El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el
viernes 19 un proyecto de ley que crea la Fiscalía Nacional como un
servicio descentralizado en sustitución de la actual Fiscalía de Corte y
Procuraduría General de la Nación, que depende del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC).
Fiscal Enrique Viana
Diario El País
Diario El País
De acuerdo con la iniciativa del gobierno, la
Fiscalía Nacional, que será el principal organismo del Ministerio
Público y Fiscal, tendrá su sede en Montevideo y su máxima autoridad
será el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, cargo que
desde abril del año pasado ocupa Jorge Díaz, exjuez especializado en
crimen organizado.
La salida del Ministerio Público y Fiscal de la órbita
del MEC es una antigua aspiración de muchos operadores del sistema
judicial, que consideran negativo que el servicio dependa
administrativamente del Poder Ejecutivo.
El proyecto -que se basa en la experiencia registrada
en países de la región como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela y Chile- plantea también varios
cambios a la ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, vigente desde
1982.
Así, entre otras cosas, la iniciativa enviada al
Parlamento prevé que el fiscal de Corte "elaborará criterios generales
de actuación" para los fiscales, que deberán ser comunicados a cada uno y
también a la Asamblea General.
Al respecto, el fiscal civil Enrique Viana, consideró
que la medida "destruye el principio de independencia técnica
individual" de los magistrados del Ministerio Público, quienes pasarán a
estar "sometidos a directivas o instrucciones administrativas, con lo
cual además se viola el principio de la legalidad de la actuación de los
fiscales", dijo.
"Ni siquiera se da la oportunidad al fiscal que recibe
una directiva o instrucción de apartarse del caso si no está de acuerdo
con la directiva o instrucción", dijo Viana a El País. El fiscal civil
tiene una visión crítica sobre la gestión y varias de las propuestas de
Díaz como fiscal de Corte.
Viana opinó que la idea de crear un servicio
descentralizado como responsable del Ministerio Público "de por sí
supone una flagrante violación de la Constitución, que prevé que las
Fiscalías Letradas de la República y la Fiscalía de Corte integran la
Administración Central, es decir, pertenecen administrativamente al
Poder Ejecutivo".
El proyecto también modifica el mecanismo de
destitución del fiscal del Corte, que podrá ser cesado en su cargo si se
llega a una venia especial del Senado de tres quintos. "Con esto se
viola el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución, que establece
la venia por mayoría simple para destituir a todos los funcionarios
públicos", dijo Viana.
Como el TCR.
En tanto, el abogado constitucionalista Rúben Correa
Freitas, discrepó con Viana en cuanto a que a su juicio el proyecto no
tiene "objeciones de inconstitucionalidad", pero expresó su desacuerdo
con la iniciativa.
Correa Freitas no comparte que la Fiscalía de Corte
se transforme en un servicio descentralizado ni en un ente autónomo,
porque son categorías que fueron creadas con otra finalidad, como la
prestación de servicios sociales y actividades privadas a cargo de la
Administración.
El abogado dijo a El País que el Ministerio Público
debería tener una ubicación institucional "similar a la del Tribunal de
Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que como se sabe son órganos de creación constitucional,
que están al mismo nivel que los Poderes del Estado".
