Escribe la Socióloga Ana María Arteaga
Socióloga, licenciada en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de distintas agencias de cooperación europeas en materias de género, pobreza y desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes y líderes sociales en materias de género y teoría feminista. Ha participado en proyectos de su especialidad financiados por Cepal, Bid y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población, UNFPA.
Sin duda, tras las movilizaciones populares conocidas como el Estallido social de octubre 2019, y en pleno desarrollo del apretado calendario electoral, eje maestro del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución propuesto por los partidos políticos en noviembre del mismo año como única salida factible ante la grave crisis en que se encontraba el país, resulta evidente que Chile hoy ya no es el mismo.
¿Cómo se explica entonces que apenas transcurridos 18 meses desde los inicios de las revueltas populares, ya se hayan producido transformaciones sociales y políticas irreversibles, entre ellas un quiebre profundo y el descrédito total del neoliberalismo imperante desde los 80´? ¿Que múltiples actividades en todo el territorio continúen ratificando el fin definitivo de la anestesia que durante más de 30 años nos mantuvo inmóviles? ¿Y que en un futuro cercano nos encontraremos en multitudes recorriendo las Grandes Alamedas, en una fiesta abierta y libre celebrando la promesa que el Presidente Salvador Allende nos hiciera desde la Moneda, mientras l aviones bombardeaban el Palacio Presidencial el 11 de septiembre de 1973?
A la hora de intentar una lectura, sin desconocer los efectos de la pandemia como factor de incidencia en los cambios habidos en el país, (y probablemente en los que vengan) es preciso tener en cuenta algunos elementos de relevancia en la configuración del escenario político y social actual.
Como es, por ejemplo, que la ciudadanía clame por una Constitución donde sea el pueblo en su conjunto quien decida cómo conducir los destinos del país, voluntad mayoritaria cuyo trasfondo trasluce un hito histórico definitivamente insostenible: el hecho que en Chile ninguna Constitución ha sido producto de la voluntad popular, puesto que desde los albores de la República siempre han sido elaboradas por minúsculas elites ensimismadas en sus propios intereses.
Otro factor que está jugando un papel importante en la escena nacional, es el hecho que desde el 2012 la inscripción en el Registro Electoral en el país es automática a los 18 años y el voto, que hasta entonces había sido obligatorio, pasó a ser voluntario. Con el cambio de la legislación, se buscaba conseguir una sustancial disminución de las décadas de apatía ciudadana tras cada convocatoria electoral.
Pero no fue así: la abstención no sólo no disminuyó sino que por el contrario, se acrecentó: en las elecciones municipales de 2016, del total cercano a 14 millones de personas que en principio debieran haber concurrido a los recintos de votación, apenas lo hicieron poco más 4, 8 millones (34% del electorado), uno de los mayores porcentajes de abstención registrados desde la vuelta a la democracia en 1990, ratificándose con ello la escasa confianza de la ciudadanía en el sistema político y los partidos, ya harta de situaciones de impunidad como la que aún persiste en los casos de corrupción parlamentaria donde estuvieron incriminados transversalmente numerosos integrantes del Congreso, o la inacción ante el desvergonzado financiamiento irregular de éstos en las campañas electorales.
Un camino a contracorriente
En este contexto, no es de extrañar entonces que una de las principales preocupaciones surgidas tras la firma del Acuerdo por la Paz Social en noviembre de 2019, se haya centrado en la naturaleza ilegítima de su origen, y que este rasgo contribuyera a incrementar aún más la abstención del electorado. Ello, por cuanto la fórmula para terminar con la crisis de gobernabilidad imperante , fue iniciativa de los partidos políticos y no del Ejecutivo, como era de esperar, atónito e incapaz de reaccionar ante la gravedad de la situación.
