Pensaba dedicar la columna de hoy a compartir
algunas experiencias vividas en los juzgados de violencia doméstica, pero (el
periodismo es así) hay hechos recientes que se imponen en la atención de todos.
El gobierno declaró “esenciales”, en los
términos de la ley 13.720, a los
servicios de todos los niveles de la enseñanza, inicial, primaria, secundaria,
técnico-profesional y formación docente, cuyos funcionarios se encuentran en
conflicto desde el pasado 17 de agosto.
La medida es ante todo polémica, dado que la
enseñanza no se encuadra con facilidad dentro del tipo de servicios susceptible
de ser declarados “esenciales”. La declaración de “esencialidad”, según los criterios
manejados por la OIT y tradicionalmente aplicados en el Uruguay, sólo
corresponde cuando los servicios afectados sean de tal clase que su
interrupción ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de toda o de una
parte de la población. Y, como es obvio, una huelga de una semana en la
enseñanza, pese a ser dañosa, no puede decirse que comprometa la vida, la salud
o la seguridad de la población.
El asunto es particularmente irritante porque
el gobierno pudo haberse enfrentado a los sindicatos de la enseñanza por temas
más nobles, como una reforma del sistema educativo. En cambio, los enfrenta por
dinero, negándoles un aumento que resulta justo, al tiempo que el país ha
perdido y sigue perdiendo millones de dólares en hechos y negocios muy poco
claros, como PLUNA, ANCAP, Salud Pública, la regasificadora, y –ahora lo
sabemos- los préstamos del BROU a los hermanos Fernández, de FRIPUR, entre
otras cosas.
La declaración de esencialidad puede ser leída
como un eslabón más de la cadena de hechos que indican un fuerte cambio en la
relación del gobierno frenteamplista con el movimiento sindical. La oposición del
PIT-CNT al TISA, su discrepancia con las pautas salariales anunciadas por el
gobierno, el reciente paro general, la operación por la que se difundió el
video que opacó el paro general y determinó el procesamiento de buena parte del
corrupto sindicato del INAU (cosa que debió hacerse mucho antes y no se hizo),
y ahora esta declaración de esencialidad aplicada a la enseñanza, parecen
indicar el fin de la “luna de miel” que el gobierno frenteamplista y la
dirigencia sindical habían mantenido en los últimos diez años.
Todo indica que, ante la proximidad de una
crisis económica, el gobierno y la cúpula frenteamplista están reacomodando el
cuerpo y definiendo quiénes permanecerán dentro del barco y quiénes serán
dejados en el mar a la deriva. Y los sindicatos parecen estar en el segundo
grupo.
Los motivos son evidentes. Un partido y un
gobierno que han centrado todos sus
afanes en captar inversión extranjera, tiemblan al ver que dejan de venir nuevos
inversores e incluso comienzan a retirarse los que habían venido, pese a las
mil concesiones, exoneraciones y privilegios que se les ofrecen.
El gobierno y la cúpula frenteamplista parecen
haber resuelto ya la estrategia que adoptarán para mantenerse a flote en la
crisis: tirar por la borda todo el lastre posible. Eso puede explicar la
ruptura con el movimiento sindical, el recorte de la inversión pública y el cierre,
ya en curso, de proyectos de política social, tanto departamentales como nacionales.
El mensaje es claro respecto a quiénes deberán soportar el mayor peso de la
crisis.
Cabe preguntarse qué queda, en la actual
cúpula gubernamental, no sólo de lo que fue el viejo proyecto frenteamplista
sino de la base social que le dio origen.
Alejados desde hace años los sectores de
izquierda radical, casi desaparecidas las estructuras de base del FA, decepcionados
quienes esperaban el fin de la impunidad militar, desgastados o disueltos los
vínculos con la intelectualidad (es notoria la pobreza teórica en el discurso
oficial), sacrificadas las expectativas ecologistas en aras de las políticas de
inversión, acosado el gobierno por la incesante emergencia de hechos de
corrupción, sumiso a las exigencias de los organismos internacionales y del
capital transnacional, con dificultades para mantener las políticas sociales asistencialistas
de los últimos años, y enfrentado ahora
a los funcionarios públicos y al movimiento sindical, sus cuadros (los del
gobierno) parecen cada vez más solos, encriptados en una burbuja de poder de la
que no quieren salir. Ciega a la decepción de los sectores sociales e
ideológicos que fueron su apoyo histórico, la cúpula frenteamplista se enzarza
en una hueca lucha intestina por el poder, al que confunde con los cargos de gobierno.
