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miércoles, 7 de agosto de 2013

Empresas locales y extranjeras interesadas en plantar cannabis


El mejor momento para empezar a cultivar la planta es agosto



El gobierno de Uruguay comenzó a recibir ofertas de interesados en plantar marihuana en distintos puntos del territorio nacional, según informó a El Observador Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND).
Hay compañías internacionales, otras locales y otras son empresas de uruguayos radicados en el exterior, precisó el jerarca. De todos modos, “por ahora se escuchan las propuestas” pero no se avanzará hasta que la ley sea aprobada en el Parlamento donde ya recibió la sanción de Diputados.
En el Senado no se esperan complicaciones, como sí ocurrió en la Cámara Baja que hasta el día de su discusión en el Plenario había dudas respecto al voto del diputado Darío Pérez que finalmente acompañó la iniciativa oficial y le dio la mayoría al Frente Amplio para sancionar el texto.
Calzada dijo a El Observador que la reglamentación de la ley establecerá las condiciones para los productores y éstos serán seleccionados mediante una  licitación. El jerarca aseguró que “habrá oferta” de cannabis para un mercado que hoy maneja el narcotráfico con marihuana traída del exterior. El año pasado se incautaron 1.979 kilos de cannabis y un número similar en 2011, según cifras oficiales.
¿Cómo cuidar la planta?
Varios expertos informaron a El Observador sobre los diferentes métodos de cultivación, las mejores épocas para sembrar, y algunos consejos para que la planta crezca fuerte y produzca los efectos deseados.
Para quien quiere tener su propia planta para autoconsumo, es imprescindible comenzar a sembrar en la época correcta. El mejor momento para plantar las semillas es en agosto, puesto que es cuando las temperaturas comienzan a elevarse. Durante los primeros meses, mientras dure el invierno, hay que proteger los tallos del frío, ya que las heladas terminan por matar a la planta.
Cada semilla es una posible planta. Lo fundamental es exponer el vegetal a la luz la mayor cantidad de tiempo posible. En periodo de crecimiento, los expertos recomiendan que la planta reciba doce horas de luz, y seis de oscuridad. Una vez que alcanza su momento de madurez, debería recibir 12 horas de luz y doce de oscuridad. Cuanto más sol reciba, más va a crecer.
Como cualquier otra planta, puede crecer tanto como la cantidad de tierra lo disponga. Asimismo, su crecimiento también dependerá del lugar donde esté plantada: una jardinera, una maceta, o directamente sobre tierra. A mayor espacio, más posibilidades de crecer tendrá el vegetal.
El tipo de tierra también es un aspecto a tener en cuenta a la hora de sembrar. Los especialistas que hablaron con El Observador coincidieron en que la tierra debe ser liviana. Algunos optan por ponerle piedritas o bolitas de espuma plast, de modo que entre aire en la tierra y los tallos puedan recibir más nutrientes.
Es preferible que le falte agua, pero nunca debe sobrarle. De lo contrario, la planta morirá ahogada. Lo ideal es regarla cada varios días, cuando la tierra se muestra seca.
El exceso de calor tampoco es recomendable. La temperatura más oportuna para hacer crecer al vegetal varía entre 20 y 28 grados.
A fines de febrero, cuando la planta ya creció lo suficiente, empezará su momento de floración. Este es el instante clave para saber si la marihuana producirá THC, es decir, el componente químico que provoca el efecto buscado por los consumidores. Solo las hembras generan este compuesto. Los primeros pimpollos son los que revelan el sexo del vegetal.
Las hembras tienen alrededor de la futura flor unos hilitos blancos, mientras que los machos, en vez de hilos, producen porotos. Si se detecta que la planta es macho, debe descartarse, porque al rodearse de hembras, no las dejará florecer y solo darán semillas.
Lo que se fuma es la flor, es decir, el cogollo. La madurez la logra en mayo, cuando adquiere un color rojizo o amarronado. Este es el momento de cortar la flor y dejar que seque en un lugar oscuro.
El sol la secaría demasiado rápido y no logra el punto exacto para consumirse. Una vez que se seca, se le retiran las hojas y queda pronta para fumarse.
En promedio, cada planta otorga 500 gramos para consumir. Sin embargo, las que alcanzan hasta dos metros de alto pueden llegar a dar un kilo, lo que equivale aproximadamente a 1.000 cigarrillos de marihuana.

