El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió el pasado domingo parcialmente los llamados 'papeles de Panamá', documentos que recogen la supuesta relación de empresarios, funcionarios públicos
de alto nivel y celebridades con paraísos fiscales.
Según el sitio web de la organización, entre los donantes recientes se hallan compañías como la Open Society Foundations, cuyo presidente es el magnate y especulador financiero estadounidense George Soros,
y la Fundación Ford, con sede en Nueva York. En este sentido, esta
última "está conectada con la CIA y se ha especializado en propaganda
cultural internacional desde finales de la Segunda Guerra Mundial",señala el columnista Kurt Nimmo en el portal Infowars.
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¿Rockefeller y la CIA?: Sepa quién está tras los filtradores de los polémicos 'papeles de Panamá' - RT
Uruguay se encuentra entre los diez países que más ha demandado
sociedades off-shore al estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, cuyos documentos generaron un gran escándalo financiero internacional
denominado "Panama Papers".
En casi 40 años, los clientes
uruguayos crearon 5.000 empresas que desviaron dinero a paraísos
fiscales, según la investigación de más de 300 periodistas reunidos en
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Búsqueda forma parte del grupo de más de 100 medios de comunicación que participaron de la investigación, y este jueves publica abundante información al respecto.
El resultado de esa investigación -que proviene de una "fuente anónima"-
fue publicado como primicia en el diario alemán Sudeustche Zeitung.
Según Wikileaks, pionero en la filtración de documentos secretos, el
financiamiento de la operación correspondió al Departamento de Estado de
los Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos de
cooperación, habitualmente vinculados a la CIA y acusados de espionaje
en países en desarrollo.
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Panama Papers: en 40 años, uruguayos crearon 5.000 sociedades off-shore - Subrayado
El Este
En una certera nota publicada el día lunes cuatro pasado en El Este, se decía que “algunos actores consideran que el mismo es clave que lo conozca la opinión pública de Rocha, para que de esta forma se conozca por todos, que ese acuerdo existió, que contó con la voluntad de las partes y que el mismo tarde o temprano deberá reconocerse, en el entendido que se llevó adelante sin presiones y como fruto de una coincidencia entre las partes: el gobierno de un departamento y un privado”.
Y, por cierto que sobra razón al articulista.
Si hay algún tema que hoy preocupa justificadamente a la población del departamento es este. Que puede culminar en un tremendo gravamen para el bolsillo de los contribuyentes. O sea, de la población de Rocha. O derivar en una Intendencia desfinanciada y desprovista de la capacidad mínima para atender sus funciones más elementales.
¿Cómo podría no estar preocupada la gente de Rocha?
Y si lo está – con sobradas razones – nadie podrá desconocer su legítimo derecho a saber de qué se trata. Una frase que tiene muy larga y honrosa tradición en el Río de la Plata.
Al fin de cuentas, esa frase tan breve como rotunda fue el disparador de los hechos de mayo de 1810 en la que, para entonces, era nuestra ciudad capital. Que culminaron luego en la independencia de los países rioplatenses.
Aquello ciudadanos reclamaban – con razón y con tino – su legítimo derecho a saber de qué se trata.
Derecho que también tenemos hoy todos los que tenemos residencia en Rocha.
No solamente no se percibe motivo alguno para que la Intendencia tenga oculta la famosa transacción, sino que se perciben motivos muy firmes de legitimidad y conveniencia para que la haga pública.
Para que así el pueblo de Rocha – como lo pudo hacer el de Buenos Aires en 1810 – pueda ejercer su legítimo derecho a saber de qué se trata.
Para decidir en consecuencia. Y para saber a qué atenerse. Y para confirmar que los ciudadanos de este país somos, efectivamente, los depositarios de la soberanía. Que los gobernantes no son nuestros dueños, sino nuestros representantes. Y para demostrar, con la irrebatible contundencia de los hechos, que todo esto no son meras frases de circunstancia, sino que constituyen una realidad política y social firme y verdadera.
Al fin de cuentas, y yendo al caso concreto, se dice que en función de la referida transacción, el reclamante Jesús Eduardo Beyhaut se benefició durante muchos años (algunos dicen que continúa haciéndolo) de sustanciosas exoneraciones tributarias.
¿Será que la transacción es válida para él, pero no para la Intendencia’
Esas dudas corren como rumores por todo el departamento. Es obligación de la Intendencia terminar con ellas, informando debidamente a la población. Para lo cual, lo único que debe hacer es divulgar el texto de la transacción (y de la consulta de la Cátedra de Derecho Procesal que el Dr. Mario Anza afirma que existe y que apoya la tesis de la validez y eficacia de la transacción).
