No hubo calma antes de la tormenta. Ese día el clima había estado
caldeado desde temprano y el fútbol se había interrumpido por los
grilletes que se imponen ante cualquier movimiento: estaba previsto que
se trasladara a unos cuarenta adolescentes del Centro de Ingreso,
Diagnóstico y Derivación (Ciedd) y del Centro de Privación de Libertad
(Ceprili), donde ese mismo día pero más tarde la patota de funcionarios reprimió a 13 adolescentes del módulo C.
Dentro de los mismos perimetrales que le hicieron ganar el apodo de
“Guantanamito” a todo el circuito, además de esos dos “hogares” están el
centro de reclusión de mujeres (Ciaf), el Cemec, actualmente cerrado, y
el Cmc, que actualmente es utilizado para celdas de castigo de los
adolescentes que son sancionados en el Ciedd. El Ceprili, entonces,
queda en el medio de la manzana, rodeado de otros hogares. De la salida
hacia la calle Cufré lo separa el centro de monitoreo, en donde se
almacenaron las imágenes de las cámaras que lo grabaron todo.
Pero no todo se registró en el video. Esa misma tarde, luego de un
intento de fuga de seis adolescentes, varios funcionarios ya habían
desplegado la violencia. Fue luego de recapturar a los adolescentes del
módulo B que le parten varios dientes a uno de ellos, hecho que constató
la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), en una golpiza
tanto o más dura que la que registran las cámaras y que también es
investigada por la justicia (véase recuadro Más de uno). Por eso fue que
se improvisó una asamblea en el Ceprili, que convocó a tal cantidad de
funcionarios con cargos de responsabilidad institucional y sindical que a
las ocho menos cuarto de la noche seguían aún reunidos. A esa altura,
hacía tres horas que los adolescentes gritaban desde las celdas
reclamando atención, en parte porque ya había pasado la hora de la
comida (pactada a diario para las 19), y en parte porque les habían
cortado todas las actividades y suministros. Los funcionarios que habían
desaparecido de la acción –no había guardia gremial ni quien
supervisara las cámaras de seguridad–, reaparecieron unos minutos
después de que dos adolescentes lograran romper el candado que da al
hall central de las celdas. En ese momento Alfredo Rivas, hasta ese día
director del Ceprili, les habló desde la puerta y los indujo a que
tiraran las piedras que todavía sostenían en sus manos. Cuando lo
escucharon, recularon. Ahí fue que entró el malón.
A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, Brecha identificó
dentro de la patota de funcionarios al director del Programa de
Seguridad y Traslados, Henry Ponce, a su subdirector, Luis Escuarcia, y a
los directores de sus diferentes unidades, Antonio Millán y Víctor
Silva (al menos algunos de ellos habrían participado de la recaptura de
los adolescentes y la posterior violencia). Puede verse también a Joselo
López, presidente del Suinau y vicepresidente del Pit Cnt, a Jorge el
“Boca” Muñoz, el suplente de López o, como él se hace llamar, “el dos
del sindicato”, que además es el director del centro Ituzaingó de la
Colonia Berro. También participó de los hechos Wilmar García,
subdirector del Programa de Privación de Libertad y Semilibertad, para
quien el Departamento de Sumarios del Sirpa pidió una investigación en
2014 por hechos ocurridos en el centro Ser. El dato consta en una lista
de las investigaciones administrativas abiertas a la que accedió Brecha.
Otros que se ven en el video son Gustavo Olivera, director de la Unidad
de Monitoreo, Pablo di Mateo, hasta ese día subdirector de Ceprili,
ahora director del centro, Piter García, ex subdirector del Cemec, y
otros funcionarios como Gustavo Martínez, Enrique el “Bocha” Sarmiento y
Artigas Rodríguez. También fueron captados por las cámaras la
presidenta y el vicepresidente de la mesa sindical del Sirpa, Cristina
Gioia y Víctor Mango. Todos los mencionados pertenecen a la lista 10 del sindicato, de la que Joselo López es la
figura más representativa. Brecha identificó también al cocinero de
Ceprili, Walter Barboza, que es quien descarga un bomberito sobre los
adolescentes, y al funcionario al que el sindicato negó el patrocinio de
su defensa, y al único que condena por toda la brutalidad, Ruben Gioia,
del que sobran antecedentes: subdirector del Centro de Diagnóstico y
Derivación Burgues, mientras estaba siendo investigado, luego de dos
años, la instructora sumariante concluyó que quedó “fehacientemente
probado” el “juego de manos” (así de genérica es la resolución) de Gioia
hacia los adolescentes mientras era subdirector del Cemec, lo cual
califica como “falta grave”. La instructora comprobó también que
concurrió “en varias oportunidades al centro en estado de ebriedad”,
según un documento al que accedió Brecha a través de un pedido de acceso
a la información pública. Por esas faltas Gioia fue sancionado con 10
días de suspensión por la Comisión Delegada del Sirpa que presidía Ruben
Villaverde en diciembre de 2014. La comisión no hizo lugar a los 15
días de sanción sugeridos por la sumariante “dado que entiende que no
existe prueba suficiente del supuesto estado de ebriedad, ni que el
juego de manos, si bien es reprochable, califique como falta grave”.
