La Columna de Pablo Romero* LA LEY SANGUINETTI Y EL REGRESIVO AÑO 20

 

Hace exactamente medio siglo se aprobó en el senado la Ley 14.101 (más conocida como Ley Sanguinetti), que pasó a regir la "enseñanza pública primaria, normal, secundaria e industrial, denominándola CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION" (accesible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/14101-1973/1). Dicha ley eliminó la autonomía de Primaria, Secundaria y UTU, que pasaron a depender del referido CO.NA.E, el cual se integra por cinco miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo. En los Consejos de Secundaria y UTU no sólo se pierde la autonomía, sino que se borra de un plumazo la presencia de los representantes docentes elegidos para conformar parte de la gobernanza de los referidos subsistemas. Dicha representación se venía dando en Secundaria desde el año 1935 y en UTU desde 1942, bajo el saludable entendido de que es fundamental tener Consejos con maestros y profesores participando activamente en la elaboración y contralor de las políticas educativas. El retroceso fue brutal: pérdida de autonomías esenciales del sistema educativo, supresión total de los representantes docentes y absoluta dependencia del poder político de turno. Pocos meses después se da el golpe de estado cívico-militar en nuestro país. Y la dictadura no mueve ni una coma de la Ley 14.101, la cual estará vigente durante toda esta nefasta etapa de nuestra historia. Será sustituida en el regreso de la democracia, por una "Ley de Emergencia en la Enseñanza" (Ley 15.739), en el marco del gobierno de aquel mismo ministro de Educación y Cultura que la había impulsado hacía poco más de una década atrás. Esta ley da nacimiento a la denominación, todavía actual, de CO.DI.CEN para el órgano central que gobierna nuestra educación, sustituyéndose así al denominado CO.NA.E, y manteniéndose en todos sus términos la subordinación de los Consejos de primaria, secundaria y UTU. Aunque planteada como “provisoria”, la ley 15.739 se mantiene en pie durante más de veinte años y recién con el primer gobierno del Frente Amplio se concretará la esperada Ley General de la Educación (Ley 18.437) que, entre otros puntos a destacar, efectivamente vuelve a restituir lo que la Ley Sanguinetti eliminó: la representación docente en los Consejos, incluyendo ahora a todos los subsistemas (uno de los tres consejeros, tanto en Primaria como en Secundaria y UTU, pasa a ser elegido por voto de todos los docentes) y hasta al propio CO.DI.CEN (dos de sus cinco miembros, por primera vez, tendrán docentes elegidos por sus colegas). Un avance significativo que nos volvía a poner en la línea de la mejor tradición de nuestra historia educativa, pasándose a contar nuevamente con los educadores en la gobernanza de su campo de desarrollo profesional, elegidos con participación de todos los maestros y profesores y reguladas por la Corte Electoral. Dicha ley, sin embargo, pasará a sufrir importantes modificaciones a partir de artículos presentes en la reciente Ley de Urgente Consideración (LUC) del año 2020. Entre los principales cambios, tenemos la eliminación del histórico formato de Consejo para Primaria, Secundaria y UTU, que se convierten en Direcciones Generales, barriendo así, otra vez, con la representación docente en los subsistemas educativos básicos (sí se mantuvo en CO.DI.CEN), implicando un retroceso hacia la ya regresiva Ley Sanguinetti (ley 14.101) del año 73', aquella que estuvo vigente durante toda la dictadura. Y suma otra modificación muy regresiva en cuanto a la participación en la construcción de los rumbos a tomarse en la educación pública de aquellos que son sus principales actores: se elimina el requisito -para ser Consejero o incluso Director General de los ex Consejos- de haber sido docente en ámbitos de la ANEP. O sea, se puede conducir Primaria o Secundaria, por ejemplo, sin haber pisado ni una vez un aula pública en tales subsistemas. Para rematar el duro golpe recibido por el sistema público y su autonomía, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pasa a jugar un rol de subordinación frente al Poder Ejecutivo de turno, en tanto el político Ministerio de Educación Cultura (MEC) se convierte en el principal rector y conductor de las políticas educativas a llevarse adelante. Este breve repaso histórico, que nos lleva de la Ley Sanguinetti a la regresiva LUC de nuestros años 20, es pertinente para poder ubicarnos en qué punto estamos en cuanto a ampliaciones o restricciones en la participación y gobernanza educativa, justo en momentos en que se lleva adelante una nueva reforma educativa. Han pasado 50 años de la Ley Sanguinetti. Hoy, ya ni Consejos tenemos y los docentes la “miramos de afuera” incluso más que hace medio siglo, cuando se implementó una ley que fue abrazada (y no casualmente) en todos sus términos por la dictadura. A veces, la historia supone avances. A veces, fuertes retrocesos. Está en nosotros comenzar un necesario y pronto proceso de recuperación de lo mejor de nuestra tradición. El desafío es crucial para toda la sociedad  uruguaya.

*Pablo Romero - Profesor de Filosofía (egresado del IPA), posgraduado como Especialista en Política y Gestión de la Educación, docente de Ética en Universidad CLAEH y docente de Filosofía e Informática en educación secundaria, se ha desempeñado como Docente de Argumentación en la Universidad Católica, profesor de Filosofía de la cultura en Fundación Itaú y docente tallerista en el Centro de Formación y Estudios del iNAU. Fundador y coordinador del Proyecto Cultural Arjé, es autor del premiado libro "Sobre el sentido de Educar" (Ediciones B-Penguin Random House, Montevideo, 2001) y co-autor de libros sobre el campo educativo a nivel nacional e internacional.