Los 'fondos buitre' rechazan vender los bonos con una quita a cuatro entidades financieras
Alejandro Rebossio Buenos Aires
El País de España
Manifestación en Buenos Aires por la crisis de la deuda. / D. F. (EFE)
Dos de los fondos buitre que han conseguido el fallo de EE UU que ha
derivado en la crisis de deuda de Argentina, NML y Aurelius, anunciaron
esta semana que han fracasado las negociaciones para venderle deuda del
país sudamericano impaga desde 2001 a cuatro bancos internacionales.
Los norteamericanos Citigroup y JP Morgan, el alemán Deutsche Bank y el británico HSBC querían adquirir el pasivo para desactivar el impago: iban a pedirle al juez de Nueva York Thomas Griesa que suspendiera la sentencia hasta 2015, con lo que Argentina podría pagar los vencimientos de deuda reestructurada en 2005 y 2010 que debía abonar el 30 de julio pasado y así ganaría tiempo para negociar el año próximo sin el riesgo de demandas de los tenedores del pasivo refinanciado. Pero el fracaso de la negociación confirma que Argentina seguirá en lo que las agencias calificadoras de riesgo han calificado de impago restringido, limitado a ciertos títulos públicos, hasta por lo menos 2015.
Pese a la moratoria del 30 de julio, los activos financieros del país sudamericano aún no habían perdido tanto valor como se esperaba en un caso así porque los inversores se esperanzaban con que un acuerdo entre los fondos norteamericanos NML y Aurelius y los bancos desactivaran la crisis. En los mercados se ilusionaban con un impago “corto”. Pero con el correr de los días y la falta de novedades había comenzado a subir la prima de riesgo y este viernes llegaba a 774 puntos básicos, un 4% más que el día anterior, por encima de los 764 de Ucrania y aún por debajo de los 1.052 de Venezuela. Un nivel superior a 1.000 suele indicar el riesgo de suspensión de pagos.
NML, el fondo del financista republicano Paul Singer, le dijo este viernes a la agencia Bloomberg que “las conversaciones con actores privados han fallado en el intento de producir una solución aceptable”. El pasado miércoles, Aurelius había informado sobre el estancamiento de las negociaciones: “No hay perspectivas realistas (de alcanzar un acuerdo). Ninguna propuesta que recibimos fue ni remotamente aceptable. Las entidades que hicieron esas propuestas no estaban preparadas para fondear más que una pequeña parte, incluso ninguna, de los pagos que ellas querían que nosotros aceptáramos”.
Una de las consecuencias más claras de lo que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha negado a calificar como moratoria ha sido la devaluación del peso en los mercados paralelos al oficial, tanto en la plaza ilegal como en las que usan inversores para comprar legalmente divisas mediante la triangulación con bonos y acciones. Este tipo de movimientos cambiarios pueden presionar una depreciación de la moneda argentina en el mercado legal. Para evitarla, el Banco Central ha demorado la adquisición de divisas de empresas que deben pagar importaciones a proveedores del extranjero por un total de más de 2.900 millones de euros. Las fabricantes de coches son de las más perjudicadas.
El hecho de que el impago no sea corto sino hasta 2015 puede empeorar las variables financieras de Argentina, que sufre una estanflación (recesión e inflación del 31,2%). El Gobierno de Fernández argumenta que no ha entrada en suspensión de pagos porque de hecho ha depositado el dinero destinado a los acreedores de deuda reestructurada en el agente de pago, The Bank of New York, pero este banco no lo ha transferido a sus destinatarios por orden del juez Griesa.
Argentina alega que no puede pagar a los fondos buitre lo que reclaman porque hasta finales de año rige una cláusula que establece que si se les abona más a los que rechazaron la reestructuración de 2005 y 2010 y se quedaron con los bonos impagos de 2001 que a los que la aceptaron, estos últimos tienen derecho a reclamar el mismo tratamiento. Es decir, el país podría afrontar nuevas demandas por casi 90.000 millones. La duda de los bancos internacionales que negociaban con los buitres era si en 2015, cuando la cláusula venza, Buenos Aires les iba a pagar la deuda de 2001 sin quita o les iba a seguir ofreciendo la refinanciación de 2005 y 2010. Los bancos tampoco llegaron a un acuerdo por el precio del pasivo impago en manos de los fondos especulativos, que equivale a unos 1.300 millones de euros.
