El director del sirpa enfrenta la presión internacional que ataca su gestión
El Comité Contra la Tortura de ONU fue
duro con la situación de los menores recluidos en los centros del Sirpa.
Las denuncias de palizas y vejaciones extreman la presión contra el
director Ruben Villaverde.
GABRIELA CORTIZAS sáb may 24 2014
El País
"El Comité expresa su seria preocupación por
los informes recibidos en los que se denuncian casos de malos tratos a
menores internados en los centros de menores del Sistema de
Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa)", señala el informe del
Comité de ONU hecho público ayer.
Según la información que manejó el Comité -informes,
entrevistas y visitas- "los casos de malos tratos documentados consisten
en palizas, posiciones de estrés como `el paquetito` -atar a
las personas de pies y manos enganchando los grilletes por detrás-,
castigos de carácter vejatorio y humillantes incluida la desnudez
forzada, castigos colectivos, registros sin ropa e invasivos y el uso de
medios de coerción en el interior de los centros".
Se conmina a la suspensión de funciones a los funcionarios acusados y que se proteja e indemnice a las víctimas.
El informe se publicó luego de que el Sirpa contestara
en Ginebra 87 preguntas formuladas por el Comité contra la Tortura,
varias de ellas expuestas en base a las denuncias de golpizas y
maltratos presentadas en el informe de la Institución Nacional de
Derechos Humanos (Inddhh) el pasado mes de abril.
Villaverde.
El informe de ONU pone en una difícil situación al
director del Sirpa, Ruben Villaverde, a quien se cuestionó duramente por
estas situaciones denunciadas.
Cuando el Sirpa hizo públicas la situación de
reclusión, fuentes del Frente Amplio habían adelantado a El País que
quedaron en una posición "difícil" porque no se quiere debilitar a
Villaverde en un año electoral, y se pretende evitar confrontar con las
organizaciones de derechos humanos.
Además, "dolió" que se denuncien "torturas" en un
gobierno frenteamplista y les resulta difícil aludir a los derechos
humanos de los menores como argumento para no bajar la edad de
imputabilidad y, al mismo tiempo, recibir cuestionamientos sobre la
vulneración de estos derechos en los centros de reclusión que tiene el
propio Estado.
"Exhortamos al sistema político a rever el rol del
actual presidente del Sirpa (Villaverde), a quien consideramos una
persona no idónea para el trabajo con adolescentes, teniendo en cuenta
especialmente sus apreciaciones en diferentes medios de prensa
descalificatorias de los adolescentes detenidos, sus familias, los
defensores de derechos humanos y por haber formulado afirmaciones
indirectas de apoyo a la pena de muerte", sostuvo en ese momento el
Comité de Derechos del Niño.
El escenario empeora para Villaverde, quien ahora tiene que enfrentar las críticas del organismo internacional.
"Preocupan los informes recibidos en los que se
señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los
menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el
número de menores privados de libertad", señala el informe del Comité.
El aumento de la población de menores recluida,
continúa el informe, contribuiría al "deterioro en las condiciones de
detención del Sirpa".
La ONU criticó que Uruguay no facilitara datos sobre la tasa de ocupación de los centros de reclusión para menores.
"Según la información que dispone el Comité, los
centros Ser y Piedras, de la Colonia Berro, registran situaciones de
hacinamiento agravadas por el hecho de que los menores permanecen hasta
23 horas al día confinados en sus celdas", dice el informe.
El Centro de Ingresos de Adolescentes Femeninos
(CIAF) y el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) también presentan
condiciones precarias, en particular deficiencias en los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento.
Además, la ONU manifiesta preocupación por la
supuesta administración de psicofármacos "con fines de control" aunque
esta información fue refutada por la delegación que viajó a Ginebra para
contestar las preguntas de ONU. "El Comité sigue preocupado por los
informes que indican irregularidades en este sentido, en particular
respecto de las menores internadas".
Tareas.
A su vez, el Comité contra la Tortura criticó que el
Inddhh carezca de autonomía presupuestaria y de "todos los recursos
necesarios para un funcionamiento plenamente adecuado".
El Inddhh fue el encargado de elaborar el lapidario
informe sobre las condiciones de reclusión de los menores infractores
en la mayoría de los centros del Sirpa.
La polémica sobre las condiciones de reclusión en el
Sirpa detonó en medio de una campaña electoral que incluye un
plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años que el
Frente Amplio rechaza. El plebiscito será en octubre.
Esta campaña también es criticada en el informe de
ONU. "El Estado debe garantizar que su sistema de justicia de menores
respete los estándares internacionales", apuntó.
Críticas a cárceles
El Comité Contra la Tortura criticó las condiciones
en los centros penitenciarios. La separación entre procesados y
condenados, el hacinamiento y la dilatación de los juicios son las
principales preocupaciones. Se aconsejó "redoblar los esfuerzos" para
que se apliquen medidas sustitutivas. Además, ONU pidió información
precisa sobre muertes en cárceles.
