Cada uno de los consorcios interesados presentó
ayer varias cajas frente a escribana pública con la documentación
necesaria para presentarse a la 35ª licitación pública del año, la
primera en la modalidad de participación público-privada (PPP) prevista
en la ley 18.786.
La obra licitada es una cárcel de media seguridad con
capacidad para unas 2.000 personas, que demandaría una inversión cercana
a US$ 80 millones, estima el gobierno.
Las ofertas fueron presentadas por CGL (de origen
estadounidense-mexicano), por el grupo mexicano Tradeco junto a la
constructora Saceem, la Unidad Punta de Rieles (un consorcio uruguayo
junto a la constructora Teyma) y, por último, una sociedad entre la
colombiana Marval y la uruguaya Conami.
La presidenta de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, Adriana Rodríguez, dijo a El País que hay conformidad con el
resultado del llamado. "Hay cuatro ofertas; es más de lo que habíamos
esperado porque siempre hubo empresas también muy serias que habían
pedido prórrogas de cuatro y más meses, pero no se accedió".
En la CND pensaban que algunas firmas iban a desistir,
pero finalmente "adecuaron sus cronogramas y pudieron presentarse".
Ahora, la Corporación brindará apoyo al Ministerio del Interior en
procesar la documentación recibida.
En los próximos 30 días se estudiarán los
antecedentes administrativo y en los 60 días siguientes, se analizarán
las ofertas técnicas. Las ofertas económicas recién se conocerán para
las empresas que hayan aprobado las fases anteriores y el gobierno las
estudiará por 30 días. Y luego le insumirá otro mes tomar una resolución
final.
En total serán cinco meses, por lo que antes de fin
de año tendría que estar su pronunciamiento. Luego, el Tribunal de
Cuentas tendrá 30 días para expedirse sobre la licitación.
Previo a la presentación de ofertas, "más de nueve"
empresas visitaron el terreno en Punta de Rieles que el Estado eligió
para la construcción de la cárcel, informó Rodríguez.
Quien resulte ganador de la licitación se encargará
de la construcción del recinto penitenciario y operará ciertos servicios
como alimentación, limpieza, lavandería y mantenimiento de la
infraestructura. A diferencia de lo que ocurre en otros países, quedarán
a cargo del Estado la seguridad, la salud y la ejecución de los
programas de rehabilitación.
La cárcel contará con dos partes: un edificio de
admisión y clasificación de las personas que son procesadas con
prisión y una unidad para el alojamiento de personas privadas
de libertad. Incluirá lugares para el desarrollo socio-educativo,
laboral e incluso deportivo de los internos.
El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la
construcción de este recinto -junto con los módulos 4 y 5 que se harán
en el Comcar (para 1.000 personas)- permitirá que el hacinamiento quede
"bastante encauzado". Se prevé que la obra culmine en septiembre del
año próximo.
El estudio de factibilidad determinó que hacerla en
Punta de Rieles mediante PPP tendrá un "ahorro" (se denomina "valor por
dinero presente") de US$ 22,4 millones, frente a la opción tradicional
(que el privado haga la obra y luego la entregue al Estado que se
encarga de operarla y mantenerla).
Consultada sobre si se prevé hacer más cárceles por
PPP, Rodríguez respondió: "En este período de gobierno, no. Quizás para
el otro. Ya queda un camino abierto y, como siempre, las segundas son
más fáciles que las primeras".
Otra iniciativa para licitar por PPP es el corredor
vial conformado por las rutas 21 y 24. El 21 de junio ingresaron al
Ministerio de Economía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las
bases de contratación.
Analizan tramos viales y ferroviarios
El gobierno está trabajando en otras iniciativas de
obras por PPP, aunque todavía está lejos de tener los pliegos listos. Se
prevé hacer dos tramos ferroviarios y se estudian cuatro corredores
viales para los que la CND ya culminó estudios de prefactibilidad.
En las vías ferroviarias, la Corporación hizo dos
estudios. El que tiene más oportunidades de ser licitado primero es el
del tramo Algorta-Fray Bentos, pero también se estudió un tramo más
largo que va de Montevideo a Río Branco, dijo a El País la presidenta de
CND, Adriana Rodríguez.
Ya se entregaron copias de esos estudios a los
ministerios de Transporte y de Economía, AFE, el Instituto Nacional de
Logística y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
"Estamos esperando para continuar avanzando o no en
la profundización de los dos. Se puede hacer los dos o uno primero y
otro después", dijo Rodríguez.
En el tramo Algorta-Fray Bentos "se podría avanzar
mucho más rápido por la magnitud: son poco más de 100 kilómetros frente a
casi 400". A esto se suma que "el litoral está gritando por
infraestructura", afirmó.
Por otra parte, la CND entregó al Ministerio de
Transporte los estudios de prefactibilidad correspondientes a cuatro de
ocho circuitos viales que fueron analizados, sobre los que según estimó
"se podría avanzar fácilmente" en el corto plazo.
Uno de los circuitos, de 534,4 kilómetros, comprende un tramo de la ruta 7 y otro de la ruta 6.
El segundo circuito incluye un tramo de la ruta 8, otro de la 17 y uno de la 18 que suman 336,6 kilómetros.
El tercero, abarca un total de 602,3 kilómetros repartidos entre las rutas 12, 23, 2, 54, 55 y 14.
El último, comprende 486,6 kilómetros de la ruta 26.