Los norteamericanos Citigroup y JP Morgan, el alemán Deutsche Bank y el británico HSBC querían adquirir el pasivo para desactivar el impago: iban a pedirle al juez de Nueva York Thomas Griesa que suspendiera la sentencia hasta 2015, con lo que Argentina podría pagar los vencimientos de deuda reestructurada en 2005 y 2010 que debía abonar el 30 de julio pasado y así ganaría tiempo para negociar el año próximo sin el riesgo de demandas de los tenedores del pasivo refinanciado. Pero el fracaso de la negociación confirma que Argentina seguirá en lo que las agencias calificadoras de riesgo han calificado de impago restringido, limitado a ciertos títulos públicos, hasta por lo menos 2015.
Pese a la moratoria del 30 de julio, los activos financieros del país sudamericano aún no habían perdido tanto valor como se esperaba en un caso así porque los inversores se esperanzaban con que un acuerdo entre los fondos norteamericanos NML y Aurelius y los bancos desactivaran la crisis. En los mercados se ilusionaban con un impago “corto”. Pero con el correr de los días y la falta de novedades había comenzado a subir la prima de riesgo y este viernes llegaba a 774 puntos básicos, un 4% más que el día anterior, por encima de los 764 de Ucrania y aún por debajo de los 1.052 de Venezuela. Un nivel superior a 1.000 suele indicar el riesgo de suspensión de pagos.
NML, el fondo del financista republicano Paul Singer, le dijo este viernes a la agencia Bloomberg que “las conversaciones con actores privados han fallado en el intento de producir una solución aceptable”. El pasado miércoles, Aurelius había informado sobre el estancamiento de las negociaciones: “No hay perspectivas realistas (de alcanzar un acuerdo). Ninguna propuesta que recibimos fue ni remotamente aceptable. Las entidades que hicieron esas propuestas no estaban preparadas para fondear más que una pequeña parte, incluso ninguna, de los pagos que ellas querían que nosotros aceptáramos”.
Una de las consecuencias más claras de lo que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha negado a calificar como moratoria ha sido la devaluación del peso en los mercados paralelos al oficial, tanto en la plaza ilegal como en las que usan inversores para comprar legalmente divisas mediante la triangulación con bonos y acciones. Este tipo de movimientos cambiarios pueden presionar una depreciación de la moneda argentina en el mercado legal. Para evitarla, el Banco Central ha demorado la adquisición de divisas de empresas que deben pagar importaciones a proveedores del extranjero por un total de más de 2.900 millones de euros. Las fabricantes de coches son de las más perjudicadas.
El hecho de que el impago no sea corto sino hasta 2015 puede empeorar las variables financieras de Argentina, que sufre una estanflación (recesión e inflación del 31,2%). El Gobierno de Fernández argumenta que no ha entrada en suspensión de pagos porque de hecho ha depositado el dinero destinado a los acreedores de deuda reestructurada en el agente de pago, The Bank of New York, pero este banco no lo ha transferido a sus destinatarios por orden del juez Griesa.
Argentina alega que no puede pagar a los fondos buitre lo que reclaman porque hasta finales de año rige una cláusula que establece que si se les abona más a los que rechazaron la reestructuración de 2005 y 2010 y se quedaron con los bonos impagos de 2001 que a los que la aceptaron, estos últimos tienen derecho a reclamar el mismo tratamiento. Es decir, el país podría afrontar nuevas demandas por casi 90.000 millones. La duda de los bancos internacionales que negociaban con los buitres era si en 2015, cuando la cláusula venza, Buenos Aires les iba a pagar la deuda de 2001 sin quita o les iba a seguir ofreciendo la refinanciación de 2005 y 2010. Los bancos tampoco llegaron a un acuerdo por el precio del pasivo impago en manos de los fondos especulativos, que equivale a unos 1.300 millones de euros.
