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Fundada en 1290, la Universidad de Coímbra es una de las más antiguas de Europa y el mundo. En esa ciudad portuguesa “sobre todas doctora, densa en licenciados”, al decir de José Saramago, nació y vive Boaventura de Sousa Santos (1940), sociólogo egresado de la ya citada y venerable casa de estudios.
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Conocedor del panorama social de los países en desarrollo, sus escritos apuntan al desarrollo de una “Sociología de las Emergencias”, que pretende valorizar las más variadas gamas de experiencias humanas. Una
fuente de conocimiento que -asegura- el ambiente académico no acostumbra tomar en cuenta. Así, su idea propone oponerse a una “Sociología de las Ausencias”, responsable del desperdicio de esa sabiduría de laexperiencia.
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Lo que dejó el sociólogo portugués Boaventura de Sousa con su paso por Montevideo:”estamos ante un anti utopismo totalitario… es otro totalitarismo” | Fundamerica
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Las páginas de El País recogieron su sello inconfundible
Jorge Abbondanza
El tipo de soltura que mostraba Ramón Mérica al escribir, era un don natural. Ya lo tenía apenas pasados los 20 años, cuando Elina Berro lo descubrió colaborando en Salto con un periódico local y lo convenció de venir a Montevideo.
Al poco tiempo ingresó en la redacción de El País. Sus preferencias personales lo llevaron al equipo de la página de Espectáculos, capitaneado entonces por Alsina y formado -a comienzos de los 60- por
los hermanos Roldán, Beatriz Podestá y Miguel Carbajal, entre otros.
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Ramón Mérica, un periodista de carrera larga y destacada | Fundamerica
Gobierno declaró emergencia agropecuaria y asistirá con raciones a ganadería
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Daños por lluvias en el arroz no tienen precedentes | Lluvias, emergencia agropecuaria
DIEGO LANDACHE TDN
Se llevó cabo en el Centro Cultural “Juan Carlos
Barrios” de nuestra ciudad, la segunda reunión entre la policía,
autoridades municipales, algunos referentes políticos, comerciantes de
la zona, vecinos y representantes de varias instituciones públicas y
privadas, donde se resolvió continuar adelante con un proyecto que
prevé la instalación de cámaras de videovigilancia en distintas calles
de Chuy.
A diferencia de la primera reunión llevada a cabo la semana
pasada en el mismo local, en esta oportunidad fue formada una Comisión
que se ocupará de todos los pasos a seguir para concretar lo planteado.
El comisario de la Seccional 5ta, Sergio Bica, promotor de la
iniciativa, que cuenta con el apoyo de los jefes de la Zona III,
Felipe Pérez y Jorge Altez, también presentes en la ocasión, fue quien
disertó al respecto de la importancia que representa la instalación de
cámaras de video para combatir y prevenir el delito.Bica manifestó que
con el aporte de imágenes, la policía contaría con aportes probatorios
más contundentes a la hora de esclarecer delitos y así se podría
brindar mayores elementos a la justicia para que actúe. Servirían para
identificar delincuentes, vehículos, o para obtener pistas que
conduzcan a los responsables de ilícitos que se cometan.
Además, dijo que solo el hecho de la presencia de cámaras
serviría para disuadir, lo que podría significar una baja en la
cantidad de delitos.
Si bien la mayoría de los presentes aprobaron la idea, hubo
algunos que cuestionaron si las cámaras que se pretende colocar son las
adecuadas.
Sobre ese punto, los jerarcas Pérez, Altez y Bica, aseguraron
que dichas cámaras poseen una resolución superior al menos en un 40 % a
la exigida por el Centro de Comando Unificado del Ministerio del
Interior, por lo que no habría problemas en su funcionamiento.
Dichas cámaras serían proporcionadas por una empresa privada.
El proyecto, que sería financiado por comerciantes de Chuy y
ciudadanos en general, que estén dispuestos a aportar, en principio
prevé la instalación de al menos 35 cámaras en distintos puntos de
Chuy, aunque se estima podrían ser más.