Proceso puertas adentro
Quienes no tienen espacios luminosos optan por sembrar las semillas puertas adentro. En este caso, el proceso se realiza de forma artificial. Para que la planta crezca pueden usarse luces de bajo consumo o de sodio. Lo importante es que sean luces que no generen calor. El beneficio de plantar adentro es que puede hacerse en cualquier época del año, siempre que haya un control detallado de la cantidad de luz que recibe, de oscuridad, y reciba la temperatura adecuada. En estos casos, los parámetros son los mismos que si se plantara al aire libre.

Controles serán del MSP y la Policía

Controles serán del MSP y la Policía
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó el viernes en el Parlamento que pese a la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), la fiscalización del tráfico de esa droga seguirá en manos del Ministerio del Interior.  Mientras la oposición reclamó por la falta de presupuesto y personal para el nuevo organismo, el jerarca señaló que el control de la calidad de la marihuana vendida en las farmacias será responsabilidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), como ocurre con el resto de los fármacos. Cánepa dijo esto durante su comparecencia en la comisión de Presupuesto que discute sobre Rendición de Cuentas

MOVUS: "Se derrumba el principal argumento a favor de las mega inversiones"

Beneficios fiscales por megaminería se relativizan según críticos El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) considera que todas las exigencias tributarias de la ley de megaminería tienen una puerta de salida para que las empresas descuenten lo que pagaron. Según Movus, el Estado no se quedará con el 50% de las ganancias.

 Redacción 180 

Según el Código de Minería, los proyectos de extracción de minerales deberán pagar un canon del 5%. Además, el proyecto de ley -que cuenta con acuerdo multipartidario- agregó un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) sobre las ganancias que tenga la empresa. Si se suma el canon, el IRAE y el adicional se podría conseguir que un 50% de las ganancias queden en el Estado. Pero según Movus, lo que el Estado cobrará se relativiza por los beneficios fiscales que el proyecto de ley habilita al gobierno a realizar y porque la empresa podrá descontar el adicional al IRAE que se le cobra. Por eso no se alcanzará el 50% Bacchetta dijo que esto derrumba el principal argumento que se esgrime a favor de estas mega-inversiones. "Tiene exenciones fiscales que algunos legisladores han calculado, por la vía del no aporte del IVA, en una renuncia fiscal de 700 a 1.000 millones de dólares. Aparte de renunciar al patrimonio y beneficios", expresó. El artículo 30 del proyecto de ley que se discutió en el Senado dice que el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto podrá incluir “beneficios fiscales para la realización de la inversión, los que en ningún caso podrán establecer exoneraciones en materia de IRAE, ni de su Adicional, en los referente a inversiones vinculadas a las actividades mineras y conexas”. El director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, explicó en la comisión de industria del Senado del 15 de mayo que "lo que hacen todos los Gobiernos con estos proyectos de minería es generar incentivos para la realización de la inversión y, a posteriori, una vez que se recupera la inversión realizada, ahí sí los sistemas tributarios ponen mayor énfasis en gravar la renta que genera el proyecto minero. Esa es la lógica de generar algunos estímulos fiscales que no fueran sobre el Impuesto a la Renta, sino otro tipo de instrumentos como el IVA, el Impuesto al Patrimonio, los aranceles; en fin, un conjunto de herramientas que utilizan todos