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lunes, 12 de agosto de 2013

PIDEN AYUDA PARA NIÑO URUGUAYO ENFERMO


Rivera: liberan a indagados Un misterio


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Montevideo Portal
El juez de Rivera Marcos Seijas dejó en libertad a los dos detenidos por el triple crimen debido a la falta de pruebas concretas, aunque ambos quedaron emplazados. En tanto, las pericias de Policía Técnica arrojaron que hubo una diferencia entre al menos doce horas entre la muerte de la mujer y la de su esposo e hijo.
El juez de Rivera Marcos Seijas dejó en libertad a las dos personas que habían sido detenidas el domingo por su posible implicancia en el triple crimen en el que fueron asesinados una pareja y su hijo de dos años. De todos modos, los dos sospechosos continúan "emplazados".
Según Subrayado, el magistrado solicitó pericias psiquiátricas para el hombre y la mujer detenidos el domingo por su posible implicancia en el caso. Él es el hermano del hombre fallecido y ella es su pareja.
Sin bien el juez había ordenado la detención de la pareja debido a algunos "indicios" que podían advertir una posible relación con el hecho, sobre el cierre de la jornada del lunes la investigación no pudo encontrar elementos concretos que los vinculen.
En tanto, las pericias de Policía Técnica concluyeron que el hombre y el niño murieron al menos 12 horas antes que la mujer, lo que arroja nuevas dudas sobre la forma en que se produjo el crimen.
La mujer fallecida era docente de Educación Social y Cívica desde hacía unos seis años y actualmente se cumplía funciones en el liceo nº1 de la capital departamental.
El presidente del sindicato de docentes de Rivera (ADEMRI) Pablo Macedo dijo a Montevideo Portal que la fallecida también era una activa militante e incluso se había desempeñado como secretaria administrativa del sindicato. En tanto, su marido estaba involucrado en varios proyectos de la Universidad de la República en el departamento.
Macedo definió a la víctima como una "muy buena docente y compañera" y aseguró que el caso "pegó hondo" en la ciudad riverense. El dirigente evitó referirse a la posible responsabilidad de los detenidos para "no prejuzgar" y dijo no tener conocimiento de los trascendidos que indicaron posibles disputas familiares como posibles causas de la tragedia.

Una llave podría ser clave para aclarar triple crimen de Rivera


La policía supo que tiempo atrás, en un cumpleaños, se "perdieron" las llaves de la casa de las víctimas. Una de las indagadas dijo haberlas encontrado y las devolvió.
Según supo Subrayado, la policía se enteró este lunes de que tiempo atrás, en un cumpleaños, las víctimas del triple homicidio de Rivera “perdieron” las llaves de su casa.
Unos días después, la cuñada del hombre de 38 años asesinado en la madrugada de este domingo (la esposa del hermano de la víctima) llevó las llaves a sus dueños diciendo que las había encontrado en el bolsillo de un saco.
La policía local sospecha que la mujer sacó las llaves e hizo una copia. Este lunes los investigadores buscaban a un cerrajero que recuerde o tenga registro de haber hecho ese trabajo para quienes ahora son indagados como sospechosos del triple homicidio.
Se trata del hermano de la víctima y de su esposa, quien devolvió las llaves supuestamente “perdidas”.
El juez Marcos Seijas, de Rivera, tiene hasta la una de la madrugada de este martes para resolver qué hace con los dos indagados.
Al parecer, y es lo que hay que comprobar, había una disputa entre las víctimas y los indagados por la propiedad de una casa y un campo, todo de mucho valor.
La policía cree que los responsables del triple homicidio pueden haber contratado sicarios para matar al matrimonio y a su pequeño hijo de dos años.
Las pericias forenses determinaron que para asesinar a la pareja utilizaron un puñal de dos centímetros de ancho y 12 de largo.
El hombre presentaba una puñalada en el cuello del lado derecho, mientras que la mujer tenía ocho puntazos y una puñalada en el mismo lugar que su pareja. De acuerdo a los exámenes, el niño no fue golpeado sino asfixiado con una almohada.
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que al menos hay 12 horas de diferencia entre las muertes del hombre y el niño, respecto a la de la mujer.
Además un testigo vio cómo una persona de aproximadamente 1,90 metros de altura tomó del pelo a la mujer y la obligó a entrar a la vivienda.
Los cuerpos fueron hallados en la noche del domingo tras la denuncia de personas conocidas del matrimonio. Estaban tapados con un cobertor de sillón y las muertes databan de dos a cuatro días en el momento en que fueron encontrados.
Mientras tanto, el hermano del hombre muerto y su pareja permanecen detenidos. 

Convocan reunión "urgente" entre funcionarios de la salud y el gobierno

Conflicto en salud pública

La Federación de Funcionarios de Salud Pública se reunió hoy en el Ministerio de Trabajo con el director nacional de trabajo, Luis Romero, para evaluar la situación del conflicto.

El País
 

La ocupación del Vilardebó sigue en pie, afirmó el secretario general de la FFSP Pablo Cabrera. Foto: Archivo. 

