Esencialidades por Hoenir Sarthou:

  Semanario Voces 

Pensaba dedicar la columna de hoy a compartir algunas experiencias vividas en los juzgados de violencia doméstica, pero (el periodismo es así) hay hechos recientes que se imponen en la atención de todos. El gobierno declaró “esenciales”, en los términos de la ley 13.720,  a los servicios de todos los niveles de la enseñanza, inicial, primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente, cuyos funcionarios se encuentran en conflicto desde el pasado 17 de agosto. La medida es ante todo polémica, dado que la enseñanza no se encuadra con facilidad dentro del tipo de servicios susceptible de ser declarados “esenciales”. La declaración de “esencialidad”, según los criterios manejados por la OIT y tradicionalmente aplicados en el Uruguay, sólo corresponde cuando los servicios afectados sean de tal clase que su interrupción ponga en riesgo la vida, la salud o la seguridad de toda o de una parte de la población. Y, como es obvio, una huelga de una semana en la enseñanza, pese a ser dañosa, no puede decirse que comprometa la vida, la salud o la seguridad de la población. El asunto es particularmente irritante porque el gobierno pudo haberse enfrentado a los sindicatos de la enseñanza por temas más nobles, como una reforma del sistema educativo. En cambio, los enfrenta por dinero, negándoles un aumento que resulta justo, al tiempo que el país ha perdido y sigue perdiendo millones de dólares en hechos y negocios muy poco claros, como PLUNA, ANCAP, Salud Pública, la regasificadora, y –ahora lo sabemos- los préstamos del BROU a los hermanos Fernández, de FRIPUR, entre otras cosas. La declaración de esencialidad puede ser leída como un eslabón más de la cadena de hechos que indican un fuerte cambio en la relación del gobierno frenteamplista con el movimiento sindical. La oposición del PIT-CNT al TISA, su discrepancia con las pautas salariales anunciadas por el gobierno, el reciente paro general, la operación por la que se difundió el video que opacó el paro general y determinó el procesamiento de buena parte del corrupto sindicato del INAU (cosa que debió hacerse mucho antes y no se hizo), y ahora esta declaración de esencialidad aplicada a la enseñanza, parecen indicar el fin de la “luna de miel” que el gobierno frenteamplista y la dirigencia sindical habían mantenido en los últimos diez años. Todo indica que, ante la proximidad de una crisis económica, el gobierno y la cúpula frenteamplista están reacomodando el cuerpo y definiendo quiénes permanecerán dentro del barco y quiénes serán dejados en el mar a la deriva. Y los sindicatos parecen estar en el segundo grupo. Los motivos son evidentes. Un partido y un gobierno  que han centrado todos sus afanes en captar inversión extranjera, tiemblan al ver que dejan de venir nuevos inversores e incluso comienzan a retirarse los que habían venido, pese a las mil concesiones, exoneraciones y privilegios que se les ofrecen. El gobierno y la cúpula frenteamplista parecen haber resuelto ya la estrategia que adoptarán para mantenerse a flote en la crisis: tirar por la borda todo el lastre posible. Eso puede explicar la ruptura con el movimiento sindical, el recorte de la inversión pública y el cierre, ya en curso, de proyectos de política social, tanto departamentales como nacionales. El mensaje es claro respecto a quiénes deberán soportar el mayor peso de la crisis. Cabe preguntarse qué queda, en la actual cúpula gubernamental, no sólo de lo que fue el viejo proyecto frenteamplista sino de la base social que le dio origen. Alejados desde hace años los sectores de izquierda radical, casi desaparecidas las estructuras de base del FA, decepcionados quienes esperaban el fin de la impunidad militar, desgastados o disueltos los vínculos con la intelectualidad (es notoria la pobreza teórica en el discurso oficial), sacrificadas las expectativas ecologistas en aras de las políticas de inversión, acosado el gobierno por la incesante emergencia de hechos de corrupción, sumiso a las exigencias de los organismos internacionales y del capital transnacional, con dificultades para