Necesitamos aggiornar nuestras prácticas aduaneras a la era digital
Cuando los que hoy habitamos las entre-regiones de Latinoamérica llegamos al mundo, las normas jurídicas ya estaban establecidas: ya estaba determinado que comprar de un lado de una calle y no del otro es considerado delito, ya estaba determinado que pasar un puente con productos comprados más baratos que donde vivimos no es correcto; pero no por eso debemos resignarnos a que éstas sean normas pétreas, incambiables y eternas.
Todo es discutible y cuestionable -porque la realidad es dinámica y cambiante-; pero se debe entender que la vida en las fronteras puede y debe cambiar, mejorar, evolucionar. La gente no tiene la culpa de nacer en las fronteras, sino que son los Estados los culpables de no adaptar sus normas a la realidad de la vida en esas fronteras, otorgando dignidad y respeto, permitiendo la libertad de elección comercial como un derecho humano más, directamente vinculado al libre mercado.
En más de una oportunidad hemos cuestionado a la fuerza pública porque investiga, persigue y reprime al comercio transfronterizo, sólo que en esta oportunidad nos referiremos al aparato represor por excelencia en este tema: la Aduana. Etimológicamente hablando, la palabra aduana posee varios orígenes; una de ellos es del árabe “Al Diovan” (casa o lugar donde se reunían los administradores de finanzas para la percepción de impuestos), otra es del italiano “Dogona” o del persa “diván”, lugar o local de reunión de los administradores financieros.
En ningún caso se alude a que en sus principios se trate de una institución que tenga como objetivo velar por los intereses de los comerciantes, del empleo o de la producción nacional; por eso cuestionamos la pertinencia que pueda tener hoy día la prohibición de traspasar bienes de primera necesidad amparados en una ilegalidad discutible, tal como está planteado el libre comercio en el mundo.
Si bien es cierto que con el paso del tiempo estos organismos recaudadores se fueron volviendo más activos en la represión, su rol impositivo sigue siendo de gran importancia para las arcas estatales. Así lo afirmó días pasados el funcionario Freddy Ferreira a un medio de prensa fronterizo, el cual aseguró que “la Aduana del Uruguay es el segundo organismo recaudador, después de la Dirección General Impositiva”. Quizás sea por ese mismo afán recaudatorio y esas metas de desempeño que, no conformes con lo que recaudan impositivamente, periódicamente resuelven implementar el cero kilo, la medida más hipócrita e ineficaz que existe.
También es justo señalar que ni la Aduana ni el Estado -entidad supra humana responsable de velar por los intereses de sus habitantes-, ni ahora ni nunca han hecho mucho por facilitar y legalizar esa práctica de sobrevivencia: no han generado fuentes de empleo que desmotiven el contrabando, ni pugnan por una balanza financiera favorable que desestimule ese necesario comercio que da vida en los márgenes del país. Además de recaudar con los aranceles de exportación e importación, podrían abocarse más y mejor a combatir el monopolio empresarial que encarece los precios de algunos importados, el narcotráfico, la trata de personas y otros crímenes de mayor gravedad e impacto en la sociedad como el tráfico de armas (armas y municiones incautadas de Uruguay), en vez de estar incautando artículos de primera necesidad, muchos de los cuales el país no produce.
Sin duda que la práctica histórica del comercio ilegal tiene un gran peso en la actualidad y no será fácil revertir esa costumbre, pero otra gran parte de responsabilidad la podría tener el mismo sistema, que no sólo parece querer entorpecer la legalidad del comercio transfronterizo, sino que ayuda muy poco a la importación legal.
Es de imaginarse que resulta casi imposible cumplir con tantas trabas burocráticas cada vez que hacemos el surtido mensual, sobre todo cuando se antepone la figura inevitable del despachante, siendo que este podría perfectamente ser sustituido por un nuevo sistema digital de información, control y asesoramiento digital, acorde al tiempo en que vivimos y no a los usos de dos siglos atrás.
Por ejemplo, perfectamente se podría implementar el sistema de compras con Tax Free; ello permitiría reclamar la devolución del impuesto sobre las ventas o del impuesto sobre el valor agregado (IVA) pago al momento de la compra en el otro país, y así poder abonar la debida tasa de importación si la Aduana lo entendiera necesario, sea por el monto o por las características del bien importado.
Tal como lo señaláramos en otras publicaciones, nos afiliamos a las palabras del Doctor Héctor Guillermo Vidal Albarracín: “no basta invocar que se procura el libre comercio; hay que llevarlo a la práctica en el día a día, saber distinguir los límites de control, que no significa no permitir o prohibir. Las aduanas no se evalúan en función de los comisos o multas que aplican”. Sin embargo, la noticia de todas las semanas sigue siendo cuánto matute incautan, sin decirnos cuánto le cuesta al Estado perseguir, prohibir y fiscalizar el contrabando por medio de Aduanas.
Entre tanto, nosotros seguimos sosteniendo que es equivocado el rumbo que hasta ahora se ha seguido; nuestras fronteras son un colador y como tal, correr a tiros detrás de una sexagenaria con unos bolsos, perseguir a alta velocidad a un padre de familia mal alimentado o despojar de lo que le queda a un joven desempleado, es como querer tapar los orificios de ese colador con los dedos, cuando todo eso se podría evitar, disuadir, desalentar y prevenir, modernizándonos.
Muchas veces se pierde la perspectiva de las dimensiones que dichas políticas estatales alcanzan y cuánto afectan; se olvida que con esos súper procedimientos de incautación de comestibles hubo vidas en juego durante la persecución, que algunas personas perderán su libertad y otras su dignidad. La gran pregunta que nos surge es: ¿se están priorizando los intereses de la Cámara de Comercio y de los importadores, a cambio de los intereses y las necesidades de los habitantes del país?
Si los gobiernos pensaran en el interés general de las personas que habitan el territorio, se replantearía y experimentaría otras medidas fiscales y económicas menos represivas, más integradoras, pero sobre todo, más respetuosas de los derechos humanos de quienes viven y sobreviven en las fronteras únicamente gracias al comercio transfronterizo.
Richar Enry Ferreira
No hay comentarios:
Publicar un comentario