ALGO NO ESTÁ CLARO / COLUMNA DE ANTONIO PIPPO PEDRAGOSA

 

He recibido de varias fuentes, con los matices comprensibles, una información que me ha preocupado mucho y que, con los reparos del caso, quiero compartir con los lectores.

Primero: confío en las fuentes referidas, a las que obviamente no identificaré y he contrastado entre ellas lo que me ha sido dicho por cada una. Segundo: no obstante este procedimiento, del todo profesional y responsable, considero necesario plantear la cuestión desde el punto de vista hipotético.

La información aludida converge, expresada en detalles y desde enfoques diferentes, en una presunción: muchos de los casos, especialmente de niños y de personas mayores, adjudicados hoy por el Ministerio de Salud Pública a una suerte de epidemia de gripe y/o de infección bronquial, serían originados por un rebrote del corona virus o covid. En paralelo, esa información sugiere que las autoridades son conscientes de esto y están preocupadas también por cómo algunos CTI llegan al límite de su capacidad.

¿Puede ocurrir esto? Sí, claro, eso no puede discutirse. ¿Sería inquietante? Por supuesto. ¿Entonces?

Mi posición es clara: creo que la simple expansión entre la ciudadanía de esta hipótesis, más aún, incluso, si fuese confirmada, debería haber obligado al Ministerio de Salud Pública, o directamente al vocero principal del Poder Ejecutivo a dirigirse a la opinión pública. Ya no hay GACH al cual recurrir. Y por otro lado, ¿en qué quedó la iniciativa, nunca ratificada oficialmente, que creo partió del entonces ministro Salinas, de llevar la vacunación contra la pandemia sufrida -y que por aquí, me parece que irresponsablemente, se califica superada y sólo se mantienen en pie controles menores- a un ritmo anual, en particular para poblaciones de riesgo?; yo, por ejemplo, que porto en mi organismo hasta la quinta dosis de Pfeizer programada por Salud Pública, caigo en ese sector y estaría en fecha para recibir la próxima dosis: sin embargo, no tengo datos de que se esté vacunando contra el corona virus y nadie, del ámbito oficial, ha hecho mención alguna a esa propuesta.

No deseo extenderme porque no percibo haber perpetrado irresponsabilidad alguna y me parece que todos los lectores han entendido. Sí siento una angustia que no necesito vivir, como tampoco lo merece el resto de la población de esta abnegada sociedad, y que podría disolverse –incluso, y lo aceptaré porque soy un libre pensador crítico con la ética del postulado sobre la idea de dogma, si debo aceptar que mi hipótesis se cae a pedazos ante pruebas objetivas- con rápidas, breves y muy precisas expresiones de quienes corresponda.

¿Acaso es pedir demasiado? ¿Acaso estoy infringiendo alguna ley, alguna norma, o violando el sentido común?

Otra vez recurriendo a mi admirado orientador en el proceso de construcción del pensamiento, Aldous Huxley, “no es necesario insistir en lo necesario que son las palabras en la relación social y la construcción de cultura en el sentido antropológico”.

Y Huxley, en una de sus últimas conferencias académicas, ilustró esto con una anécdota verídica y divertida. El pintor Degas y el poeta Mallarmé eran amigos; a Degas le gustaba, en sus ratos libres, escribir poesías:

-¡Qué cosa terrible, Mallarmé, no sé qué me ocurre! Tengo ideas estupendas, pero cuando las pongo por escrito los versos son muy malos…

Mallarmé respondió, condescendiente: -Mi querido Degas, ocurre que la poesía no se hace con ideas, sino con palabras…

Antonio Pippo nació en Argentina y su familia se mudó a San José siendo aún un niño. Viene ejerciendo el periodismo desde hace sesenta y tres años: prensa , radio, televisión. Fu director de informativos de todos los canales de televisión, públicos y privados. Ha escrito y publicado varios libros. Estudioso del tango, es también artista y participa y ha dirigido espectáculos como empresario durante años.

Son clásicas las columnas que publicó durante años en el semanario Búsqueda y aún en la Agencia Mundial de ensa.

Ha sido docente de periodismo de opinión en la Universidad ORT.

