La megaminería se hace un lugar
en el ordenamiento jurídico de Uruguay, país que nunca fue minero pero
que podría convertirse en el octavo mayor productor de mineral de
hierro del mundo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo,
respaldada por el gobernante Frente Amplio (FA), declara la minería de
gran porte "de utilidad pública". Se le critica estar hecha a la medida
de Aratirí, proyecto del grupo indio Zamin Ferrous para extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales con una inversión prometida de 3.000 millones de dólares.
Pero ecologistas, pobladores y
productores agropecuarios de las zonas donde se instalaría la
explotación están haciendo ruido. La última movilización, el 10 mayo,
reunió a más de 10.000 personas que marcharon por la avenida 18 de
Julio, en el centro de Montevideo.
El proyecto ocupará 4.300 hectáreas y
comprende cinco minas de extracción a cielo abierto en 500 hectáreas,
zonas para depósito de materiales estériles y áreas de maniobra y
logística, una planta para triturar la roca y separar el hierro y un
mineroducto de 212 kilómetros, que transportará la mezcla de
concentrado de hierro y agua hasta un puerto exclusivo de gran calado a
construirse sobre la costa del océano Atlántico, en una localidad
eminentemente turística.
Pero todo el complejo, incluyendo las
"zonas de amortiguación", tendrá una extensión de 14.505 hectáreas en
tres departamentos del centro y este de Uruguay: Durazno, Florida y
Treinta y Tres. A eso deben sumarse cinco nuevas líneas de alta tensión
para alimentar esas instalaciones y el puerto.
La oposición se manifiesta en propuestas
y campañas locales para declarar "libres de megaminería" los
departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja (este), Rivera y Tacuarembó
(noreste). En este último, donde hay solicitudes de prospección minera
en 300.000 hectáreas, activistas sostienen que ya han reunido las
firmas necesarias para convocar un referendo.
"Tacuarembó no tiene tradición minera.
Es una zona de tierras muy fértiles con mucha capacidad para producir
cosas vivas, y está encima del Acuífero Guaraní. Sus condiciones
naturales están más bien orientadas a producir biodiversidad", dijo a
Tierramérica la productora rural Daniela Pírez, de la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua, que impulsó la recolección de firmas.
"Esta ley tiene un nombre y apellido:
Aratirí. Todo empieza con eso, más allá de que pueda haber otro
emprendimiento minero", dijo a Tierramérica el senador Sergio Abreu,
del opositor Partido Nacional.
El senador del FA y exministro de
Industria, Daniel Martínez rechazó esa acusación. La ley "fue pensada
en un marco de megaminería en general, porque hay muchos proyectos que
están entrando en Uruguay, y la idea era tener una ley especial que
obligara mayores protecciones ambientales y recursos para el Estado",
dijo a Tierramérica.
Aratirí será la mayor inversión
extranjera directa en la historia de este país. Según la empresa,
"generará un valor agregado bruto a la economía de 1,5 por ciento del
producto interno bruto durante 20 años y exportará 1.400 millones de
dólares por año".
La firma también sostiene que se crearán
1.500 empleos directos, 10.500 indirectos y entre 3.000 y 4.000
puestos de trabajo en su construcción.
En cuanto al régimen tributario, el
proyecto de ley sostiene que las actividades mineras y conexas "no
serán objeto de la aplicación de regímenes promocionales por los que se
otorguen exoneraciones en materia de Impuesto a las Rentas de las
Actividades Económicas (IRAE)".
Pero permite aplicar exoneraciones de
varios impuestos, previstas en la ley de inversiones, que podrían sumar
entre 700 y 1.000 millones de dólares para Aratirí.
Además, el texto establece que "los
costos de prospección, de exploración y de estudios ambientales
incurridos durante los períodos previos a la concesión, vinculados
directamente al proyecto de Minería a de Gran Porte objeto del contrato
respectivo (...) podrán volcarse a pérdidas en el primer ejercicio
económico en que comience la producción o amortizarse a cuota fija
desde dicho ejercicio en un período de cinco años".
Martínez consideró que "hay un aumento
muy importante de carga impositiva", si bien "este proyecto tiene
exoneraciones que podrán ser discutibles o no. Cualquier inversión en
el país tiene exoneraciones del impuesto al valor agregado a las
importaciones y al IRAE".
Otro punto polémico se refiere al plan
de cierre de las minas. Para el Movus, este no tiene límites precisos.
Además, "Aratirí expresó ante la Comisión del Senado que su plan es que
esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80
años".
La figura de "Uruguay Natural" una marca
con la que busca promocionarse este país en el exterior, parece no
coincidir con una explotación minera intensiva.
Martínez señaló que "hay gente que
confunde Uruguay Natural con país agrario, el país de la miseria y la
explotación y no hay nada que contamine más que la pobreza. O
diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más
tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida".
El periodista Víctor Bacchetta, del Movus, no cree que esta nación sudamericana tenga potencial para ser "megaminera".
"Uruguay es un país pobre en minerales,
no tiene grandes yacimientos como Chile o Perú. La explotación que
propone Aratirí es de 12 años, según lo que se desprende del Estudio de Impacto Ambiental y Social, y luego de eso se acabó todo", dijo Bacchetta a Tierramérica.
"Eso hace más absurdo el proyecto para
Uruguay, porque es un país con un ecosistema privilegiado en términos
de fertilidad de la tierra y recursos hídricos que no se tienen en la
cordillera (de Los Andes) donde no se puede hacer otra cosa", agregó.
El gobierno todavía no aprobó el Estudio
de Impacto Ambiental. La empresa también ha dicho que esperará el
resultado final del texto legal para firmar el contrato con el Estado
que dé inicio a la operación.
*Este artículo fue publicado originalmente el 24 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