Este es un imperativo ineludible para el Señor Intendente.
Quien, ciertamente, se merece un fuerte aplauso de todos los rochenses. Ya que expuso en declaraciones a este diario una firme posición en defensa de la transacción, lo que supone una sólida defensa de los intereses y derechos de los habitantes de Rocha. Y también un estricto y debido cumplimiento de sus deberes como Intendente, o sea, como representante de toda la población del departamento.
Integra el Intendente un partido político que no es el que yo voté. Pero el triunfo electoral fue suyo. Y por eso es Intendente. Pero no es el Intendente del Frente Amplio, sino el Intendente de todos los habitantes de Rocha. De los que lo votaron y también de lo que no lo hicimos.
Y si él sabe cumplir con sus deberes de representante del pueblo, y se pone firme en defensa de los legítimos derechos de la gente del departamento, todos debemos aplaudirlo. Como lo hago yo desde esta columna.
"Lo jurídico está por encima de lo político"
Eduardo González.
El Este
El informe del Tribunal de Cuentas de la República, "es lapidario", dijo el edil y abogado, Humberto Alfaro Mendoza, con relación a la concesión del Camping de La Aguada al Instituto Cuesta Duarte por parte de la Intendencia de Rocha.
Desde que conoció la noticia a través del programa televisivo, Buscadores, dijo, Alfaro: "lo político no puede estar por encima de lo jurídico". Una clara alusión en cuanto a que cualquier decisión de un gobernante debe estar sujeta al derecho que rige la sociedad uruguaya.
La decisión de pasar dicho complejo turístico a la central de trabajadores desde su primera valoración estaba llena de irregularidades, y por lo tanto no se ajustó a derecho.
El Camping y Cabañas de La Aguada, ubicado estratégicamente al ingreso de La Paloma - principal centro de referencia turística del departamento de Rocha con frente al puerto oceánico - tuvo una primera dificultad. La misma estribó en que la central de trabajadores no tenía personería jurídica y los documentos fueron realizados con el Instituto Cuesta Duarte.
La moción votada 31 en 31 en la Junta Departamental de Rocha, fue un hecho inédito para una situación de estas características, donde la bancada del Frente Amplio asumió un error, lo que fue calificado como un acto de madurez política.
Después, de mucho tiempo, la bancada del Frente Amplio acompañó la iniciativa de la oposición. La moción obtenida va en el sentido que el Intendente, Aníbal Pereyra, pueda modificar su acto administrativo considerado "abiertamente ilegal" por el edil, Humberto Alfaro Mendoza, un experimentado abogado.
El propio edil del sector, Por El Camino de Wilson, dijo: "me sentí sorprendido por la decisión de la bancada del Frente Amplio, que tuvo un acto de madurez política frente a la situación".
Dejó, en evidencia que pesaron más los argumentos que dan la razón y el encuadre jurídico de una situación. "Nobleza, obliga, que fue un planteo correcto y no achaqué conductas ilícitas", dijo, nuestro entrevistado. Agregó, que "el Frente Amplio reconoció que se trató de un error y acompañó la moción".
La misma tiene dos partes: que se remita las actuaciones al Intendente de Rocha a los efectos que se sirva encuadrar el régimen de explotación del Camping de La Aguada en la normativa legal vigente y según lo que surge del informe del Tribunal de Cuentas, resolución 868/2016, del 16 de marzo del 2016.
El edil, Alfaro Mendoza, explicó, que ahora es resorte del Intendente solucionar la situación, a la que calificó como "arreglable", ajustándola a la legalidad, siempre refiriéndose a la explotación.
La segunda parte de la moción hace referencia a que pasen las actuaciones a estudio del abogado asesor de la Junta Departamental de Rocha, para que emita opinión respecto a las potestades jurídicas del cuerpo legislativo para una posible impugnación de la concesión y explotación del camping y cabaña del balneario La Aguada.
Todo esto, teniendo en consideración el informe del Tribunal de Cuentas de la República, estableciendo las vías procesales posibles: plazos, legitimación para una eventual impugnación y si la misma puede ser llevada como cuerpo legislativo e incluso a través de la acción individual de los ediles o cualquier otra variante.
También, alude a la posibilidad de requerir opiniones de especialistas y en caso afirmativo, expresar sugerencias al respecto.
