No hay antecedentes de aplicación de penas concretas por violación de la Convención de Viena en materia de drogas
El Observador
La intención de Uruguay de regular el mercado de la marihuana enfrenta al gobierno y exjerarcas de gobiernos colorados respecto a si se viola la Convención de Viena que rige en materia de drogas. De todos modos, los que creen que no se respeta lo firmado reconocen como difícil que Uruguay reciba una sanción, extremo que se decidirá en un Comité de Estupefacientes –que Uruguay integra– y que es un órgano político. No hay antecedentes de aplicación de penas concretas, según consultas de El Observador.
El representante de Uruguay en la OEA, y exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, entiende que la nueva estrategia del país sobre el cannabis “no viola tratados internacionales, ni se propone hacerlo”.
Sin embargo, el abogado Leonardo Costa, exprosecretario de la Presidencia durante la gestión de Jorge Batlle, comentó a El Observador que la ley de la marihuana que sancionó Diputados, una vez que cumpla su ciclo parlamentario, “quedará en clara contravención” con lo establecido por la Convención de Viena.
Ante un incumplimiento de la Convención, el órgano político de 53 países, podrá llamar a responsabilidad a un Estado y someterlo a una situación de vergüenza que afecte su imagen.
También se habilita el camino para ser denunciado ante la Corte Internacional, aunque esa posibilidad es bastante incierta, comentó Costa.
Luego de conocerse la votación en Diputados, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno uruguayo está en “completa contravención” con los tratados internacionales de drogas, que el país ratificó.
Desde Washington, Romani dijo a El Observador que la JIFE tiene su punto de vista pero no es “el Tribunal del Santo Oficio”. Explicó que Uruguay reclamó tanto en las Naciones Unidas como en la OEA “debatir y revisar los modelos y estrategias de control y fiscalización de drogas”.
Recordó también como antecedente de la JIFE que Bolivia tuvo que denunciar la Convención y luego reincorporarse con reservas, cuando la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes pretendió sancionar como delito masticar hoja de coca, práctica popular extendida tanto en Bolivia como en Perú.
Alberto Scavarelli, redactor de la ley de drogas de 1998 que fuera aprobada por unanimidad, entiende que el proyecto del gobierno “viola a texto expreso la norma madre en materia de estupefacientes que es la Convención de Viena de 1988”.
Además “va en contra de la estrategia hemisférica que definió la OEA en 1997 y que Uruguay también ratificó”, afirmó.
La Convención de Viena, en su artículo tercero, estableció que los Estados parte tomarán medidas para “tipificar como delito” penal “la producción, fabricación, extracción, preparación, la oferta para la venta, la distribución, venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica”.
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