"Acá la gente viene con el dato de que la
Intendencia está regalando terrenos que tienen deudas", aseguró el
alcalde de Salinas, Salvador Bernal.
El principal problema que representa esta situación,
según el propio Bernal, es que "viene gente de todo tipo. Si viniera
gente trabajadora no habría mayores problemas, pero la mayoría de los
ocupas son poco afectos a las ocho horas".
El alcalde señaló que la delincuencia en la zona, había
aumentado entre un 20% y un 30%, según le manifestó el propio
comisario de la Seccional de Salinas.
Las ocupaciones de terrenos fueron tema central de una
reunión sobre "seguridad en el comercio y en la comunidad", realizada el
pasado sábado en la sede de la Asociación Comercial que nuclea a los
principales balnearios de la costa de Canelones, y a la que asistieron
representantes políticos, de la Policía, de la Intendencia y los
municipios.
En esa reunión, el alcalde de Salinas dijo que "pese a
la existencia de nuevos recursos administrativos y legales contra el
delito de usurpación, las denuncias realizadas en muchos de los casos
siguen sin tener respuesta judicial". Además aclaró que la Intendencia,
"no dispone de terrenos en la zona".
"Detrás de estos hechos, hay verdaderas
organizaciones delictivas, integradas por profesionales, que se encargan
de brindar la documentación necesaria para evitar el desalojo de los
ocupantes", indicó Bernal en la reunión.
El edil nacionalista Alfonso Lereté, por su parte,
manifestó que en el año 2011, la Junta solicitó formar una comisión
investigadora. "Fue un debate que duró dos días y que el Frente Amplio
consideró que no se podía crear esta comisión, porque entendía que era
un tema entre privados, donde la Intendencia no veía afectado su
patrimonio", señaló Lereté.
Decreto 73.
Según explicó el edil, hay dos caras visibles de la
ocupación. "Por un lado tenemos familias que consiguen información sobre
terrenos desocupados, que sus dueños abandonan, en muchos casos por
deudas de contribución, y que están en condiciones de ser ocupados",
dijo.
"Por otro lado, hay operadores inmobiliarios, que
por fuera del circuito formal venden los derechos posesorios de los
terrenos", señaló el edil, indicando que estas ventas "se realizan
incluso a través de internet y a un valor mucho menor del que debería
venderse".
Para Lereté, "uno de los responsables de esta
situación es el decreto 73", aprobado durante la primera administración
de Marcos Carámbula al frente de la comuna canaria.
El citado decreto permite el pago de la contribución
inmobiliaria para todos aquellos que presentan como documentación
probatoria los títulos de propiedad del terreno, ser prominentes
compradores, disponer de derechos sucesorios o "derechos posesorios".
El alcalde Bernal, indicó que la información sobre
los terrenos es accesible. "Si usted llama a Teletributos con el número
de padrón le van a decir si tiene deuda o no y cuánto tiempo tiene la
misma", señaló, pero no descarta que estos datos "se estén filtrando
desde la misma Intendencia".
Aun así, admitió que este tema es difícil de
controlar porque hay "agentes inmobiliarios y escribanos truchos, que
firman y venden documentos".
Bernal comentó que meses atrás se vendió un terreno,
sin ningún tipo de construcción por US$ 30.000. "El tema es que ni
siquiera se vende el terreno, lo que se vende son los derechos
posesorios", indicó.
Para Bernal, una solución al problema sería "que la
Intendencia expropie los terrenos, y sean administrados por el
ministerio de Vivienda".
Usurpación.
"La intendencia ha hecho varias denuncias sobre
terrenos ocupados", señaló Lereté, quien afirmó que la Policía "va a los
lugares pero no se les liberan las órdenes de la Justicia para que
puedan actuar".
El edil señaló que esta situación se da porque la
Justicia solo habilita este tipo de órdenes "cuando son solicitadas por
los titulares de los terrenos".
Sobre este punto, el jefe de Policía de Canelones,
Erode Ruiz, confirmó que "nosotros tomamos la denuncia, hacemos el
procedimiento y después damos cuenta a la Justicia".
Seguridad y superpoblación: temas de preocupación para la zona
A la reunión que se llevó a cabo en la Asociación
Comercial en Salinas, asistieron el Comando en pleno de la Jefatura de
Canelones, el secretario de la Intendencia, Yamandú Orsi, alcaldes y
ediles de la zona, diputados del departamento así como también
representantes del INAU.
Además del tema de las ocupaciones, en la reunión se
trataron problemas vinculados a la seguridad de diversos balnearios
(Neptunia, Pinamar, Salinas, Parque del Plata y otros).
El jefe policial del Departamento, Erode Ruiz, dio
un discurso "optimista en líneas generales", según los organizadores del
evento.
"La renovación del 911, la introducción del sistema
de comunicaciones Tetra, la base de Radio Patrulla en Atlántida,
constituyen ejemplos claros de una importante inversión en tecnología",
aseguró.
También destacó "los golpes que se han venido dando
en la zona a las bandas de rapiñeros y el importante papel que viene
jugando la policía comunitaria".
Por su parte, Núber González, coordinador regional
del INAU se mostró "preocupado por el problema del crecimiento de la
población en Salinas".
"A su vez, las importantes áreas de asentamientos en
la zona generan nuevas problemáticas para abordar, sin que haya los
consecuentes incrementos presupuestales", señaló González.
Los convocantes a la reunión lamentaron "la ausencia de Rossana Pose, Jueza Letrada de Atlántida".
La asociación pretendía que la jueza explicara
"entre otras cosas, acerca de las denuncias de usurpación que no tramita
la Justicia".
