IMPOSITIVA
Astori pretende que el empresario firme un acuerdo en el que se comprometa a no litigar al Estado
El Observador
El presidente José Mujica tiene decidido cerrar el expediente por el cual la Dirección General de Impositiva (DGI) pretendía cobrarle al empresario Francisco Casal
US$ 10 millones por una presunta evasión tributaria. La solución más probable es aplicar la avocación del sumario. Ese recurso se aplica cuando un órgano jerárquico toma una decisión por el subordinado. En este caso, el Poder Ejecutivo (el presidente con el ministro del ramo) se avoca y resuelve revertir una resolución administrativa tomada por la Impositiva.
La decisión es tomada luego de la opinión unánime de los tributaristas en cuanto a que no hay mérito para cobrarle los impuestos que la DGI reclama a Casal y de mantenerle el embargo. Además, se suma la posibilidad cierta de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le dé razón a Casal y quede en condiciones de iniciarle juicio al Estado por hasta US$ 300 millones. Esa eventual demanda se podría realizar por los daños y perjuicios que le causó al contratista estar embargado desde 2008 y por los errores de procedimientos cometidos por la DGI.
Entre las pruebas, Casal aportó un video en el que se muestra que funcionarios de la DGI fueron a la sede de Tenfield, en la calle Divina Comedia, a intimarlo a pagar y lo amenazaron con incrementar la deuda si no lo hacía.
La decisión del gobierno de cerrar el expediente de Casal trajo aparejado un conflicto en el Ejecutivo. Cuando hace dos semanas el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se reunió con el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para transmitirles la intención del presidente Mujica de encontrar una “salida” al asunto, el encuentro fue tenso.
Cuando se conoció la reunión a través del semanario Búsqueda, Astori se molestó y emitió un comunicado en el que señaló que la nota no comprendía su punto de vista porque tanto él como Lorenzo manifestaron que el tema requería un “análisis más profundo” y que tenían “serios reparos sobre este tema”, tanto “desde el punto de vista jurídico como desde perspectivas políticas e institucionales”.
Según supo El Observador, en esa reunión Lorenzo se molestó y dijo que se resistía a firmar la avocación, que debe ser rubricada por Mujica y el ministro de Economía. El clima de tensión fue tal, que en el encuentro el secretario de Estado incluso llegó a mencionar a River Plate, club del que es hincha y al que, según él, Casal busca perjudicar.
Contrapartida
“Un empate 0 a 0. Eso es lo que intentan los negociadores del gobierno y representantes del grupo que lidera Francisco Casal que buscan una salida al litigio iniciado en 2008 cuando la Dirección General Impositiva embargó al empresario y a otros contratistas para reclamarle tributos impagos entre 1998 y 2007”. Así comenzaba una nota de El Observador del 30 de agosto de 2012. En esos días, el presidente recibió a Casal en su chacra de Rincón del Cerro y ahí hubo un compromiso verbal del empresario de que no realizaría un juicio al Estado.
Tras los reparos astoristas, la fórmula que encontraron es pedirle a Casal, a cambio de la avocación, que firme un compromiso de que no litigará contra el Estado, según fuentes del Frente Líber Seregni.
El empresario ya había asumido un compromiso verbal con Mujica de que no realizará ningún juicio. Pero, según supo El Observador, no está dispuesto a cumplir con ninguna exigencia de Astori. De todas formas, si es Mujica el que se lo pide aceptaría firmar el documento. Con quien dialoga Casal es con Mujica, explicaron fuentes empresariales.
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