mantener las políticas sociales asistencialistas de los últimos años, y  enfrentado ahora a los funcionarios públicos y al movimiento sindical, sus cuadros (los del gobierno) parecen cada vez más solos, encriptados en una burbuja de poder de la que no quieren salir. Ciega a la decepción de los sectores sociales e ideológicos que fueron su apoyo histórico, la cúpula frenteamplista se enzarza en una hueca lucha intestina por el poder, al que confunde con los cargos de gobierno. Hace menos de un año, esa cúpula logró un abrumador respaldo electoral, otorgado, en buena medida, por gente que no votó porque estuviera satisfecha sino porque tenía miedo al triunfo de los blancos. Muchos de esos votantes frenteamplistas están hoy arrepentidos. Comienzan a percibir que su voto fue mal interpretado, y que, como era previsible, se  lo confundió con un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Los resultados están a la vista. Después de diez años de gobierno supuestamente de izquierda, el país está endeudado, entrado o a punto de entrar en el TISA, dependiente de una inversión extranjera mucho más volátil de lo que se pensaba, con necesidad de recortar incluso sus erróneas políticas sociales y con una fragmentación social que puede ser explosiva en un contexto de crisis económica, con la educación pública demolida (cuando debería haber sido el centro de la preocupación y hoy sería la mejor prevención contra el deterioro social), con indicios de corrupción por todas partes y una institucionalidad desprestigiada, en buena medida por obra del gobierno de Mujica. ¿Quién o qué gobierna hoy al Uruguay, entonces? Tal como están las cosas, al frente del país hay hoy una burocracia política profesionalizada que tiene vínculos cada vez más laxos con los sectores y estructuras sociales que la llevaron al gobierno, una burocracia sin proyecto, aficionada a los cargos y a sus beneficios, dispuesta a mentir para conservarlos, poco afecta al riesgo y a los cambios, totalmente sumisa y dependiente de las pocas y viejas figuras que cuentan con apoyo electoral propio. Esa burocracia no encarna ya los sueños y esperanzas del viejo proyecto frenteamplista. Ni ha sido capaz tampoco de sustituirlos por otro proyecto esperanzador. Por el contrario, se esmera en acomodarse a las reglas de juego que impone el poder económico mundial y disuelve una a una las alianzas con los sectores sociales e ideológicos a los que debe su existencia. ¿Es sólo ceguera o en el entorno de Tabaré Vázquez subsiste la ambición de conquistar el centro del espectro político del país y reconstituir al viejo Frente Amplio en un partido mucho más conservador, de funcionarios “robots” y de votantes pasivos, todos sumisos a los mandatos del líder? En cualquier caso, la situación recuerda al periplo del Partido Colorado, que, agotado el modelo social distribuidor del batllismo, apostó al líder fuerte y disciplinador, y a las medidas extraordinarias, con los resultados que muchos recordamos. Yendo al verdadero fondo del asunto, los hechos evidencian que, más allá de lo económico, el país soporta una profunda y doble crisis ideológica. Por un lado, la del batllismo, que fue la matriz sobre la que se edificó el Uruguay que conocemos. Por otro, la de la izquierda uruguaya, que llegó al gobierno con el Frente Amplio cuando el modelo de sociedad estatista, centralizada y planificada, acababa de derrumbarse en el mundo, y no tenía ya un proyecto social esperanzador y sustentable. La consecuencia de esa doble crisis es un “sálvese quien pueda”: la ruptura de los vínculos de solidaridad y de convivencia, la proliferación de intereses particulares y de reclamos corporativos, la ausencia de rumbo educativo, la gran y la pequeña corrupción cotidiana, la pérdida de confianza en las instituciones, la falta de una esperanza compartida. El problema, entonces, es mucho más hondo que una crisis económica o política. Es una crisis ideológica e incluso cultural, que nos hace perder el sentido de la vida colectiva. La tarea pendiente, por tanto, es mucho más larga y compleja de lo que cualquier partido político se atreverá a decir.