En
nuestro país la impronta de los movimientos sociales de base
territorial en los movimientos sociales tradicionales (el sindical o el
estudiantil) pasó desapercibida desde la reapertura democrática (salvo
casos excepcionales, de los cuales seguramente el más emblemático sea el
de FUCVAM, que de cualquier forma es concebido como un movimiento por
el derecho a la vivienda y no por el territorio).
Quizá por ello
la visibilidad que han tenido las movilizaciones en defensa de los
bienes naturales (con una clara centralidad en la resistencia al
proyecto megaminero de Aratirí) han generado fuertes reacciones tanto en
quienes lo elogian como en sus detractores.
Uno de los problemas
de fondo a la hora de encasillar estas movilizaciones ha sido su
[auto]etiquetado como movilizaciones ecologistas o ambientalistas,
término que en la era pos Botnia se ha convertido en un elemento
descalificativo de cualquier protesta social.
Estas etiquetas son
mucho más fuertes cuando se aplican desde los ámbitos o posiciones que
son capaces de incidir en la formación de la opinión pública. El
presidente Mujica, por ejemplo, desde su discurso de asunción del 1º de
marzo viene planteando la necesidad de enfrentar la contradicción
ambiente/trabajo. En mayo, en una reunión de la asamblea de empresas
recuperadas, sostuvo que en el caso de la minería se trata de “cuidar el
ambiente”, pero no de “dejarlo como una foto” (La República,
13/05/2013).
Reducir la oposición al proyecto Aratirí solamente a
su carácter ambiental es reducir los aspectos que hacen a discusiones
centrales de cualquier modelo de desarrollo (para qué y para quién se
produce, cómo se toman las decisiones en torno a ello, cuánto hay y
cuánto falta de soberanía en relación al uso de los bienes naturales y
el trabajo de la gente, por sólo señalar algunos).
Estos
incipientes conflictos sociales que se esbozan en torno a estas
iniciativas se pueden entender a partir de lo que el geógrafo David
Harvey señala como las dinámicas centrales de la acumulación capitalista
contemporánea: la reproducción ampliada y la acumulación por
desposesión. Mientras el ciclo de luchas que resistió al neoliberalismo
combinó ambas dinámicas, la resistencia a la desposesión ha sido el eje
central de la conflictividad durante los últimos años.
La
discusión en torno a la minería a cielo abierto con la instalación de
Aratirí en la zona de Cerro Chato y Valentines, la instalación de un
puerto de aguas profundas en la costa oceánica de Rocha y la ampliación
del puerto de La Paloma para convertirlo en una terminal forestal, ponen
en discusión las implicancias de la apertura de nuevas esferas de la
economía para la valorización del capital.
Sin embargo, otra gran
serie de conflictos se mantienen silenciosos, no logran irrumpir en la
agenda pública, pero existen y persisten. Uno de ellos tiene que ver con
la lucha por el acceso a la tierra para los asalariados y productores
familiares. La transformación en la estructura agraria que se ha
procesado en el país en los albores del nuevo siglo los ha excluido del
acceso a este recurso fundamental no sólo para la producción sino
también para su reproducción social. En el mismo sentido, podemos ubicar
los episódicos reclamos y posicionamientos críticos contra el avance
del agronegocio forestal y sojero.
El reciente episodio que hizo
visible la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía a la población
del área metropolitana que se abastece de agua potable evidenció una
situación impensable hace una casi una década, cuando se aprobaba la
reforma constitucional del agua. A pesar de aquel triunfo popular
dinamizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida,
los procesos de privatización del agua por la vía de los hechos -la
contaminación, en este caso- estaban en curso. Es necesario repensar
estos procesos, revisar el papel fundamental que tuvo el movimiento
sindical en aquel caso, pero que también contó con el protagonismo de
otra serie de organizaciones (territoriales y de otro tipo).
Estas
luchas sociales de nuevo tipo -que ahora se expresan en resistencias a
la megamineria, el agronegocio y los proyectos de infraestructura
costera- necesitan no sólo articularse entre sí, sino también establecer
puentes hacia el resto del campo popular. Por eso la posibilidad de que
esta serie de movilizaciones genere algo más que una serie de protestas
puntuales dependerá de: (a) la capacidad de las organizaciones de
construir articulaciones básicas con el movimiento sindical, (b) la
disposición de parte del movimiento sindical de discutir estos
emprendimientos más allá del desarrollo de las fuerzas productivas e
incorporando necesariamente los impactos sociales, territoriales y de
soberanía que generan y (c) la capacidad de evadir los etiquetados
externos y potenciar una identidad propia que ponga en el centro la
necesidad de discutir colectivamente qué hacer con nuestros bienes
comunes.
Carlos Santos
