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domingo, 12 de febrero de 2017

COMERCIANTES ORGANIZADOS DEL ESTE DENUNCIAN QUE INTENDENCIA DE LAVALLEJA RECONOCE QUE COMPRA EN NEGRO Y “EL GOBIERNO LO SABE”. SE SOLIDARIZAN CON PRESIDENTE DE CENTRO COMERCIAL DE LAVALLEJA DENUNCIADO PENALMENTE POR “DIFAMACIÓN E INJURIAS” POR PARTE DE LA INTENDENTA ADRIANA PEÑA.



En un comunicado de prensa ,CRECE,Cámara Empresarial del Este, firmado por los presidentes de los centros comerciales de los cinco departamentos se afirma también que la intendenta Adriana Peña, ante el Congreso de Intendentes “dice conocer que otras intendencias también realizan compras en negro...”

Este es el texto del comunicado empresarial:

Comprar en negro: la mejor forma de ahorrar…

La Intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, reconoció públicamente que la Intendencia que dirige realizó compras en negro. La Intendenta dijo además que lo hizo para ahorrar. Lo dijo en la misma Junta Departamental, y hasta señaló incluso que le informó de esta operatoria al Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, en el Congreso de Intendentes…
El Dr. Tomás Casas, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, institución que compone CRECE (Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este), hizo declaraciones públicas en un programa de cable local señalando la gravedad del caso y, en respuesta, la Intendenta Adriana Peña le realizó una denuncia penal por los delitos de difamación e injurias.
El 14 de febrero será la primera audiencia.
Esta situación es tan alarmante que, mientras el Dr. Tomás Casas denunciaba las compras en negro por parte de la Intendencia, los inspectores de la DGI llegaban al Departamento de Lavalleja, especialmente a la ciudad de Minas, y realizaban operativos feroces sobre los pequeños comerciantes locales.
Pero esto no termina ahí, todavía hay algo más… En ese mismo Congreso de Intendentes, la Intendenta de Lavalleja dice conocer que otras intendencias también realizan compras en negro...
Los integrantes y titulares de las gremiales comerciales y empresariales agrupados en CRECE queremos expresar no solo nuestro apoyo, sino además nuestra satisfacción con las actitudes adoptadas por el Dr. Tomás Casas en virtud del cumplimiento de su papel como presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja y, al mismo tiempo, en su rol de ciudadano responsable y atento a los derechos y deberes que nos impone el sistema democrático.
Los integrantes de CRECE vamos a asistir a las audiencias del Juicio oral y público promovido por la Intendenta Peña como manifestación de respaldo y solidaridad con el Dr. Casas, pero además, vamos a exigir públicamente, y en los ámbitos pertinentes, que se nos respondan algunas preguntas que nos salen al paso a partir de esta situación:
¿Si el responsable máximo de una Intendencia reconoce que realiza compras en negro para abaratar costos, por qué se les exige a los comerciantes estar en regla y afrontar todas las obligaciones impositivas que marca la ley? ¿Cómo puede aceptarse que una Intendenta afirme que el Presidente de la República -y el Ministerio de Transporte- están al tanto de esta situación y que asegure que se trata de una práctica usual mientras con los comercios establecidos el Estado practica la Tolerancia Cero, acosándolos y sancionándolos ante la más mínima irregularidad? ¿Cómo es posible que esto ocurra desde el Estado mismo? ¿Qué clase de mensaje se envía a la sociedad y en qué lugar queda la Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? ¿Qué ocurre cuando viola las reglas el encargado de hacerlas cumplir?
Martín Rodríguez - Centro Comercial e Industrial de Rocha
(
José Pereyra, Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado
Miguel Brun - Centro Comercial e Industrial de Treinta y Tres
Daniel Pigola, Unión de Comerciantes Minoristas de Maldonado,
Miguel Mestre: Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo
Alejandro Sorozábal: Centro Comercial Regional Chuy

sábado, 11 de febrero de 2017

El voto que faltaba ¿Se le cae la estantería al diputado Gonzalo Mujica?


 Caras y Caretas

Por Leandro Grille.

"El diputado colorado Fernando Amado avisó que iba a votar la Rendición de Cuentas. Lo hizo a través del emblemático semanario de la derecha, Búsqueda, en un reportaje en el que exhibe inteligencia para ubicarse en un escenario complejo y un peculiar talento para diferenciarse de todos al mismo tiempo. Al otro díscolo del Parlamento se le tiene que haber venido el mundo abajo. Gonzalo Mujica verá agotarse sus minutos de fama y transitará al purgatorio de los intrascendentes: ahora su voto extorsivo carece de la menor importancia".

