la diaria
Hugo
Gonzalez y Virginia Martineto, ayer mientras realizaban mediciones de
cantidad de plomo en el suelo en el Asentamiento Aquiles Lanza. Foto: Pablo Nogueira
Ya te vas a mejorar
Tratamiento de contaminación en asentamientos se enfrenta con dificultades en acceso a la información y trabajo.
En los últimos meses se han registrado varios casos de contaminación
con plomo en asentamientos de Montevideo. Sin embargo, no se
descubrieron por cambios en los hábitos de las personas ni en su
entorno, sino porque, motivados por distintos factores, algunos vecinos
decidieron realizarse los análisis correspondientes. Estos casos se
registran en barrios que están en proceso de realojo y en los que se
realizan diversas intervenciones públicas y privadas que van en diversos
sentidos, igual que las respuestas que reciben muchos de sus
habitantes.
Entrevistado por
la diaria, el director del Programa de Integración de Asentamientos
Irregulares (PIAI), Fernando Cabezudo, reconoció que durante el comienzo
del proceso de realojo del barrio Lavalleja hubo demoras y silencios
que pueden haber impacientado a vecinos de la zona, sobre todo teniendo
en cuenta la aparición de casos de familias contaminadas con plomo (ver
ladiaria.com.uy/articulo/2013/11/por-salud/). Sin embargo, el jerarca
explicó que ello se debió a que el propio equipo del PIAI se vio
sorprendido con la novedad de la existencia de contaminación por plomo,
algo que no había aparecido en todo el proceso en que el organismo se
dedicó a recabar información social y ambiental de la zona.
El
jerarca explicó que los procesos de realojo o regularización en el marco
del PIAI se inician con una fase previa de perfil de proyecto, y recién
al final de esa etapa se establece si la obra es un proyecto a
financiar por el programa. “Esa fase previa se hace con mucha reserva,
ya que si uno llega al barrio diciendo que existe la posibilidad de
regularizar, eso genera expectativas. ¿Qué pasa si después no se puede
hacer? Se actúa por respeto a la gente, por las expectativas legítimas
que genera la información de que un terreno podría ser regularizable”,
fundamentó. Añadió que esta fase se hace sin trabajo de campo en el
barrio y se recopila información que se encuentra en distintos
organismos como la Intendencia de Montevideo (IM), los municipios, otros
datos que ya tiene el programa, datos de censos, fotos satelitales de
Google, entre otros.
En la medida en que la situación del barrio
cumple con una serie de condiciones, se decide si el proyecto es
financiable. En ese momento se inicia un proceso licitatorio para la
contratación de una consultora que se ocupará de elaborar un proyecto de
intervención, una vez que se firma el contrato. Cabezudo señaló que
todo ese proceso se hizo durante 2012 y en diciembre de ese año se
suscribió el contrato con la consultora. Según explicó, el “primer
desembarco” en el barrio se hizo para presentar el programa y a la firma
que trabajaría con la gente, todo mediante el régimen de asamblea. “Es
un proceso participativo de construcción de la solución; por un lado, la
gente se apropia del proyecto, señala demandas legítimas que pueden ser
distintas a las de otros barrios, pero además aporta un conocimiento
experto, no técnico sino de quien vive en el lugar”, reflexionó.
Un imprevisto
En
la asamblea del 18 de diciembre de 2012 para la presentación del
proyecto, una señora dijo que sus hijos tienen problemas por el plomo,
lo que significó una sorpresa para los técnicos, porque ese tipo de
contaminación no había aparecido en toda la información secundaria
relevada en la primera etapa. La presencia de plomo en cantidades
elevadas fue entonces el primer tema a descartar o confirmar, pero
recién en febrero de 2013, porque en enero “no funciona nada”, según
describió Cabezudo. La firma tomó diez muestras de suelo en las que se
constató la presencia de plomo, por lo que el tipo de contrato con la
firma empezó a cambiar mucho y el PIAI tuvo que recorrer un proceso de
contratación con la firma Ecotech, especialista en temas ambientales,
que hizo un análisis sobre 100 muestras. Dicho estudio recién se pudo
concluir en mayo, y se reconfirmó la presencia de plomo, pero con datos
más precisos que indicaban la distribución dentro del asentamiento,
porque se encuentra sólo en algunos lotes y debido al enterramiento de
baterías y a restos de la clasificación de residuos que realizan algunas
familias del barrio.