Fue así como en una suerte de malabarismo inesperado, el oficialismo y la oposición de pronto concordaron en la necesidad de elaborar una nueva Carta Fundamental para poner fin a la heredada del régimen militar, y sorprendiendo al país con la presentación de un mecanismo posible para alcanzar dicho propósito.
Obviando el comportamiento histórico del electorado, la fórmula del Acuerdo por la Paz Social ( que pese al nombre no hace mención alguna a los Derechos Humanos) proponía mediante un apretado calendario electoral, generar una nueva Constitución, donde cada convocatoria implicarían, además de una participación activa del electorado en tanto soberano de los destinos de la nación, el acatamiento a determinados procedimientos que conducirían paso a paso hacia a un Nuevo Contrato Social.
Sin duda, se trataba de una apuesta bastante insólita, porque dirigida a un país donde no existen espacios de participación ciudadana (salvo las periódicas convocatorias a elecciones); donde la representatividad de los procesos electorales han estado en permanente entredicho debido a los altos índices de abstención, y donde el mecanismo propuesto suponía un cambio difícil de conseguir en la conducta electoral de la ciudadanía, dada la reiterada desconfianza en el sistema electoral como procedimiento para la generación de cambios.
Aunque el Acuerdo por la Paz Social contenía un tácito reconocimiento respecto a la ilegitimidad de la Constitución de 1980, y también al clamor de la ciudadanía exigiendo su caducidad, la fórmula propuesta por los conglomerados políticos ( aplaudida por el Ejecutivo y el oficialismo agobiados por descalabro de su gestión) no tuvo la acogida que esperaban, dando lugar a severas críticas. Fundamentalmente, por la naturaleza evidentemente espuria del documento ( concebido entre cuatro paredes y de espaldas a la ciudadanía), y porque además provenía de la institución peor evaluada por la población.
Y no serían los únicos cuestionamientos que surgirían frente a la propuesta del Acuerdo. Parte importante de ellos apuntarían al contexto en que se encontraba inmerso el país, enmarcado dentro de un Estado de Excepción Constitucional y Toque de Queda que ha operado ininterrumpidamente desde marzo de 2020, manteniendo hasta el día de hoy severas restricciones a los derechos individuales y libertades de la población. De hecho, aunque tales medidas fueron instauradas inicialmente con el propósito de controlar la rebelión popular, el gobierno ha conseguido renovarlas sistemáticamente con la anuencia del Congreso, insistiendo en que representan condiciones indispensables para enfrentar la pandemia.
Pero a esta argumentación la desmienten hechos y cifras, puesto que tras más de un año de aplicación, es del todo evidente que los niveles críticos de saturación hospitalaria y los crecientes índices de contagio y mortalidad ( que a la fecha superan 40.000 personas fallecidas), no se deben a la irresponsabilidad de la población como se intenta dar a entender, sino que son consecuencia directa de la priorización que el Ejecutivo ha insistido en otorgar a los efectos económicos de la pandemia, haciendo caso omiso a las indicaciones de los cuerpos médicos y de científicos tanto nacionales como del exterior, desestimando con ello los dramáticos efectos que sus políticas (o ausencia de las mismas) siguen provocando en amplios sectores de la población.
Otro elemento que concentró severas críticas entre especialistas y actores interesad@s en participar en la elección de Convencionales Constituyentes, fue el hecho que los escrutinios serían regidos por el método D´Hont, sistema que al favorecer abiertamente a los partidos políticos y sus coaliciones, introducía a una grave distorsión en el proceso electoral. Ello, por cuanto tal procedimiento contravenía de manera flagrante la opción adoptada en el Plebiscito Nacional, donde mayoritariamente la voluntad popular se había inclinado por una Constituyente integrada 100% por independientes, excluyéndose así cualquier injerencia de entidades político partidarias.
Con la aplicación del mencionado sistema no solo se estaba admitiendo la intromisión de los partidos políticos en la contienda electoral, sino también reforzándose el hecho que tal método (vigente en Chile desde 1925) ha impedido históricamente que candidaturas no partidarias puedan competir en procesos electorales.