El costo total del sistema, incluido el centro de control,
equipamientos, instalación y todo lo necesario, oscilaría en los 60 mil
dólares.
Algunos de los puntos serían los siguientes:
Trébol de acceso a Chuy
Trébol de acceso a Barra de Chuy
Terminal de Ómnibus
Plaza Gral. Artigas
Plaza Samuel
Hospital de Chuy
Alrededores de las Escuelas
Receptoría de Aduanas
Y a lo largo de toda la Avda. Brasil, en cada una de sus intersecciones.
También, sobre Gral. Artigas desde Avda. Brasil hasta la Plaza de Deportes, entre otros puntos de la ciudad.
Fuente: Tiempo de Noticias.
EL ESTE ha informado reiteradamente sobre la
movilización que vienen llevando a cabo los descendientes de Manuel
Álvarez Olivera (o Manuel Olivera Álvarez, según se anteponga el
apellido materno o el paterno, ya que era ciudadano brasileño) en
procura de recuperar una extensa zona costera entre Valizas y Aguas
Dulces. Que, sostienen ellos, es de su propiedad.
Pues, afirman, el Gobierno Nacional expropió ese
inmueble (de casi 1.600 hectáreas) en el año 1942. Y tomó la posesión
anticipada por vía judicial. Pero nunca pagó el precio, por lo que no
llegó a adquirir la propiedad.
En lo que este asunto resulta idéntico a lo que pasó
en Cabo Polonio con el predio de las familias Pertusso y Tisnés.
También expropiado pero sin haberse pagado el precio. Por lo que el
Estado debió reconocer que no era dueño y tuvo que comprar el predio.
En el año 1976, el Gobierno Nacional desistió de la
expropiación. E intentó una acción de prescripción, la que fue iniciada
en el año 1976. Durante diez años pleiteó con varios integrantes de la
familia Olivera que se opusieron a la pretensión estatal. Con buen
éxito, ya que en abril del año 1986 el Estado abandonó el juicio.
En consecuencia, tampoco llegó a adquirir la
propiedad en ese juicio de prescripción. Desde entonces, comenzó un
período de posesión pacífica y no discutida por parte del Estado. Pero
no llegó a completar los treinta años necesarios, que culminaban el
próximo 26 de abril, porque antes de eso una de las condóminas, Olga
Olivera, promovió juicio de reivindicación. La notificación de la .
demanda – que se hizo hace ya más de diez días – interrumpe la
prescripción, por lo que el Estado tampoco ahora llegó a adquirir por
prescripción. Debiendo reconocer la propiedad de los Olivera.
Destacó la accionante que – según una norma del
Código Civil, y citó el artículo 1239 – el acto de interrupción
realizado por un condómino aprovecha a todos los demás. Por lo que la
interrupción promovida por la Sra. Olga Olivera favorece a todos los
demás condóminos, o sea, a todos los sucesores de Manuel Álvarez
Olivera.
EL ESTE tuvo acceso a varios de los numerosos
expedientes relacionados con este complejo asunto y está en condiciones
de ofrecer un facsímil de la parte de uno de ellos, en la cual el
Estado admite que ese inmueble es de propiedad de los sucesores de
Manuel Álvarez Olivera. Se trata del expediente de la expropiación
fallida del año 1942.
Los Olivera afirman que si el Gobierno Nacional (y
también el departamental lo ha hecho en numerosas ocasiones) admite que
ellos son los propietarios, y tanto la expropiación (desistida) como
la prescripción adquisitiva (interrumpida por la demanda de
reivindicación) no fueron idóneas para que la propiedad pasara al
Estado, no puede haber dudas en cuanto a que ellos siguen siendo los
propietarios legítimos del inmueble.
Del cual hubo varias partes que fueron fraccionadas y
vendidas a privados por el Instituto de Colonización y por la
Intendencia Departamental. En los contratos de venta – a los que también
tuvo acceso EL ESTE – ambos organismos públicos vendedores dejaron
constancia de no ser propietarios. Lo que, al parecer, avala firmemente
la tesis de los integrantes de la familia Olivera.