“Si todo el barrio estaba con problemas
vinculados con el plomo se cuestionaba la viabilidad de la intervención,
pero como estaba ubicado en algunos lugares específicos, se reorientó
el contrato con la firma a los efectos de ver cómo se resuelve. Para
cuando llegue la obra definitiva [falta más de un año], ver cuáles son
las medidas de sustitución de suelo, remediación, etcétera. Sin
perjuicio de eso, había que actuar inmediatamente. Lo primero fue
informarles a las familias, por eso hubo una asamblea el 19 de abril, en
la que se informó sobre el tema y sobre las próximas acciones”,
recordó. En ese sentido, se trabajó con la Unidad Pediátrica Ambiental
(UPA) y otros actores locales, y se confeccionó una lista con los niños
menores de cinco años y mujeres embarazadas para priorizar la toma de
muestras de sangre.
La base está
Consultado
acerca del grado de conocimiento de la situación de contaminación en
los asentamientos, Cabezudo se remitió a analizar la experiencia de
Lavalleja. “Cuando hicimos el trabajo previo, en ningún registro del
sector salud o de la IM existía constancia de la existencia de plomo.
Tal vez puedo hacer una generalización errónea, pero no creo que se haya
hecho una investigación sistemática del territorio nacional para
establecer dónde hay. Lo que sí existen son las técnicas que permiten
verificar si está presente o no en determinado lugar”. En diálogo con la
diaria, la directora de la División de Control y Calidad Ambiental de
la IM, Gabriela Feola, explicó que esa dependencia mide la contaminación
en distintos territorios a pedido de entidades particulares y también
cuenta con un mapeo propio de Montevideo.
En cuanto a la
contaminación en la tierra, recientemente la IM accedió a tecnología que
permite establecer resultados primarios en el momento en que se realiza
la medición, aunque luego debe ser constatado con los resultados de los
análisis tradicionales del laboratorio. Se trata de un aparato que se
coloca en el suelo y en pocos segundos establece la cantidad de metales
presentes en esa porción de tierra. Sin embargo, para la contaminación
de metales vía aérea la tecnología no está tan al alcance. Según explicó
Feola, hay un informe semanal de la calidad del aire, pero no incluye
la presencia de metales, aunque ese estudio también puede realizarse,
explicó.
Finalmente, en setiembre de este año se
procesó la ampliación del contrato con la consultora para abordar los
temas de contaminación de suelo, que si bien ya venía trabajando, era
necesario formalizar el vínculo. Cabezudo indicó que para el 4 de
octubre se convocó una asamblea en la que se comunicó a las familias que
el proceso de regularización seguía adelante y se les informó de las
medidas de mitigación que se adoptarán. “La explicación ‘estamos
trabajando’ que se daba no me satisface como ciudadano, pero era la
realidad; cuando tenga las respuestas te las voy a dar”, reconoció el
titular del PIAI. Además, dijo que el proceso ya está encarrilado y que
el PIAI cuenta con los elementos técnicos para seguir ejecutando el
proyecto, y que se está trabajando en la implementación de las medidas
de mitigación del plomo.
Salida
Pese a que algunos actores
barriales manifiestan su disconformidad con la medida y pretenden el
realojo total, desde el PIAI se afirma que la remediación del suelo va a
ser la solución, mientras que la población está siendo dirigida a los
centros de salud de la zona. Al respecto, Cabezudo indicó que hubo
alguna dificultad con la UPA porque los reactivos que se usan en los
análisis son escasos y deben ser importados, lo que hizo que algunos
resultados de exámenes se atrasaran.
