Estar atentos a lo
que acontece y dar respuesta a los problemas de la población, es
parte de nuestra tarea y así lo exige nuestra investidura como
legisladores y como representantes de los ciudadanos.
En ese marco, nos
preocupa el aumento del desempleo y del subempleo, cuestión que nos
afecta a todos, porque en la medida que cae el empleo, también cae
la demanda. No estoy descubriendo nada nuevo, porque ya conocemos
esas consecuencias.
El Estado es una
institución que tiene desde sus orígenes el rol fundamental de
brindar seguridad y protección a los habitantes. Cuando hablo de
seguridad, entre otras cosas hablo de certezas. Entre ellas, la
seguridad que brinda tener un trabajo. Porque quien tiene un trabajo,
no hace más que ejercer su derecho a un ingreso digno que le abre
las puertas a otros derechos y a la libertad de ejercerlos.
Por lo tanto,
reitero, siento la obligación de trasmitir nuestra preocupación por
el aumento del desempleo, sobre todo en el interior del país. En
estos días, recorrimos algunos departamentos del interior del país,
y hemos conversado con compañeros, pero también con personas que no
necesariamente votan al Partido Nacional, y ha sido un reclamo
constante de “trabajo” por la pérdida de puestos de trabajo. Las
cifras también avalan nuestra percepción. De acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo subió hasta
9,3% en febrero. Se trata del valor más alto desde mediados de 2007
y que deja al desempleo casi un punto por encima del registro de
enero.
Se nos podrá decir
que los indicadores del mercado laboral tienen mucha volatilidad, sin
embargo si se miran las últimas mediciones, vemos que la tendencia
nos muestra que el mercado laboral sigue muy resentido, y tal como
analizan los expertos, los otros indicadores del mercado laboral
señalan que el deterioro acumulado durante los últimos tres años
es realmente importante. Cifras que sin dudas el gobierno maneja
también.
Desde 2014 el empleo
ha venido deteriorándose. Entre el 2014 y el 2016 se perdieron cerca
de 32.000 puestos de trabajo, el año pasado siguió esta tendencia
aunque en forma leve.
Depurando los
componentes estacionales, el empleo ha seguido deteriorándose en
2017 y en al comienzo del 2018, sumado esto a la caída fuerte que ya
había tenido entre 2014 y 2016.
Con esta evolución,
la tasa de empleo muestra niveles sensiblemente inferiores a los de
comienzos de 2014, cuando rondaba el 60%.
Adicionalmente,
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo
tiene mayormente “rostro de mujer” ya que en las mujeres alcanzó
a 11,8% y en los hombres fue de 7,2%.
Se estima que a
nivel de todo el país el desempleo afecta a unas 150 mil personas,
siendo esta la cifra más alta que se registra en diez años.
Sin embargo los
problemas de empleo afectan a una cantidad mayor de personas. Si a la
desocupación abierta que informa el INE , se le agrega el aumento de
los subempleados, que son los que trabajan menos horas de las que
desearían, y las personas que dejaron de buscar trabajo porque no lo
encuentran, se estima que actualmente hay unas 320.000 personas con
problemas de insuficiencia de empleo.
¿Qué quiero
señalar con esto?, que sin desmedro de atender al desempleo con
políticas asistencialistas en coyunturas puntuales, es necesario
buscar estrategias y políticas fiscales de promoción y apoyo a las
micro y pequeñas empresas.
Según datos
oficiales el Uruguay cuenta con más de 170.000 empresas de las
cuales el 95% son Pymes. Por lo tanto, son significativas en términos
de generación de empleo.
Conocemos de los
programas de fortalecimiento y apoyo que se aplican a este tipo de
empresas. Sin embargo, el mayor problema que encuentran los
empresarios es el relacionado con la pesada carga del Estado.
Los costos en
materia de energía e impuestos son tan altos, que estamos viendo
como cada día van “bajando” la persiana muchas de estas
empresas. Según la Liga de Defensa Comercial, a diciembre del 2017,
se presentaron 112 solicitudes de concursos empresariales, cifra que
representa un incremento de 47% respecto al año anterior.
Las empresas que se
presentaron a concurso por no poder afrontar sus deudas, pertenecen a
distintos rubros: agencias de viajes, constructoras, bodegas y
viñedos, empresas de importación y venta de celulares o de insumos
informáticos, entre otras, además de empresas del rubro
agroindustrial como los molinos. Esto obedece básicamente a la
pérdida de competitividad.
Tal situación nos
está mostrando la necesidad de incentivos “especiales” y de
promoción como los que se le brindan a las inversiones extranjeras.
Es necesario otorgar “respiro” fiscal a las MYPES, y reducción
de las tarifas públicas, porque lo contrario será el alto costo que
como sociedad deberemos asumir, nos sólo en términos económicos,
sino también en términos de capital humano.
Según la CEPAL la
Inversión Extranjera Directa es uno de los fenómenos centrales del
proceso de globalización y que los principales agentes de estos
flujos de capital son las empresas transnacionales.
Asimismo señala que
este clima de inversión puede resultar ventajoso para las PYMES. No
desconocemos las ventajas, ni nos oponemos al incentivo de la
inversión extranjera como dinamizadora de la economía.
Asumiendo que no
somos expertos en esta materia, el sentido común nos señala que
esto no es automático, que requiere de un entorno, de un clima de
apoyo a las PYMES que les permita o bien desarrollarse o bien
reconvertirse, y es acá es donde el Estado juega un papel
importante.
Tenemos la
convicción de que en situaciones como esta, es mayor el costo de
subsidiar el desempleo que subsidiar el empleo, es preferible cierto
nivel de renuncia fiscal, y la articulación de estrategias entre el
Estado y la empresa, con el objetivo de que la población no pierda
el empleo ni los beneficios de estar insertos en el mercado formal de
trabajo.
Para cumplir con los
objetivos de diversificar la economía y generar más y mejores
empleos, es imprescindible profundizar las políticas que brinden un
verdadero apoyo a las Micro y Pequeñas empresas.
En cierta ocasión
el Director de DINAPYME, señaló “La mayoría de los uruguayos que
no trabajan en el sector público, o son propietarios o trabajan en
una pequeña empresa”. Esta cita alcanza para ilustrar el tenor de
nuestra percepción acerca de la importancia que tienen las PYMES en
materia de generación de puestos de trabajo, y por tanto la
pertinencia de alivianar la pesada carga del Estado que afecta su
sostenibilidad.