DESDE UNA PERSPECTIVA FRONTERIZA / COLUMNA DE RICHAR ENRY

Fue hace un tiempo atrás cuando dos actores culturales y sociales decidieron promover la discusión de un tema tan álgido como lo es el contrabando, el cual es considerado tabú para algunas personas desde hace mucho tiempo, en el entendido de que se trata de una práctica que atenta contra la producción nacional, un antipatriotismo y un neoliberalismo salvaje que llevaría a gran parte de los uruguayos al desempleo y la ilegalidad.

Pero antes de intentar desentrañar el motivo de esa última calificación jurídica que se le da a la práctica comercial transfronteriza (considerada ilegal y pasible de sanciones penales y administrativas), tal vez debamos empezar por analizar el origen etimológico del término que la tipifica.

Tal como lo descubriéramos en el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo de cara a la realización del documental audiovisual EL POBRE QUE VA POR PAN y del libro QUILEROS, fue en la época colonial cuando los intereses de la Corona española popularizaron el uso de ese término, al prohibir a los pobladores de los límites indefinidos del Virreinato del Rio de la Plata (origen de la aun en ciernes República ubicada al Este del Rio Uruguay) comercializar con los vecinos que acertaban a quedar fuera de los límites geográficos determinados, para frenar la invasión de sus rivales -la Corona portuguesa-, impidiendo así que se continuara llevando a cabo el intercambio habitual de mercaderías, bienes y servicios que permitían la sobrevivencia en esas entre-regiones liminares.

Esas directivas españolas eran comunicadas a los gobiernos locales, representantes de la Corona Española, mediante “bandos” u órdenes con carácter de ley, los cuales con frecuencia llegaban tarde o eran inefectivos para los casos particulares en que España entendía se debían aplicar, razón por la cual estos gobiernos locales decidían “obedecer, pero no cumplir”. De ahí que, pese a que el bando real lo prohibiese, las personas que habitaban ese territorio indefinido siempre comercializaron entre ellas, por lo que se afirmaba que esos comerciantes iban “contra el bando” del Rey de España, es decir, que eran “contrabandistas”.

Ahora bien: aclarado el origen de la palabra, conocidos los motivos que llevaron a condenar esa práctica y tratar a las personas de forma represiva (para impedir la comercialización entre habitantes de “territorios enemigos”), sin ser expertos, deberíamos analizar la legalidad y el valor que dicha idea protectora tiene por la vía de los hechos hoy día.

Quizás siguiendo esa premisa de proteger la producción de este “bando”, transformado luego en república y país independiente, siguiendo el interés comercial y económico de las clases empresariales propietarias de la mayoría de los medios de producción o del comercio internacional más próximo al puerto de Montevideo, el espíritu del legislador haya sido incluir en los texto legales subsiguientes la prohibición de comprar mercaderías de un lado de la frontera y pasarla al otro, tratando de proteger el capital local, aun a sabiendas de que su aplicabilidad real siempre fue imposible.

Lo que no se entiende, es cómo una norma de tales características se mantiene vigente incluso en la actualidad, cuando desde sus orígenes fue violada, transgredida e ignorada, pero que además hoy día ya no tiene casi ninguna producción nacional que proteger. Resulta difícil comprender qué ha llevado a casi todos los legisladores a conservar una ley que contradice un marco regional como el Acuerdo de Asunción (MERCOSUR), que es injusta y que afecta más de lo que beneficia a la mayoría de la población; pero sobre todo, que violenta derechos humanos fundamentales de las personas que habitan en las zonas de frontera, ya que no les permite tener una vida decorosa, les prohíbe adquirir los bienes necesarios para su bienestar en el lugar donde está más barato, sólo porque hay que proteger al importador nacional (que se beneficia de comprar en el exterior lo que no se produce en el país, recibirlo en puerto y distribuirlo con niveles de ganancia exorbitantes, generando incluso monopolios injustos y desleales, que vuelven imposible el acceso a esos productos).

La primera pregunta que nos surge es: ¿por qué puedo elegir dónde comprar dentro de mi ciudad, pero si lo que necesito y es más barato o de mejor calidad está del otro lado de la calle o del río, no lo puedo comprar porque está fuera del territorio nacional? ¿Por qué se aplican impuestos de importación que llegan a superan el valor del propio producto, desincentivando así la importación legal, y no se regula el comercio regional, si estas personas no quieren perjudicar a nadie, no quieren ir presas ni perder lo que tienen, sino que sólo quieren poder ganarse el pan con dignidad?

