A raíz de la política migratoria que
entró en vigor en 2013, ciudadanos de este país realizaron más de
250.000 viajes al exterior entre el 14 de enero y el 30 de noviembre,
según datos oficiales.
Como ya no se necesitan permisos de
salida ni cartas de invitación desde el país a visitar, connotados
disidentes pudieron salir y regresar a Cuba sin problemas, tras décadas
de prohibiciones.
En 2011 la ciudadanía había recuperado el derecho individual de propiedad
de sus casas y automóviles que hasta entonces solo podía vender al
Estado. Al finalizar 2013 se le ha anunciado que podrá adquirir un auto
sin la hasta ahora obligatoria carta del Ministerio del Transporte. El
trago amargo va en los precios del mercado estatal, que se equipararán
a los del subterráneo.
Muchas personas que ahorraron para
comprarse un vehículo suponen que ahora no podrán hacerlo porque los
nuevos precios serán tres veces mayores que sus posibilidades.
Mercedes, oficinista jubilada de 67 años
con una pensión equivalente a unos 11 dólares y una hija incapacitada,
se siente ajena a esos cambios. "El dinero no me alcanza para vivir.
Mis vecinos me aconsejan que alquile una habitación, pero primero
tendría que arreglar mi apartamento y no tengo recursos para hacerlo",
comenta a IPS esta mujer que pidió no divulgar su apellido.
"El problema no va por la lentitud de las reformas,
sino en cómo las perciben y llegan a la gente", concluye Bélkis
González, profesional de las comunicaciones. Más allá del declarado
propósito gubernamental de que nadie quedará desamparado ni habrá
"terapias de choque", las brechas e inequidades se mantienen.
Durante las discusiones previas al plan
de reformas aprobado en 2011 por el gobernante Partido Comunista de
Cuba, especialistas alertaron que el documento base debía incluir
ingredientes sociales mucho más explícitos y fuertes que los
enunciados.
"El texto tiene una impronta
economicista totalmente justificada", porque de lo contrario "no hay
proyecto social", reconocía entonces a IPS la socióloga Mayra Espina.
Pero es "algo simplista" la idea de que actuar preferentemente sobre
lo económico va a generar influencias positivas sobre las dimensiones
sociales, añadía.
Según estudios citados por Espina y
otros especialistas, la población urbana en pobreza de ingresos y
necesidades básicas insatisfechas aumentó de 6,3 por ciento en 1988 a
20 por ciento en 2000. Esa estampida de la vulnerabilidad social
obedece al impacto de la recesión económica en que cayó el país a
inicios de los años 90, tras la desaparición del campo socialista
europeo del que dependía.
De acuerdo al censo de 2012, 76,8 por
ciento de la población de este país es urbana, ligeramente superior a
la de 2002, que fue de 75,9 por ciento. El total de habitantes llegó a
11.167.325, es decir 10.418 personas menos que en 2002. Y dos millones
tienen 60 años o más.
En 2012, el gobierno de Raúl Castro
dispuso un subsidio estatal a personas de escasos recursos que
necesitaran reparar o construir viviendas. La medida se vio como el
comienzo de un proceso para subvencionar a la gente y no a los
productos.
En la misma línea se pospone la
eliminación de la libreta de abastecimiento racionado de alimentos, un
sistema cuyo subsidio que le ha costado este año al Estado 2.437
millones de dólares.
Los pobres están en desventaja para
aprovechar las oportunidades de los cambios, pues están menos
capacitados, carecen de recursos para ejercer un trabajo por cuenta
propia y no reciben remesas de sus familiares desde el exterior, un
salvavidas que ha permitido a muchas familias capear el temporal,
aunque no existe estimación oficial de su monto anual.
"Sería decisivo implementar políticas no
solo de asistencia y amparos a los vulnerables", puestas en práctica
de acuerdo al plan de reformas, sino también "de carácter afirmativo"
para reducir las inequidades, sostiene Espina.
Una de las transformaciones más
integrales comenzó en 2008 en el agro. Pero aún no da resultados y los
precios de los alimentos siguen altos, pues las fuerzas productivas
siguen frenadas ante la falta de medidas que faciliten su desarrollo e
independencia para tomar decisiones, estiman expertos como el
economista Armando Nova.
Ahora, 70 por ciento de la tierra está
en manos de entidades no estatales, responsables de más de 75 por
ciento de la producción total de alimentos.
Entre ellas, las cooperativas y los
agricultores privados, que detentan alrededor del 24 por ciento de la
tierra agrícola, producen más de 57 por ciento de los alimentos de
origen vegetal y animal. "O sea que hay eficiencia demostrada", opinó
Nova en una entrevista que circuló por Internet.
Más de 440. 000 personas son
cuentapropistas en casi 200 oficios autorizados. Pero la falta de un
mercado mayorista para comprar sus insumos, el escaso poder adquisitivo
de la gran mayoría de los potenciales consumidores y los impuestos
conspiran contra su éxito.
El gobierno parece querer desarrollar las cooperativas no agropecuarias.
Ya hay 270 autorizadas y en funcionamiento y 228 esperan aprobación.
El vicepresidente Marino Murillo explicó ante el parlamento que esa
prioridad obedece al carácter más social de su producción y distribución
de los recursos que genera.
Las autoridades pretenden que, para 2016, 40 por ciento del empleo se genere fuera de las empresas estatales.
"En ningún caso las personas tendrían
afectaciones a su poder de compra. Se respetará la capacidad financiera
del CUC", dijo Murillo, un sedante para ese 60 por ciento de la
población que se estima tiene acceso a divisas.
Pero los cambios no han entrado en
hogares como el de Mercedes, incluso cuando se mantiene atención de
salud gratuita, vital para ella y su hija.
"Yo sé que (el expresidente y líder
histórico) Fidel (Castro) y Raúl (Castro) piensan en gente como
nosotros, pero ellos ya tienen más de 80 años. ¿Cómo será con los que
vienen detrás (en el gobierno)?. Si quitan la libreta (de alimentos
racionados), ¿qué comeremos?", se pregunta.