Esta investigación derivó de la iniciada por el caso Tomé, cuando
Goia era subdirector del Cemec. Tomé fue un adolescente que denunció el
abuso sexual que sufría de parte del funcionario José Albín, quien luego
de reiteradas denuncias que intentaron ser frenadas por las
autoridades, terminó preso (véase Brecha 7-IX-2012). El relato de este
caso fue escuchado por los legisladores que integraban la comisión de
Derechos Humanos en setiembre de 2012. Allí, la madre de un adolescente
preso dijo, entre muchas otras cosas, que a Gioia “lo pasaron al Hogar
de Mujeres. Este señor tiene un largo prontuario de denuncias hechas por
las chiquilinas. Entonces, no se entiende con qué criterio el Inau pone
a las autoridades al frente de los centros. ¿Qué medidas se usan? ¿La
tortura? ¿La presión psicológica?”. Las madres también señalaron que
Gioia entregaba “puntas” a los gurises, las que luego usaban para
fugarse.
El día de la represión en el Ceprili, Gioia estaba
encargado de la custodia de los patios pero ingresó a las instalaciones
gracias al malón. En el video se lo ve pegando patadas a los jóvenes que
están en el piso con las manos y pies atados. Su abogado defensor,
Aníbal Martínez, sin dar su nombre, negó sus antecedentes. Él mismo los
negó ante el juez.
DE FONDO. La crisis del Ceprili vino a develar otra más profunda: el
sistema penal adolescente está nuevamente saturado, producto de una
crítica situación edilicia.
En Ceprili urgía el traslado de
alrededor de 20 adolescentes mayores de 18 años –la Institución Nacional
de Derechos Humanos (Inddhh) señala que fueron 30 los traslados–, que
por disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia deben separarse
de los más chicos. Además, en el Ciedd (donde se aloja a los
chiquilines que aún no tienen procesamiento y aquellos que no han pasado
al juez) había unos 25 gurises que ya habían sido procesados. Según
supo Brecha, hasta que se efectuaron los traslados, el Centro de Ingreso
albergaba, en total, cerca de cien chiquilines. Está estipulado que,
una vez procesados, deben ser derivados a los lugares en donde les toca
cumplir la pena. Pero no tenían adónde.
Los “centros modelo” y
las grandes inversiones realizadas por la administración anterior del
Sirpa tienen serios problemas de construcción. El Hogar Colibrí, erigido
en el ex regimiento de caballería de la calle Belloni, sigue
funcionando a la mitad de su capacidad. El Ceprili, que también tiene
menos de un año, como puede apreciarse en las imágenes difundidas y
según la información aportada por la Inddhh, que lo visitó el 28 de
julio, “presenta un desgaste prematuro y un deterioro edilicio
importante en varias áreas, principalmente las celdas”. El Cemec,
mencionado al comienzo de esta nota, también está cerrado. Y la Colonia
Berro, hasta el viernes 24 de julio, no recibía más presos. Las razones
son edilicias, pero también son políticas.
El centro Ariel hoy
alberga 32 adolescentes y está funcionando con su capacidad excedida.
Eso, en buen criollo, significa que hay chiquilines que duermen en el
piso. Además, tiene peligro de derrumbe, tal como reconoció Gabriela
Fulco a este semanario (véase Brecha 26-VI-2015). El centro Hornero, que
sobrevive sin agua corriente, alberga a 29.
Una semana antes de
retirarse, la administración de Villaverde hizo dos movimientos
importantes que contribuyeron con esta crisis. Cerró el centro Ser,
siguiendo un pedido del sindicato, a pesar de ser una de las
construcciones nuevas de su período. Y entregó en comodato el edificio
en donde funcionó el hogar El Puente para utilizar como local sindical,
donde hoy funciona la mesa del Sirpa.
El hogar La Casona está
cerrado desde julio de 2011 –entonces se argumentó que era una especie
de colador, por la cantidad de internos que una vez ahí conquistaban su
libertad a las corridas–, pero Gabriela Fulco pretendía devolverlo al
ruedo para amortiguar la presión que ahoga al sistema. La llave de La
Casona estaba desde entonces –hace casi cuatro años–, en poder de Jorge
Muñoz. Al cerrar La Casona, Muñoz había aceptado hacerse cargo de los
gurises que estaban ahí detenidos, trasladándolos al Ituzaingó, que con
ese engorde llegó a albergar, por momentos, casi cien internos. A
cambio, se le prometía el control de La Casona una vez que fuera
rehabilitado.
El “Boca” Muñoz es uno de los funcionarios de la vieja guardia, un
decano en la dirección del Ituzaingó que hace gala de su fama de buen
gestor y de que “todos sus internos duermen en cuchetas”, las cuales
instaló de a tres por cuarto. Muñoz tiene una caja chica que alimenta
por dos vías y que le permite realizar obras por su propia cuenta. Una,
el servicio de catering de la Berro, armado a partir de un taller de
panadería, en el que trabajan los adolescentes presos y que vende sus
servicios para actividades institucionales. Otro ingreso es el criadero
de chanchos, de su propiedad, que mantiene dentro del predio del hogar, y
que pasa a cuchillo cuando necesita liquidez.
