La repercusión generada por nuestra nota anterior sobre la pena de muerte y el considerable aumento experimentado por hechos violentos, están demostrando que la sociedad fronteriza está preocupada por una situación delictiva que en algunos casos escapa al control de las autoridades. Nos parece correcto y hasta necesario que los lectores participen del debate y expongan sus ideas, dentro del marco legal de estar utilizando el sagrado derecho a la libertad de manifestar su pensamiento. Sin embargo cuando los medios denuncian determinados casos de violencia, como los que nos ocuparon la semana anterior, surgen como por arte de magia los ataques a estos medios, como si fueran ellos los responsables de esta situación. Se pretende de alguna manera transferir la responsabilidad de algunos acontecimientos a los medios de comunicación, señalando que la divulgación de los mismos estaría contribuyendo al aumento de la delincuencia. Como lo señalamos en otras oportunidades existe un principio universal que se practica en todos los países democráticos, donde se establece que bajo ningún concepto se puede negar la información periodística relacionada con aquellos hechos que de alguna manera interesan a la población. Sin embargo no siempre las cosas suceden de esta manera y mientras por un lado se garante la más amplia libertad de expresión desde otros sectores interesados se pretende culpar a la prensa de algunos hechos de violencia que se han denunciado en el ámbito departamental. Cuando esto sucede es porque algo no anda bien, algo está errado y si algo está errado hay que cambiarlo.