los países mineros para incentivar la concreción de la inversión. (...) Hay que destacar que, básicamente, los impuestos más importantes en la minería son, en todos los casos, por un lado, el canon, y por otro, la renta, especialmente en la Minería de Gran Porte. Por lo tanto, esos impuestos no están sujetos a exoneración”. Pero según Movus, el impuesto adicional al IRAE desaparece al descontarlo del valor del canon. "Ese es el aporte que debe hacer la minera por llevarse el recurso, que es el 5% del valor del recurso. Si se descuenta el canon, el adicional del IRAE va a desaparecer. Entonces, a nosotros nos parece que ese argumento cae por su peso, se le está diciendo a la población que el beneficio que compensa esta actividad es un ingreso económico que no va a existir, si además se considera que el Estado se comprometería a realizar obras de infraestructura y venderle energía barata a la empresa, entre otros beneficios", sostuvo Bachetta. Además, para Movus las empresas multinacionales aplican mecanismos que permiten evadir el pago del impuesto a las ganancias y no se prevé en el proyecto de ley una forma de evitarlo. "Se dice que no se va a eximir a estos proyectos del IRAE, pero hemos consultado a expertos internacionales sobre esto y estas empresas tienen una serie de mecanismos de desvío de transferencias de precios por los cuales si no se adoptan ciertas medidas para evitar la sub declaración, es decir que la ganancias que declaren no estén minimizadas, el aporte a la renta es mínimo o nulo, como ha ocurrido en Chile", afirmó. Bacchetta explicó que una forma de evadir el impuesto es triangular las compras de equipamiento. Por ejemplo, la empresa deberá comprar camiones que no se producen en Uruguay. En vez de comprarlos a la fábrica, los compra a una filial de la misma empresa. En vez de comprarlos a 100 millones de dólares que le costaría comprarlo a la fábrica, los compra a 120 millones a su filial y la filial los paga a 100. De esta forma evita declarar 20 millones en Uruguay. Un proyecto que "no se justifica" Movus se manifestó este martes en el Senado mientras se debatía la ley que se votará hoy. El proyecto de ley surgió del acuerdo multipartidario de diciembre de 2011 en el que se resolvió impulsar la minería de gran porte y complementa el Código de Minería, aprobado ese mismo año. Para algunos críticos, el proyecto está pensando básicamente para el proyecto de la minera Aratirí, que extraerá hierro a cielo abierto en la zona de Valientes, ubicada entre los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno. La inversión será de 3.000 millones de dólares. Victor Bacchetta, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, dijo a No toquen nada que Uruguay es un país con escasos yacimientos de metales que se hizo atractivo por los altos precios que registraron los minerales en los últimos años, producto de la especulación financiera. "Esta minería se desarrolla en otras regiones de América del Sur en la Cordillera de los Andes, en el desierto de Atacama, donde no existe otro tipo de actividad productiva. Pero en el caso uruguayo, que tiene tierras privilegiadas para la producción de alimentos, plantearse un proyecto de minería de estas características por un periodo de 15 o 20 años para nosotros es un despropósito, no tiene justificación estratégica de mirar el país hacia el futuro", señaló. Aratirí, en el estudio de impacto ambiental que presentó a la Dinama, definió que el proyecto tendrá una vida útil de 12 años. Pero como “en la mayoría de los proyectos mineros la vida útil se extiende más que aquella tomada como base de diseño”, “se asume una vida útil de 20 años”. Informe en base a trabajo de Gabriel Farías, No toquen nada (Océano FM)

