Daños colaterales
la diaria
Un análisis encargado por Redes-Amigos de la Tierra a expertos
internacionales en el Acuerdo de Liberalización del Comercio de
Servicios (TISA, por su sigla en inglés), al que accedió la diaria,
estudia los eventuales impactos que tendría para Uruguay la firma del
acuerdo, a partir de los contenidos de los documentos de negociación
filtrados hasta el momento. En términos generales, el informe concluye
que para Uruguay será nociva la apertura de sectores en los que se
restringe el número de empresas extranjeras que pueden participar (agua,
generación de electricidad, refinación de combustible, plantación y
procesamiento de marihuana) o directamente prohíbe la participación de
empresas extranjeras (televisión, radio y diarios). Esto es así porque
el TISA impide discriminar entre empresas nacionales y extranjeras en
los sectores que se abren a la liberalización.
El informe concluye que Antel deberá poner su infraestructura al
servicio de empresas extranjeras (antenas y fibra óptica) a un precio
razonable. En materia de servicios financieros, de liberalizarse el
sector se eliminaría cualquier preferencia para el Banco República
(BROU) en sus vínculos con empresas estatales. No se podrá establecer
disposiciones para que sólo las empresas locales sean proveedoras del
Estado, ni establecer preferencias de precios para dichas empresas.
Uruguay no es parte del acuerdo opcional de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en los sectores de telecomunicaciones y servicios
financieros, por lo cual las disposiciones del TISA implicarían un
cambio radical a la normativa vigente del país.
Algunos beneficios que actualmente detentan las empresas estatales
(de agua, electricidad, telefonía, bancarias, canales de televisión,
casinos, refinerías, seguros) se eliminarían de suscribir Uruguay el
TISA: recibir beneficios especiales por parte del BROU, o realizar,
entre empresas del Estado, ventas a precios más bajos que los del
mercado.
El análisis aclara que “es previsible que se excluya de esta
regulación a los hospitales públicos, las escuelas públicas y las
universidades públicas” (original en inglés, traducción de la
periodista), ya que de lo contrario no podrían ser financiadas por el
gobierno. Sin embargo, hay un número importante de empresas que
pertenecen al Estado cuya actividad tiene un alcance internacional, y
por tanto, no está claro hasta qué punto están habilitadas a ser
subsidiadas: el sector portuario, el Correo, UTE, los canales de
televisión públicos y las radios públicas.
Por otra parte, la mayoría de las disposiciones de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se verían cuestionadas en
caso de aprobarse el TISA. No podrían establecerse cuotas de producción
nacional y deberían eliminarse los subsidios al cine y otras formas de
producción audiovisual nacional.
En conclusión, el estudio señala como efecto principal de la
suscripción al acuerdo la reducción de los beneficios de los que hoy
gozan las empresas estatales, con la consiguiente reducción de su
volumen de negocios.