 Clic en este enlace

El voto que faltaba - Caras y Caretas

EL DÍA DEL GOLPE DE ESTADO Ricardo Juan Lombardo



El verdadero golpe de estado en el Uruguay se produjo el 9 de febrero de 1973, hace hoy exactamente 44 años, en que los militares tomaron el poder. El Ejército y la Fuerza Aérea se resistieron a acatar las órdenes del General Antonio Francese, Ministro de Defensa recién designado, reclamaron su renuncia y comenzaron a tener actividad política directamente a través de varios comunicados, desconociendo los preceptos constitucionales. La Armada, heroicamente comandada por el Contralmirante Juan José Zorrilla, se resistió al levantamiento bloqueando la Ciudad Vieja.
A las 0.40 del 9 de febrero de 1973, efectivos de la marina armaron una barricada de vehículos a lo largo de la calle Juan Carlos Gómez, dispuestos a enfrentar a los golpistas del Ejército y la Fuerza Aérea que se habían sublevado. Además, el destructor Artigas se ubicaba en la bahía apuntando hacia objetivos estratégicos. Aislados los puntos neurálgicos de la Ciudad Vieja, quedaron inaccesibles varias oficinas, comercios y viviendas. El punto de pasaje de la zona bloqueada al resto era a través de la calle Sarandí en la esquina del Cabildo (Ver Foto).
El primer mandatario Juan María Bordaberry, que al principio representaba la Constitución, ordenó a la Armada deponer su actitud en horas de la noche, aceptó la renuncia de Francese, pactó después con los mandos sublevados, consintió su tutelaje y se puso, nominalmente, al frente de la rebelión. El ordenamiento institucional que sostiene a una república, había sido vulnerado por los sectores a quienes la sociedad reserva el uso de la fuerza. Cruzaron la línea divisoria y, en lugar de someterse al poder político, pasaron a ejercerlo, iniciando un proceso que continuaría en junio con la clausura del parlamento y la proscripción de los partidos.
El levantamiento de los militares golpistas fue recibido con cierta indiferencia por la población desbordada por la violencia política, y contó con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y la mayoría de los sectores del Frente Amplio, y con el indisimulado aliento de la CNT. La gran mayoría de los medios de comunicación que respondían a esos grupos, fueron entusiastas en aprobar la insurrección, salvo la honrosa excepción de Carlos Quijano, quien desde Marcha advirtió sobre los peligros de pasar el poder a los uniformados. Los tupamaros que estaban presos hacía meses, y ya habían cesado su actividad guerrillera, habían negociado con los generales Estaban Cristi y Gregorio Alvarez, una alianza para crear un estado autoritario que levantara varias de las banderas que había enarbolado el MLN en su incursión guerrillera. La única condición era que públicamente anunciaran su confianza en que el Uruguay encontraría bajo el amparo de las FF AA, el camino hacia la prosperidad y el bienestar público. El pacto se frustró al no ser aceptado por Bordaberry[i].
Los servicios de inteligencia militar hicieron creer en febrero que los insurrectos apoyaban la línea peruanista, es decir que se inspiraban en el golpe de estado que había dado cinco años atrás en Perú el Gral. Juan Velazco Alvarado, instalando un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de orientación socialista
Jaime Pérez, uno de los principales líderes del Partido Comunista, confesó años después que el director de la inteligencia militar, Cnel. Ramón Trabal, le había entregado con antelación los comunicados 4 y 7 en que los militares fijaron su línea programática y difundieron el 9 y el 10 de febrero respectivamente.
En su gran mayoría, los dirigentes frenteamplistas estuvieron dispuestos a sacrificar la libertad, la república y las garantías constitucionales, con tal de instalar un gobierno autoritario que persiguiera sus fines. Así lo pagaron, cuando meses después descubrieron que la orientación del golpe era la contraria.
Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, todavía conmocionado por haber perdido las elecciones por escasísimo margen en 1971, no defendió al presidente constitucional como hubiera sido de esperar, reclamó nuevas elecciones, y con ello facilitó la acción de los sublevados que al principio creyó se desarrollaba en el marco de la Constitución, tal como él mismo lo expresó meses después. Otros dirigentes nacionalistas, como Washington Beltrán, en cambio, no dudaron en rechazar la violación del orden institucional.
Aunque a muchos les cueste reconocerlo en un relato histórico acomodado a su medida, el único sector que se mantuvo firme e inflexible frente al golpe de estado fue el Batllismo, que formuló una decidida declaración pública condenando el pronunciamiento militar. Aportó a las tres principales figuras que heroicamente denunciaron y resistieron la ruptura institucional: el vicepresidente Jorge Sapelli, el senador Amílcar Vasconcellos y el Contralmirante Juan José Zorrilla. Además, Jorge Batlle había sido apresado en octubre anterior para debilitar el apoyo político al presidente, y Julio Sanguinetti había renunciado como Ministro de Educación para interpelar desde la Cámara de Diputados al Ministro de Defensa y denunciar que la escalada militar tenía nombre y apellido: Esteban Cristi.
Como en 1933, otra vez el Batllismo en la primera línea contra la dictadura, aún enfrentado a otros sectores del partido que se mostraron proclives.
Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado que dio comienzo a un oscuro período en la vida de la república, vaya desde aquí este homenaje a aquellos verdaderos héroes de nuestra institucionalidad.
[i] Ver nuestro libro “NOTICIA DEL GOLPE DE ESTADO. La toma del poder por los militares en febrero de 1973” Ediciones de la Plaza)