Según, expresó, el ejecutivo departamental, "tiene la posibilidad de enmendar el error y colocar la explotación del Camping dentro del estuche de la legalidad".
POR CONCESIÓN DEL CAMPING DE LA AGUADA
El Este
La bancada de la lista 71 del Partido Nacional continúa evaluando la posibilidad de un llamado a sala al Intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, luego de conocerse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República sobre la concesión del Camping de la Aguada al Instituto Cuesta Duarte antes del pasado verano 2016.
La Junta Departamental de Rocha trató anoche un informe del Tribunal de Cuentas con respecto a la adjudicación del camping de La Aguada al PIT CNT por parte de la Intendencia. En el mes de setiembre de 2015 la Intendencia de Rocha llamó a licitación abreviada para la explotación del camping mencionado.
Entre los requisitos exigidos estaba el pago de un canon anual de 300 mil unidades indexadas y el acondicionamiento general del predio y las cabañas, incluyendo el equipamiento por el mal estado en que se encontraban las instalaciones finalizada la concesión otorgada por el Intendente Barrios en 2010.
En el mes de noviembre la Intendencia de Rocha declaró desierto el llamado y pocos días después se lo adjudicó directamente al PIT CNT, en condiciones muy diferentes a las exigidas en el llamado inicial. En esta oportunidad no se solicitó el cobro del canon y sólo se pidieron reparaciones menores que no implicaban erogaciones de dinero relevantes para la central sindical.
Debemos recordar que en su momento el Diputado por el Partido Nacional, Dr. Esc. Alejo Umpierrez cuestionó, en nota que realizáramos, esta adjudicación por entender que se le entregaba un bien de todos los rochenses al PIT CNT a cambio de nada.
Hace poco más de un mes el Partido Nacional a instancias del Dr. Humberto Alfaro Mendoza, solicitó en el seno de la Junta Departamental que se enviaran todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República para que este diera su informe sobre lo que se entendía era una adjudicación irregular que no se ajustaba a las normas, moción que fue aprobada por los ediles de la oposición y cinco ediles oficialistas, dándose el trámite correspondiente.
Tal como se presumía por parte del Partido Nacional el Tribunal de Cuentas elaboró un extenso informe en el que determina observar la adjudicación por varios incumplimientos y falencias jurídicas.
En esta sesión el edil Alfaro propuso una moción compuesta de dos partes que permitirán recorrer simultáneamente diferentes vías en pro de una solución al tema.
Por una parte la moción implica poner en conocimiento al ejecutivo para que en un plazo razonable encuentre la forma de adaptar esta concesión al marco jurídico correspondiente basándose en el informe del Tribunal de Cuentas y por otra parte solicitar al asesor jurídico de la Junta estudie el informe y se exprese sobre las diferentes posibilidades que puedan existir, si las hay, para regularizar la situación.
Durante la sesión los ediles del Frente Amplio reconocieron los incumplimientos observados por el Tribunal de Cuentas y apoyaron la moción, la que finalmente fue votada afirmativamente por los 31 ediles presentes en sala.
Consultada la edil Rosana Piñeiro, coordinadora de bancada del Partido Nacional, manifestó que la lista 71 había evaluado inicialmente llamar a sala al Intendente para que diera explicaciones sobre que camino tomaría luego de conocido el informe y que durante la reunión de la bancada se conoció la propuesta que haría el Dr. Alfaro, motivo por el cual la lista 71 decidió abrir un compás de espera, pero que no se descarta el llamado a sala del Intendente u otras acciones que se entiendan pertinentes.
También consultamos al edil de la lista 71 José Villagrán, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto quien nos dijo que los aspectos cuestionados en esta entrega del camping son muchos. “En primer término se han modificado sustancialmente la condiciones exigidas en el llamado a licitación con respecto a las que motivaron la entrega al PIT CNT, se renunció a cobrar 300,000 unidades indexadas a cambio de unas pocas reparaciones, entre otras cosas”, dijo Villagrán.
Agregó, estar satisfecho con la decisión tomada por la Junta Departamental porque la oposición señaló los incumplimientos y defectos que tenía la adjudicación y el Frente Amplio los aceptó, además al votar los 16 ediles oficialistas significa que han cambiado el concepto que tenían algunos sobre el Tribunal de Cuentas de la República, que manifestaron no importarles lo que el Tribunal dijera en oportunidad de discutirse el pasaje de este tema al mismo.