Además, las medidas de
mitigación y prevención que intentan implementarse consisten en el
aislamiento de los pisos de tierra, mejorar el acceso al agua potable
para realizar una instalación provisoria, instruir a las familias. “En
materia de salud, lo que hacemos es articular y derivar, y el tema que
nos tiene ocupados en estos días es buscar alguna solución de baños
provisorios, a la espera de que llegue la obra definitiva. Eso es
difícil porque la obra de fondo va a ser una red de saneamiento, estamos
analizando que quizá la red provisoria sea la definitiva, por lo que
dejaría de ser una medida de mitigación”.
Consultado acerca de la
manifiesta desinformación de varios vecinos del barrio, el jerarca se
mostró sorprendido y dijo que él mismo estuvo en las asambleas,
acompañado por técnicos del PIAI y de la UPA. Dijo también que el
programa no financia ninguna obra que no tenga la aprobación de al menos
70% de los vecinos beneficiarios, y aseguró que a la gente no se la
obliga a decir que sí. “Cuando se llega a la instancia de aprobación es
el mejor indicador de que la gente se apropia de la propuesta y cree que
es lo mejor para el barrio”, concluyó.
Por su parte, Gabriela,
vecina del barrio, dijo que si bien las asambleas fueron bastante
concurridas, no todos asisten. “En la última que solicitaron fue gente a
decir lo que ya sabíamos, que el realojo es complicado por el tema del
plomo”, se quejó. Además, la vecina dice haberse asesorado sobre el
proceso y sabe que le corresponde una vivienda y no “lo que ellos
quieran”. Sobre el plan del realojo sabe que “van a hacer casas un poco
más al fondo”, con la intención de juntar dos barrios.
Vieja barriada sin fin
Pero
los problemas de plomo no son patrimonio de una zona específica. En
contacto con la diaria, un grupo de vecinos organizados de Malvín Norte
explicó que también tienen problemas similares, y que deben enfrentarse
las mismas dificultades para lograr soluciones. La realidad de Malvín
Norte es visiblemente distinta de la de Lavalleja: los asentamientos de
esa zona, particularmente Boix y Merino e Isla de Gaspar, se encuentran
sobre lo que en la mitad del siglo XX se conocía como la cantera de los
presos, porque allí iban los privados de libertad a picar piedra. Pero
cuando dejaron de utilizarse con ese fin se fueron llenando con
residuos, tanto por descartes de clasificadores como por su utilización
como usina por camiones de otras zonas.
En 2005, la IM puso en
marcha un proceso de regularización de estas dos zonas casi de forma
paralela, que entre otras cosas implicó analizar la calidad del suelo.
Según dijeron actores barriales, el primero de ellos no arrojó
resultados de contaminación, pero cuando los vecinos denunciaron que el
suelo emanaba líquidos se hicieron estudios más profundos que
confirmaron la contaminación.
En Boix y Merino hay un gran espacio
declarado no apto para vivienda por contaminación con plomo, mientras
que la totalidad de Isla de Gaspar no está apto para regularizarse por
el alto contenido de plomo, por lo que debe realojarse a las familias,
según estudios que datan de 2008. Otro de los asentamientos de la zona
es el Aquiles Lanza, que hasta hace pocos años no era tenido en cuenta
por programas estatales, hasta que vecinos organizados lograron que se
pusiera en agenda. En total, en la zona viven cerca de 4.000 personas,
con un alto porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes.
A destiempo
Según
relataron los vecinos, entran en conflicto el tiempo que lleva la
relocalización o la mejora con el tiempo que la familia necesita, ya que
los más afectados por la contaminación ambiental son los niños, que
están en contacto con el suelo. Las situaciones de contaminación también
se agravan con la estrategia laboral de clasificación, forma de
sobrevivencia de gran parte de las familias de esos barrios. Además de
que se hacen cargo de sus residuos y los de barrios cercanos, en Aquiles
Lanza funciona un depósito intermediario de residuos, que compra a los
recolectores para revender la materia prima a depósitos más grandes y
formalizados.