El contraespionaje del que va a necesitar el papa Francisco

Por


Ratzinger dimite


Me han contado que el papa Francisco cuando estuvo aquí en Brasil, confió que su decisión de prescindir de los aposentos pontificios para seguir viviendo en la residencia de Santa Marta, además de los aludidos motivos por él apellidados de “siquiátricos”, ya que no resistiría vivir sólo, se debió también al miedo de ser víctima de los servicios secretos del Vaticano.
Todas las cancillerías del mundo saben muy bien que los servicios informativos de la Santa Sede son, sin duda, los más eficaces del mundo, más incluso que los del Mosad. Me lo explicó una vez el jefe de los servicios secretos militares de Italia. Según él, ningún otro país goza de una capilaridad de información como el Vaticano a través de las Nunciaturas Apostólicas, que a su vez están relacionadas con todos los obispos y sacerdotes del país en que actúan. Cuenta además el Vaticano con las informaciones del más de un millón de religiosos y del medio millón de religiosas, esparcidas por los cinco continentes.
Sin contar, me decía el militar italiano, con la información privilegiada recibida en cientos de miles de confesionarios del mundo. Fue así que la Iglesia supo antes que nadie, cuando eligió en el cónclave al papa polaco Karol Wojtyla, que el comunismo soviético se estaba desmoronando.
El pequeño Estado Vaticano, mientras cuenta, seguramente, con unos formidables servicios secretos de información, es el menor del mundo, con sólo 44 hectáreas de superficie y poco más de mil habitantes. Al mismo tiempo es el territorio más espiado del mundo. “Allí, son espiadas hasta las piedras”, me decía un monseñor romano.
Yo mismo fui testigo de ello cuando, durante la dictadura franquista, la embajada española en Roma de Sánchez Bella, tenía colocados espias en los palacios pontificios. Era entonces substituto de la Secretaría papal- el número tres de la alta jerarquía vaticana- Mons. Giovanni Benelli, que había trabajado en la Nunciatura de Madrid, donde yo lo había conocido.
Era Benelli gran amigo del entonces papa Pablo VI. Siendo yo corresponsal del desaparecido vespertino PUEBLO de Madrid, me convidaba a veces a comer en su pequeño aposento de la Secretaría de Estado, a pocos metros de los despachos del papa.
Me invitaba a comer tarde. “A esta hora, los espías de su embajada ya se han ido a almorzar”, me decía en voz baja como con miedo a que escucharan hasta las paredes.
La eficacia de los servicios secretos vaticanos es un arma de doble filo para los papas, ya que están en manos de la jerarquía vaticana, sobretodo de la Secretaría de estado del Vaticano y en los personajes más influyentes de la Curia. Y lo van a ser de modo especial para el rebelde papa Francisco que tiene atemorizada a la Curia.
Si esas jerarquías comulgan con el papa de turno, también él puede beneficiarse de dichos servicios secretos. Si, al revés, el papa entra en conflicto con ellas, los servicios secretos de información pueden revolverse contra él como un boomerang.
Es lo que aconteció seguramente con el fallecido Juan XXIII, que cuando a sorpresa convocó el Concilio Vaticano II, y la Curia vio que deseaba darle un carácter progresista, hasta intentaron declararlo mentalmente inepto para continuar en el cargo. Quién condujo la operación fue el entonces cardenal arzobispo de Génova, Giuseppe Siri, líder de los cardenales conservadores italianos.
La fuerza de esos secretos vaticanos, la ha sufrido recientemente en su carne el papa emérito, Benedicto XVI, que confió a su sucesor Francisco, que le habían declarado la guerra internamente. Acabó secuestrado él y hasta sus documentos más personales por sus mismos servicios secretos. Cuando un papa, en el pasado, se encerraba en los aposentos pontificios que Francisco ha rechazado, entraba en una cárcel de oro cuya llave quedaba en manos de las jerarquías  que tenían el control de la información. Ellos decidían a quién el papa podía ver o no. El arzobispo de El Salvador, Mons.Oscar Romero, por ejemplo, esperó tres meses para poder tener una audiencia con el entonces papa Juan Pablo II.
Al ver que no conseguía llegar hasta el papa, Mons. Romero se colocó un día en primera fila de una audiencia general del papa Wojtyla en la plaza de San Pedro y cuando pasó a su lado se presentó y le dijo: “Necesito hablarle, y no me dejan llegar hasta su Santidad”.
El papa, encerrado en sus aposentos pontificios se convierte en un huésped de lujo, en manos de la media docena de personas que lo rodean. Sabiendo eso, el papa Francisco, consciente de que la periferia de la Iglesia lo escogió precisamente para hacer una limpieza a fondo de la parte corrompida Curia Romana y de los mecanismos bancarios y financieros del Vaticano, quiso vivir fuera de aquella cárcel.
La única forma de ponerse a salvo de los tiros de sus propios servicios secretos que podrían, como con el papa Ratzinger, ser usados contra él, se ha buscado la forma de rodearse de un servicio de contraespionaje, sirviéndose de la contrainformación que en el hotel donde vive le brindan los eclesasticos, obispos o sacerdotes llegados a Roma de la periferia de la Iglesia a quienes la Curia nunca les hubiera dado acceso si viviera en los aposentos vaticanos.
En el hotel donde ha decidido vivir, el papa Francisco puede encontrarse con quién desee sin pasar por las horcas caudinas de la Secretaría de Estado poblada de espías y micrófonos ocultos.
Francisco ha escogido la única libertad que podrá salvarle de las intrigas, las zancadillas y las ratoneras que hicieron imposible poder continuar en su puesto al intelectual papa alemán.

Un botón de muestra de cómo necesitará, en lo posible, sentirse libre de la vieja guardia vaticana lo fue la inesperada entrevista televisiva concedida aquí en Río al periodista brasileño, Gerson Camarotti de Globo News.
La decisión inédita de conceder aquella entrevista la tomó el papa personalmente sin consultar con nadie de su séquito vaticano. “Me avisaron de la entrevista y me pidieron que no lo comentara con nadie, del séquito papal que lo acompañaba desde Roma en su avión”, me contó Camarotti, porque no había sido informado ni siquiera el jefe de prensa de la Santa Sede, el jesuita padre Ricardo Lombardi.
De hecho, algo también insólito en cualquier jefe de Estado o Presidente de la República, y más en un papa, la entrevista tuvo lugar a puertas cerradas, sin testigos. Estuvieron solos el papa y el periodista.
Puesto que los papas anteriores nunca habían dado entrevistas individuales, Francisco debió temer que si lo consultaba con los de su séquito se lo hubieran desaconsejado.