Hace menos de un año, esa cúpula logró un
abrumador respaldo electoral, otorgado, en buena medida, por gente que no votó
porque estuviera satisfecha sino porque tenía miedo al triunfo de los blancos.
Muchos de esos votantes frenteamplistas están hoy arrepentidos. Comienzan a
percibir que su voto fue mal interpretado, y que, como era previsible, se lo confundió con un cheque en blanco para
hacer cualquier cosa.
Los resultados están a la vista. Después de
diez años de gobierno supuestamente de izquierda, el país está endeudado, entrado
o a punto de entrar en el TISA, dependiente de una inversión extranjera mucho
más volátil de lo que se pensaba, con necesidad de recortar incluso sus
erróneas políticas sociales y con una fragmentación social que puede ser
explosiva en un contexto de crisis económica, con la educación pública demolida
(cuando debería haber sido el centro de la preocupación y hoy sería la mejor
prevención contra el deterioro social), con indicios de corrupción por todas
partes y una institucionalidad desprestigiada, en buena medida por obra del
gobierno de Mujica.
¿Quién o qué gobierna hoy al Uruguay,
entonces?
Tal como están las cosas, al frente del país
hay hoy una burocracia política profesionalizada que tiene vínculos cada vez
más laxos con los sectores y estructuras sociales que la llevaron al gobierno, una
burocracia sin proyecto, aficionada a los cargos y a sus beneficios, dispuesta
a mentir para conservarlos, poco afecta al riesgo y a los cambios, totalmente sumisa
y dependiente de las pocas y viejas figuras que cuentan con apoyo electoral
propio.
Esa burocracia no encarna ya los sueños y
esperanzas del viejo proyecto frenteamplista. Ni ha sido capaz tampoco de
sustituirlos por otro proyecto esperanzador. Por el contrario, se esmera en
acomodarse a las reglas de juego que impone el poder económico mundial y
disuelve una a una las alianzas con los sectores sociales e ideológicos a los
que debe su existencia.
¿Es sólo ceguera o en el entorno de Tabaré Vázquez
subsiste la ambición de conquistar el centro del espectro político del país y reconstituir
al viejo Frente Amplio en un partido mucho más conservador, de funcionarios
“robots” y de votantes pasivos, todos sumisos a los mandatos del líder?
En cualquier caso, la situación recuerda al
periplo del Partido Colorado, que, agotado el modelo social distribuidor del
batllismo, apostó al líder fuerte y disciplinador, y a las medidas
extraordinarias, con los resultados que muchos recordamos.
Yendo al verdadero fondo del asunto, los
hechos evidencian que, más allá de lo económico, el país soporta una profunda y
doble crisis ideológica. Por un lado, la del batllismo, que fue la matriz sobre
la que se edificó el Uruguay que conocemos. Por otro, la de la izquierda uruguaya,
que llegó al gobierno con el Frente Amplio cuando el modelo de sociedad
estatista, centralizada y planificada, acababa de derrumbarse en el mundo, y no
tenía ya un proyecto social esperanzador y sustentable.
La consecuencia de esa doble crisis es un
“sálvese quien pueda”: la ruptura de los vínculos de solidaridad y de
convivencia, la proliferación de intereses particulares y de reclamos
corporativos, la ausencia de rumbo educativo, la gran y la pequeña corrupción
cotidiana, la pérdida de confianza en las instituciones, la falta de una
esperanza compartida.
El problema, entonces, es mucho más hondo que
una crisis económica o política. Es una crisis ideológica e incluso cultural,
que nos hace perder el sentido de la vida colectiva.
La tarea pendiente, por tanto, es mucho más
larga y compleja de lo que cualquier partido político se atreverá a decir.
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