo casos de abuso, sino que
incluyen abandono, omisión de los deberes inherentes a la patria
potestad, la caída en manos de terceros que los explotan sexualmente y
que pueden derivar en trata de personas".
