Beneficios fiscales por megaminería se relativizan según críticos
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) considera que todas las exigencias tributarias de la ley de megaminería tienen una puerta de salida para que las empresas descuenten lo que pagaron. Según Movus, el Estado no se quedará con el 50% de las ganancias.
Redacción 180
Según el Código de Minería, los proyectos de extracción de minerales deberán pagar un canon del 5%.
Además, el proyecto de ley -que cuenta con acuerdo multipartidario- agregó un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) sobre las ganancias que tenga la empresa. Si se suma el canon, el IRAE y el adicional se podría conseguir que un 50% de las ganancias queden en el Estado.
Pero según Movus, lo que el Estado cobrará se relativiza por los beneficios fiscales que el proyecto de ley habilita al gobierno a realizar y porque la empresa podrá descontar el adicional al IRAE que se le cobra. Por eso no se alcanzará el 50%
Bacchetta dijo que esto derrumba el principal argumento que se esgrime a favor de estas mega-inversiones. "Tiene exenciones fiscales que algunos legisladores han calculado, por la vía del no aporte del IVA, en una renuncia fiscal de 700 a 1.000 millones de dólares. Aparte de renunciar al patrimonio y beneficios", expresó.
El artículo 30 del proyecto de ley que se discutió en el Senado dice que el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto podrá incluir “beneficios fiscales para la realización de la inversión, los que en ningún caso podrán establecer exoneraciones en materia de IRAE, ni de su Adicional, en los referente a inversiones vinculadas a las actividades mineras y conexas”.
El director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, explicó en la comisión de industria del Senado del 15 de mayo que "lo que hacen todos los Gobiernos con estos proyectos de minería es generar incentivos para la realización de la inversión y, a posteriori, una vez que se recupera la inversión realizada, ahí sí los sistemas tributarios ponen mayor énfasis en gravar la renta que genera el proyecto minero. Esa es la lógica de generar algunos estímulos fiscales que no fueran sobre el Impuesto a la Renta, sino otro tipo de instrumentos como el IVA, el Impuesto al Patrimonio, los aranceles; en fin, un conjunto de herramientas que utilizan todos los países mineros para incentivar la concreción de la inversión. (...) Hay que destacar que, básicamente, los impuestos más importantes en la minería son, en todos los casos, por un lado, el canon, y por otro, la renta, especialmente en la Minería de Gran Porte. Por lo tanto, esos impuestos no están sujetos a exoneración”.
Pero según Movus, el impuesto adicional al IRAE desaparece al descontarlo del valor del canon. "Ese es el aporte que debe hacer la minera por llevarse el recurso, que es el 5% del valor del recurso. Si se descuenta el canon, el adicional del IRAE va a desaparecer. Entonces, a nosotros nos parece que ese argumento cae por su peso, se le está diciendo a la población que el beneficio que compensa esta actividad es un ingreso económico que no va a existir, si además se considera que el Estado se comprometería a realizar obras de infraestructura y venderle energía barata a la empresa, entre otros beneficios", sostuvo Bachetta.
Además, para Movus las empresas multinacionales aplican mecanismos que permiten evadir el pago del impuesto a las ganancias y no se prevé en el proyecto de ley una forma de evitarlo. "Se dice que no se va a eximir a estos proyectos del IRAE, pero hemos consultado a expertos internacionales sobre esto y estas empresas tienen una serie de mecanismos de desvío de transferencias de precios por los cuales si no se adoptan ciertas medidas para evitar la sub declaración, es decir que la ganancias que declaren no estén minimizadas, el aporte a la renta es mínimo o nulo, como ha ocurrido en Chile", afirmó.
Bacchetta explicó que una forma de evadir el impuesto es triangular las compras de equipamiento. Por ejemplo, la empresa deberá comprar camiones que no se producen en Uruguay. En vez de comprarlos a la fábrica, los compra a una filial de la misma empresa. En vez de comprarlos a 100 millones de dólares que le costaría comprarlo a la fábrica, los compra a 120 millones a su filial y la filial los paga a 100. De esta forma evita declarar 20 millones en Uruguay.
Un proyecto que "no se justifica"
Movus se manifestó este martes en el Senado mientras se debatía la ley que se votará hoy.
El proyecto de ley surgió del acuerdo multipartidario de diciembre de 2011 en el que se resolvió impulsar la minería de gran porte y complementa el Código de Minería, aprobado ese mismo año.
Para algunos críticos, el proyecto está pensando básicamente para el proyecto de la minera Aratirí, que extraerá hierro a cielo abierto en la zona de Valientes, ubicada entre los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno. La inversión será de 3.000 millones de dólares.
Victor Bacchetta, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, dijo a No toquen nada que Uruguay es un país con escasos yacimientos de metales que se hizo atractivo por los altos precios que registraron los minerales en los últimos años, producto de la especulación financiera.
"Esta minería se desarrolla en otras regiones de América del Sur en la Cordillera de los Andes, en el desierto de Atacama, donde no existe otro tipo de actividad productiva. Pero en el caso uruguayo, que tiene tierras privilegiadas para la producción de alimentos, plantearse un proyecto de minería de estas características por un periodo de 15 o 20 años para nosotros es un despropósito, no tiene justificación estratégica de mirar el país hacia el futuro", señaló.
Aratirí, en el estudio de impacto ambiental que presentó a la Dinama, definió que el proyecto tendrá una vida útil de 12 años. Pero como “en la mayoría de los proyectos mineros la vida útil se extiende más que aquella tomada como base de diseño”, “se asume una vida útil de 20 años”.
Informe en base a trabajo de Gabriel Farías, No toquen nada (Océano FM)
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