Como conclusión del encuentro, informó a El País Pablo Cabrera, secretario general del gremio, se decidió convocar de manera “urgente” a los ministerios de Economía y Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para mantener una reunión con la FFSP en busca de una salida al conflicto. La misma tendrá lugar “entre mañana y pasado, cuando se pueda convocar a todas las partes”, señaló Cabrera.
Los funcionarios llevaron a la reunión con Romero un punteo con todos los temas en los que tienen reclamos.
Mientras tanto, la ocupación en el Vilardebó continuará “en todos los términos”, dijo Cabrera. “Estamos convencidos y a nivel asistencial se está dando la atención adecuada”, agregó el secretario general.
El ministro de Trabajo Eduardo Brenta dijo hoy más temprano que las autoridades tienen " la certeza de que la atención a los pacientes está siendo realizada de acuerdo a los protocolo por tanto no vamos a llevar otra acción que el diálogo".

Una juez federal acusa a la policía de Nueva York de discriminación


La ciudad de Nueva York apelará la decisión de la juez federal anunciada este lunes

Washington

El País de España 





                            El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. / BRENDAN MCDERMID (REUTERS)

Una juez federal ha acusado al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York de discriminar contra miles de personas por su práctica de parar y registrar a los ciudadanos. La sentencia pide que un organismo independiente supervise los cambios en esta iniciativa, duramente defendida por el alcalde Michael Bloomberg como una herramienta para combatir el crimen.
“Las autoridades de la ciudad han ignorado deliberadamente las pruebas de que los agentes paran a los ciudadanos de manera discriminatoria”, asegura la juez Shira Scheindlin en su sentencia. “En su ímpetu por defender una política que consideraban efectiva, han ignorado expresamente pruebas de que la estrategia de identificar “a los sospechosos correctos”, constituye discriminación racial”.
El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, atacó la decisión de la juez en una rueda de prensa ofrecida esta tarde, asegurando que “ignora la realidad del crimen”. “Personas de todo el mundo vienen aquí a aprender por qué la Policía de Nueva York ha tenido tanto éxito y ha reducido las tasas de crimen a mínimos históricos”. Las autoridades de la ciudad aseguran que apelarán la decisión judicial.
El Departamento de Policía de Nueva York ha sido objeto de numerosas demandas en la última década al considerarse que estaba violando los derechos de los ciudadanos. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe registrar a una persona, o sus propiedades, a menos que exista razón para sospechar de él. Sin embargo, numerosos agentes fueron acusados de dar el alto a decenas de miles de ciudadanos de los que sospechaban simplemente por su raza.
“Nuestras estrategias de lucha contra el crimen, incluida la de parar y cuestionar a ciudadanos han convertido a Nueva York en la ciudad más segura de América”, defendió esta tarde Bloomberg en rueda de prensa. El alcalde aseguró que estas prácticas han impedido numerosos crímenes y que son consideradas “un éxito”. “En 1990 se producían de media seis asesinatos en la ciudad. Hoy hay menos de uno”.
La juez federal no ha determinado que se deba anular una de las iniciativas más polémicas del mandato de Bloomberg, pero sí solicita que reformen las prácticas de la policía y el entrenamiento de los agentes. Un organismo independiente será el encargado de supervisar que se acometen los cambios recomendados por la juez.
“A pesar de conocer las denuncias, mantuvieron e incluso aumentaron prácticas que sólo causaron un aumento de violaciones de la Cuarta Enmienda”, asegura ahora la juez. “Hay demasiadas personas en la ciudad de Nueva York que se han visto despojadas de sus derechos con demasiada frecuencia”. La juez Schiendlin afirma más que una práctica policial, los registros se convirtieron “en una rutina diaria” para muchos neoyorquinos.
Según Bloomberg, las herramientas empleadas por la policía han contribuido a reducir las cifras de asesinatos por debajo de la mitad con respecto a hace 12 años, “algo impensable entonces”, declaró. “Vamos encaminados a otro récord de reducción de tiroteos y homicidios este mismo año porque nuestros policías cumplen las leyes y persiguen a los criminales”.
La organización por las Libertades Civiles de Nueva York estableció en su informe anual de 2013 que en 71 de los 76 distritos policiales de la ciudad afroamericanos e hispanos acumulaban más de la mitad de los cacheos y paradas dictadas por la policía. En 36 de los 76 sumaban además el 90% de las paradas. El porcentaje no cambió en el caso de los distritos con menor proporción de población afroamericana e hispana: en los 10 donde representan grupos minoritarios, también acumularon el 70% de las paradas por la policía.
Según la agencia Associated Press, la juez ha estudiado las demandas presentadas por cinco hombres que aseguraron haberse convertido en objetivo de la policía simplemente por su raza, cuatro casos entre los cinco millones de registros realizados durante la última década, en su mayoría a hombres afroamericanos o hispanos. De todas ellas, Schiendlin afirma que 200.000 paradas y registros se hicieron sin justificación alguna y sin las causas legales necesarias. “Nadie debería vivir con miedo a que le detengan nada más salir de su casa o mientras sigue con su rutina diaria”, dicta la sentencia.