Éstos y otros conceptos fueron los que movieron a Nicolás Fariña y Richar Enry Ferreira a empezar a cuestionar esta realidad, para honrar la memoria de toda la gente que, de un modo u otro, viajaba a la frontera a ganarse un jornal, y para recordar a los que perdieron su vida en esos caminos y rutas de necesidad a caballo, en bicicleta, en moto o a pie -los cuales han sido plasmados en cuatro esculturas en hierro de más de tres metros de altura que Fariña realizó-. Porque está muy claro que nadie subía a un caballo para tirotearse con la Policía, ni a una bicicleta para que el Ejército le sacara todo, o a una moto para morir aplastado por la carga, o a un ómnibus con bolsitos para que la Aduana le incaute lo poco que intenta pasar, sólo por placer; aquí el factor determinante fue y es la necesidad de un empleo, de un ingreso económico que les diera a ellos y a sus familias un poco de esperanza para soñar.

Obviamente, la decisión de tratar este tema no fue fácil. Poco tiempo antes, una agrupación política de Tacuarembó se había lanzado a la campaña electoral bajo el slogan “Un bagayero, un patriota”, y había sido denunciada por un líder de la oposición política por apología del delito; sin embargo, nada estaba más lejos de esta iniciativa histórica, cultural y social que alentar la comisión de esta práctica ilegal.

No podemos negar asimismo que, ante los cambios y transformaciones de la nueva era política y moral global, por la misma época un legislador llegó a pensar en que se podría despenalizar el contrabando (esto es, que dejara de ser considerado delito), lo cual aunque inédito, no parecía una locura: al fin y al cabo, hasta hace muy poco el aborto era ilegal, consumir marihuana en la vía pública o pensar en la unión conyugal de personas del mismo sexo también. De modo que el foco de estos trabajos se centró en dar la discusión histórica, recordar a aquellas personas y preservar sus memorias de vida.

En próximas publicaciones les seguiremos contando más sobre esta otra perspectiva fronteriza.

RICHAR ENRY FERREIRA - Productor y documentalista, investigador, escritor, periodista y amigo de la naturaleza. 

 

LA OMISIÓN INEXPLICABLE COLUMNA DE ANTONIO PIPPO PEDRAGOSA

 

Si hay algo que no falta en Uruguay son problemas.

Como hablar de todos –o de todos los que parecen serlo, camino que algunos siguen- parece imposible en una reflexión sintetizada como ésta, me centraré en una cuestión que me mantiene confundido.

Si en medio de una crisis económica que no ha cesado uno descubre que el sector que está trabajando a pleno empleo y con fuertes inversiones locales y del exterior es la industria de la construcción, mientras con fuerte sonoridad resuenan protestas por la necesidad de viviendas de interés social para beneficio de los sectores más castigados, es como tropezar con una contradicción.

Sin embargo, luego de analizar con detenimiento el proceso que vivimos, todo responde a una lógica, aunque ésta implique, al menos, omisiones injustas.

¿Qué es lo que mantiene a esta industria empujada por esas inversiones?

Enorme cantidad de altos edificios en distintos barrios distinguidos, así como casas en parques privados. Toda una propuesta variada, básicamente destinada por los precios a la clase alta de Montevideo y del exterior. Como la oferta supera la demanda, está ocurriendo otro fenómeno que da para reflexionar: sobre todo en las modernas e imponentes torres habitacionales gran cantidad de apartamentos vacíos. Ocurre que se han vendido pero no se han ocupado; esa es una inquietud menor de los inversores –en particular argentinos y brasileños, aunque ahora se han sumado chilenos y paraguayos- cuyo objetivo central es dejar aquí sus dólares por los beneficios que nuestra estabilidad implica con respecto a la economía de sus países. ¡Lo de los argentinos es impresionante!

Ahora bien, mientras este proceso se mantenga dentro de la legislación y normas que están establecidas, nada debe objetarse. Salvo, claro, pedir que no se distraigan quienes son los responsables de investigar maniobras de lavado de dinero.