Tras la presión ejercida por una diversidad de actores, en marzo 2020 se logró finalmente aprobar una Reforma Constituyente Transitoria dentro de la cual, junto con la eliminación de algunos de los obstáculos para la presentación de candidaturas no partidarias, se introdujo la exigencia de paridad entre hombres y mujeres tanto en la presentación de candidaturas como en los resultados de los comicios.
Sin embargo, dado el carácter transitorio de la enmienda constitucional, ambos aspectos sólo serán aplicables dentro del marco electoral consignado en el Acuerdo. De este modo, no obstante las impresionantes marchas y movilizaciones feministas habidas en todo el país, el cambio conseguido en el Congreso no incluyó la obligatoriedad de la paridad en todo el sistema institucionalidad nacional, ni eliminó definitivamente las barreras que impiden a independientes ingresar a los órganos representativos elegidos por votación popular.
Por efecto de las modificaciones introducidas en la Reforma Transitoria a la Constitución, para la elección de Convencionales Constituyentes se abrió la posibilidad de presentación de independientes bajo tres modalidades: en listas propias, dentro de las listas de partidos, y fuera de listas. Sin embargo, se mantuvieron barreras que los obligó a competir en desventaja frente a los partidos políticos; entre otras condiciones que les eran desfavorables, a les candidates independientes se les impidió establecer pactos nacionales ( como se permitía a los partidos) y no se les otorgó igualdad de oportunidades en la franja nacional gratuita que se emite durante la campaña electoral.
No obstante, pese a las críticas y la nula confianza en la apuesta y el procedimiento, el camino propuesto por el Acuerdo por la Paz Social no sólo se ha cumplido tal como previsto sino que, además, ha traído consigo sorpresas que han logrado estremecer los cimientos mismos del modelo neoliberal de economía de mercado y del sistema político vigente en el país, ejes medulares que desde la recuperación democrática de los 90, todos los gobiernos habidos hasta ahora, sin excepción, han mantenido sustancialmente.
Contra todo pronóstico, se despeja la cancha
En lo fundamental, el itinerario propuesto en el Acuerdo por la Paz Social se iniciaba con el llamado a Plebiscito Nacional donde cada elector/a debía pronunciarse en una misma cédula, respecto a dos consultas: si quería o no una nueva Constitución, (para lo cual se debía marcar Apruebo o Rechazo), y qué tipo de entidad tendría que encargarse de su redacción en caso del consentimiento mayoritario en favor de una nueva Carta Magna. En dicho caso, se precisaba elegir entre una Convención Mixta, compuesta en un 50% por parlamentarios designados y el resto por independientes, o una Convención Constitucional, integrada en su totalidad por independientes sin militancia partidista.
Este primer paso del calendario electoral se llevó a cabo el 25 de octubre 2020 con una participación del 50,95% del total del electorado, cifra que si bien continuó siendo baja, fue el mejor porcentaje conseguido desde que se impuso el voto voluntario. De igual manera, el Apruebo sobrepasó todos los pronósticos al obtener el 78,28% de los votos, estableciendo un hecho histórico que ratificó contundentemente la voluntad popular de terminar con la Constitución del 80´.
Rechazo, en cambio, sólo alcanzó el 21,72% de la votación, que se concentró en el electorado de las cuatro comunas (municipios) de más altos ingresos de la capital. A su vez, la ciudadanía se pronunció con un tajante 79% de los votos emitidos por la alternativa de establecer una Convención 100% independiente, confirmándose de esta manera el repudio mayoritario a la injerencia político/ partidaria en la redacción de la Nueva Constitución.
Una vez resueltas las dos primeras interrogantes planteadas en el Acuerdo, el paso siguiente en el calendario electoral implicaba una nueva convocatoria esta vez para elegir, siempre mediante voto voluntario, a las 155 personas que integrarían la Convención Constituyente, cifra que corresponde al número de integrantes de la Cámara de Diputados elegidos según distritos electorales.