Gladys vive en ese asentamiento desde hace algunos
años y para subsistir vende cigarrillos, lo que a su vez lleva a que
otros vecinos piensen que en su casa funciona una boca de venta de
drogas y reciba allanamientos policiales bastante seguido. Ella vive con
su compañero y sus siete hijos, que tienen entre uno y diez años, todos
contaminados. A pesar de lo silenciosos que son los efectos del plomo
en la salud, empezó a notar que a una de sus hijas se le caía el pelo.
Fue al médico y poco antes de que se cerrara el diagnóstico de alopecia,
decidieron que se hiciera un análisis de sangre, proceso que después
siguió el resto de sus hijos.
A diferencia de los vecinos de
Lavalleja, Gladys dijo no haber tenido problemas con la demora en la
entrega de resultados, pero sí con el acceso a la información de su
historia clínica y la de sus hijos. Según detalló, las maestras y los
CAIF le piden un informe físico que pueda explicar trastornos en el
rendimiento escolar, pero cuando se lo pide a la doctora que los atiende
le dice que lo va a hacer pero que se precisa la firma de uno de sus
superiores, y el documento se tranca. También necesita un informe
similar para poder solicitar el realojo, algo que considera
imprescindible para que sus hijos mejoren. Uno de ellos, el que tiene un
año y medio, fue sometido a un tratamiento hace poco, en el que le
dieron medicación y fue aislado, pero cuando volvió a la casa regresó a
la misma situación de la que se fue. “Se fue de mi casa, le dieron la
medicación y de 49,8 bajó a 9. Ellos dicen que salir del lugar del que
vos estás es la solución, pero no te lo firman. Ahora estamos a la
espera de los nuevos resultados, pero lo más probable es que haya
subido, porque él sale a la calle a jugar y están todo el día”, lamentó.
Contó
que tuvo una audiencia con la alcaldesa y le pidió que fueran a su casa
con una hidrolavadora, pero le respondió que si bien el aparato estaba,
no había personas para hacer ese trabajo, que quizá se podía gestionar
con otro municipio. “Yo ya he planteado el realojo, planteé que por
favor me hicieran una calle de asfalto, algo lo más prolijo posible,
porque si no me quieren realojar que por lo menos me arreglen el lugar
donde los niños juegan y se contaminan. Nosotros vivimos en una casa,
pero de noche cerramos la puerta y no estamos mirando si los lateros que
venden el cobre están quemando cables. Ellos queman y al otro día los
niños salen y nosotros no podemos hacer otra casa además de barrer”,
reclamó. Recientemente se logró el retiro de tierra del camino por el
que se accede a su casa y la colocación de balasto en su lugar, aunque
esa solución no conforma a Gladys, quien dice que cuando llueve parte de
esa tierra entra al patio de su casa.
Trabajo social
Vecinos
y organizaciones de la zona reclaman más trabajo social y se quejan de
que las intervenciones ambientales no van acompañadas de la suficiente
participación de la población. Consultado al respecto, Cabezudo señaló
que los retrasos en la ejecución de las acciones se deben principalmente
a cuestiones burocráticas que los procesos licitatorios deben cumplir
para brindar mayores garantías. Con respecto al trabajo
interinstitucional en el territorio, señaló que con los temas de salud
el PIAI se limita a derivar a las personas a los centros
correspondientes.
Otra queja de los actores barriales refiere al
tipo de intervenciones, que en general no cubren todos los factores que
influyen en temas de contaminación. Por ejemplo, reclaman que se
sancionen normas que desalienten la quema de cables, como la prohibición
de que Uruguay exporte cobre sin producirlo naturalmente, o que se
regule el recambio de monitores y televisores, cuyas viejas carcasas
pueden verse acumular en estos asentamientos.
Facundo Franco
