Nadie sabía de la existencia de una oficina que funcionaba en el interior del país
El Observador
La investigación administrativa que inició la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para investigar la actuación de al menos seis profesionales que eran “ñoquis” en la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) derivó en un asunto de características insólitas. Además de comprobar que tres de ellos marcaban tarjeta de entrada y de salida pero durante su horario salían a trabajar en mutualistas o consultorios privados, logró determinar que también había una UDI en el interior del país, algo desconocido por las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen).
El asunto terminó destapando una caja de Pandora que revela las prácticas más antiguas del clientelismo del Estado, la falta de control y la desidia en un área tan sensible, como es la educación y salud de los menores.
Este martes El Observador informó que la investigación administrativa todavía en curso había arrojado el nombre de un nuevo profesional que figura en los registros de la dependencia desde 2008, cobra su sueldo, pero se desconoce dónde está trabajando, porque nunca se presentó en las oficinas de la UDI. Los informantes señalaron que el nombre del psicólogo es Héctor Silva.
La UDI es la dependencia de la ANEP que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema educativo. A partir del diagnóstico, la unidad puede determinar la “tolerancia” para el alumno en determinadas materias. En casos más graves, su derivación a escuelas especiales.
¿No lo vieron a Silva?
Una pregunta que intentan dilucidar ahora en la investigación es quien es Héctor Silva y si el profesional está trabajando en otro lugar o en esa UDI del interior que casi nadie sabía de su existencia. Sin embargo, esto por el momento esto no se sabe ya que el sumario se realiza bajo secreto.
Según las fuentes, el 25 de octubre de 2012 una delegación del departamento de Recursos Humanos del Codicen visitó de sorpresa la UDI con el fin de investigar la forma de trabajar y sus procedimientos, ya que ya existían sospechas sobre ciertas anomalías. Se encontraron con que solo cuatro funcionarios estaban en su lugar de trabajo. Allí se le solicitó al jefe de la unidad, Héctor Martín, que estableciera en un acta lo nombres de las personas que trabajaban en la unidad y los bienes. Es en ese documento que Martín menciona a Silva y a la UDI del interior del país.
No obstante, el consejero del Codicen, Néstor Pereira, negó a El Observador que la UDI tenga alguna sucursal en el interior. “Todos los expedientes del país se remiten a Montevideo”, aseguró. El jerarca explicó que además de la oficina central de la UDI, que funciona en la calle Fernández Crespo, la unidad solo tiene dos regionales (dependencias) en el Este y Oeste de Montevideo, oficinas que funcionan en distintas escuelas y atienden a los niños de las zonas adyacentes. Ambas están siendo investigadas.
Las irregularidades de la UDI salieron a la luz luego de que El Observador informara sobre ellas a fines de junio. A partir de allí, el Codicen inició una investigación de urgencia que terminó con el sumario de tres profesionales: el psiquiatra Héctor Martín, director de la unidad, y las psicólogas Gabriela Campos y Beatriz Muñiz. Sin embargo, El Observador constató que al menos hay tres profesionales más que llevan a cabo esta maniobra, que perjudicó la atención de unos 1.000 niños, según cifras del Codicen.
Denuncia y atención a niños
La investigación trata de establecer ahora tanto el daño material como a personas que pudo haber ocasionado esta estratagema, ya que desde el Codicen no se descarta presentar una denuncia Penal contra los profesionales. Fuentes de la ANEP manifestaron a El Observador que “se está trabajando y se va a llegar al hueso de todo esto” porque es un tema muy sensible, que tuvo repercusión pública en la población.
El Codicen advirtió que probará todas las irregularidades, pero hasta el momento no encontró más pruebas. Por su parte, Pereira adelantó que en la unidad ya comenzaron a trabajar psicólogos de otras dependencias de la ANEP para agilizar la atención de los niños afectados.
Agregó que a fin de mes, tal como dispuso el consejo, los expedientes con los diagnósticos ya estarán ordenados y los menores damnificados con tratamiento en curso. A fines de junio el Codicen estableció un plazo máximo de 30 días para que esto estos servicios estuvieran en funciones.
Graciela Almirón, directora de la División Planificación Educativa de la ANEP, quien se encuentra a cargo de la reestructura de la unidad, dijo que “se está trabajando “y aseguró que en ningún momento la unidad dejó de atender. Aseguró que los profesionales cumplen todos con su horario y destacó la “excelente disposicion” de estos para ayudar en las tareas que se requieren para poner la repartición en orden. Adelantó que se estaba evaluando la posibilidad de contratar nuevos psicólogos porque la demanda que tiene la oficina es tan grande que los profesionales se encuentran “desbordados”.
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