La ciudad de Nueva York apelará la decisión de la juez federal anunciada este lunes
Cristina F. Pereda
Washington
El País de España
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. / BRENDAN MCDERMID (REUTERS)
Una juez federal ha acusado al Departamento de Policía de
la ciudad de Nueva York de discriminar contra miles de personas por su
práctica de parar y registrar a los ciudadanos. La sentencia pide que un
organismo independiente supervise los cambios en esta iniciativa,
duramente defendida por el alcalde Michael Bloomberg como una
herramienta para combatir el crimen.
“Las autoridades de la ciudad han ignorado deliberadamente las
pruebas de que los agentes paran a los ciudadanos de manera
discriminatoria”, asegura la juez Shira Scheindlin en su sentencia.
“En su ímpetu por defender una política que consideraban efectiva, han
ignorado expresamente pruebas de que la estrategia de identificar “a los
sospechosos correctos”, constituye discriminación racial”.
El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, atacó la
decisión de la juez en una rueda de prensa ofrecida esta tarde,
asegurando que “ignora la realidad del crimen”. “Personas de todo el
mundo vienen aquí a aprender por qué la Policía de Nueva York ha tenido
tanto éxito y ha reducido las tasas de crimen a mínimos históricos”. Las
autoridades de la ciudad aseguran que apelarán la decisión judicial.
El Departamento de Policía de Nueva York ha sido objeto de
numerosas demandas en la última década al considerarse que estaba
violando los derechos de los ciudadanos. La Cuarta Enmienda de la
Constitución estadounidense prohíbe registrar a una persona, o sus
propiedades, a menos que exista razón para sospechar de él. Sin embargo,
numerosos agentes fueron acusados de dar el alto a decenas de miles de
ciudadanos de los que sospechaban simplemente por su raza.
“Nuestras estrategias de lucha contra el crimen, incluida
la de parar y cuestionar a ciudadanos han convertido a Nueva York en la
ciudad más segura de América”, defendió esta tarde Bloomberg en rueda de
prensa. El alcalde aseguró que estas prácticas han impedido numerosos
crímenes y que son consideradas “un éxito”. “En 1990 se producían de
media seis asesinatos en la ciudad. Hoy hay menos de uno”.
La juez federal no ha determinado que se deba anular una de
las iniciativas más polémicas del mandato de Bloomberg, pero sí
solicita que reformen las prácticas de la policía y el entrenamiento de
los agentes. Un organismo independiente será el encargado de supervisar
que se acometen los cambios recomendados por la juez.
“A pesar de conocer las denuncias, mantuvieron e incluso
aumentaron prácticas que sólo causaron un aumento de violaciones de la
Cuarta Enmienda”, asegura ahora la juez. “Hay demasiadas personas en la
ciudad de Nueva York que se han visto despojadas de sus derechos con
demasiada frecuencia”. La juez Schiendlin afirma más que una práctica
policial, los registros se convirtieron “en una rutina diaria” para
muchos neoyorquinos.
Según Bloomberg, las herramientas empleadas por la policía
han contribuido a reducir las cifras de asesinatos por debajo de la
mitad con respecto a hace 12 años, “algo impensable entonces”, declaró.
“Vamos encaminados a otro récord de reducción de tiroteos y homicidios
este mismo año porque nuestros policías cumplen las leyes y persiguen a
los criminales”.
La organización por las Libertades Civiles de Nueva York estableció en su informe anual de 2013
que en 71 de los 76 distritos policiales de la ciudad afroamericanos e
hispanos acumulaban más de la mitad de los cacheos y paradas dictadas
por la policía. En 36 de los 76 sumaban además el 90% de las paradas. El
porcentaje no cambió en el caso de los distritos con menor proporción
de población afroamericana e hispana: en los 10 donde representan grupos
minoritarios, también acumularon el 70% de las paradas por la policía.
Según la agencia Associated Press, la juez ha estudiado las
demandas presentadas por cinco hombres que aseguraron haberse
convertido en objetivo de la policía simplemente por su raza, cuatro
casos entre los cinco millones de registros realizados durante la última
década, en su mayoría a hombres afroamericanos o hispanos. De todas
ellas, Schiendlin afirma que 200.000 paradas y registros se hicieron sin
justificación alguna y sin las causas legales necesarias. “Nadie
debería vivir con miedo a que le detengan nada más salir de su casa o
mientras sigue con su rutina diaria”, dicta la sentencia.