viernes, 10 de febrero de 2017

DIRIGENTE COLORADO QUE APOYÓ AL PARTIDO INDEPENDIENTE EN ROCHA SE SUMA AL PARTIDO DE LA GENTE DE EDGARDO NOVICK.


Juan Ramón Jiménez confirmó hace minutos a este periodista que están "muy avanzadas" las conversaciones con el dirigente con miras a su incorporación al nuevo partido político.
Jiménez, de larga militancia en el Partido Colorado se integró a las listas del Partido Independiente en Rocha en las últimas elecciones .
En esa oportunidad obtuvo 300 votos, algo más de un tercio de los votos obtenidos por el Partido Independiente que lidera el senador Pablo Mieres.

CENTRO COMERCIAL DE ROCHA CON SERVICIO PROFESIONAL DE COBRO DE MOROSIDAD





El Centro Comercial e Industrial de Rocha informó a sus asociados los servicios profesionales de la Dra. Tania Abreu vinculados especialmente a la recuperación de la morosidad de los clientes deudores de los comercios y empresas asociadas al Centro Comercial.

En dicho servicio, la Dra. Abreu ofrece tres instancias de cobro, progresivas e independientes entre sí: cobro extrajudicial en vía administrativa, cobro extrajudicial por abogado, y el cobro judicial.

Cobro extrajudicial administrativo

Consiste en contacto telefónico, recordatorios, con la correspondiente reclamación de pago. Se plantea la posibilidad de manejar entregas a cuenta de cantidades de dinero, para motivar al deudor que vaya pagando.
Este método puede resultar eficaz y económico para el acreedor, y así conseguir el cobro. Esta instancia de cobro no excederá los 30 días.

Cobro extrajudicial con firma de abogado

Se intenta el cobro extrajudicial mediante un requerimiento de pago escrito con firma de abogado. En esa comunicación se le detalla al moroso, el importe total del impago, ofreciéndole un breve plazo para liquidar su deuda.
En caso de no obtener respuesta ni solución satisfactoria, se tendría por agotada la vía extrajudicial, e interpondremos la correspondiente reclamación judicial.
El hecho de recurrir a la vía judicial implica gastos (timbrado, etc) y alarga en el tiempo la solución del impago, por lo que los acuerdos de pago con los deudores pueden ser una alternativa para la recuperación de la deuda.

Cobro judicial de deuda

Se debe realizar una valoración jurídica y económica de la viabilidad del cobro.
Disponiendo de un titulo ejecutivo, a través de la ejecución judicial se solicitará el embargo en la persona o en los bienes del deudor para el cobro forzoso de la cantidad pendiente de pago, intereses y costas del proceso ejecutivo. Cada inscripción de embargo tiene una caducidad de 5 años, pudiéndose reinscribir hasta 30 años.
Para más información, quienes deseen consultar aranceles profesionales de dichos servicios, deben comunicarse con el Centro Comercial e Industrial o llamar al 2904 9871 o al 4472 4982