Francisco decidió en libertad algo que deberá seguir haciendo si de verdad quiere poder responder a los deseos de los cristianos que están aplaudiendo su espíritu de libertad y su pulso para imponerse a las cadenas que la Curia suele colocar en manos y pies de los papas.
Más que de sus servicios secretos, Francisco tendrá que hacer uso cotidianamente de la contrainformación que él necesitará irse construyendo. Ha sido esa una de las confidencias que hizo aquí en Brasil con religiosos de su confianza.
Su mejor escudo contra las intrigas del poder interno que lo rodea son esas manos de la gente levantadas a su favor que aparecen visiblemente simbólicas, como para protegerlo, en la foto que sigue.
Francisco entre lagente

OPINIÓN - ADOLFO GARCÉ ¿El pacto sagrado en entredicho?


Un sondeo reciente revela que prevalece en nuestra ciudadanía una visión demasiado sombría sobre lo que dice y lo que hace el político uruguayo 

El Observador

 


Las democracias modernas se apoyan en un pacto sagrado entre los representantes y los representados: una vez electos, los gobernantes están obligados a cumplir las promesas realizadas durante las campañas electorales. Desde mi punto de vista, esta noción, absolutamente básica, forma parte del bagaje conceptual de la elite política uruguaya desde 1985 en adelante. Sin embargo, un sondeo reciente de la consultora Opción revela que prevalece en nuestra ciudadanía una visión demasiado sombría.

Veamos esos números. A los encuestados se les formuló la pregunta siguiente: “En general, ¿usted piensa que los políticos uruguayos se esfuerzan por cumplir sus promesas electorales o piensa que no lo hacen? Los resultados, como puede verse en el gráfico, son preocupantes: una clara mayoría de los entrevistados contestó que no (55%). El dato es impactante porque la pregunta apunta a medir solamente “el esfuerzo” y no el cumplimiento cabal de las promesas. De acuerdo a este sondeo, cuyo trabajo de campo fue realizado en junio de este año, para la mayoría de los ciudadanos los gobernantes ni siquiera se molestan en intentar cumplir con los compromisos asumidos públicamente ante los electores.

El análisis desagregado según voto anterior agrega información relevante. Las percepciones más críticas prevalecen entre quienes no apoyaron al Frente Amplio en octubre de 2009. El 66% de quienes votaron por Lacalle, el 56% de quienes lo hicieron por Bordaberry y el 69% de los votantes de Mieres expresaron que los políticos uruguayos no se esfuerzan por cumplir con sus promesas electorales. La tendencia cambia entre quienes manifiestan haber votado a Mujica: prevalecen las opiniones positivas sobre las negativas. Sin embargo, para mi gusto, es sorprendentemente alto el porcentaje de electores frenteamplistas que piensan que los políticos no se esfuerzan por cumplir sus promesas: 46%.

Desde luego, así como una golondrina no hace verano, no alcanza con una medición para sacar conclusiones definitivas. En este mismo espacio, sobre la base de la información generada por el proyecto Barómetro de las Américas, he dicho que la democracia uruguaya presenta algunos de los mejores números de la región en términos de su respaldo en la ciudadanía. Sin embargo, una encuesta reciente de Cifra publicó otro dato preocupante que es perfectamente consistente con la información de Opción a la que he venido haciendo referencia: el 64% de los uruguayos no confía en los partidos políticos.* Dicho de otra forma: hay buenas razones para pensar que existen cortocircuitos significativos en nuestros sistemas de representación.




Quiero ser enfático en este punto. Creo que está fuera de discusión que los políticos uruguayos después de la restauración de la democracia hacen un gran esfuerzo, primero, por elaborar programas de gobierno bien pensados, y, segundo, por cumplirlos cuando son electos. Durante su primera presidencia, Sanguinetti cumplió con su promesa principal, y concretó “el cambio en paz”. Lacalle llevó lo más lejos que pudo su compromiso de impulsar la liberalización de la economía uruguaya. Durante su segundo mandato, Sanguinetti impulsó las reformas de segunda generación contenidas en el programa de gobierno acordado con Batalla, entre ellas, la de la educación y la de la seguridad social. La presidencia de Batlle estuvo signada, como todos recordamos, por el shock externo negativo más intenso en décadas. El margen de maniobra de la política doméstica se restringió sobremanera. Cuando pasó el temporal, Vázquez, desde la presidencia, llevó adelante buena parte de las políticas anunciadas en su plataforma electoral, entre las que cabe mencionar la implantación del IRPF y la reforma de la salud. No logró, en cambio, concretar el TLC con EEUU que no formaba parte de su guion original.

