Sin contar con las evaluaciones ni los acuerdos regionales requeridos, el ex presidente Mujica creyó que la inversión de Aratirí era suficiente para lanzar el puerto de aguas profundas en Rocha. El voluntarismo y la improvisación política hicieron fracasar la aventura, pero no fue gratuita para muchas personas ni para el erario público.
Por Víctor L. Bacchetta (Observatorio Minero del Uruguay)La Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) fue creada el 15 de noviembre de 2011 por el ex presidente José Mujica con el fin de “analizar las opciones para la instalación de un puerto de aguas profundas” en la costa de Rocha. El 14 de junio de 2012, cuando el informe final de la CIPAP recomendó hacerlo en el sitio de El Palenque, Mujica aprobó sus conclusiones y extendió la actuación de esa comisión “por todo el plazo que dure la implementación” del PAP.
Tras haber pretendido imponerlo por decreto presidencial, la habilitación del puerto de aguas profundas fue aprobada por el Parlamento, como exige la Constitución, el 20 de diciembre de 2012. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo decidió la expropiación por “causa de utilidad pública” y declaró urgente la ocupación de centenares de predios en el área de emplazamiento del PAP. Desde entonces, la CIPAP desplegó una actividad febril de contrataciones, estudios y presentaciones de la obra.
Para sorpresa de muchos, no hubo realmente capitales ni países interesados en ese proyecto y la CIPAP no llegó a ningún resultado. En diciembre de 2014, durante la 47ª. Reunión Cumbre realizada en Paraná, el presidente Mujica propuso la construcción de “un puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur” (sic). Fue la manera elegante, si cabe, de reconocer el fracaso de lo que el ex mandatario definió como “la jugada de política exterior más importante” de su gobierno.
La transparencia en juego
Se había informado que la CIPAP disponía de 700.000 dólares para los estudios que pretendía realizar, pero existían indicios de que se habría pasado fácilmente de un millón de dólares. En marzo de 2015, al amparo de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), solicitamos la información de los gastos realizados por la comisión por concepto de contrataciones, viajes y viáticos, con el propósito de conocer los montos y hasta qué punto habían estado justificados.
Hicimos la solicitud a Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Presidencia entregó la información dentro del plazo fijado por la ley, pero la CND y el MTOP no lo hicieron alegando que un convenio firmado entre ambos organismos había dispuesto que la información referida era confidencial. Por esta vía, la administración actuaba como juez y parte en el ocultamiento de una información al público.
Además, la negativa no contenía una justificación de la confidencialidad como exige la ley 18.381. Con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo) a través del abogado Martín Prats, iniciamos una acción judicial al amparo de esa ley. El 21 de diciembre tuvo lugar una audiencia donde las partes solo reafirmaron su postura anterior. Al día siguiente, el juez Alejandro Martínez de las Heras falló dando un plazo de 15 días para que los demandados entregaran la información.
A comienzos de enero de 2016, el MTOP anunció que apelaría la decisión judicial, pero en febrero comunicó que cumpliría el fallo, lo que hizo efectivo el 15 de este mes. Saludamos este desenlace porque reafirma la transparencia que debe caracterizar a la administración del estado. El 31 de marzo, en una conferencia de prensa de Uruguay Libre, presentamos esa información al público. A continuación, resumiremos los aspectos centrales de la documentación entregada y nuestro análisis.Lo primero son las cargas
La audiencia judicial del 21 de diciembre permitió conocer el convenio entre el MTOP y la CND, así como un decreto del presidente Mujica elevando a dos millones de dólares estadounidenses los recursos de la CIPAP. Pero la revisión final de las resoluciones y contrataciones realizadas por el gobierno más que triplicó esa cifra.
En efecto, las contrataciones totalizaron 6:620.176 dólares. Empresas y consultores independientes, nacionales e internacionales, realizaron estudios económicos, de ingeniería, ambientales y de ordenamiento territorial, entre otros. Casi la mitad se gastó en cuatro empresas internacionales: Acciona, Planave, Esgemar y Seaforth. Diez empresas privadas nacionales recibieron U$S 1,5 millones, cinco estatales U$S 1,8 millones y los profesionales particulares U$S 235.000 (ver cuadro y listado adjuntos).
Naturalmente que esos estudios deben hacerse para emprender una obra como esta, pero primero es necesario saber si existen los fundamentos para tomar tal decisión. El ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, afirmó que incluso la definición del lugar no es tan relevante: “Primero, hay que saber qué se pretende, para qué, y luego buscar el lugar físico para el puerto de aguas profundas” (1). En el qué y para qué de un puerto lo fundamental son las cargas.