Mega evento con más viento en la camiseta
Junto con la elección de Convencionales Constituyentes, en esta ocasión el llamado a la ciudadanía representaba un desafío particularmente complejo, puesto que a las precauciones inherentes a un contexto de aumento constante de contagios y de crisis hospitalaria en todo el territorio nacional, se unía el hecho que en la misma convocatoria se incluía la elección simultánea de Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales.
Se trataba en efecto de comicios singularmente inusuales: la convocatoria significaba llevar a cabo 5 elecciones simultáneas; la concurrencia a las urnas se realizaría en dos días ( 15 y 16 de mayo); debutaban en todo el país dos cargos de elección popular (l@s Convencionales Constituyentes y los Gobernadores regionales), y por primera vez a nivel nacional se aplicaría la paridad de género y se añadiría un padrón especial para que los pueblos originarios eligieran a sus propios representantes en la Constituyente.
Así, en estas elecciones donde se presentaba un total de 16.730 candidates, cada votante recibió 4 cédulas: para elegir a los Convencionales Constituyentes según distritos electorales, para Convencionales Constituyentes de pueblos originarios ( destinados a electores/as previamente inscritos como tales), para Gobernadores Regionales, y para Alcaldes y Concejales.
Aunque a las respectivas categorías de cédulas se les asignó un color diferenciador, debido a la cantidad de candidates inscritos para cada elección por distrito, hubo papeletas cuyo tamaño no facilitaba precisamente la tarea al elector/a al momento de encontrar y luego marcar su preferencia. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en algunas de las 346 comunas (municipios) existentes en el país, donde el número de concejales a definir exigió confeccionar cédulas de 46 x 63 cm, con la consiguiente dificultad a la hora de respetar los dobleces obligatorios para introducirlos en la urna. Similar situación se dio con las papeletas para Convencionales Constituyentes (donde algunas medían 42 x 54,7 cm) y las correspondientes a Convencionales Constituyentes mapuche, cuyos votos medían 26,5 x 50, 5 cm.
Pese a las dificultades señaladas, en medio de un contexto pandémico peor que el vivido durante el Plebiscito Nacional, y un Estado de Excepción Constitucional que aún se mantiene en todo el país, Chile continuó en esta ocasión abriendo camino hacia un horizonte no tan lejano de cambios profundos en el país.
Ello, por cuanto además de representar el primer país en el mundo en elegir una Convención Constituyente paritaria (que además incluye escaños reservados para los pueblos originarios), el electorado consiguió por tercera vez consecutiva (esta vez con 77 candidatos electos) propinarle a los conglomerados de derecha una contundente derrota: los 37 escaños que lograron estuvieron muy lejos de los 55 a los que aspiraban (equivalente a 1/3 del total de la Constituyente), cifra que les habría permitido ejercer poder de veto y con ello impedir la introducción de cambios sustantivos en la Nueva Constitución.
Sin duda los grandes ganadores en la elección de Convencionales, fueron les candidates independientes (mayoritariamente ajenos a partidos políticos) cuyo triunfo consiguió además empujar a integrantes de la ex Concertación de Partidos por la Democracia (gobernante durante el período 1990-2010) a un cuarto lugar en términos de escaños logrados.
¿Quiénes son estos nuevos personajes?
A grandes rasgos, es posible señalar que les independientes representan el grupo más joven dentro de la Constituyente, con un promedio de 41 años; que del total de sus 155 integrantes, 77 son mujeres y 78 hombres; que 17 pertenecen a pueblos originarios, con una edad promedio de 48 años y que en dicho grupo hay una machi y que del total de contribuyentes, 105 no militan en partidos políticos. En relación a su profesiones, se observa la presencia de 61 abogad@s que ejercen o tienen algún grado en esa área; 10 escaños son ocupados por ingenier@s y 19 Constituyent@s son docentes, concentrándose mayoritariamente en el área de Historia. Cabe agregar que la gran mayoría de integrantes de la Convención Constituyente , carecen de experiencia mediática y comunicacional.