No cabe duda que Mujica ha tenido más problemas que Vázquez para cumplir los compromisos asumidos ante los ciudadanos. Sin embargo, no creo que sea correcto decir que no se ha esforzado. En particular, como he señalado otras veces, en materia de política económica, ha intentado conciliar las dos promesas contradictorias que hizo para ser electo, primero candidato por el FA y, más tarde, presidente: “giro a la izquierda” (2008) y “más de lo mismo” (2009). También se esforzó notoriamente en cumplir con la más sonada de sus promesas: “educación, educación, educación”. Es evidente que los resultados obtenidos en este tema están escandalosamente por debajo de las expectativas generadas.

Recapitulo brevemente. La mayoría de los ciudadanos piensan que nuestros políticos no se esfuerzan en honrar sus compromisos electorales. Esto, sin embargo, no es correcto como puede comprobar cualquiera que repase la política uruguaya de las últimas tres décadas. ¿De dónde brota este desajuste entre realidades y percepciones? ¿Será que los ciudadanos, en general, no distinguen entre intenciones y realizaciones? ¿Será un efecto negativo de la proverbial virulencia de la competencia política? En todo caso, está claro que debemos estar más atentos a la evolución de estos indicadores. l

* Ver: http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=200


Marihuana: dudan que Uruguay sea sancionado


No hay antecedentes de aplicación de penas concretas por violación de la Convención de Viena en materia de drogas



La intención de Uruguay de regular el mercado de la marihuana enfrenta al gobierno y exjerarcas de gobiernos colorados respecto a si se viola la Convención de Viena que rige en materia de drogas. De todos modos, los que creen que no se respeta lo firmado reconocen como difícil que Uruguay reciba una sanción, extremo que se decidirá en un Comité de Estupefacientes –que Uruguay integra– y que es un órgano político. No hay antecedentes de aplicación de penas concretas, según consultas de El Observador.

El representante de Uruguay en la OEA, y exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, entiende que la nueva estrategia del país sobre el cannabis “no viola tratados internacionales, ni se propone hacerlo”.


Sin embargo, el abogado Leonardo Costa, exprosecretario de la Presidencia durante la gestión de Jorge Batlle, comentó a El Observador que la ley de la marihuana que sancionó Diputados, una vez que cumpla su ciclo parlamentario, “quedará en clara contravención” con lo establecido por la Convención de Viena.


Ante un incumplimiento de la Convención, el órgano político de 53 países, podrá llamar a responsabilidad a un Estado y someterlo a una situación de vergüenza que afecte su imagen.
También se habilita el camino para ser denunciado ante la Corte Internacional, aunque esa posibilidad es bastante incierta, comentó Costa.


Luego de conocerse la votación en Diputados, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno uruguayo está en “completa contravención” con los tratados internacionales de drogas, que el país ratificó.


Desde Washington, Romani dijo a El Observador que la JIFE tiene su punto de vista pero no es “el Tribunal del Santo Oficio”.  Explicó que Uruguay reclamó tanto en las Naciones Unidas como en la OEA “debatir y revisar los modelos y estrategias de control y fiscalización de drogas”.
Recordó también como antecedente de la JIFE que Bolivia tuvo que denunciar la Convención y luego reincorporarse con reservas, cuando la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes pretendió sancionar como delito masticar hoja de coca, práctica popular extendida tanto en Bolivia como en Perú.


Alberto Scavarelli, redactor de la ley de drogas de 1998 que fuera aprobada por unanimidad, entiende que el proyecto del gobierno “viola a texto expreso la norma madre en materia de estupefacientes que es la Convención de Viena de 1988”.
Además “va en contra de la estrategia hemisférica que definió la OEA en 1997 y que Uruguay también ratificó”, afirmó.


La Convención de Viena, en su artículo tercero, estableció que los Estados parte tomarán medidas para “tipificar como delito” penal “la producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta para la venta, la distribución,  venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica”.