Los análisis de la CIPAP sobre la demanda proyectada del PAP sufrieron sucesivas alteraciones. En 2012, los técnicos del MTOP y el presidente de la comisión, Pedro Buonomo, proyectaban una demanda superior a 50 millones de toneladas anuales. En 2013, los cálculos del MTOP estimaron que el PAP en 10 años atendería a unos 87,5 millones de toneladas anuales. Curiosamente, un nuevo estudio del Equipo del MTOP en 2014 redujo la estimación a 40 millones de toneladas anuales.
Aunque el proyecto de Aratirí no estaba aprobado, los estudios de la CIPAP contaron desde el comienzo con el hierro uruguayo y la inversión de la minera en el PAP. Pero los 18 millones de toneladas previstos por Aratirí no eran suficientes para sustentar al puerto y, con el paso del tiempo, su aporte se hizo cada vez más inseguro. Mientras tanto, los cambios en las cifras de las cargas que provendrían de los países vecinos fortalecían la sospecha de que se trataba solo de especulaciones.
En 2014, la firma brasileña PLANAVE y la catalana Port Insight Consulting llamaron la atención sobre “una serie de incertidumbres” en el proyecto. Según estas consultoras, la posibilidad de atraer cargas de granos de Brasil era nula, no había una demanda concreta e inmediata de servicios portuarios, así como tampoco “ningún tipo de acuerdo o mecanismo participativo de los países de la región en relación al PAP”. A esa altura ya estaban hechas por la CIPAP todas las contrataciones.
Caro voluntarismo político
Al mismo tiempo que se especulaba con las cargas del PAP, desde la Presidencia de la República se anunciaba como seguro el interés en la obra de varios países. Un día era el “interés estratégico” de Brasil, otro día era el de los gobiernos de China, Rusia y Paraguay o de inversionistas españoles y empresas coreanas. En concordancia con esos anuncios, los integrantes de la CIPAP realizaron varios viajes a las capitales de estos países con el fin de presentar el proyecto uruguayo del PAP.
El ex subsecretario de Cancillería, Luis Porto, viajó a Seúl en 2012, a Brasilia y Río de Janeiro, a Asunción, Moscú y Beijing en 2014. El ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, viajó a Asunción en 2013. Su subsecretario, Pablo Genta, fue a Brasilia en 2013 y a Rio de Janeiro y Asunción en 2014. La ex subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Raquel Lejtreger, viajó a Río de Janeiro en 2013, funcionarios de Cancillería fueron con el mismo fin a Asunción y Moscú en 2014.
Los documentos también muestran que en esos viajes y viáticos se gastaron alrededor de 35.000 dólares estadounidenses (ver adjunto). Es una cifra menor comparada con las contrataciones a empresas y consultores independientes, pero igualmente inútil en la medida que partían de la decisión uruguaya como un hecho consumado. Al final de todas las gestiones, no se confirmó el compromiso de ninguno de los países aludidos ni el aporte de los inversionistas mencionados, incluido el de Aratirí.
El ofrecimiento del presidente Mujica, en la Reunión Cumbre de diciembre de 2014, de construir un PAP con los gobiernos del Mercosur debió ser, en todo caso, el comienzo y no el desenlace fatal de esta iniciativa, encubierto bajo una retórica integracionista. Conociendo la historia y la realidad política actual, nadie puede considerar seriamente que Uruguay posea el peso suficiente como para arrastrar a Argentina y Brasil a un proyecto portuario de esas dimensiones sin su consentimiento previo.
Se habilitó por el Parlamento un puerto de aguas profundas en Rocha, se anunció la expropiación de miles de hectáreas en la zona cambiándole la vida a centenares de ciudadanos y se gastaron ingentes recursos del erario público sin resultados acordes con tales decisiones.Inclusive la mayoría de la oposición partidaria, temerosa de aparecer enfrentada a una promesa de desarrollo extraordinario, se abstuvo de exigir los estudios de rigor necesarios para justificar esa propuesta.
Las autoridades ignoraron además a las comunidades de la costa rochense que, al conocer el proyecto del PAP y sus posibles impactos, pasaron a cuestionar la validez económica, social y ambiental de esa obra. En ese contexto, ciudadanos de varias localidades crearon la Confederación de los Pueblos Costeros, exigiendo el derecho a ser informados y a participar en las decisiones sobre sus formas de vida.
El 12 de mayo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez disolvió la CIPAP y, ya sin la calificación de prioridad absoluta dada por su predecesor, retornó la responsabilidad del proyecto de puerto de aguas profundas a la órbita del MTOP.
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(1) Noticias de Presidencia de la República, 17/2/2011 (www.presidencia.gub.uy).
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