La represión de un motín en el Comcar y
actuaciones policiales en el departamento de Canelones y en Santa
Catalina derivaron en cuatro muertes en menos de un mes que llevaron a
que estén siendo investigados diez agentes.
El lunes el joven Sergio Lemos, de 18 años, fue muerto
por un agente policial de la Guardia Republicana que le disparó nueve
veces. El efectivo investigaba una rapiña en el "Almacén 28" y disparó
luego que el joven, que se desplazaba en moto, no hiciera caso de su voz
de alto. El joven estaba desarmado y no había participado en la rapiña.
Por otro lado, el martes 5, un policía dio muerte a un
delincuente que huía en una camioneta robada. El agente fue enviado a
prisión por la Justicia de Pando. El fallecido es un joven de 20 años
que el domingo 3 junto a otros dos hombres, habría robado a mano armada a
un hombre una camioneta, una notebook y algo de dinero, dijeron a El
País fuentes policiales. Este joven muerto tampoco estaba armado
El 22 de octubre murieron dos reclusos del Comcar por
disparos hechos por siete miembros de la Brigada de Traslados de la
Guardia Republicana. Los funcionarios son investigados por la Justicia.
El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, dijo que "pudo ser una
masacre".
En el caso de Santa Catalina y en el del Comcar el
ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debió modificar su versión
inicial de los hechos.
En el primero de los casos manejó inicialmente que
Lemos estaba armado y disparó al policía que lo mató. Luego admitió que
estaba desarmado y que los policías "plantaron" un arma, aunque la
Justicia, si bien el revólver existe, no confirma aún que hubiera una
intención por parte de los policías (ver nota página A7).
Y en el caso del Comcar la primera versión desde la
Policía aseguraba que las muertes de los presos se debían a "ajustes de
cuentas" entre los reclusos. Luego se demostró que las muertes fueron
causadas por munición policial.
Instituciones que defienden los derechos humanos
hablan de un "estado policial desbocado". El Instituto de Estudios
Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que
afirmó que el operativo policial en Santa Catalina se caracterizó "por
la desproporción" y alertó sobre "lo paradigmático que resulta este
procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y
demostró abuso policial recientemente". La institución consideró "una
ejecución" la muerte el lunes por la noche de Lemos. Luis Pedernera, de
Ielsur, dijo a El País que en agosto fueron detenidos tres jóvenes por
la policía, conducidos a la seccional y sometidos a malos tratos. Uno de
los jóvenes recurrió a Ielsur y presentó una denuncia penal. El forense
confirmó que había sido golpeado. El Ministerio del Interior aún no
terminó con el sumario correspondiente y la investigación
administrativa, pero trasladó a otras tareas a los policías
involucrados.
"Ese no fue el único caso que involucra a policías en
abuso hacia vecinos. También está el caso de unos vecinos que prestaban
asistencia a accidentados en una moto e intervino la Policía,
disparando e hiriendo a una niña que recibió un impacto en una pierna.
La familia denunció a los policías y desde ese momento ha recibido
amenazas muy graves. Son casos que demuestran un accionar policial
basado en el abuso", sostuvo Pedernera.
"Siempre la versión policial difiere de lo que luego
los hechos demuestran. En el caso de los muchachos golpeados se había
tratado de desacreditar su versión y hacer pesar la oficial. Lo más
grave es que todavía, en el fondo, subyace la idea de que si es un
delincuente les está todo permitido. La Policía no puede ejercer la
violencia como se le antoje", advirtió.
El integrante de Ielsur dijo que es llamativo que el
asesinato de Lemos ocurre "en la misma comunidad que hace dos meses
denunció el maltrato policial". "Esto lo encadenamos con una lógica
represiva que pide mano dura, y detrás de la mano dura se legitiman
ciertas prácticas policiales como estas que terminan con una persona
muerta", agregó el activista.
Enfatizó en que el rol de la policía "debe estar
subordinado al control civil y político" y señaló que la sociedad "debe
debatir cómo debe gestionarse la seguridad pública".
Ielsur había sostenido en un comunicado conjunto con
el Servicio Paz y Justicia que "algunos errores legislativos y de
gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las
bases de este estado policial desbocado al que asistimos".
En la oposición, algunos líderes consultados hablan
de una situación de descontrol en la policía. El diputado nacionalista y
precandidato presidencial Luis Lacalle Pou pidió "serenidad" al
gobierno, "respeto al dolor de los familiares" y que el ministro Bonomi
"actúe profesionalmente y no siembre dudas dando versiones que cambian".
También pidió investigar "al máximo", la actuación policial y separar a
quienes protestan legítimamente "de otros grupos ajenos a reclamos
legítimos". "Hay que actuar con mano firme contra la delincuencia pero
la mano debe ser justa y hay que tratar de evitar excesos", sostuvo el
legislador.