Mientras tanto, el reclamo de una vivienda simplemente digna al alcance de la clase media baja, de los pobres, de los marginales hacinados en barrios invivibles y los ya resignados pobladores de asentamientos que se prometió eliminar, sigue sonando como una clarinada de protesta. Y lo que aparecen son enunciados, alusiones a las dificultades del Estado de invertir en ello y, al fin, el incumplimiento.

Mi sorpresa de estos meses, alimentada día tras día, es la constatación de que hace no menos de veinte años que los gobiernos han dejado de mirar hacia el cooperativismo, que décadas atrás produjo una revolución, sacando de la indignidad a miles de familias con las cooperativas de vivienda, sea por ahorro previo o por ayuda mutua, éste un mecanismo muy conveniente para los más desfavorecidos porque abarata el sistema al sustituir las entregas iniciales y luego mensuales, por trabajo en las obras de integrantes de las familias interesadas en vivir en esos complejos.

Por cierto que conozco los problemas que, sobre todo en la dictadura e inmediatamente luego de ella, se produjeron, sobre todo, por el peso del aumento, ya concluidas las obras, de las cuotas de los préstamos concedidos por el Banco Hipotecario.

Pero también sé que ningún gobierno -¡ninguno, más allá del palabrerío y del invento hasta ahora insuficiente y deprimente del Ministerio de Vivienda!- ha prestado atención al sistema cooperativo para resolver un problema que a todos ellos, durante cada gestión, ha generado una intensa picazón en la conciencia y, está claro, el descenso de las posibilidades de vivir mejor de cada vez más cantidad de familias, la mayoría del país, castigadas por los precios de venta y los alquileres.

Por supuesto que ningún sistema es perfecto y esto vale para el cooperativismo. Sin embargo, siento la necesidad –porque sé de qué estoy escribiendo ya que estuve años en ese escenario- de afirmar que, gratuitamente, cada gobierno de los últimos cincuenta años ha temido que las cooperativas, en especial de personas habitualmente marginadas, se convirtiesen en un comité de base de la izquierda. Que nadie lo niegue porque va a sufrir un topetazo. Y lo que también puedo decir, porque es verdad, es que en las federaciones esa izquierda ha trabajado mucho, pero las cooperativas siguen siendo eso, cooperativas, con una ejemplar convivencia entre quienes tiene ideas de un tipo u otro.

Los asentamientos, con cooperativas por ayuda mutua, una inversión accesible del Estado y usando predios de propiedad estatal o municipal, podrían ser borrados en un par de años de planificada actividad. Lo aseguro sólo como ejemplo. Para otras situaciones, como quienes elijan el sistema de ahorro previo, sólo bastaría que el Hipotecario –acerca del cual he oído que se lo quiere aniquilar- o el rancho pobre del Ministerio de Viviendas ofrecieran préstamos de arranque accesibles y, particularmente, cuotas de pago mensual que contemplen la real situación de los deudores. No es tan complejo. No es imposible.

Qué sé yo. No creo en milagros, así que bastaría para alentar algún optimismo que ese “no ver a las cooperativas” se disolviera y se iniciara un estudio apropiado hasta ver adónde llegamos.

Periodista con 64 años de trayectoria, Fue director de todos los informativos de televisión. Ha estudiado el tango durante decadas y su historia durante décadas y publicado varios libros.

Sobrendeudamiento del Consumidor Columna de Adriana Besso

 