Muñoz también se
hizo famoso por otra gestión, algo más cuestionable: la organización de
un sistema de seguridad paralelo. A cambio de algunos beneficios, como
dormir en el cuarto de los calefones, un par de chiquilines presos
actuaban como delatores de cualquier actividad del resto de los internos
y también administraban justicia. En 2006 comenzó una investigación
conocida como “el caso boliviano”, porque involucraba a un adolescente
de ese país y en el que llegó a intervenir la embajada, y que probó la
existencia de esa forma de control que regía en el hogar. El chiquilín
fue internado en el Ituzaingó y violado. Su defensora de oficio presentó
la denuncia. La investigación se detuvo y fue reabierta durante el
período de Nora Castro. Muñoz fue finalmente sancionado en mayo de 2012 y
posteriormente ascendido en el escalafón funcional.
Hace menos
de un mes, Gabriela Fulco reclamó las llaves de La Casona, desconociendo
el trato anterior: la promesa de que él sería su administrador. Además,
a través de una resolución del directorio, obligó a Muñoz a tomarse
parte de la licencia que venía acumulando desde hace al menos tres años.
Cuando el “dos del sindicato” estaba ausente del hogar, Fulco ordenó un
“test psicológico” de los internos del Ituzaingó y, a su vez, constató
la disponibilidad de camas en ese centro.
El 24 de julio, Berro
volvió a recibir internos. Parte de los gurises que fueron trasladados
ese día fuera del Ciedd, fueron a parar al Ituzaingó, mientras su
director no estaba. Según supo Brecha, en estos movimientos se encuentra
una de las chispas que encendió “la guerra” que el Suinau declaró a la
directora.
Los traslados incluyeron también como destino al
Hornero, aunque no tenga agua. La Casona no ha sido habilitada porque no
tiene luz, pero se especula que la próxima semana, los chiquilines del
Hornero serán trasladados allí. Los de más de 18 años que estaban en el
Ceprili fueron trasladados recién al otro día, el sábado 25 de julio, a
dos de los módulos del centro Ser, uno de los cuales aún no había sido
reconstruido y que no está en condiciones óptimas de albergar presos. El
director del Ceprili, Rivas, se fue con ellos y dirige el Ser desde
entonces.
Puede sonar descabellada la autonomía de la que gozan
los directores de los centros de reclusión, pero para ser fiel a lo que
ocurre, esta no es pareja ni uniforme. No todas las direcciones tienen
el mismo peso ni las mismas potestades. Sus posibilidades de acción, su
poder de decisión –de aceptar o rechazar internos, por ejemplo–, está
directamente imbricada con el lugar que ocupan en la escala vertical del
sindicato.
Muñoz es, junto a Joselo López, el polo de poder del Suinau. La
guerra desatada por el control de La Casona y el juego de poder que eso
implica, mantiene a los gurises de rehenes. Lo mismo ocurre con el
sistema de “encargaturas”, sobre el que se sostienen las cárceles de
menores, que mantiene a los funcionarios atados a quienes detentan
posiciones privilegiadas. Para los trabajadores no hay carrera funcional
ni concursos que les permitan ascender. Lo que existe es un sistema
clientelar,1 en el que la comisión delegada “encarga” determinada
función a sus trabajadores de confianza. Es un formato pensado para ser
excepción, que se volvió norma, y que se utiliza en un juego maniqueo de
premios y castigos. Una encargatura es, por definición, precaria,
interina y provisoria, por lo que quien la obtiene, queda necesariamente
en relación de dependencia con quien se la da.
1-En julio, una
comisión del Inau resolvió revisar la situación de casi mil trescientos
trabajadores contratados como talleristas. Los directores, tanto del
Sirpa como de los hogares de amparo del Inau, contrataban en forma
directa a gente para ejercer las más variadas funciones: desde
educadores a psicólogos, pasando por cocineros y serigrafistas. Sólo 500
de ellos continuarán hasta que se realice el llamado correspondiente.
Los implicados en la justicia
Más de uno
La justicia actuó con premura y no ha parado de tomar declaraciones.
Hoy viernes se completan las audiencias con más de 50 personas: los
denunciantes, Gabriela Fulco e integrantes de la Institución Nacional de
Derechos Humanos, los acusados, 36 funcionarios del Sirpa, y las
víctimas: 12 adolescentes privados de libertad. Según supo Brecha, hay
cuestiones sobre las que se está profundizando particularmente: el uso
del bomberito a manos de Walter Barboza, los golpes de Ruben Gioia y la
precuela del video, esa represión ocurrida luego de un intento de fuga
de seis adolescentes el 24 de julio y en la que habrían participado
Henry Ponce, Wilmar García y Luis Escuarcia, entre otros.
http://brecha.com.uy/lo-indefendible/
Artículo de Eliana Gilet y Betania Nuñez. Brecha.