El senador Jorge Larrañaga, también precandidato
blanco dijo que quiere "delincuentes presos y no inocentes muertos" y
atribuyó lo ocurrido a que la policía "no ha sido profesionalizada, está
mal pagada y sin contralor". Y el gobierno "no tiene ideas, no sabe
buscar el orden con rigor y con la Constitución en la mano".
"Al presidente le pasa que habla apresuradamente y
también eso le pasa al ministro. Esto no va precisamente en la línea de
calmar los ánimos", comentó. Pero se abstuvo de pedir la dimisión de
Bonomi. "Queremos cambiar al gobierno, que no sabe conducir la seguridad
pública y que se vaya un ministro no es enteramente relevante",
explicó. Pero lo acusó de "hablar sin conocer exactamente los hechos".
Otro precandidato blanco, el senador Sergio Abreu,
consideró que "hay un problema interno fuerte en la policía porque hay
una ruptura de la cadena de mando". En su opinión, "sería bueno" que el
ministro Bonomi dejara su cargo para "oxigenar" el gabinete y "porque
está muy desgastada la situación interna".
"Falta capacitación adecuada y la policía actúa sin
mucha orientación y sin mucho control. La policía debe tener respaldo
pero también exigencia", consideró. Y advirtió que en Santa Catalina
"hay elementos que potencian la confrontación y se había preparado una
situación de enfrentamiento". Atribuyó responsabilidad al ex dirigente
tupamaro Jorge Zabalza.
El senador colorado Ope Pasquet, dijo que "se puso
de manifiesto un exceso inadmisible y alarmante de la fuerza pública que
terminó en un ataque alevoso a una persona desarmada" y pidió al Poder
Judicial una investigación "completa". "Esto, junto con el motín en el
Comcar debe suponer una luz roja muy fuerte para el Ministerio del
Interior porque se está actuando de manera absolutamente reñida con la
ley, lesionando el primero de los derechos, que es el derecho a la
vida", advirtió.
Y agregó que Bonomi "no sabe exactamente lo que
pasa" en su ministerio por lo que da información "distorsionada y
errónea". "Esto no se resuelve con exhortaciones a la policía para que
cambie su forma de actuar, sino con más ahínco en su formación", opinó.
Los legisladores esperan ahora la comparecencia de Bonomi la próxima semana en el Parlamento.
El senador colorado, José Amorín, pidió que se deje
actuar a la Justicia y envió un mensaje en su cuenta de Twit-ter: "La
indignación en Uruguay: policías se abusan de la pobreza; Santa Catalina
es zona liberada, Bonomi primero arroja dudas sobre la víctima". Y en
otro mensaje el legislador y precandidato presidencial escribió: "Al
joven asesinado en Santa Catalina se le plantó un arma. Si Bonomi fuera
blanco o colorado, ¿ Cuánto duraba en el cargo? Lamentable".
El diputado oficialista Daniel Caggiani defendió al
ministro y escribió en la misma red social: "Mi total apoyo al ministro
Bonomi y su equipo en la gestión del Ministerio del Interior. Se debe
investigar y sancionar a los culpables".
El presidente del Partido Independiente, Pablo
Mieres, dijo estar "muy sorprendido por el nivel de incertidumbre y las
versiones contrapuestas" y que si "se comprueba una situación irregular
debe caer todo el peso de la ley". Mieres cuestionó al presidente José
Mujica "por hablar demasiado, debería tomar más distancia" y consideró
que "hay en el Ministerio del Interior una pulseada interna muy
importante porque hay resistencias a la transformación institucional de
quienes tienen malas costumbres".
"Yo siento que le faltan piezas al puzzle. Si se
fuera el ministro habría motivo de festejo de sectores que se portan
mal", advirtió. También apuntó a que hay sectores radicales "que quieren
patear el tablero".
"Que dejen entrar a la Policía"
"Queremos pedirle al barrio que para mañana (por
hoy) dejen entrar a la Policía para que realice la reconstrucción y se
aclare lo que le hicieron a mi hijo", pidió ayer Enrique Lemos, padre
del joven ultimado en Santa Catalina por un agente.
En una concentración de unos 300 vecinos portando
velas encendidas frente a la Terminal de Santa Catalina, López señaló
que esa era la única forma que se podía hacer justicia.
La madre del Sergio Lemos, Graciela López reiteró
los dichos de su esposo. "Queremos que entre la Policía para que se
resuelve toda y los testigos sean notificados. Están diciendo cosas que
no son. A mi hijo le pegaron un tiro y dice que él disparó primero",
dijo.
La manifestación aplaudió a la madre y luego corearon la palabra Justicia por unos minutos.