Uno de los temas que nos debe de preocupar en la actualidad es el referido al sobreendeudamiento del deudor civil, y que durante los últimos meses acerca de las consecuencias de esta crisis financiera en los consumidores y, particularmente, en aquellos que se han visto imposibilitados de abonar préstamos en sus diferentes modalidades, pero incluso más aún el que está garantizado con una hipoteca como es la vivienda habitual o una prenda que utiliza ese coche como modalidad de trabajo, su medio de subsistencia es visto como la situación en la cual una persona presenta un déficit económico por deudas contraídas por el consumo de bienes y servicios, incluyendo el sobreendeudamiento del consumidor o la insolvencia familiar. La problemática del crédito y del consumo no es nueva en el ámbito de la protección del consumidor y los antecedentes en nuestra región latinoamericana son, aunque no extensos, si significativos. El endeudamiento del consumidor se define como un estado de exceso de deudas, que no implica necesariamente el incumplimiento de sus obligaciones que llevan a situaciones de ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. La condición del consumidor sobreendeudado se da por encontrarse en crisis o bancarrota, siendo que su salario se ve mermado con retenciones diversas, resultando el remanente insuficiente para solventar sus necesidades vitales diarias. Al menos el consumidor carece de activos y si los posee, éstos son mínimos y su capacidad económica para generar ingresos y/o retribuciones de su trabajo son insuficientes para una vida digna. El sobreendeudamiento se desencadena cuando el consumidor contrae una serie de obligaciones crediticias que al final del mes no puede pagar con sus ingresos mensuales. En América Latina y en particular en los países del MERCOSUR, el acceso al crédito ha fluctuado entre la casi inexistencia de este mecanismo hasta el escenario actual donde predomina una fuerte oferta de créditos y una inducción al endeudamiento. La historia de los créditos ofrecidos a los consumidores tanto en el aspecto del acceso a los mismos como en el relacionado a las situaciones en las cuales las deudas pasan a ser un serio problema para el desarrollo personal y familiar ha seguido en los países latinoamericanos un derrotero similar que presenta características comunes. Es así como es posible identificar estadios iniciales en los cuales el acceso al crédito estaba relacionado con el acceso a la vivienda – y de allí el auge de bancos e instituciones financieras principalmente del Estado que entregaban préstamos con garantía hipotecarias a plazos extensos y con tasas de interés que podríamos llamar “sociales” -, los cuales dieron pie luego a un escenario muy diferente, primero con el constante aumento de la masividad del acceso a las tarjetas de crédito, un mundo al que unos treinta años atrás sólo accedían los estratos sociales con ingresos medios altos y altos, y que hoy ha derivado en la entrega indiscriminada de plásticos y al nacimiento de tarjetas emitidas por comercios o redes comerciales que financian las compras en las tiendas. Este fenómeno está asociado de manera directa al aumento del riesgo de endeudamiento dentro de parámetros que podríamos denominar alarmantes. En este cuadro el bienestar de los consumidores se pone en riesgo al producirse situaciones peligrosas como son las relacionadas con el sobreendeudamiento de las personas y de las familias, lo que conlleva a crisis sociales tanto en el ámbito privado como en el público. Necesito hacer las compras para la semana y me dispongo a revisar cuánto dinero tengo en efectivo y me doy cuenta que no tengo lo suficiente, ante esta situación decido utilizar mi tarjeta de crédito y me dirijo al supermercado para hacer las compras necesarias, yo sé que lo voy a pagar, dentro de 15 o 20 días dependiendo de las fechas, y no me es imposible llegar a hasta el día que me depositan mi sueldo; sin embargo, no me había dado cuenta que mi recibo de luz había llegado y lo debo pagar, otra vez utilizo mi otra tarjeta de crédito, continúo utilizando otros medios de crédito financieros hasta llegar a un sobreendeudamiento por consumo. El ejemplo recreado nos introduce al tema principal de la rehabilitación financiera de los consumidores y usuarios sobreendeudados por créditos de consumo. El consumo exacerbado, es incluso respaldado y potenciado por la publicidad, que invade la sociedad desde cualquier medio de comunicación, promoviendo el continuo consumo. Esta sobreproducción descontrolada y la vorágine consumista, no sólo han afectado en el ámbito político, económico y social, sino que además comienzan a intervenir hasta en aquellos aspectos tan vitales como lo son el medio que sostiene la vida humana- el medio ambiente- Evidentemente que es como un círculo vicioso, la persona a veces no tiene esa libertad, es muy fácil criticar al otro y decir, ¿para qué pediste un préstamo? Porque de repente en ese momento lo necesité y estaba seguro que lo iba a poder pagar, pero quizás luego me fue mal, me enfermé o perdí mi trabajo. Y ahí esa persona no tiene idea de cómo poder salir.Es nuestra opinión se venía vislumbrando que de esta crisis aumentó con la pandemia no es ajeno, como indicador y como dato de la realidad el hecho del aumento descontrolado y desbalanceado del crédito. Si bien ya venía de otras crisis, pero aquí el sistema financiero ha salido a ofrecer todo tipo de préstamos al consumidor de todas las maneras posibles. Es más, está en la génesis y en el basamento de ella que se haya abusado de la oferta de créditos a los consumidores sin contrapartidas necesarias y hasta obligatorias: información adecuada, represión de prácticas abusivas y de violaciones a derechos básicos de los consumidores, ordenamiento del mercado y, sobre todo, control de las actividades de bancos y de empresas financieras, avance en la legislación protectora de los derechos de los consumidores en relación a sus finanzas y en la solución de los problemas de endeudamiento y sobreendeudamiento. Es fundamental que se entienda que detrás de promedios y estadísticas hay personas, que ninguna mano invisible del mercado vendrá a poner orden y a encausar su derrotero sino que serán las acciones concretas y correctas de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de los países y del mundo lo que hará que el bienestar de los consumidores sea una realidad y no una mera quimera. Es indispensable implementar acciones que promuevan un crédito responsable o sea, que se concede con criterios correctos y racionales, donde el consumidor puede hacer una elección que cuente con información clara sobre las condiciones y las consecuencias no sólo de lo que implica asumir un crédito sino también de lo que este significará para el futuro de esa persona o familia, y donde existan mecanismos que permitan que las personas puedan salir de situaciones extremas que afecten su ámbito familiar, laboral y social. En este último sentido, es imperioso que de la misma manera en que se ha expandido la oferta de créditos y se ha potenciado por parte de los estados y de la banca y el comercio esa oferta, existan también mecanismos que auxilien y pongan a salvo de situaciones que se generen por el uso inconveniente de esos créditos, ya sea a través de amplios programas de educación e información a los consumidores como de legislación que los ampare cuando esas infortunadas situaciones acaecen. La información que actualmente reciben los consumidores en relación con los créditos de consumo proviene casi exclusivamente de los datos y la publicidad que realizan los bancos y otras entidades financieras. Se trata de una información que, en muchos casos, es poco clara y carece de la objetividad, transparencia y suficiencia que exigen las leyes de protección del consumidor. Si a la ausencia de una información responsable se agrega la insuficiente oferta de programas o políticas que se orienten a capacitar al consumidor en aspectos relacionados con el manejo de sus finanzas y del presupuesto familiar, es evidente que estamos ante un cuadro donde la posibilidad que un consumidor llegue a situaciones de endeudamiento insostenible tiene una alta probabilidad.