Desde el punto de vista de su trayectoria, cabe destacar que un número considerable surgió en términos de liderazgo al alero de las protestas. Lo que sí queda claro, es que la mayor parte ya contaba con sólidas trayectorias en organizaciones y movimientos sociales territoriales y habían desarrollado un destacable trabajo de activismo social y ambiental, visibilizando problemáticas relacionadas con los estragos causados en sus regiones y localidades por megaproyectos mineros, de ingeniería y de monocultivos, entre otros, coincidiendo todos en denunciar el total abandono e indiferencia del Estado frente a tales situaciones.
¿Que otros rasgos tienen en común estos 77 Constituyentes independientes? Aunque no representan un grupo homogéneo en su gran mayoría coinciden en la necesidad de realizar cambios profundos al modelo. Esto es, poner fin a la subsidiaridad del Estado; eliminar la economía extractiva dominante; la introducción de cambios profundos en el sistema de previsión social; la recuperación de las tierras ancestrales de los pueblos/naciones originarias, y garantizar el derecho a una educación y una salud de calidad y gratuita.
Son precisamente estos rasgos compartidos y el significado de los los pasos ya cumplidos del calendario electoral, los que permiten anticipar la configuración de un nuevo mapa político económico en el país.
La sobrevivencia de lo viejo y la emergencia de lo nuevo
Efectivamente, en un contexto marcado por una deficiente gobernanza de la pandemia (tragedia que no amaina), los resultados del proceso electoral han traído consigo considerables sorpresas, que estarían confirmando dos rasgos que comienzan a destacarse en el escenario nacional.
Por una parte, el resquebrajamiento del neoliberalismo a ultranza dominante hasta la Revuelta social de octubre 2019 y, por la otra, el nacimiento lento aunque persistente de un cambio epocal, contexto donde aún conviven rasgos de lo viejo ( una institucionalidad inoperante y parte del neoliberalismo sobreviviente) que no termina por irse definitivamente, con lo nuevo , donde cada día con mayor fuerza emergen formas inéditas de visualización de lo político, lo económico y lo social, que ignoran los códigos tradicionales y transcurren fuera de las fronteras impuestas por las elites dominantes, optando en cambio por una democracia más directa, participativa, descentralizada basada en los territorios, en la defensa de los derechos humanos, el ejercicio transversal de la paridad, el reconocimiento de los pueblos originarios, y el cuidado y protección del medio ambiente, entre otros principios definitorios.
Cabe señalar al respecto un rasgo histórico crucial que los análisis suelen pasar por alto: el hecho que el movimiento reconocido como el Estallido Social de octubre 2019, no se originó en Santiago ni por el aumento de $30 en el boleto del Metro, como suele consignarse.
En realidad, los movimientos, el activismo y las demandas de sociales que alimentaron la rebelión ciudadana no son recientes. Por el contrario, nacieron mucho antes que el 18 de octubre como de señala y se iniciaron en las regiones, en localidades y territorios arrastrándose por años, incluso décadas, sin que el Estado ni los medios de comunicación les hayan puesto atención.
Efectivamente, fue la violencia por la acción (u omisión) total del Estado tras la imposición del modelo neoliberal y los consiguientes años de abusos, impunidad y segregación, los que generaron en la población una profunda rabia contra un ente que además de excluirlos del mercado, los condenaba a sobrevivir en una vulnerabilidad impermeable a todos sus esfuerzos de progreso.
