Comunicado de prensa
Con el término del
plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de
minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los
yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que
las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán
liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.
Saludamos este hecho
como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el
proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado
como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro
desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos,
sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social
sin precedentes.
La realidad mostró que
hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto
Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de
los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no
una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de
una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de
dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni
garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en
la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales
y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido
concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.
El 24 de febrero pasado
venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo
inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la
actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38
de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a
inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en
el Registro de Vacancias”.
A partir de entonces,
por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de
180 días para decidir si compra o no la información generada por las
actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente
el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de
60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a
rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que
presentar pruebas de compromisos incumplidos. Si existieran, esos compromisos
habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo
que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad
de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.
El proyecto de Aratirí fue promovido con el
argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En
enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno
prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato.
Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus
obligaciones legales de indemnización por despido
Si el estado no los
declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a
disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011,
la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un
máximo de 12 años. Pero Dinamige admite que una misma empresa, con otro nombre,
retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al
mismo dueño.
La minería a cielo
abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de
Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en
todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la
destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación
adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.
Las disposiciones del Código de Minería y la
forma como son aplicadas por Dinamige han facilitado la especulación con los
títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como
resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada
por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para
obtener créditos y planificar las actividades productivas.
La única manera de
superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la
extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000
firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde
sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.
Uruguay Libre de
Megaminería
8 de marzo de 2016.