Adriana Besso Guillen

Consultora especializada en temas de defensa de derechos de consumidores y usuarios. Especializada en Ley de Relaciones de Consumo, y, Ley 18242 de Usura, Master en Educación Financiera. Asesora a entes gubernamentales, estudios jurídicos y organizaciones de los derechos del consumidor en diferentes países. Conferencista y organizadora en diferentes cursos y seminarios de la especialidad en los distintos países. Presidenta de la Asociación Nacional en Defensa de los derechos de Consumidores y Usuarios, y Presidenta Internacional en los Derechos del Consumidor. Consultora del BID. Consultora de NNUU. Creadora de Proyecto en Ministerio de Vivienda Fondo de Garantía de Alquileres. Asesora en Parlamento en distintos temas, y en diferentes Asociaciones de la materia Chile, España, Argentina. Miembro integrante de la Fundación de España para Consumidores. Trabaja en temas puntuales en Consumer International, organismo de derechos del consumidor con sede en Santiago de Chile para América Latina y sede en Londres para el resto del mundo

Participa en Instituto de Derecho Comercial Universidad de Chile sobre consumidores y usuarios activamente. Como también de Universidad Diego Portales de Chile. Miembro Instituto Derecho Consumidor Argentino de la AAJC, y miembro Adjunto de A.A.J.C

PROMETO Y JURO / COLUMNA DE CARLOS CASTILLOS

 

