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viernes, 13 de junio de 2014

Rocha: puerto aprobado sin habilitación ambiental

El gobierno actúa sobre "hechos consumados" según blancos

Diputados del Partido Nacional cuestionan ya no solo a la minería de gran porte sino que consideran que el puerto de "aguas profundas" de Rocha, vinculada a aquélla, se está encarando sin permisos ambientales.

Partido Nacional cree que Gobierno puso a Dinama en una situación en la que debe aprobarlo.
JUAN PABLO CORREA
El País
 
El diputado por Rivera Gerardo Amarilla le dijo al ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, el miércoles en la comisión respectiva de la Cámara baja, que el gobierno está aplicando una política de "hechos consumados" y dispuso la construcción de un nuevo puerto en Rocha sin que se hubiesen realizado los estudios ambientales correspondientes.
El cronograma que representantes del gobierno le presentaron esta semana al Parlamento del Mercosur, establece que el estudio de impacto ambiental del proyecto se presentará en septiembre de este año y que también en ese mes se obtendría la autorización ambiental del Proyecto Básico de Ingeniería. El Gobierno quiere que en octubre se llame a licitación para asignar el proyecto ejecutivo, la construcción y el financiamiento del puerto.
Los cuestionamientos de Amarilla se suman a los que hacen quienes sostienen que el puerto que costaría al menos US$ 1.118 millones no tiene suficiente carga potencial en esta coyuntura que le dé viabilidad.
En la misma línea que Amarilla se manifestaron en la comisión los diputados blancos José Andrés Arocena de Florida y Mario Silvera de Treinta y Tres.
Esta es la postura del candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou.
El gobierno está en tratativas con el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (básicamente financiado por Brasil) para que contribuya con algo más de la mitad de los fondos necesarios, aunque en ese país se han levantado voces que objetan esa posibilidad. A la consultora Deloitte se le adjudicó directamente la evaluación de la viabilidad económica y social del proyecto.
El proyecto del puerto supone que ofrezca una profundidad de 22 metros, una longitud del canal de acceso de 10,7 kilómetros y un ancho en esa vía de 200 metros.
Amarilla consideró que "ahora no cabe en la cabeza de nadie que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no vaya a aprobar la construcción del puerto; va a tener que hacerlo, sí o sí, aunque los estudios ambientales no se hayan realizado y se vayan a llevar a cabo después".
"Sin duda, creo que eso es un error" porque se violó la ley que establece que se deben realizar estudios ambientales previos a la decisión sobre una construcción de este tipo, sostuvo el legislador.
"Entonces, podríamos decir que la ley número 16.466 fue violada por la que creó el puerto de aguas profundas; quiere decir que una ley específica violó una ley general ambiental. Por supuesto, puede decirse que eso es constitucional, ya que una ley posterior deroga una anterior, pero, de alguna manera, en este caso, se violó un procedimiento establecido por una ley general", sostuvo.
El ministro Beltrame y el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, no hicieron comentarios sobre este planteo de la oposición.
Como el puerto de "aguas profundas" comenzaría a construirse sobre fines de 2015, la minera Aratirí, que quiere exportar hierro desde la costa de Rocha, tiene la intención de construir una terminal propia que luego podría quedar incluida en la que proyecta el gobierno. Pero los funcionarios dijeron a los legisladores que todavía Aratirí no ha presentado los estudios ambientales necesarios para que se la autorice. Tampoco ha presentado los estudios sobre el mineroducto que llegaría a la costa, confirmaron Rucks y Beltrame.
De todas formas, Rucks aclaró que en la anterior propuesta de mineroducto se le dejó en claro a la empresa que no podía afectar a las áreas protegidas de Rocha, lo que llevó a que se realizaran ajustes en el proyecto original que luego se modificó porque el gobierno cambió de idea respecto a la ubicación del puerto y lo trasladó más al sudoeste del departamento.

Críticas de la Federación Rural

La Federación Rural del Uruguay envió la semana pasada una carta al Congreso de Intendentes en la que plantea que los estudios que realizaron las intendencias de Durazno, Florida y Treinta y Tres sobre el impacto de la minería en la zona de Cerro Chato y su micro región, vinculada al proyecto Aratirí, "no tiene los contenidos necesarios para su puesta de manifiesto" que debía terminar el pasado 6 de junio cuando venció el plazo de 30 días que había comenzado a correr el 7 de mayo. La gremial reclamó que se profundicen esos estudios y se amplíe su alcance geográfico. La federación ha manifestado que apoya la recolección de firmas para que se vote la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto. Hasta ahora los impulsores de esa iniciativa han recolectado algo más de 50.000 firmas.
"Nueve enunciados generales denominados `lineamientos estratégicos` en apenas una carilla más un pequeño croquis, no son suficientes para la exigencia legal y no constituyen un avance serio para convocar a la población a evaluarlo. En especial, cabe señalar que se soslaya la problemática minera al ser tratada con total generalidad sabiendo que, un proyecto concreto como Aratirí, de altísimo impacto, está en consideración de la Dinama del Mvotma y en debate en el país todo, condicionando su matriz productiva", dice la carta.
La gremial agrega que tampoco se dio una participación adecuada a los productores rurales en la elaboración de esos análisis. La vaguedad de las definiciones de los estudios "deja abierta `ventanas de oportunidad` para implantar proyectos y generar transformaciones sin las garantías suficientes, sin recorrer los carriles legales de planificación y participación", concluye.

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