El diputado por Rivera Gerardo Amarilla le dijo
al ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, el miércoles en la
comisión respectiva de la Cámara baja, que el gobierno está aplicando
una política de "hechos consumados" y dispuso la construcción de un
nuevo puerto en Rocha sin que se hubiesen realizado los estudios
ambientales correspondientes.
El cronograma que representantes del gobierno le
presentaron esta semana al Parlamento del Mercosur, establece que el
estudio de impacto ambiental del proyecto se presentará en septiembre de
este año y que también en ese mes se obtendría la autorización
ambiental del Proyecto Básico de Ingeniería. El Gobierno quiere que en
octubre se llame a licitación para asignar el proyecto ejecutivo, la
construcción y el financiamiento del puerto.
Los cuestionamientos de Amarilla se suman a los que
hacen quienes sostienen que el puerto que costaría al menos US$ 1.118
millones no tiene suficiente carga potencial en esta coyuntura que le dé
viabilidad.
En la misma línea que Amarilla se manifestaron en la
comisión los diputados blancos José Andrés Arocena de Florida y Mario
Silvera de Treinta y Tres.
Esta es la postura del candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou.
El gobierno está en tratativas con el Fondo de
Convergencia Estructural del Mercosur (básicamente financiado por
Brasil) para que contribuya con algo más de la mitad de los fondos
necesarios, aunque en ese país se han levantado voces que objetan esa
posibilidad. A la consultora Deloitte se le adjudicó directamente la
evaluación de la viabilidad económica y social del proyecto.
El proyecto del puerto supone que ofrezca una
profundidad de 22 metros, una longitud del canal de acceso de 10,7
kilómetros y un ancho en esa vía de 200 metros.
Amarilla consideró que "ahora no cabe en la cabeza
de nadie que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente no vaya a aprobar la construcción del puerto; va a tener que
hacerlo, sí o sí, aunque los estudios ambientales no se hayan realizado y
se vayan a llevar a cabo después".
"Sin duda, creo que eso es un error" porque se violó
la ley que establece que se deben realizar estudios ambientales previos
a la decisión sobre una construcción de este tipo, sostuvo el
legislador.
"Entonces, podríamos decir que la ley número 16.466
fue violada por la que creó el puerto de aguas profundas; quiere decir
que una ley específica violó una ley general ambiental. Por supuesto,
puede decirse que eso es constitucional, ya que una ley posterior deroga
una anterior, pero, de alguna manera, en este caso, se violó un
procedimiento establecido por una ley general", sostuvo.
El ministro Beltrame y el director nacional de Medio
Ambiente, Jorge Rucks, no hicieron comentarios sobre este planteo de la
oposición.
Como el puerto de "aguas profundas" comenzaría a
construirse sobre fines de 2015, la minera Aratirí, que quiere exportar
hierro desde la costa de Rocha, tiene la intención de construir una
terminal propia que luego podría quedar incluida en la que proyecta el
gobierno. Pero los funcionarios dijeron a los legisladores que todavía
Aratirí no ha presentado los estudios ambientales necesarios para que se
la autorice. Tampoco ha presentado los estudios sobre el mineroducto
que llegaría a la costa, confirmaron Rucks y Beltrame.
De todas formas, Rucks aclaró que en la anterior
propuesta de mineroducto se le dejó en claro a la empresa que no podía
afectar a las áreas protegidas de Rocha, lo que llevó a que se
realizaran ajustes en el proyecto original que luego se modificó porque
el gobierno cambió de idea respecto a la ubicación del puerto y lo
trasladó más al sudoeste del departamento.
Críticas de la Federación Rural
La Federación Rural del Uruguay envió la semana
pasada una carta al Congreso de Intendentes en la que plantea que los
estudios que realizaron las intendencias de Durazno, Florida y Treinta y
Tres sobre el impacto de la minería en la zona de Cerro Chato y su
micro región, vinculada al proyecto Aratirí, "no tiene los contenidos
necesarios para su puesta de manifiesto" que debía terminar el pasado 6
de junio cuando venció el plazo de 30 días que había comenzado a correr
el 7 de mayo. La gremial reclamó que se profundicen esos estudios y se
amplíe su alcance geográfico. La federación ha manifestado que apoya la
recolección de firmas para que se vote la prohibición de la minería
metalífera a cielo abierto. Hasta ahora los impulsores de esa iniciativa
han recolectado algo más de 50.000 firmas.
"Nueve enunciados generales denominados
`lineamientos estratégicos` en apenas una carilla más un pequeño
croquis, no son suficientes para la exigencia legal y no constituyen un
avance serio para convocar a la población a evaluarlo. En especial,
cabe señalar que se soslaya la problemática minera al ser tratada con
total generalidad sabiendo que, un proyecto concreto como Aratirí, de
altísimo impacto, está en consideración de la Dinama del Mvotma y en
debate en el país todo, condicionando su matriz productiva", dice la
carta.
La gremial agrega que tampoco se dio una
participación adecuada a los productores rurales en la elaboración de
esos análisis. La vaguedad de las definiciones de los estudios "deja
abierta `ventanas de oportunidad` para implantar proyectos y generar
transformaciones sin las garantías suficientes, sin recorrer los
carriles legales de planificación y participación", concluye.