Este lunes 19 de junio de 2023, temprano en la mañana, la temperatura ambiente rondaba el cero grado y tal vez menos en algunas zonas del país. Pese a que ese día es feriado y no funcionan, entre otros, los centros de enseñanza, igualmente se pudo ver, antes de la salida del sol, a niños y adolescentes, circulando muy abrigados, y dirigiéndose a su lugar de estudios. Es que, como cada año, rige aún la obligatoriedad de “prometer” la bandera, para los más chicos, y “jurar” la bandera, los más grandes. A partir de las 8 de la mañana, (aunque en otros lados lo hacen más tarde) los docentes y los estudiantes deben reunirse, generalmente en un patio abierto (tiritando y congelados de frío), para la “solemne” ceremonia, que dura un promedio de 10 a 15 minutos. Entrada de pabellones, Himno Nacional y Marcha A mi Bandera. Generalmente es eso y, en algunos casos, se incluyen algunas “palabras alusivas” de algún/a docente. Me atrevería a apostar que, si le pregunta usted a cualquier compatriota, en cualquier parte del país, qué es lo que jura, no sabrá contestar. Y mucho menos sabrán responder los niños de primer año de Enseñanza Primaria, a quienes obligan a “prometer” la bandera. Bueno, preste atención a lo que dice el adulto, enseguida de la ejecución del himno, y, en algunos casos, manteniendo la redacción original en el castellano castizo: “¿Juráis honrar vuestra Patria, con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes; defender con sacrificio de vuestra vida si fuera preciso, la Constitución y las Leyes de la República, el honor y la integridad de la Nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta Bandera?”. Y quienes prestan juramento, contestan a coro: ¡Sí juro!... o la variante, para los más chicos: “¡Si, prometo!”. Si el uso de castellano castizo es una aberración, la porfiada decisión de direcciones e inspecciones educativas (no todas, claro) de disponer que el acto se haga a las 8 de la mañana también lo es. Porque la hora del acto no está en la norma. ¿Qué sentido tiene la ceremonia?. Y realizarla el día del nacimiento de José Artigas, que no tiene nada que ver con el Pabellón Nacional, ya que se fue de esta zona, en 1820, mucho antes que otros hombres y mujeres decidieran apoyar el nacimiento de un país al que llamaron República Oriental del Uruguay. UN POCO DE HISTORIA La obligatoriedad de “jurar o prometer” fidelidad y respeto a la bandera nacional data de 1940. El 20 de Julio de ese año se aprobó la Ley 9.943, de Instrucción Militar, que en el artículo 28 establecía: “Todo ciudadano natural o legal está obligado a prestar juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, en acto público y solemne. La Universidad y la Enseñanza Secundaria, así como todos los Institutos Privados de Enseñanza Secundaria y Profesional dispondrán que en sus respectivos locales, los alumnos presten juramento en idénticas condiciones”. Y establece a continuación: “El Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social no expedirá títulos profesionales o técnicos, sin que el interesado acredite en forma el cumplimiento de esa obligación”. La norma se extendió a Primaria y desde el Primer Año de este ciclo se le impone al niño una limitación, a estas alturas anacrónica, obligándolo a un acto con la advertencia de que si no lo cumple, no podrá acceder a determinados derechos, cuando sea adulto. Hay otro detalle insólito. El 2 de octubre de 1979, mediante la Ley 14.939, se derogó la Instrucción Militar obligatoria que regía desde 1940 pero, para sorpresa de muchos, se mantuvo el artículo 28. Este que hace referencia a la “obligatoriedad“ de jurar la Bandera. “A todas luces es una especie de sinsentido si no fuera una total falta de respeto” escribió el profesor Leonardo Borges en uno de sus libros “La historia escondida del Uruguay-Tomo I”. Coincido en que “la función básica (de esta disposición) ya no tiene sentido, pues fue creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”. Claro que los políticos -gobernantes y oposición- están más preocupados en estos tiempos por la falta de agua, la inseguridad, la carrera electoral y otros asuntos, no siempre de interés general de la gente común. Pero podrían tomarse un tiempito para detenerse a pensar y cambiar esta situación. Como escribe también por allí el profesor Borges: “Cuando la historia oficial se convierte en ley y condiciona las conductas, es momento de repensarla”.

*Carlos Castillos - Docente y periodista, trabajó en Radio Chuy, Difusora Rochense, El Espectador, Radio Carve, CX 30 La Radio, Emisora del Palacio FM y CX 36 Radio Centenario. Además fue corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa en Uruguay, Argentina y Paraguay durante 22 años. Es egresado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) como Entrenador de Fútbol y desde el 2010 impulsa el Movimiento de Cine Con Vecinos-Uruguay que se dedica a producir documentales comunitarios y a talleres básicos en todo el país. Desde el 2011 participa del Movimiento ARA (Artistas Rochenses Amigos) para publicar y difundir obras de creadores de la zona.