La presencia de policías en marchas desataron
un profundo malestar en la interna del Frente Amplio con el ministro del
Interior, Eduardo Bonomi, quien días atrás había justificado los
operativos. Tras comparecer ante el Parlamento por la adquisición de
nueva tecnología para escuchas telefónicas, el ministro dijo que la
decisión de infiltrar se tomó porque se poseía información sobre la
planificación de "ataques" contra el Ministerio de Economía y el Centro
Militar por parte de grupos ajenos a la marcha.
La movilización de los Mártires Estudiantiles del
pasado 14 de agosto derivó en los procesamientos sin prisión de dos
personas por incidentes; en tanto el 24 de agosto (en la marcha del
Filtro) fueron detenidos preventivamente 12 militantes anarquistas.
El Ministerio del Interior se propuso desarticular grupos radicales que considera violentos.
Los procedimientos de Inteligencia Policial no pasaron
inadvertidos en la coalición de izquierda. En una resolución de la
Juventud del Partido Socialista se indica que "la infiltración de las
fuerzas represivas en la marcha por los Mártires Estudiantiles fue
desmedida e injustificada". Además, se "repudia totalmente los abusos
cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior a militantes
detenidos previamente a la Marcha del Filtro".
"Estos operativos generan rechazo e indignación, no
deben ser parte de una política del Ministerio del Interior bajo un
gobierno democrático, por tanto el ministro y autoridades deben hacerse
responsables de estos hechos", señala el comunicado de los jóvenes del
PS. En la misma línea, sostienen que: "bajo un gobierno democrático y de
izquierda, estos hechos no pueden suceder. Como jóvenes de una
organización política de izquierda, repudiamos este tipo de operativos
que criminalizan la movilización social".
Ayer, el tema fue tratado en el Ejecutivo del sector y
se definió la necesidad de solicitar una reunión con Bonomi para
trasmitir la preocupación ante estos hechos, informó a El País el
secretario general de la juventud socialista Ariel De León.
"Lo de los infiltrados en la marcha del 14 de agosto
nos pareció muy raro, porque no estamos en una situación de disturbio
generalizado (...) La verdad es que nosotros vemos esto como una línea
que impulsa el Ministerio del Interior y que no compartimos. No estamos
de acuerdo con los infiltrados dentro de las marchas y no entendemos por
qué se hizo eso en una marcha estudiantil, cuando no se han dado
disturbios graves", opinó De León.
El diputado y secretario general del PS, Yerú
Pardiñas, dijo a El País que "no se pueden generar enfrentamientos y
violencia y el hecho de poner policías infiltrados es una alternativa de
riesgo y genera preocupación".
A su vez, el legislador indicó que "seguramente se
hable con el Ejecutivo para tomar cartas en el asunto, para garantizar
la libre expresión y que la ciudadanía tenga el respaldo de parte de las
autoridades". Por lo que señaló que los hechos denunciados por los
detenidos (maltrato en la comisaría) deberían ser investigados.
Por su parte, el diputado Luis Puig (PVP) dijo a El
País que "cuando el Frente asumió dijo que no iban a haber
infiltraciones en las manifestaciones populares, como se hizo
históricamente, por tanto es un profundo error lo que se está haciendo y
debe ser aclarado".
El diputado sostuvo que estas acciones "no son
propias de un gobierno de izquierda". "Puedo tener muchas diferencias
con quienes organizan las marchas, pero de ninguna manera puedo pensar
que las infiltraciones preventivas sean correctas, me parece
profundamente equivocado y creo que alguien debería responder por eso.
Esto no se corresponde porque nos retrotrae a épocas lamentables de
este país", insistió el legislador.
Según Puig, el exministro de Interior José Díaz dio
instrucciones precisas de no infiltrar movilizaciones. "No comparto para
nada que se detenga a quienes van a participar en marchas, creo que es
estigmatizar a militantes", remarcó.
A su vez, el Comité Central de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) repudió la actuación policial generada por las
infiltraciones y represiones policiales en las marchas del 14 y 24 de
agosto.
El rechazo alcanza también a los llamados
megaoperativos de seguridad realizados en distintos barrios de
Montevideo. "Lo que repudiamos no es solo la situación generada en la
marcha, sino los diferentes procedimientos que involucran a jóvenes y en
donde la única presunción que se tiene es su vestimenta; y en función
de ello se toman medidas que no siempre coinciden con el trato que se
tiene que dar a un ciudadano", dijo a El País el secretario general de
la UJC , Gerardo Núñez.
Con respecto a los infiltrados, el representante de
la Juventud Comunista indicó que "siempre existieron y seguirán
existiendo". A eso agregó: "muchas veces estas cosas (las
infiltraciones) no dependen ni de las propias directivas del Ministerio
del Interior, me refiero a los organismos de inteligencia internacional
que están en el país. Por ejemplo, la CIA que ha trabajado siempre en
Uruguay, hay libros que cuentan cómo operaba en todas las movilizaciones
estudiantiles".
Desde su cuenta de Facebook, el senador comunista
Eduardo Lorier pidió "investigar si hubo prácticas incompatibles con la
profundización democrática" en los hechos denunciados por los detenidos
en la marcha del Filtro.
En los mismos términos, el Comité Central del
Partido Comunista aprobó días atrás una declaración que rechaza la
práctica del sector identificado como "encapuchado".
También se cuestiona "la represión desmedida de la
Policía frente a un hecho que si bien merece condena, no ameritaba una
represión de este tipo hacia toda la movilización estudiantil", indicó
Núñez.
Representante de ONU enfatiza sobre control judicial de escuchas
Amérigo Incalcaterra, representante regional para
América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, resaltó que la interceptación de comunicaciones debe
ser ordenada por un juez y en base a una investigación.
Incalcaterra visitó Uruguay la semana pasada para
participar de la firma de un convenio de cooperación entre las
instituciones de derechos humanos de Uruguay y Chile. Consultado por El
País sobre este tema, dijo que "evidentemente lo que está en juego
siempre es el tema de la intimidad y privacidad de las personas".
"Consideramos que cualquier tipo de interceptación en las comunicaciones
y entrada en la vida privada por cualquier medio hacia una persona
tiene que ser ordenada por un juez en base a una investigación y a los
elementos que el juez disponga", agregó.
En tanto, el integrante de la institución de
Derechos Humanos y ex subsecretario del Interior, Juan Faroppa consideró
que "el tema de la seguridad y los derechos humanos siempre es de
equilibrio y ponderación".
"El Estado debe tener las herramientas necesarias
para poder cumplir su rol de prevención, pero al mismo tiempo deben
existir controles para evitar que el que tiene esas potestades se
exceda", afirmó. "Si lo hace un particular es un delito, si lo hace el
Estado, y lo hace bien es el cumplimiento de una de sus funciones. Si lo
hace mal también es un delito", acotó.
Silencio en MPP
Desde el sector del ministro del Interior, Eduardo
Bonomi, prefirieron no opinar acerca de los cuestionamientos del Partido
Socialista a las infiltraciones policiales en movilizaciones sociales.
Si bien no existe la juventud del MPP como tal, el
dirigente Raúl Speroni, de la agrupación Elsa Balero que reúne algunos
jóvenes del sector, prefirió no hacer comentarios sobre las
infiltraciones y el planteo socialista.
Por otra parte, el exministro del Interior Jorge Bruni también se excusó de hacer comentarios sobre el método policial.