Este resentimiento acumulado en los territorios y su impotencia ante la instalación de industrias contaminantes, la degradación de glaciares, tierras, bosques y humedales; la instalación de megaproyectos hidroeléctricos en territorios ancestrales; la pesca indiscriminada de especies marinas en manos de un puñado de familias de empresarios y el acaparamiento del agua dejando a poblados completos dependientes de aljibes municipales, fueron los gatillantes de la rebelión generalizada que se expresó finalmente en octubre 2019.
Los líderes y activistas de estos movimientos sociales territoriales, en octubre 2019 se encontraron y reconocieron el un clamor común en la Plaza de la Dignidad, espacio compartido que puso fin a infructuosos años de luchas atomizadas sin respuestas. Ahí, la represión vio nacer a grupos de primera línea y a los equipos de defensa jurídica, de primeros auxilios y de asistencia sanitaria. Simultáneamente, en los barrios y plazas volvieron las Ollas Comunes y surgieron asambleas comunitarias y colectivos de discusión y aprendizaje político. Se trataba de organizaciones espontáneas, sin jerarquías ni verticalismos, que funcionaban con vocerías no permanentes de modo de evitar los personalismos. Todo ello, sin los vicios inmovilizantes de las estructuras tradicionales de la política.
Tales fueron los antecedentes que condujeron a los resultados del Plebiscito Nacional de octubre 2020. Definitivamente, existía conciencia en los movimientos territoriales que compartían un horizonte y objetivo común: despojar del poder a quienes siempre lo habían tenido, para lo cual era necesario derrotar en las urnas las elites económicas y políticas.
Sin palabras pero ¿con una carta en la manga?
Al tenor de los resultados obtenidos en el proceso electoral y en particular frente al desafío que representaba el balotaje en la Región Metropolitana para definir el cargo de Gobernador/a entre un postulante de la Democracia Cristiana (Orrego) y una de izquierda (Oliva), no cupo dudas cual sería el comportamiento que asumiría el oficialismo, cuya candidata de primeras había logrado apenas una tercera posición en las urnas.
Aunque de mala gana, como era de prever, la derecha prefirió votar en bloque por un adversario político, para no repetir el desastre que acababan de sufrir al perder la emblemática Alcaldía de Santiago en manos de una abogada joven, feminista y, peor aún, militante comunista.
El efecto de la opción de salvataje de la derecha se constató pronto en las tres comunas del Rechazo (Vitacura, Las Condes y La Dehesa), donde Orrego en el balotaje triplicó la votación que había logrado en la primera vuelta. También, que el miedo había sido un buen aliciente: la participación del electorado de tales comunas en la segunda vuelta fue superior al 45%, mientras el promedio de concurrencia en las demás del Área Metropolitana batió un negativo récord histórico, ya que ni siquiera llegó al 20% del total esperado.
Aunque con su apoyo la derecha evitó se instalara en la capital del país una Gobernación de izquierda, los resultados obtenidos por este conglomerado político a nivel nacional fueron abiertamente desastrosos: de los 16 Gobernadores Regionales (que van a reemplazar a los Intendentes, hasta ahora elegidos por el Ejecutivo) que debían ser electos en el país, sólo consiguieron el triunfo de 1 de sus candidatos, correspondiente a la Araucanía. Es otros términos, salvo por una región, las 15 restantes del país estarán regidas por gobernador@s de oposición al actual gobierno, factor de importancia de cara a las elecciones presidenciales en noviembre, a fines de este año.
A estas alturas quizás sería fácil concluir que de la derecha en Chile no queda nada. Y en cierto modo es así, tal como se pudo constatar el domingo recién pasado 4 de julio, día en que los 155 Constituyentes electos debían concurrir a los jardines del edificio del ex Congreso Nacional en pleno centro Santiago para ser nominados oficialmente como tales por el Servicio Electoral (SERVEL). Tras ello, los recién institid@os procederían por votación a elegir a quien presidiría la Convención durante el cumplimiento de su mandato de redactar la nueva Carta Fundamental, escogiendo asimismo al constituyente/a que asumiría la correspondiente vicepresidencia.
