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Hace 31 años que terminó la dictadura en Uruguay y, sin embargo, nuestro Estado no termina de saldar su deuda con las víctimas.
Ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo y en el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Ley Nº 18.033, de recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios de los ciudadanos que no
pudieron acceder al trabajo entre 1973 y 1985, representantes de la sociedad civil y de reconocidos organismos internacionales reclamaron la
distinción en el Estado entre una reparación económica y los derechos pensionales, por la inclusión de los ignorados en la ley así como de sus
cónyuges e hijos.
Invitados a comentar sobre las normas que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia desde la perspectiva de las normas de derechos humanos, todos los integrantes del panel coincidieron en que laAyer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo y en el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Ley Nº 18.033, de recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios de los ciudadanos que no
pudieron acceder al trabajo entre 1973 y 1985, representantes de la sociedad civil y de reconocidos organismos internacionales reclamaron la
distinción en el Estado entre una reparación económica y los derechos pensionales, por la inclusión de los ignorados en la ley así como de sus
cónyuges e hijos.
reparación es la principal materia pendiente. “Durante mucho tiempo se estableció que si se buscaba la verdad, había que sacrificar la
justicia, y, de la misma manera, se intentó crear un clima adverso para el concepto de reparación, aun cuando la historia universal revela de manera muy clara que no es así”, consideró el profesor Gerardo Caetano.
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10 años de la aprobación de la Ley 18.033 - la diaria