En un escenario fuera de todo lo común, bajo una carpa repleta de filas de sencillas sillas metálicas con apenas un espacio al centro para poder circular, sin concurrencia externa (salvo la funcionaria y el ayudante que debían oficiar el procedimiento) Chile y el mundo pudieron presenciar un espectáculo extraordinario teniendo en cuentas su trascendencia y simbolismo.
155 personas, en la mayoría jóvenes, todes con mascarillas vestidos de cualquier manera e instalados sin un dejo de protocolo sanitario de distancia entre ellos, a primera vista el variopinto conjunto parecía más la concurrencia a un concierto en un parque cualquiera, que el grupo de personas al que el país le había confiado la definición de las normas que nos regirían en las décadas venideras. Observando más atentamente se podían distinguir grupos pequeños con atuendos indígenas, uno que otro individuo sentado por su cuenta con manta y sombrero propio de la Zona Central, pocas corbatas y más bien bufandas para cubrirse del frío mañanero que poco después del mediodía ya entibiaba el ambiente.
Tras algún ajetreo y dimes y diretes para resolver el desorden y la represión ejercida por los cuerpos policiales (conocidos como pacos y oficialmente como carabineros) en las proximidades del recinto, la representante del SERVEL, impecable desde todo punto de vista, llamó con calma a les asistentes para dar inicio a la ceremonia. Tras leer un par de párrafos, con voz clara formuló una sola pregunta a la concurrencia, que en coro respondió afirmativamente y de pie a la promesa de cumplir con su cometido. Enseguida entregó una breve explicación sobre la votación a efectuar, donde cada constituyente recibiría una papeleta donde debía escribir su nombre y al reverso por quien votaba.
Y tras finalizar el desfile donde cada Constituyente se acercó a depositar su papeleta en una suerte de copón colocado sobre una mesa al final del pasillo, se procedió a leer en voz alta los resultados. Fue así como sin misterios y con total transparencia se supo quién votó por quién y el país se enteró que Elisa Loncón, mujer mapuche integrante de la lista de Pueblos Originarios, lingüista con varios doctorados a su haber, fue elegida como Presidenta de la Convención Constituyente; y que Jaime Bassa, abogado de la V región de Valparaíso, también con pergaminos en su oficio, ejercería de Vice Presidente.
Dirigiéndose a les Constituyentes, primeramente en mapudungún, su lengua materna, y luego en español, Elisa Loncón consiguió sin duda emocionar a todo el país al hablar de sus esperanzas y la ocasión y desafíos que el proceso tras las protestas estaba brindando a cada una de las naciones (en subrayado, naturalmente) que convivían en este territorio.
Una vez más, las personas que para tales cargos propuso la derecha no fueron electas, ratificando con ello que los votos con que cuentan dentro de la Convención Constituyente no los conduce a ninguna parte en especial. No obstante, la historia relativamente reciente del país indica claramente que si bien en la estructura mental de la derecha no cabe el concepto de bien común, sí sabe muy bien cómo defenderse cuando sus intereses y privilegios se ven amenazados. Lo hicieron muy bien al apoyar a Eduardo Frei Montalva en 1964, que no era su candidato, logrando así superar en dicha ocasión la elección de Salvador Allende. Y volvieron a hacer lo mismo ahora apoyando a Claudio Orrego no sólo para atajar la candidatura de izquierda sino, por sobre todo, para volver a probar y demostrar públicamente su capacidad para evitar el éxito de sus contendores.
Ello demuestra que si bien carecen de la capacidad para elegir a sus propios candidatos, tienen muy claro que sus votos son valiosos para definir la balanza. Como podrí ocurrir eventualmente en caso de prosperar una candidatura presidencial de centro derecha en las elecciones a realizarse en noviembre de este año.
Ana María Arteaga
En Santiago de Chile, 5 de julio 2021
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